La agudización del conflicto social en Colombia, ocasionado por una profunda desigualdad, está generando un estallido de inconformidad en diversos sectores del país, históricamente discriminados. Este contexto, ha fortalecido las fuerzas de centro-izquierda que interpretan esa realidad y propician un cambio de rumbo. Ante la inminencia de un giro social que implicará el comienzo de la transformación en Colombia, sectores de la ultraderecha de América Latina – que representan los privilegios del capital internacional- iniciaron una campaña de deslegitimación a la oposición, convertida en alternativa real de poder. En ese marco, deben interpretarse las infundadas “acusaciones” contra mi trayectoria pública y mi ámbito familiar. Su política, es infundir miedo ante las transformaciones que se vislumbran, para vender una falsa seguridad. La misma estrategia que utilizo Hitler, para llegar al poder.
Mi vida, ha sido un libro abierto al escrutinio público. He sido vigilada por el Estado que critico y mis actividades han sido minuciosamente analizadas. Nunca, han encontrado nada indebido en mi conducta. Tampoco lo encontraran ahora, porque he mantenido una ética pública y privada intachable, acorde con mis convicciones democráticas y luchadora social. Esas convicciones profundas – que jamás traicionaré- me han llevado a arriesgar mi vida y la tranquilidad de mi familia.
Reitero las explicaciones que he dado al país: jamás he negado que conozco a Álex Saab; empresario que, dentro de sus múltiples actividades, desarrollaba emprendimientos comerciales que no estaban – en ese momento- cuestionados. Las relaciones que tuve con él, se desarrollaron en escenarios enmarcados en la legalidad. Esas circunstancias accidentales, no me hacen responsable de sus acciones, ni partícipe de sus negocios. Es elemental en un Estado de Derecho el principio de “autorresponsabilidad”: se responde por la conducta propia; no por la ajena. Sorprende la insistencia de mis enemigos políticos en vincularme con Saab, mientras callan sobre el nombre de las personas que estuvieron realmente vinculadas con él.
Con la finalidad de probar ante la justicia las diversas manipulaciones de la verdad en que incurren mis opositores políticos ,y, otros instrumentos de deslegitimación de lideres de izquierda en Latinoamérica- como la realizada por el asambleísta del Ecuador, Fernando Villavicencio- otorgue poder al expresidente de la Corte Constitucional y Ex Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, para que instaure las acciones penales y judiciales correspondientes.b Además, solicitaré a la fiscalía y a la Corte Suprema que investigue mi conducta. Allí dejaré en claro la transparencia de mis actuaciones.
Para no dejarme distraer por la estrategia de difamación orquestada por el discurso de la guerra y, poder concentrarme en lo esencial – la lucha por la paz y la democracia- he delegado en mi abogado ( Eduardo Montealegre) no sólo mi representación judicial, sino también, la explicación en medios de comunicación. En el momento que lo considere oportuno, él exhibirá todas las evidencias con que respaldo mis actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico y la prueba del fraude que cometen los falsos profetas de la moral pública en Colombia y Ecuador.
Rechazo la persecución política en mi contra y el manejo desleal de información- como el que suministra la revista amarillista Semana- contrario a principios elementales del periodismo decente. Con toda claridad debo decirle al país: desde hace muchos años hay una maniobra – activada nuevamente- para violar mi derecho fundamental a la presunción de inocencia, promovida por personas interesadas en excluir mi derecho a hacer política. Basta ya de guerra jurídica y linchamiento mediático! Seguiré luchando por una Colombia en paz y el triunfo del Pacto Histórico. Ante la justicia, una vez más, quedará demostrado que las acusaciones en mi contra, son infundadas. Escuche bien, ultraderecha de América Latina: no daré un paso atrás; no me dejaré intimidar! Seguiré jugada por Colombia.
Piedad Córdoba Ruíz
Futura Senadora de la República
Bogotá, 16-01-22
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