viernes, 9 de febrero de 2018

CONFLICTO LIMÍTROFE CHALCHIHUITÁN-CHENALHÓ






CONFLICTO LIMÍTROFE CHALCHIHUITÁN-CHENALHÓ
Octubre-Diciembre 2017 – Enero 2018

ANTECEDENTES
En 1973, como parte del proceso de ordenamiento agrario que emprendió el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, agentes de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu) deslindaron los límites entre los pueblos históricos de Chalchihuitán y Chenalhó, ambos de lengua y cultura tsotsiles. Sin respetar los límites naturales que marcaba un río desde tiempos ancestrales y que eran reconocidos por los dos pueblos, los servidores públicos otorgaron tierras que tradicionalmente habían pertenecido a Chenalhó al actual municipio de Chalchihuitán, generando con ello un conflicto que ha tenido momentos de tensión y de latencia a lo largo de más de 40 años.
Es pertinente aclarar que durante estos años, habitantes de Chalchihuitán fueron poblando las tierras antes pertenecientes a Chenalhó,de manera legal, no como invasores. Se convirtieron, por un error lamentable del gobierno federal, en dueños legítimos de las tierras que hoy les han arrebatado.
Los últimos veinte años de historia en la región están marcados por la violencia y el enfrentamiento entre diversos grupos, aunados a la pobreza endémica que caracteriza a ambos pueblos, pero de manera más profunda a Chalchihuitán. Las consecuencias han sido muy negativas para gran parte de la población, que en el caso de Chenalhó ha debido vivir diversos episodios de desplazamiento forzado. El ejemplo más dramático es el de la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997, episodio final de una serie de eventos previos caracterizados por las acciones de grupos armados entrenados, patrocinados, protegidos y armados por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
A pesar del proceso judicial que derivó de la masacre, dichos grupos nunca fueron totalmente desactivados. De hecho, apenas unas semanas antes de que se cumplieran diez años del suceso, los responsables materiales, que habían sido plenamente identificados por los sobrevivientes y que purgaban sus sentencias en prisión, comenzaron a ser inexplicablemente liberados, aduciendo fallas al debido proceso.Actualmente TODOS están libres y han regresado a Chenalhó, donde varios de ellos retomaron sus acciones de hostigamiento a la población.
A través de diversos episodios de agresión contra opositores, los grupos armados de Chenalhó han consolidado su presencia sin que hasta la fecha las autoridades responsables hayan hecho algo para por lo menos controlarlos. En abierta alianza con la presidenta municipal Rosa Pérez, del Partido Verde Ecologista de México y protegida del actual gobernador, Manuel Velasco Coello, estos  grupos  han agudizado la tensión social tanto al interior del municipio como con sus vecinos de Chalchihuitán.
En este contexto tienen lugar los acontecimientos que se narran a continuación.
CRÓNICA DE HECHOS
En una turbia jugada que hoy puede interpretarse como perfectamente planeada y calculadapara que provocara lo que efectivamente ocurrió, el 18 de octubre pasado elementos de estos grupos armados privaron de la vida a Samuel Luna Girón, campesino de Chalchihuitán y cuyo asesinato sirvió como argumento para reavivar el añejo conflicto limítrofe.Es un hecho del que tuvieron conocimiento tanto el ministerio público como la Procuraduría indígena, quienes no han tomado ninguna medida para impartir justicia.
En teoría la solución del conflicto quedó en manos del Tribunal Agrario, que debía emitir un fallo definitivo a más tardar el 15 de diciembre. Mientras tanto, las autoridades del estado no sólo no intervinieron para calmar los ánimos; por el contrario, dejaron actuar a los paramilitares a sus anchas, negando, cada vez que pudieron,  la gravedad de la situación. Por su parte, durante los primeros dos meses del conflicto, el gobierno federal mostró una absoluta indiferencia ante los hechos.
A partir del asesinato de Luna Girón, las agresiones de los civiles armados se hicieron recrudecieron, con destrucción y quema de viviendas y cosechas, tiros al aire durante todo el día y amenazas de muerte. Los accesos a la cabecera municipal de Chalchihuitán fueron destruidos por los paramilitares con maquinaria pesada, sin que autoridad alguna intentara detenerlos. La cabecera quedó virtualmente en estado de sitio, privada de alimentos, medicamentos, gasolina, gas.
