CARA DE "YO NO FUI"
El caso Lacalle Pou
Seguridad Pública, El Guardián, el archivo de la Corte Electoral, vehículos, tecnología y oficiales de inteligencia fueron utilizados para favorecer a criminales, mientras que los cortesanos de Lacalle Pou usaron el poder para espiar, perseguir y amedrentar a opositores
Todo está conectado. Complot, Corrupción, espionaje, macartismo, cofradías…
El Sistema de Gestión de Seguridad Pública, El Guardián, el archivo de la Corte Electoral, vehículos, tecnología y oficiales de inteligencia han sido utilizados para favorecer a criminales, mientras que los cortesanos de Lacalle Pou han usado el poder para espiar, perseguir y amedrentar a opositores.
No olvidemos la llamada que desde el gobierno se hizo a la dirección del diario El Observador evitando que se publicara una nota sobre el pedido de Astesiano al número 3 de la Policía Nacional, Jorge Berriel, para que indagara los movimientos de la expareja del presidente.
No olvidemos que la delegación de Salto Grande cortó pautas publicitarias en Radio Arapey alegando diferencias con la cobertura sobre la remoción de Albisu en la CTM, por entrevistar al periodista Eduardo Preve en un programa y cuestionar al actual presidente. O te alineas o te cerramos el grifo.
No olvidemos que la Fiscalía General de la Nación detectó en octubre de 2023 la desaparición de un audio con declaraciones de Sebastián Marset, tomadas durante una indagatoria por el homicidio en 2018 de Alfredo Rondán, amigo de la infancia del narcotraficante.
No olvidemos que hicieron desaparecer 10 mails de Cancillería por el caso Marset y dos celulares por el caso Astesiano, ni que el principal asesor del presidente, Roberto Lafluf reconoció en una llamada grabada que había destruido un acta notarial que comprometía al gobierno, ya que contenía el intercambio entre Maciel y Ache (que enviado por Carolina iba en sobre cerrado para el canciller) evitando que llegara al juzgado.
En el marco de la conspiración, Lafluf (siguiendo órdenes del presidente) convocó a la ex vicecanciller a la Torre Ejecutiva ordenándole que entrara a escondidas, por el garaje. Tal era la “apariencia delictiva” de las conductas de los hombres del presidente, que Carolina (dicho por ella) tenía miedo de que le robaran el celular. No olvidemos los mensajes escritos de Lafluf explicando cómo eliminar los chats, ni al mismísimo canciller Francisco Bustillo presionándola para que borrara chats de su celular o lo perdiera, para evitar que llegaran al Parlamento y a la Justicia.
Como si hiciera falta, Bustillo aclaró que, cuando le dijo que “perdiera el celular”, lo dijo en forma figurada. Sí, Francisco; todos entendimos lo que quisiste decir… No te preocupes.
Le mintieron al Parlamento e hicieron todo para evitar que las pruebas llegasen a manos de jueces y fiscales. Le mintieron a todo el pueblo uruguayo. Ellos y el presidente, con su cara de “yonofui”.
No olvidemos al director del Complejo Penitenciario Santiago Vázquez, Carlos Taroco, ordenando a un policía que se reuniera con Jonathan Mastropierro para sacarle datos sobre el resto de las víctimas del senador blanco Gustavo Penadés. No olvidemos las denuncias de seguimientos a víctimas del senador, a una abogada y a la fiscal, ni las pintadas amenazantes en el muro de la casa de Romina Celeste el 14 de abril (captadas por una cámara de vigilancia) ni el homicidio de Sebastián Barbieri Franco, el 17 de abril, aparentemente por otra causa, pero, curiosamente, menos de una semana después de haber manifestado su intención de denunciar a Penadés.
No olvidemos a Graciela Del Vecchio, secretaria del nacionalista Arturo Silvera, buscando ilegalmente en los archivos de la Corte Electoral información de las víctimas de Penadés a pedido de su secretario.
No olvidemos a Alejandro Astesiano, jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, usando las cámaras del Ministerio del Interior en contra del líder sindical Marcelo Abdala y diciéndole a Nicolás Martínez, secretario privado de Lacalle Pou, “Hay que matarlo a este hijo de puta”.
No olvidemos el espionaje (la Justicia investiga si llegó a concretarse o quedó en actos preparatorios) contra los senadores Charles Carrera y Mario Vergara con el fin de extorsionarlos para que retiraran la denuncia contra la entrega que Luis Alberto Heber hizo de los servicios portuarios a la empresa belga Katoen Natie. No olvidemos el espionaje al exdirector de la Policía Nacional Mario Layera ni el otro contra estudiantes del liceo 41, que tampoco sabemos si llegó a concretarse.
No olvidemos la vigilancia y fichaje en movilizaciones de AEBU (2020) y a recolectores de firmas (2021) y la infiltración de policías en una marcha por el SI (2022). No olvidemos la actuación contra 14 profesores que se habían fotografiado en octubre de 2019 dentro y fuera de un liceo de San José, manifestando su oposición a la campaña “Vivir sin miedo”. Fueron sumariados pese a que su causa había sido archivada por la administración anterior.
