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domingo, 12 de noviembre de 2017

Mariana Mota hizo temblar a los genocidas y por ello la presionaron Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre





Entrevista de Daniel Roselli. Fue la jueza que condenó al ex presidente Juan María Bordaberry. Su nombre es Mariana Mota. Recibió todo tipo de presiones, hubo políticos que fueron a la Suprema Corte a pedir que la sacaran el Poder Judicial, y finalmente fue trasladada a un Juzgado Civil para opacarla, pero es imposible tapar el sol con un dedo.




Recordada por sus fallos contra los principales genocidas de la dictadura uruguaya, la doctora Mariana Mota recibió presiones desde las distintas fuerzas políticas partidarias uruguayas. Por ejemplo, el ex presidente colorado Jorge Batlle y el ex vicepresidente blanco Gonzalo Aguirre, fueron directamente a la Suprema Corte de Justicia para que fuera sacada de su cargo.
Investigó más de 50 causas de violaciones a los derechos humanos en su juzgado en cuatro años, cuando eran pocos los jueces que se animaban a ello. Eso le generó muchos enemigos, presiones, advertencias, hasta que en el año 2013, sin dar explicaciones, la Suprema Corte de Justicia la trasladó a un Juzgado Civil por razones “de mejor servicio”. Ella apeló el falló pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo apoyó la decisión de la Suprema Corte.
En un espacioso y silencioso salón de la Institución Nacional de Derechos Humanos, EL ECO repasó la historia de los hechos más trascendentes que tuvieron como protagonista a la doctora Mariana Mota.
– ¿Cómo se vinculó a las causas de delitos de lesa humanidad?
-Fue particular. Mi primer destino fue en Castillos (Rocha) y una semana antes de que me trasladaran ocurrió el asesinato de Rony Scarcella, que era un ex militante del MLN, un ex preso político y ese caso parece que hubiera signado las posteriores actuaciones. Además fue un crimen que nunca fue aclarado. Yo tenía competencia de urgencia, no tenía la causa y me estaba yendo a otro destino. Recuerdo que fue una situación muy enigmática, porque estaba encapuchado con un tiro en la cabeza. Aún lo recuerdo, porque a una le queda en la memoria cada una de las muertes que ve. Es como un archivo que queda en la cabeza. Y cuando no se aclaran, permanecen con un signo de interrogación al lado.
El periplo de Mariana Mota
Desde allí la doctora Mariana Mota comenzó un periplo por distintos puntos del país: Young, San José, Paysandú, Dolores, luego Ciudad de la Costa y finalmente Montevideo.
En la capital del país le asignaron el Juzgado Penal de 7º Turno, y allí había varias causas sobre hechos ocurridos durante la dictadura, y la única que estaba en trámite en relación a delitos de lesa humanidad era la de Juan María Bordaberry. Después había otras paralizadas o semiparalizadas.
“A la causa de Bordaberry le dimos un poco más de impulso porque estaba bastante lenta y después dimos sentencia (fue en febrero de 2010). Eso generó el impulso por parte de víctimas y familiares de abrir otras causas conexas. Una por tortura, entre otras, cuando Uruguay no se había investigado por tortura hasta ese momento
– ¿De qué año estamos hablando?
-Yo entré en el 2009 y la sentencia de Bordaberry fue en febrero del 2010. A partir de ese momento se abre la causa por tortura y otra sobre la muerte de Ubagesner Cháves Sosa que había sido desaparecido y sus restos fueron ubicados en el 2005. A partir de que la Corte declara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el 2009, se promueve la inconstitucionalidad de otras dos causas: una era la de los fusilados de Soca* y la otra de Hugo de los Santos Mendoza, que era un estudiante de agronomía muerto en el Batallón de Ingeniería Nº 9, cuyo cuerpo después fue trasladado para Rocha. Recuerdo que aún en dictadura la familia pidió una segunda autopsia, y el juez y el fiscal realmente se enfrentan al régimen y le otorgan el derecho. Después pagan por ello, porque el régimen los traslada, los hostiga y son obligados a renunciar al Poder Judicial. Pero es una autopsia que determinó las verdaderas razones de la muerte.
En este caso existía una particularidad: había fotos del cuerpo, donde se veían las heridas. Porque los cadáveres de quienes habían muerto en las prisiones se los entregaban a los familiares a cajón cerrado y con la prohibición de abrirlos. Obviamente con un informe médico sobre la causa de la muerte que no era real.
Entonces, a partir de un pedido de la fiscalía de investigar otras muertes y, cuando se logra trámite mediante que se declare inconstitucional la ley de caducidad para los fusilados de Soca y para el caso de Hugo de los Santos, se abre un abanico enorme de causas. A partir del expediente de Hugo de los Santos se arma un expediente por cada muerte que allí estaba denunciada. Entre ellas estaba la del carmelitano Aldo Perrini. La familia hizo luego la denuncia, pero ya estaba pedida la inconstitucionalidad.