En las tres semanas siguientes al asesinato, más de cinco mil habitantes de diversas comunidades de Chalchihuitán y casi mil de Chenalhó, ante el temor de perder la vida, fueron forzados a abandonar sus tierras y refugiarse, los de Chenalhó en Fracción Polhó (dentro del mismo municipio); los de Chalchihuitánvarios en la cabecera y los más en las montañas cercanas, en calidad de desplazados internos. Atrás dejaron sus escasas pertenencias, sus animales, sus aperos de trabajo, su vida entera. Las condiciones en las que se encuentran actualmente son de extrema vulnerabilidad. Hasta el momento, por lo menos doce personas, principalmente menores de edad y ancianos, han perdido la vida a causa del hambre y del frío.
Desde el inicio de las hostilidades, el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez, se dio a la tarea de recorrer los campamentos de desplazados para recoger los testimonios de la gente y dar a conocer la situación que están viviendo. Al mismo tiempo, organizaciones de la sociedad civil en San Cristóbal y voluntarios les comenzaron a brindar asistencia humanitaria. Sin embargo, el proceso ha sido extremadamente difícil ya que durante varias semanas, y como consecuencia de los bloqueos que provocaron los paramilitares, había que dar un rodeo de siete horas para llegar a un lugar al que normalmente se hacen no más de dos.
Es importante insistir en la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales y la total ausencia del gobierno federal ante la tragedia, durante varias semanas.  Pero ante el cúmulo de denuncias e irrefutables evidencias, el gobierno del estado se vio forzado a implementar algunas acciones cosméticas y tardías, enviando ayuda humanitaria[1] y a personal de Protección Civil a la cabecera municipal de Chalchihuitán. A pesar de las circunstancias, en un principio estos funcionarios se negaron a trasladarse a los campamentos para dar asistencia a los desplazados exigiendo que éstos se movieran a la cabecera. Sólo entonces el gobierno federal mandó ayuda humanitaria a través  del Ejército. Extrañamente los soldados dieron el mismo rodeo que las organizaciones de la sociedad civil debían dar para llegar a los campamentos, cuando tenían la autoridad y los medios para retirar los bloqueos y detener a los responsables.
Mientras tanto, se esperaba con ansías la sentencia del tribunal, principalmente por las amenazas que de manera abierta expresaron Rosa Pérez y sus aliados armados, al afirmar que de no serles favorable, los de Chenalhó tomarían “medidas drásticas” en contra de sus vecinos de Chalchihuitán. El fallo, que anula todos los dictámenes previos y expresa la necesidad de redefinir los límites entre ambos municipios (decisión que los de Chenalhó tomaron como favorable a su causa)fue publicado el 13 de diciembre.[2] Llamó poderosamente la atención que el documento estuviera fechado el 6 de noviembre, es decir, un mes y una semana antes de su publicación y antes también de que la mayor parte de los desplazados hubiera dejado sus tierras.
Este hecho en concreto puede interpretarse como un intento, lamentablemente exitoso, de “limpiar” de habitantes de Chalchihuitán el territorio en disputa ANTES de que el tribunal emitiera su fallo. Lo lógico sería que, una vez publicada la decisión de las autoridades agrarias, la gente en vez de pertenecer a Chalchihuitán ahora quedara bajo la jurisdicción municipal de Chenalhó, sin tener que moverse de sus tierras ni ver amenazada su integridad. Pero no ocurrió así.
Es de notar también que, a pesar de que los bloqueos principales fueron retirados (por elementos de Protección Civil, NO por policías o militares), las agresiones armadas no han dejado de ocurrir día y noche contra las mismas comunidades de donde la gente salió y ahora hostigando a otras comunidades de Chalchihuitán cuyas tierras parecieran ser también ambicionadas por quienes provocaron todo esto.
En los hechos, el fallo del tribunal NO resolvió el problema, pues resulta muy poco probable que los desplazados puedan regresar a sus tierras y reconstruir sus viviendas con las garantías de seguirdad mínimas necesarias para ello. Mientras los grupos armados sigan activos y gozando de la protección de quienes debieran deterlos, esto no será posible. Ningún paramilitar ha sido detenido hasta el momento, a pesar de que están plenamente identificados.
