Social-network: la semi-ottica dell'urlatore

 Social-network: la semi-ottica dell'urlatore

Geraldina Colotti

Quanta nostalgia di Raymond Queneau davanti a questo campionario di fauna digitale! Viviamo tempi di complottismo spicciolo e di un raglio digitale che si pretende dottrina. Oggi, chiunque abbia letto un titolo a metà si sente investito del potere di spiegare il mondo, trasformando la rete in un'assemblea di asini convinti di cantare in un'opera di gala. L'urlatore da salotto ha una missione chiara: spiegare il mondo tra un post e uno spritz, trasformando la rete in un'assemblea di certezze sguaiate.

Il suo metodo è la semi-ottica terminale: osserva la storia dal buco della serratura e il suo ego e ne trae sentenze universali. Il geopolitico da salotto non analizza: decora il vuoto con la propria prosopopea, ignaro di ogni porta stretta che la storia impone. Anche le pulci tossiscono, dice il proverbio. L'urlatore digitale soffre di una sapienza da vetrina, esponendo in bella mostra ciò che non ha in dispensa, e scambiando u piritu per un ruggito. È il trionfo della pulce che, in piena crisi di tosse, si guarda allo specchio e vede un terremoto.

Come direbbe Queneau, siamo di fronte a un esercizio di stile dove il vuoto del bicchiere cerca grottescamente un pieno di significato. E se la realtà non collima? Tanto peggio per lei: l'urlatore da tastiera la manipolerà come plastilina, fino a farla conincidere con la profezia che lui, tra uno spritz e l'altro, ha annunciato per primo.

Ecco il decalogo che guida la sua "scienza":

Il tuo ego è il metro della storia: Tutto ciò che non è filtrato dal tuo feed non ha dignità di cronaca.

U piritu è il tuo argomento principe: Non serve una tesi per stroncare l'altro.

Crea il sospetto dal nulla: Se un fatto non è torbido, sei ancora tre passi indietro nel delirio.

Non avrai altra verità che quella virale: Scarta l'analisi, che è noiosa; divinizza la fake, che è succosa.

Farai pongo dei dati: Se le cifre non quadrano, cambiale; la verità è un'opinione, il tuo capriccio un dogma.

Disprezza la misura: Di fronte a un problema, non cercare il nesso, brandisci lo schema.

Inquina, è il tuo dovere: abbaiare è il compito universale

Il silenzio è un'eresia, puniscila: Se non ragli al massimo, tradisci la community.

L'algoritmo è il tuo unico dio: Se non genera like, il fatto non esiste. La gloria dipende dal tuo ultimo post.

Tu sei il tuo profeta: la tua insignificanza è un mito, sei l'ultimo baluardo dello spritz.

Cuba-Venezuela. El fusil, la pluma y el deber de no traicionar: junio,mes de ejemplos y rupturas

 

Por Geraldina Colotti, RedContactoSur

«Quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo
de su suelo anegado en sangre, si no perece en la
lucha». Estas palabras, que la tradición revolucionaria
ha esculpido en la conciencia cubana como el eco
eterno de la Protesta de Baraguá, pertenecen al temple
de Antonio Maceo, el Titán de Bronce. Hombre de
orígenes humildes, nacido el 14 de junio de 1845 en
una familia mulata que hizo de la lucha por la libertad
un destino colectivo, Maceo fue un genio de la
estrategia militar.
La postura que asumió en Baraguá, en 1878 —cuando
ante el general Martínez Campos respondió con un
seco «No nos entendemos», rechazando el Pacto del
Zanjón— no fue un gesto aislado. Fue la semilla de la
conciencia que, años después, lo llevaría a dirigir la
legendaria Invasión de Oriente a Occidente (1895-
1896). Si en Baraguá Maceo había salvado la dignidad
de la revolución de la traición de la rendición, con la
Invasión demostró que esa misma dignidad se había

convertido en un proyecto nacional capaz de poner de
rodillas al Imperio.
La legendaria Invasión comenzaría en octubre de