El efecto dominó y la multiplicación de causas
A partir de estas causas, de las sentencias, la doctora Mariana Mota se convierte en una amenaza para los genocidas, pero a la vez es punto de referencia para las víctimas o sus familiares y le comienzan a llover las causas. “Por la sencilla razón de que cuando las personas advierten que un organismo funciona, lo utilizan, como en cualquier ámbito de la vida”, dice con sencillez.
Por ello el Juzgado de Mota termina aglutinando muchas causas de derechos humanos. “Tenía dos juzgados: el normal con los casos cotidianos, de delitos comunes, y el juzgado de las causas de derechos humanos”, cuenta.
– ¿Tenía muchas presiones del sistema político?
– Sí (dice si quiera pasar desapercibida), porque cuando se comienzan a emitir los pronunciamientos judiciales, se avanza en las causas, se convoca a militares y a víctimas y familiares, eso inevitablemente genera un estado público porque importa, importa a la gente, pero ello también genera rechazo de los sectores que no querían que eso se ventilara. ¡Por algo existió la ley de caducidad! No fue porque alguien la trajo de otro mundo. Esos mismos sectores que intentaron que no se investigara, paralizar todo, después trataron de desestabilizar las investigaciones.
-¿De qué forma?
-Con una sucesión de denuncias contra mi trabajo, sobre la forma de cómo trabajaba, qué sacaba… eso estaba dentro de las reglas de juego. Porque claro, hay causas en las que uno no tiene tantas obstáculos procesales, pero en estas sí que había… Y después con la prensa también, porque había medios a los que sí les interesaba informar sobre qué pasaba con las causas de los derechos humanos, pero había otros que estaban en la vereda de enfrente.
-¿Qué decían?
-Se llegó a cuestionar mi forma de proceder, como que yo desconocía cualquier garantía judicial. Fue en la causa del general Calcagno, porque yo lo había procesado por la desaparición forzada de dos uruguayos en Paraguay: Gustavo Insaurralde y Nelson Santana. Así lo entendió también el Tribunal. Pero en ese proceso y en el pasaje del Juzgado al Tribunal, se dijo que yo había violado el principio de inocencia y me dijeron de todo un poco.
-Pero no quedó en eso…
-No, ahí fue el ex presidente Jorge Batlle (Partido Colorado, 2000-2005) y el ex vice presidente Gonzalo Aguirre (Partido Nacional, 1990-1995), a plantearle a la Suprema Corte que me sacaran del Poder Judicial. Pero eso no fue un hecho aislado, sino que todas las semanas había un hecho, un comentario, en contra mía. Después se inserta lo de la marcha, el reportaje en Página 12 (Argentina). Lo que pasa es que yo no estaba resolviendo sobre el hurto de la verdulería, sino que era pesado… Pero bueno, la opción era: o miro para el costado, o trabajo. Hice esto último.
-Situaciones como cuando la Suprema Corte la retiró del caso de Aldo Perrini.
-Me sacó el expediente, en una forma totalmente irregular. Y fue el día que yo iba a dictar sentencia.
-En este cúmulo de denuncias y hechos ¿nunca encontró denuncias o hechos que involucraran al doctor Julio Ma. Sanguinetti?
– ¿Contra él?
– Sí.
– No, nunca hubo. Es interesante -dice reflexionando-, se podría investigar qué tanto participó él en lo que supuestamente fue la Operación Zanahoria, si hubo o no remoción de cuerpos, también en lo que fue el ocultamiento de archivos. Había algunas personas que cuestionaban por qué no se ha investigado -porque todavía se puede hacer- la actuación del ex presidente en el avance o detención de las causas sobre los derechos humanos.
– ¿En esos años la justicia uruguaya respondía a un pensamiento filosófico de ocultamiento de la causas de derechos humanos?
-En realidad no era de oposición, sino de desconocimiento, que es más grave aún.
– ¿Cómo de desconocimiento?
-Salvo honrosas excepciones, como el caso de Mirtha Guianze u otros fiscales, que conocían los hechos, que conocían la jurisprudencia internacional, que conocían los procesos que se estaban llevando a cabo en otros países de América, el 90% de los jueces no parecían saber de la existencia de estas cosas y cuando aparecían las denuncias en nuestro juzgado, demostraban un desconocimiento que realmente era preocupante. Desconocimiento sobre cómo abordar a una víctima de terrorismo de Estado, como investigar un hecho, qué normativa se aplica, todo eso tiene una particularidad. Porque no olvidemos que lo normal es que el Estado proteja el derecho de las personas, no que los viole. El Estado tiene el deber de la protección a la víctima.
-¿Por eso su papel se tornó tan trascendente?
-Sí, porque los pocos que trabajamos en esto nos tornamos más visibles y más fácilmente atacables. Si hubiera sido todo el Poder Judicial que hubiera tomado esta situación como una violación a los derechos humanos y hubiera dicho acá hay que aplicar toda esta batería de normativa, todo hubiera sido diferente.
– ¿Quién fue el responsable de esta situación? ¿El Estado como tal o la Suprema Corte de Justicia?
