La propaganda del MAS superó la inversión en salud y educación durante casi una década
La propaganda del MAS superó la inversión en salud y educación durante casi una década
Estos recursos se destinaron a la promoción de proyectos concluidos, pero también a obras inconclusas o carentes de utilidad social, como el Museo de Orinoca, símbolo del derroche y de la ineficiencia
VIA Brújula Digital
Mirna Quezada Siles
Durante las dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, el gasto en publicidad oficial alcanzó proporciones históricas, convirtiéndose en un elemento central de la estrategia política y comunicacional del poder.
Según estimaciones del economista Julio Linares, en su análisis “Gasto en Publicidad Gubernamental, el despilfarro en la promoción caudillista”, publicado en el boletín informativo “Mediaciones Latinoamérica”, entre 2006 y 2023 se erogaron aproximadamente 5.182 millones de bolivianos en propaganda estatal.
Estos recursos se destinaron a la promoción de proyectos concluidos, pero también a obras inconclusas o carentes de utilidad social, como el Museo de Orinoca, símbolo del derroche y de la ineficiencia pública.
El análisis de Linares sobre el periodo 2010-2018 muestra que el gasto en comunicación y publicidad superó los 5.396 millones de bolivianos, cifra incluso mayor que la inversión total en sectores esenciales como salud (4.068 millones) o educación (1.875 millones). Esta desproporción evidencia la prioridad política del aparato comunicacional frente a las necesidades sociales.
De esa manera, la comunicación gubernamental se transformó en una forma de culto a la personalidad presidencial, financiada con recursos públicos, con el fin de reforzar la imagen del “caudillo” a través de todos los medios posibles: televisión, radio, prensa, internet, gigantografías y actos públicos masivos.
La lógica de este gasto, según Linares, estuvo vinculada a la alta frecuencia de procesos electorales –entre 2006 y 2018– y a la necesidad de mantener un discurso hegemónico basado en la exaltación del liderazgo presidencial. El gasto comunicacional no solo creció en volumen, sino también en alcance, al incluir la creación y mantenimiento de un sistema de medios estatales compuesto por Bolivia TV, Radio Patria Nueva, el periódico Cambio, la Agencia Boliviana de Información (ABI) y la Red de Radios Originarias, los cuales dependían casi completamente de la financiación estatal.
Entre 2010 y 2018, la sola administración de estos medios consumió 1.319 millones de bolivianos, lo que demuestra su sostenibilidad política antes que económica.
El propio Linares advirtió que el gasto en propaganda estatal fue parte de un sistema de “mentira institucionalizada”, donde la comunicación oficial se utilizó como instrumento para manipular la opinión pública.
En ese sentido, el gobierno convirtió la falsedad en una herramienta política permanente, difundida por medios oficiales y redes sociales, especialmente dirigida a los sectores más vulnerables. Según el economista, de los 5.182 millones de bolivianos gastados, 3.681 millones provinieron del órgano ejecutivo, 900 millones de entidades descentralizadas y 600 millones de empresas públicas. Estos recursos, argumenta, podrían haber transformado la infraestructura del país si se hubiesen destinado a salud, educación o desarrollo productivo.
La concentración del gasto en comunicación muestra que, durante el periodo analizado, la prioridad gubernamental fue la autopromoción antes que el bienestar social. El Ministerio de Comunicación llegó a ocupar el décimo lugar en el ranking presupuestario del Órgano Ejecutivo, con 2.219 millones de bolivianos ejecutados en cinco años, superando a carteras como Justicia, Minería, Deportes o Culturas. Este patrón se repitió en los años electorales, cuando los presupuestos del área aumentaban significativamente, como ocurrió en 2014 y 2019.
El Instituto de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo (IIADI) documentó que, entre 2010 y 2018, el presupuesto destinado a publicidad y comunicación por entidades del gobierno central alcanzó 2.970 millones de bolivianos, mientras que la administración de medios estatales absorbió 1.318 millones adicionales.