No olvidemos que el 2 de diciembre de 2021 la senadora blanca Graciela Bianchi pidió un informe sobre Mirta Mabel Mallo, dirigente del sindicato de UTU, que había mantenido un intercambio de palabras de forma pública con el presidente Luis Lacalle. La senadora requirió información sobre la cantidad de horas docentes que tenía, si gozaba de licencia sindical, cantidad de inasistencias y si había algún “procedimiento disciplinario” en su contra. No la olvidemos jactándose de haberse “encargado” del periodista Eduardo Preve, al cual cesaron en canal 10.
No olvidemos al presidente vendiendo en 150.000 dólares un terreno del Estado situado en la exclusiva zona de Punta Ballena (Maldonado) al magnate brasileño Alexandre Grendene, un predio cotizado por los operadores inmobiliarios del lugar en 750.000 dólares. 600.000 dólares de regalo a quien, casualmente, le presta su avión privado. No liga una el presidente. Regresó de Estados Unidos haciendo escala en San Pablo y volvió a Uruguay en otro avión, esta vez perteneciente al empresario argentino Gustavo Carmona, investigado por la Justicia de su país por los escandalosos vuelos a Lago Escondido (provincia de Río Negro), trasladando a jueces y empresarios que coordinaban acciones de tinte conspiratorio.
Claro, Luis no sabía. Tampoco conocía los antecedentes de Alejandro Astesiano, aunque Larrañaga se los había dado a conocer. Tampoco sabía que José Ramiro Reyes Segade, encargado de comercio en la embajada de Argentina (pese a no haber terminado la secundaria) había sido condenado por contrabando en 2002 y estaría involucrado en los Panamá Papers. ¿Lo miraron a los ojos y le dijeron que no tenían antecedentes? ¿Dónde diablos estás Álvaro Garcé?
Todo tiene que ver con todo
Vertical Skye fue fundada en Estados Unidos, una semana después de que Lacalle Pou asumiera el cargo, para presentarse a licitaciones usando el vínculo de Astesiano con el presidente.
Roberto Lafluf es dueño de la empresa AVISA, la que trabajó en Paraguay para las empresas del expresidente Horacio Cartes, el cual fue acusado de “corrupción significativa” por el Secretario de Estado Anthony Blinken, el 22 de julio de 2022, retirándole la visa estadounidense. Cartes es el padrino político del actual presidente Santiago Peña Palacios, el único aliado de Lacalle Pou en la región, ahora que Trump y Bolsonaro están lejos del poder y cerca de la cárcel.
Lafluf realizó actos inmorales en nombre del presidente; pero éste no lo demanda penalmente porque él lo autorizó. Como ha escrito Leandro Grille: “Es muy claro. El 9 de noviembre de 2022 la Justicia ordenó al Ejecutivo entregar todo el expediente sobre Marset, incluyendo las comunicaciones. Ante eso, Lacalle organizó una reunión para acordar desaparecer los mensajes entre Ache y Maciel para que no integraran el expediente”.
Si no hubo nada ilegal en tener listo el pasaporte de un narco en 24 horas, ¿por qué destituyeron al subdirector nacional de Identificación Civil Alberto Lacoste y el presidente le pidió a la vicecanciller que renunciara? ¿Por qué aceptar las “renuncias” del ministro Heber, del subsecretario Guillermo Maciel y de su asesor de imagen Roberto Lafluf?
Que tantos jerarcas arriesgaran todo para favorecer a Marset hace plausible lo denunciado por Bolivia: que el narco destinó 10 millones de dólares para sobornos en Uruguay. O tal vez haya cosas que todavía desconocemos.
Quizá solo estamos viendo la punta del iceberg
No olvidemos que los legisladores de Lacalle Pou se han negado reiteradamente a aprobar la ley de financiamiento de los partidos políticos y a dotar de fondos a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). No son casuales los ataques sistemáticos de la coalición contra la Fiscalía ni que la excepción haya sido Gabriela Fossati, quien más que fiscal parecía la abogada defensora de Luis Lacalle Pou. ¡Estaba más pendiente de sacarse una selfie con él que de sus declaraciones! Y menos casual fue que tras renunciar a su cargo, el Partido Nacional le haya abierto las puertas de par en par.
Como dije en el programa LEGÍTIMA DEFENSA, sobran argumentos para un juicio político; pero, al no contar con los dos tercios de votos exigidos por la Constitución, porque la coalición cerrará filas para proteger al presidente, ya que la ciudadanía lo votó (fascinada con el carisma de este producto del marketing político), que lo disfrute hasta el último día y, en todo caso, que lo saque con votos. De lo contrario, entraremos en su juego y lo convertiremos en un mártir.
Como sea, ya está claro que esto ya no se trata del caso Astesiano, ni del caso Penadés, ni del caso Marset.
Esto ya es el caso Lacalle Pou.
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