Introducción: una señal de alarma que se expande
En los últimos meses, distintos operativos de seguridad, controles migratorios y desalojos en el Área Metropolitana de Buenos Aires han encendido una señal de alarma cada vez más difícil de ignorar. Lo que comenzó visibilizándose en Villa Celina, hoy se extiende como un patrón repetido en múltiples territorios.
Bajo el argumento de “ordenar la migración” y “combatir la informalidad”, el Estado despliega intervenciones que, en los hechos, recaen de manera sistemática sobre sectores vulnerables, particularmente sobre la comunidad boliviana.
Lejos de ser hechos aislados, estos operativos comienzan a configurar un escenario preocupante: la persecución selectiva de migrantes en Argentina.
Villa Celina: el punto de partida visible
En Villa Celina, los operativos incluyeron controles masivos de documentación en la vía pública, comercios y espacios comunitarios. Cientos de personas fueron identificadas, generando un fuerte impacto social.
El dato central es contundente:
la gran mayoría de las personas controladas se encontraba en situación regular.
Sin embargo, las consecuencias fueron profundas:
Miedo generalizado en el barrio
Reducción de la actividad comercial
Familias evitando salir de sus casas
Sensación de persecución constante
Esto evidencia que el objetivo trasciende lo administrativo y se instala en el plano del control social.
Expansión del fenómeno: un patrón territorial
Al analizar lo que ocurre en otras zonas, se confirma que Villa Celina no es un caso aislado, sino parte de una lógica extendida.
Quilmes: presión sobre el trabajo informal
En Quilmes, los operativos se concentran en ferias y talleres textiles, donde la presencia de migrantes bolivianos es significativa.
Las medidas incluyen:
Inspecciones reiteradas
Clausuras
Hostigamiento a vendedores ambulantes
Esto genera una asfixia económica directa sobre sectores que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Lomas de Zamora: desalojos y violencia institucional
En Lomas de Zamora, los conflictos habitacionales han derivado en desalojos con fuerte presencia policial.
Se han denunciado:
Uso desproporcionado de la fuerza
Desplazamiento de familias enteras
Falta de soluciones habitacionales
Criminalización de quienes ocupan tierras por necesidad
En este contexto, las familias migrantes quedan aún más expuestas, muchas veces sin posibilidades de defensa.
Once: persecución en zonas comerciales
En el barrio de Once, uno de los principales polos comerciales de la ciudad, los controles se han intensificado sobre:
Comerciantes informales
Trabajadores migrantes
Espacios de venta popular
Aquí, la persecución se manifiesta mediante,controles selectivos
Retención de mercadería
Presión sobre pequeños comerciantes
Nuevamente, la comunidad boliviana aparece como uno de los principales blancos.
Barrio 31 y Villa 1-11-14: estigmatización y control permanente
En estos barrios populares históricos, la presencia del Estado se expresa principalmente a través de fuerzas de seguridad.
Se observa:
Intensificación de controles de identidad
Operativos focalizados
Construcción mediática de “zonas peligrosas”
Esto refuerza la estigmatización de sus habitantes, donde los migrantes —especialmente bolivianos— son asociados injustamente con la ilegalidad.
Desalojos, economía popular y exclusión
Un elemento común en todos los territorios es la relación entre:
Desalojos
Desarticulación de economías populares
Intervención represiva
Los migrantes bolivianos cumplen un rol clave en sectores como:
Textil
Construcción
Comercio
Producción agrícola
Sin embargo, en lugar de políticas de inclusión, se enfrentan a:
Persecución
Falta de regularización efectiva
Exclusión estructural
La construcción del migrante como “enemigo”
El análisis conjunto de estas zonas permite identificar un patrón político claro: la construcción del migrante como enemigo interno.
Este discurso se sostiene en:
Asociar migración con delito
Vincular pobreza con ilegalidad
Justificar operativos represivos
Se trata de una estrategia que:
Desvía la atención de la crisis económica
Divide a la clase trabajadora
Legitima la intervención violenta del Estado
Xenofobia institucional y criminalización de la pobreza
Las denuncias coinciden en un punto central:
los operativos no son neutrales, son selectivos.
Se concentran en:
Barrios populares
Espacios de trabajo informal
Comunidades migrantes
Esto configura un escenario de:
Xenofobia estructural
Criminalización de la pobreza
Vulneración de derechos humanos
Conclusión: una problemática estructural
Desde Villa Celina hasta Quilmes, Lomas de Zamora, Once y las villas de la Ciudad de Buenos Aires, el mapa es claro:
existe un patrón de persecución que recae sistemáticamente sobre la comunidad boliviana.
No se trata de hechos aislados.
Se trata de una lógica de control, exclusión y disciplinamiento.
Cuando el Estado define a quién controlar, también define a quién considera sospechoso.
Y hoy, en amplios sectores del país, ese sospechoso tiene rostro migrante.
Frente a esto, la respuesta no puede ser el silencio.
Es necesario:
Denunciar
Visibilizar
Defender derechos
Sostener la unidad de los trabajadores
Porque cuando se persigue a los migrantes, se está avanzando sobre toda la sociedad.
Lic. Rubén Suárez
Director – RedContactoSur
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