En ese periodo, el gasto comunicacional se incrementó un 328%, pasando de 210 millones en 2010 a 900 millones en 2018. Esta expansión del gasto público respondió a una política comunicacional centrada en mantener una presencia mediática constante del liderazgo presidencial y en consolidar una narrativa de éxito estatal, independientemente de los resultados reales de gestión.
Durante la gestión de Luis Arce, esta tendencia continuó. De acuerdo con datos del Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES) sistematizados por Bolivia Verifica, entre julio y noviembre de 2025 el gobierno destinó 31,1 millones de bolivianos en contratos publicitarios distribuidos en 42 medios de comunicación, incluyendo televisivos, radiales, impresos y digitales.
Los contratos más altos fueron adjudicados a cadenas como PAT (6 millones), Unitel (4 millones), Red Uno (3 millones) y Gigavisión (2,5 millones). Solo el Ministerio de la Presidencia concentró el 77,5% de todo ese gasto, con 24,1 millones de bolivianos.
De acuerdo con las investigaciones de Linares, el IIADI y medios como Bolivia Verifica y Brújula Digital, la publicidad oficial fue utilizada como herramienta de control político y simbólico. Su función trascendió lo informativo para consolidar una estructura comunicacional orientada a reforzar la hegemonía del poder y a sostener el culto a la figura presidencial.
El gasto en medios, actos públicos y propaganda se convirtió en una estrategia permanente de legitimación política, con un alto costo económico y democrático para el país.
No obstante, la reducción o eliminación total de la publicidad estatal también conlleva un costo institucional y comunicacional. La falta de campañas oficiales podría afectar la capacidad del Estado para informar a la ciudadanía sobre políticas públicas, programas sociales, emergencias sanitarias o proyectos de desarrollo. Una comunicación pública responsable, fiscalizada y orientada al interés general es indispensable en una democracia moderna.
Por ello, el reto no radica en eliminar la publicidad gubernamental, sino en regularla bajo criterios de transparencia, utilidad pública y equilibrio informativo, evitando que se convierta nuevamente en un instrumento de propaganda política o personalista.
BD/RPU
Estos recursos se destinaron a la promoción de proyectos concluidos, pero también a obras inconclusas o carentes de utilidad social, como el Museo de Orinoca, símbolo del derroche y de la ineficiencia
VIA Brújula Digital
Mirna Quezada Siles
Durante las dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, el gasto en publicidad oficial alcanzó proporciones históricas, convirtiéndose en un elemento central de la estrategia política y comunicacional del poder.
Según estimaciones del economista Julio Linares, en su análisis “Gasto en Publicidad Gubernamental, el despilfarro en la promoción caudillista”, publicado en el boletín informativo “Mediaciones Latinoamérica”, entre 2006 y 2023 se erogaron aproximadamente 5.182 millones de bolivianos en propaganda estatal.
Estos recursos se destinaron a la promoción de proyectos concluidos, pero también a obras inconclusas o carentes de utilidad social, como el Museo de Orinoca, símbolo del derroche y de la ineficiencia pública.
El análisis de Linares sobre el periodo 2010-2018 muestra que el gasto en comunicación y publicidad superó los 5.396 millones de bolivianos, cifra incluso mayor que la inversión total en sectores esenciales como salud (4.068 millones) o educación (1.875 millones). Esta desproporción evidencia la prioridad política del aparato comunicacional frente a las necesidades sociales.
De esa manera, la comunicación gubernamental se transformó en una forma de culto a la personalidad presidencial, financiada con recursos públicos, con el fin de reforzar la imagen del “caudillo” a través de todos los medios posibles: televisión, radio, prensa, internet, gigantografías y actos públicos masivos.
La lógica de este gasto, según Linares, estuvo vinculada a la alta frecuencia de procesos electorales –entre 2006 y 2018– y a la necesidad de mantener un discurso hegemónico basado en la exaltación del liderazgo presidencial. El gasto comunicacional no solo creció en volumen, sino también en alcance, al incluir la creación y mantenimiento de un sistema de medios estatales compuesto por Bolivia TV, Radio Patria Nueva, el periódico Cambio, la Agencia Boliviana de Información (ABI) y la Red de Radios Originarias, los cuales dependían casi completamente de la financiación estatal.