Finalmente, a finales de diciembre, el subsecreatrio de Gobernación, René Juárez Cisneros, y el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, se reunieron con representantes de ambos ayuntamientos. Se discutió sobre la necesidad de atender a los desplazados y proteger su integridad física. Se instaló, asimismo, una mesa de seguridad para atender la demanda de desarticulación, desmantelameinto y castigo al grupo armado de Chenalhó. Sin embargo, no hay, hasta la fecha, NINGUNA ACCIÓN EN ESTE SENTIDO: ni un solo detenido, ni una sola arma decomisada. NADA. Los paramilitares siguen operando con la más absoluta impunidad.
Las fiestas decembrinas fueron muy amargas y difíciles para los desplazados.Varios miles de ellos, desesperados y con claros síntomas de  depresión, decidieron regresar a sus comunidades, según lo anunció el alcalde de Chalchihuitán el primero de enero, a pesar de quelas condiciones para el retorno no están dadas. Sólo deseaban saber, expresaron, el estado actual delo que queda de sus viviendas, cosechas y demás posesiones.[3] Sin embargo, más de mil desplazados  se rehusaron a hacerlo, precisamente ante la falta de garantías.
David Pérez Gómez, del consejo de vigilancia del Comité de Bienes Comunales de Chalchihuitán, detalló que hasta la mañana del 2 de enero habrían regresado 3 mil 858 personas a sus comunidades y aproximadamente mil 116 permanecen en los campamentos. Sin embargo, “nadie está seguro, pues los paramilitares siguen armados y provocando en la franja” (en disputa), añadió. Esto significa que, de continuar las agresiones, en cualquier momento los retornados podrían dejar nuevamente sus comunidades para refugiarse en los campamentos.
Los hechos dan la razón a quienes no quieren volver a sus casas: la tarde y noche del primero de enero se escucharon disparos desde Majumpepentik (Chenalhó).  Según la crónica de Hermann Bellinghausen, “… elementos del Ejército federal, acompañados por un regidor del ayuntamiento, levantaron cartuchos percutidos en Tseleltetik, un paraje de Kanalumtik. Los militares no acudieron a los otros tres sitios donde hubo tiros: Zacatonal, Ch'en Mut y Tsamtech'en”.[4]
Juan Gabriel Girón Gómez, agente municipal de Kanalumtik, declaró: “No hay seguridad por parte del gobierno; nosotros esperamos que se instalen los soldados para volver”. Nadie les ha ofrecido reubicarse, apunta.Permanecen en la cabecera de Chalchihuitan familias de todos los poblados; se trata de habitantes de las comunidades cercanasa donde provienen los disparos.En cuanto a la ayuda que reciben de Protección Civil de Chiapas, Girón Gómez asegura que “son donativos de la sociedad civil, no del gobierno; lo podemos leer en las cajas”.[5]
Ante lo anteriormente descrito, las preguntas obligadas son: ¿quién o quiénes están detrás de todo esto y qué ganan? ¿Por qué se ha dejado actuar, con toda libertad e incluso con la protección por omisión de las autoridades, a los grupos de civiles armados? ¿Por qué la falta de respuesta de los gobiernos estatal y federal durante tanto tiempo?  ¿Dónde van a reubicar a los desplazados, con qué recursos?
La realidad es que hoy por hoy, el tejido social está seriamente dañado para los habitantes de ambos pueblos. Los desplazados culpan a los de Chenalhó de su sufrimiento, generalmente sin distinguir entre paramilitares y el resto de la población. Pase lo que pase, el encono está sembrado y costará mucho trabajo superarlo.
Los desplazados han perdido no sólo sus viviendas y pertenencias sino su modo de vida campesino. En los meses siguientes, no podrán sembrar ni cultivar nada, lo que los condena a una dependencia del exterior que puede o no responder a sus necesidades básicas. Enfrentamos una verdadera emergencia humanitaria que requiere de toda nuestra capacidad de respuesta y acompañamiento. Sin embargo, no debemos hacer el trabajo que corresponde a las autoridades. Es necesario exigirles que cumplan cabalmente con su responsabilidad, empezando por el desarme y detención de los grupos civiles armados.
Por lo pronto, en Chalchihuitán se da un retorno al matadero, coinciden varios organismos civiles que han dado seguimiento al conflicto desde el inicio. El riesgo de una masacre es claro, advierten. No hay una sola garantía de seguridad y, menos, de reparación del daño. Cada día que pasa, es un día más en la incertidumbre, el frío, el hambre, la enfermedad, la tristeza, el miedo…