-Es que mientras estuvo la ley de caducidad vigente no se podía investigar absolutamente nada, porque impedía a los jueces investigar estas causas. Tenían que preguntarle al Poder Ejecutivo si podían hacerlo y este decía que no. Entonces mientras esto sucedió no se tramitaba nada, y si no se tramitaba no había cuestionamientos jurídicos. No hubo la necesaria discusión jurídica que deberían hacer los operadores del derecho. Eso no se dio. Sí pasó en otros países, como en la Argentina. Ellos debatieron sobre si eran casos de lesa humanidad, si prescribían o no, la ley de obediencia debida, todo esa discusión se dio antes. Y acá no, no pasó nada…
-Pero si Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre se permitieron ir a hablar a la Suprema Corte, fue porque sabían que era permeable, que tenían llegada.
-Claro, lógico. La visita de estas personas no fue un hecho aislado, fue parte de una cadena de presiones. De esa me enteré porque ellos mismos lo dijeron, sin ningún problema. Después siguieron otros cuestionamientos. En realidad era todo ambiente en el que era difícil definir quién se oponía. Había diferentes sectores y de diferentes lados. Por eso la conclusión es que había un Estado al que no le interesaba resolver esto. Eso era lo más preocupante.
-¿Tuvo pruebas sobre si hubo un pacto entre los militares y el MLN Tupamaros para que las causas de derechos humanos no avanzaran en el gobierno de José Mujica?
– No, no tuve. Pero se habló mucho, de muchos pactos, de muchas cosas…
– Pero concretamente…
-Y los rumores me llegaban. Lo único concreto es que no se avanzó. Eso es objetivamente cierto, después… saber quién es responsable es otra historia. Porque pudo haber un pacto entre militares y MLN, pero las cosas no son aisladas. Y si hubo un pacto entre ellos dos, existe todo el resto de organismos que deberían oponerse a ello o someterse. Y ahí la decisión no es sólo de ese eventual pacto -si realmente existió- sino también de quienes obraron en consecuencia a ello.
-¿Recibió amenazas de muerte personalmente?
-No, no, personalmente no. Fueron genéricas, como aquel video que apareció de encapuchados que amenazaba a jueces y fiscales, que no me generó ninguna inquietud. Son como cíclicos, como que periódicamente aparecen. Luego sucedió el robo en la Facultad de Humanidades, apareció el Comando Barneix, y ahora se violentaron los lugares donde se buscan desaparecidos…
– ¿Son hechos aislados o hoy fuerzas que operan?
– Lo preocupante es que aparecen estos hechos porque no hay una respuesta concreta. Si el Estado y todos sus órganos tuvieran una posición clara y firme de que están interesados en esclarecer las causas de derechos humanos, de encontrar a los desaparecidos y de responsabilizar a quienes cometieron y ampararon estos delitos, creo que no habría duda de la posición del Estado y por lo tanto no cabría aceptar ningún tipo de amenaza, ni tolerarlas. Porque ¿cuánto afectan estas amenazas a las víctimas? ¿Cuánto afectan a las investigaciones? ¿A los testigos? Creo que el mensaje verdadero es atemorizar…
– ¿Qué pude decir del caso de Vladimir Roslik?
– Creo que ahí hubo un problema del propio sistema judicial, que archivó el caso porque dijo que había prescrito, y entonces no se avanzó. Cuando en realidad lo que tendría que haber ocurrido es que si el Tribunal entendía que había prescrito, amparando lo que había dicho el Juzgado de Primera Instancia, se tendría que haber planteado la casación a la Corte y si ésta mantenía la prescripción, pasar el caso a los organismos internacionales. No se puede aceptar que prescriba un delito de lesa humanidad. Y más en un caso que está totalmente individualizado. Fue al final de la dictadura, todo individualizado, muy conocido. En paralelo, fue como los primeros crímenes antes de la dictadura, cuando se discutía sobre ellos en el Parlamento. Y lo mismo pasó con Roslik, se sabe todo, cuándo, dónde y quiénes lo hicieron. Todo se sabe, fueron funcionarios públicos. Entonces la gran omisión fue no continuar.
– ¿Por qué cree que es necesario saber qué pasó y cómo en la historia reciente?
-Para que no vuelva ocurrir. Justamente por eso. La justicia no sólo es para sentenciar e investigar, sino que tiene que dar un mensaje claro de que cuando hay una conducta fuera de las reglas, se sanciona. Y en el caso de los delitos de lesa humanidad es para que no vuelvan a ocurrir. ¿Por qué ocurrieron? Puede ser por muchas circunstancias, pero seguramente hubo organismos estatales que no estuvieron lo suficientemente aptos o fuertes para evitar este tipo de vulneración. Entonces el cometido del Estado, en su función de proteger y defender a los derechos humanos, es tener políticas públicas eficientes para evitar que vuelva ocurrir. Lo que se llama garantía de no repetición. Pero para tener garantía de no repetición, tenemos que saber lo que pasó.

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