1895. En aquella época, el grueso de las fuerzas
      españolas y la riqueza económica de la isla se
      concentraba en las provincias occidentales, mientras
      el Oriente permanecía como el foco de la revuelta. La
      estrategia de Maceo, compartida con Máximo Gómez,
      fue romper la ilusión de España de poder aislar la
      rebelión en una periferia remota y pobre.
      Atravesar toda la isla significaba recorrer cerca de
      1.800 kilómetros en poco más de tres meses,
      desafiando a decenas de miles de soldados enemigos,
      superando líneas fortificadas como la famosa Trocha
      de Júcaro a Morón y marchando en condiciones
      extremas. No se trataba de conquistar ciudades para
      presidirlas, sino de hacer la isla ingobernable,
      golpeando el motor económico de la colonia: las
      inmensas plantaciones de caña de azúcar que
      financiaban la guerra de represión española. Hacer
      imposible el beneficio colonial significaba quitarle a
      España la savia vital para mantener a su ejército.
      Cuando en enero de 1896 Maceo llegó a Mantua, en el
      extremo Occidente de Cuba, el objetivo había sido
      alcanzado. Aquella marcha fue la prueba de que la

revolución no era una cuestión regional, sino un
proyecto nacional. Demostró que un ejército
compuesto por campesinos y trabajadores, los
mambises, podía humillar a una de las potencias
militares más poderosas de la época.
Para el lector de hoy, la Invasión sigue siendo la
prueba de que Maceo no era un estratega de escritorio:
aquella fue su caminata de la verdad. Marchando
hacia el Occidente, Maceo rechazó la zona de confort,
desafiando lo imposible para llevar la revolución allí
donde el amo se sentía más seguro. Es el ejemplo
perfecto de cómo la teoría revolucionaria, que en
Baraguá había sido una idea de ruptura, se convierte
con la Invasión en una idea en movimiento capaz de
cambiar la realidad material. Fue el momento en que
la revolución salió de los bosques orientales y se
convirtió en un incendio que envolvió a toda la
nación, liberando a Cuba de la convicción de que el
dominio español podía ser eterno.
Maceo no era un aristócrata de la política, sino un
hombre que había conocido el peso de la esclavitud y
el sabor de la tierra. Su apodo, Titán de Bronce, no
evocaba solo la fuerza física, sino la indestructibilidad
de sus convicciones. Mientras la burguesía
terrateniente cubana buscaba salidas acomodaticias

con el poder español para salvar sus privilegios
económicos, Maceo comprendió que la libertad de
Cuba era una mentira si no traía consigo el fin de la
esclavitud y la ruptura radical con toda forma de
subordinación.
Por eso, su Protesta de Baraguá, el 15 de marzo de
1878, fue el momento en el que él eligió quedarse
solo, junto a sus hombres, antes que malvender el
futuro. La Guerra de los Diez Años (1868-1878) había
llegado entonces a una fase de estancamiento. El
Comité del Centro había firmado el Pacto del Zanjón
con el general español Arsenio Martínez Campos, un
acuerdo que ofrecía una paz sin independencia y,
sobre todo, sin la garantía de la abolición inmediata de
la esclavitud. Era un intento de poner fin al conflicto
garantizando el dominio colonial español.
Maceo, que no había participado en las tratativas, se
negó categóricamente a aceptar aquel pacto. Pidió un
encuentro con Martínez Campos precisamente en
Baraguá para comunicarle que el ejército que él
dirigía no se rendiría. En aquel «No» a Martínez
Campos, Maceo definió para siempre lo que significa
ser un revolucionario: no aquel que acepta las reglas
del juego para sobrevivir, sino aquel que rompe la
mesa cuando el juego está trucado.

«Los principios no se negocian», repite también hoy el
actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, frente
a la renovada agresión del imperialismo
norteamericano. La fuerza de Cuba es su historia, la
historia de la lucha de clases, que procede por saltos y
rupturas, dejando la tarea de dirigirlas a quien se
obstina en cambiarla. La historia que avanza, como
decía Benjamin, sobre pilas de ruinas y en la que,
como bien explicó Marx en El dieciocho brumario,
«la tradición de todas las generaciones muertas oprime
como una pesadilla el cerebro de los vivos».
En esta genealogía de la ruptura se inserta la figura de
Antonio Guiteras Holmes. Nacido en 1906 en Bala
Cynwyd, Estados Unidos, de padre cubano y madre
estadounidense, Guiteras eligió arraigarse plenamente
en la lucha por la emancipación de Cuba,
convirtiéndose en el puente necesario entre la herencia
mambisa de Maceo y el antimperialismo moderno. Su
vida, quebrada a solo 29 años en 1935, no fue una
trayectoria lineal, sino un salto dialéctico.
Comprendió antes que otros que la soberanía nacional
era una quimera, que el enemigo de Maceo había
cambiado de piel: no era solo el ejército de la
metrópoli, sino el capital extranjero el que dictaba las
leyes de la isla. Su praxis sigue siendo el monito de