ENGLISH VERSION

TERRITORIAL CONFLICT CHALCHIHUITÁN-CHENALHÓ

October-December 2017 - January 2018

BACKGROUND

In 1973, as part of the process of agrarian organization that the government of President Luis Echeverría Álvarez undertook, agents of the Secretariat of Agrarian Reform (SRA, now the Secretariat of Agrarian, Territorial and Urban Development, Sedatu) demarcated the boundaries between the historic towns of Chalchihuitán and Chenalhó, both of tsotsil language and culture. Without respecting the natural limits that a river marked from ancestral times and were recognized by the two peoples, public servants granted land that had traditionally belonged to Chenalhó to the current municipality of Chalchihuitán, generating a conflict that has had moments of tension and of latency over more than 40 years.

It is pertinent to clarify that during these years, inhabitants of Chalchihuitán were populating the lands previously belonging to Chenalhó, legally, not as invaders. They became, by an unfortunate mistake of the federal government, the legitimate owners of the lands that today they have taken from them.

The last twenty years of history in the region are marked by violence and confrontation between diverse groups, together with the endemic poverty that characterizes both peoples, but Chalchihuitán in a more marked way. The consequences have been very negative for a large part of the population, which in the case of Chenalhó has had to experience various episodes of forced displacement. The most dramatic example is that of the Acteal massacre on December 22, 1997, the final episode of a series of previous events characterized by the actions of armed groups trained, sponsored, protected and armed by the government of (President) Ernesto Zedillo Ponce de León.

Despite the judicial process that resulted from the massacre, these groups were never totally deactivated. In fact, just a few weeks before the tenth anniversary of the event, the material perpetrators, who had been fully identified by the survivors and who were serving their sentences in prison, began to be inexplicably released, citing flaws in due process. ALL are now free and have returned to Chenalhó, where several of them resumed their actions of harassment of the population.

Through various episodes of aggression against opponents, the armed groups of Chenalhó have consolidated their presence without, to date, the responsible authorities having done anything to at least control them. In an open alliance with the municipal president Rosa Pérez, of the Green Ecologist Party of Mexico and protected by the current governor, Manuel Velasco Coello, these groups have exacerbated the social tension both within the municipality and with its neighbors in Chalchihuitán.
In this context the events that are narrated below take place.

FACTUAL CHRONICLE

In a murky move that today can be interpreted as perfectly planned and calculated to provoke what actually happened, on October 18, elements of these armed groups deprived of his life Samuel Luna Girón, peasant of Chalchihuitán, whose murder served as an argument to rekindle the old border conflict. It is a fact that both the Public Prosecutor's Office and the Indigenous Procurator's Office, who have not taken any measure to impart justice, were aware of this
.
In theory the solution of the conflict was in the hands of the Agrarian Court, which had to issue a definitive ruling no later than December 15. Meanwhile, the state authorities not only did not intervene to calm things down; on the contrary, they allowed the paramilitaries to act at their leisure, denying, whenever possible, the seriousness of the situation. For its part, during the first two months of the conflict, the federal government showed absolute indifference to the facts.

After the murder of Luna Girón, the aggressions of the armed civilians were intensified, with destruction and burning of houses and crops, shooting in the air all day and death threats. The accesses to the municipal capital of Chalchihuitán were destroyed by the paramilitaries with heavy machinery, without any authority trying to stop them. The town of central administration was virtually in a state of siege, deprived of food, medicine, gasoline, gas.