Entre 2010 y 2018, la sola administración de estos medios consumió 1.319 millones de bolivianos, lo que demuestra su sostenibilidad política antes que económica.
El propio Linares advirtió que el gasto en propaganda estatal fue parte de un sistema de “mentira institucionalizada”, donde la comunicación oficial se utilizó como instrumento para manipular la opinión pública.
En ese sentido, el gobierno convirtió la falsedad en una herramienta política permanente, difundida por medios oficiales y redes sociales, especialmente dirigida a los sectores más vulnerables. Según el economista, de los 5.182 millones de bolivianos gastados, 3.681 millones provinieron del órgano ejecutivo, 900 millones de entidades descentralizadas y 600 millones de empresas públicas. Estos recursos, argumenta, podrían haber transformado la infraestructura del país si se hubiesen destinado a salud, educación o desarrollo productivo.
La concentración del gasto en comunicación muestra que, durante el periodo analizado, la prioridad gubernamental fue la autopromoción antes que el bienestar social. El Ministerio de Comunicación llegó a ocupar el décimo lugar en el ranking presupuestario del Órgano Ejecutivo, con 2.219 millones de bolivianos ejecutados en cinco años, superando a carteras como Justicia, Minería, Deportes o Culturas. Este patrón se repitió en los años electorales, cuando los presupuestos del área aumentaban significativamente, como ocurrió en 2014 y 2019.
El Instituto de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo (IIADI) documentó que, entre 2010 y 2018, el presupuesto destinado a publicidad y comunicación por entidades del gobierno central alcanzó 2.970 millones de bolivianos, mientras que la administración de medios estatales absorbió 1.318 millones adicionales.
En ese periodo, el gasto comunicacional se incrementó un 328%, pasando de 210 millones en 2010 a 900 millones en 2018. Esta expansión del gasto público respondió a una política comunicacional centrada en mantener una presencia mediática constante del liderazgo presidencial y en consolidar una narrativa de éxito estatal, independientemente de los resultados reales de gestión.
Durante la gestión de Luis Arce, esta tendencia continuó. De acuerdo con datos del Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES) sistematizados por Bolivia Verifica, entre julio y noviembre de 2025 el gobierno destinó 31,1 millones de bolivianos en contratos publicitarios distribuidos en 42 medios de comunicación, incluyendo televisivos, radiales, impresos y digitales.
Los contratos más altos fueron adjudicados a cadenas como PAT (6 millones), Unitel (4 millones), Red Uno (3 millones) y Gigavisión (2,5 millones). Solo el Ministerio de la Presidencia concentró el 77,5% de todo ese gasto, con 24,1 millones de bolivianos.
De acuerdo con las investigaciones de Linares, el IIADI y medios como Bolivia Verifica y Brújula Digital, la publicidad oficial fue utilizada como herramienta de control político y simbólico. Su función trascendió lo informativo para consolidar una estructura comunicacional orientada a reforzar la hegemonía del poder y a sostener el culto a la figura presidencial.
El gasto en medios, actos públicos y propaganda se convirtió en una estrategia permanente de legitimación política, con un alto costo económico y democrático para el país.
No obstante, la reducción o eliminación total de la publicidad estatal también conlleva un costo institucional y comunicacional. La falta de campañas oficiales podría afectar la capacidad del Estado para informar a la ciudadanía sobre políticas públicas, programas sociales, emergencias sanitarias o proyectos de desarrollo. Una comunicación pública responsable, fiscalizada y orientada al interés general es indispensable en una democracia moderna.
Por ello, el reto no radica en eliminar la publicidad gubernamental, sino en regularla bajo criterios de transparencia, utilidad pública y equilibrio informativo, evitando que se convierta nuevamente en un instrumento de propaganda política o personalista.
BD/RPU