In the three weeks following the murder, more than five thousand inhabitants of various communities of Chalchihuitán and almost one thousand of Chenalhó, fearing loss of life, were forced to abandon their land and take refuge, those of Chenalhó in Fracción Polhó (within the same municipality); those of Chalchihuitán, several in the administrative center and more in the nearby mountains, as internally displaced persons. They left behind their few belongings, their animals, their implements of work, their entire lives. The conditions in which they currently find themselves are extremely vulnerable. So far, at least twelve people, mainly minors and elderly people, have lost their lives due to hunger and cold.

From the beginning of the hostilities, the parish priest of Simojovel, Marcelo Pérez, undertook the task of touring the camps of displaced people to collect the testimonies of the people and make known the situation in which they are living. At the same time, civil society organizations in San Cristóbal and volunteers began to provide them with humanitarian assistance. However, the process has been extremely difficult since for several weeks, and as a consequence of the blockades created by the paramilitaries, it was necessary to make a seven-hour detour to reach a place where normally no more than two are required.

It is important to emphasize the lack of response from the state authorities and the total absence of the federal government in the face of the tragedy, for several weeks. But faced with the accumulation of complaints and irrefutable evidence, the state government was forced to implement some cosmetic and belated actions, sending humanitarian aid and Civil Protection personnel to the municipal seat of Chalchihuitán. Despite the circumstances, at first these officials refused to move to the camps to provide assistance to the displaced, demanding that they move to the Municipal seat. Only then did the federal government send humanitarian aid through the Army. Strangely, the soldiers followed the same detour that the civil society organizations had to use to get to the camps, when they had the authority and the means to remove the blockades and arrest those responsible.

Meanwhile, the ruling of the court was anxiously awaited, mainly because of threats openly expressed by Rosa Pérez and her armed allies, saying that if they were not favorable, those from  Chenalhó would take "drastic measures" against their neighbors in Chalchihuitán. The ruling, which annuls all previous rulings and expresses the need to redefine the boundaries between the two municipalities (decision that those from Chenalhó took as favorable to their cause) was published on December 13. It drew strong attention that the document was dated November 6, that is, a month and a week before its publication and before that most of the displaced had left their land.

This particular fact can be interpreted as an unfortunately successful attempt to "clean" the disputed territory of the inhabitants of Chalchihuitán BEFORE the court issued its ruling. The logical thing would be that, once the decision of the agrarian authorities was published, people instead of belonging to Chalchihuitán woud now be under the municipal jurisdiction of Chenalhó, without having to move from their lands or see their integrity threatened. But it did not happen like that.

It is also noteworthy that, although the main blockades were removed (by elements of Civil Protection, NOT by police or military), the armed aggressions have not stopped happening day and night against the same communities that the people left and now harassing other communities of Chalchihuitán whose lands seem to be also coveted by those who caused all this.

In fact, the court's ruling did NOT solve the problem, since it is very unlikely that the displaced will be able to return to their lands and rebuild their homes with the minimum security guarantees necessary to do so. As long as the armed groups are still active and enjoying the protection of those who should deter them, this will not be possible. No paramilitary has been arrested so far, even though they are fully identified.

Finally, at the end of December, the Under Secretary of the Interior, René Juárez Cisneros, and the Commissioner for the Dialogue with Indigenous Peoples, Jaime Martínez Veloz, met with representatives of both municipalities. The need to care for the displaced and protect their physical integrity was discussed.

A security desk was also installed to meet the demand for separating, dismantling and punishing the armed group of Chenalhó. However, there is, to date, NO ACTION IN THIS SENSE: not a single detainee, nor a single weapon confiscated. NOTHING. The paramilitaries continue to operate with absolute impunity.

The holidays were very bitter and difficult for the displaced. Several thousand of them, desperate and with clear symptoms of depression, decided to return to their communities, as announced by the mayor of Chalchihuitán on January 1, although the conditions for the return have not been realized. They only wanted to know, they said, the current state of what is left of their homes, crops and other possessions. However, more than a thousand displaced people refused to do so, precisely because of the lack of guarantees.

David Perez Gomez, of the monitoring council of the Committee of Communal Property of Chalchihuitán, explained that until the morning of January 2, 3,858 people had returned to their communities and approximately 1,116 remained in the camps. However, "nobody is sure, because the paramilitaries are still armed and provoking in the strip" (in dispute), he added. This means that, if the aggressions continue, at any moment the returnees could leave their communities again to take refuge in the camps.

The facts support the conclusions of those who do not want to return to their homes: the afternoon and evening of the first of January shots were heard from Majumpepentik (Chenalhó). According to the chronicle of Hermann Bellinghausen, "... elements of the Federal Army, accompanied by an alderman of the city council, picked up discharged cartridges in Tseleltetik, a place of Kanalumtik. The military did not go to the other three places where there were shots: Zacatonal, Ch'en Mut and Tsamtech'en. "

Juan Gabriel Girón Gómez, municipal agent of Kanalumtik, declared: "There is no security provided by the government; we hope that the soldiers return to settle in. " No one has offered to relocate them, he says. Families from all villages remain in the Chalchihuitan administrative center; they are inhabitants of the communities close to where the shots come from. Regarding the help they receive from the Civil Protection of Chiapas, Girón Gómez assures that "they are donations from civil society, not from the government; we can read it on the boxes. "

In view of the above, the obligatory questions are: who is or who are behind all this and what do they gain? Why have the groups of armed civilians been allowed to act, with complete freedom and even with the protection by omission of the authorities? Why the lack of response from the state and federal governments for so long? Where will they relocate the displaced, with what resources?

The reality is that today, the social fabric is seriously damaged for the inhabitants of both towns. The displaced blame those in Chenalhó for their suffering, generally without distinguishing between paramilitaries and the rest of the population. Whatever happens, the anger is sown and it will take a lot of work to overcome it.

The displaced have lost not only their homes and belongings but their peasant way of life. In the following months, they will not be able to sow or cultivate anything, which condemns them to a dependency on the outside that may or may not respond to their basic needs. We face a real humanitarian emergency that requires all our capacity for response and accompaniment. However, we should not do the job that corresponds to the authorities. It is necessary to demand that they comply fully with their responsibility, beginning with the disarmament and detention of armed civilian groups.

Several civil organizations that have been monitoring the conflict since the beginning agree that for now, in Chalchihuitán there is a return to the slaughterhouse. The risk of a massacre is clear, they warn.There is not a single guarantee of security and, least of all, of repairing the damage. Each day that passes, is another day in uncertainty, cold, hunger, illness, sadness, fear...






[1]Tal ayuda no ha sido sólo insuficiente sino inapropiada. El gobierno del estado ha enviado alimentos enlatados que la gente de las comunidades no está acostumbrada a comer y cuyo consumo le ha generado más problemas gastrointestinales de los que ya presentaba, según  documentó la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a principios de enero.
[2]Bajo el título Nulidad de ejecución de resolución presidencial, declara improcedentes los acuerdos anteriores entre las partes e indica que se deberá realizar nuevamente el deslinde. Ello alargaría el proceso y daría un respiro al gobierno estatal para el proceso electoral, evitando, por el momento, problemas con los grupos oficialistas de Chenalhó.

[3]Según testimonios de varios desplazados, han regresado a sus comunidades bajo una persistente presión por parte de funcionarios del gobierno estatal, principalmente de Protección Civil, y ante el riesgo de perder lo poco que tienen, sin que los gobiernos federal y estatal hayan cumplido con la principal exigencia: el desarme de los grupos armados. Los retornados regresan sin alimentos, con sus cosechas perdidas, enfermos y con los traumas emocionales producto de la violencia que han vivido desde hace meses. Todo esto evidencia que en ningún momento se están aplicando los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas y, por tanto, no se están respetando, garantizando ni protegiendo los derechos humanos de la población desplazada, según señala, entre otras organizaciones, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, en su última acción urgente del 4 de enero de 2018.
[4]La Jornada 3 de enero de 2018.
[5]Idem.

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Articulo colectivo  este artículo lo sistematizo a la lic Ana, aportamos varias personas
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