quien, conociendo las contradicciones del
imperialismo desde adentro, decide combatirlo como
sistema, clase contra clase.
La Joven Cuba de Guiteras no fue solo una
organización clandestina, fue un laboratorio político
que sentó las bases para esa visión global que el Che
habría luego radicalizado. Para Guiteras, la ruptura
con el pasado no era solo una cuestión de soberanía
formal. Supo traducir el antimperialismo no como un
conflicto abstracto entre pueblos, sino como el terreno
en el que la lucha de clases se manifestaba con mayor
nitidez, sin las mediaciones hipócritas de la burguesía
nacional.
Esta intuición, que la tradición revolucionaria le ha
reconocido justamente, es el hilo conductor que une
su praxis a la del Che —nacido también un 14 de
junio, pero de 1928—, el revolucionario que supo
practicar la resistencia como ciencia de la liberación.
Como escribió en su Mensaje a la Tricontinental
invitando a «crear dos, tres, muchos Vietnam», para
Guevara la revolución no es un episodio circunscrito a
una sola nación, sino la construcción de un frente
mundial que rompa las cadenas de la acumulación
capitalista.

Una exhortación a la que han respondido, en el siglo
pasado, muchos revolucionarios: desde América
Latina, hasta África y Europa. Y que han pagado con
la vida, como ocurrió con el periodista venezolano
Fabricio Ojeda, de cuyo sacrificio también se recuerda
en este junio. Durante los gobiernos puntofijistas de la
IV República, cuando se creyó posible incendiar los
Andes como la Sierra Maestra, Ojeda escribió su
célebre carta de dimisión del Congreso (1962), en la
que explicaba precisamente que la asamblea se había
convertido en un «obstáculo» para la liberación
nacional y en una forma de «adormecer» al pueblo.
Fabricio Ojeda nos enseñó que la verdad no se cuenta,
se construye con el ejemplo: para él, la pluma del
periodista y el fusil del guerrillero no eran más que las
dos caras de una sola elección, la de no traicionar al
pueblo. Una ética que, en el pos-Novecento, Hugo
Chávez (28 julio 1954- 5 marzo 2013) recogió y
tradujo a una nueva gramática revolucionaria.
También para Chávez, la comunicación no era mera
propaganda, sino praxis: su «fusil» (que empuñó
contra la «democracia camuflada» el 4 de febrero de
1992) se convirtió en la palabra que despertaba las
conciencias: una forma de ejemplo que no se limitaba
a narrar el cambio, sino que lo hacía tangible a través

del contacto directo con las masas, transformando el
liderazgo en una batalla cotidiana de verdad.
Cuando dimitió del Parlamento, Fabricio Ojeda no
estaba abandonando la política, sino que la estaba
llevando a su grado de máxima coherencia. El 21 de
junio de 1966, no fue «víctima» de un suicidio como
escribieron los informes oficiales, fue asesinado por el
Estado venezolano en los sótanos del SIFA porque
había comprendido, antes que muchos, que la
democracia burguesa es una trampa de terciopelo.
La misma suerte correrá, diez años después, otro
revolucionario, Jorge Rodríguez, padre de la actual
presidenta encargada de Venezuela y del hermano, que
preside el parlamento. Jorge Rodríguez padre fue el
fundador y el máximo dirigente de la Liga Socialista.
Nacida oficialmente en 1973, la Liga representaba
precisamente aquel intento de superar las tácticas de la
guerrilla de los años ’60, desplazando el foco hacia un
trabajo de masas, organizativo y político, pero
manteniendo una posición de ruptura radical con el
sistema bipartidista de la IV República. Arrestado por
la policía política venezolana de la época (la Disip),
murió bajo tortura el 25 de julio de 1976.
La historia de la revolución bolivariana está
profundamente marcada por el sacrificio de quienes,

como Ojeda o Jorge Rodríguez, pagaron con su vida
el paso de la pluma al fusil. En este junio de una
resistencia complicada, a 5 meses del secuestro del
presidente Maduro y de la primera combatiente, su
esposa Cilia Flores, se recuerda sin embargo también
la dedicación de quienes transformaron la militancia
en un ejercicio cotidiano de resistencia. Es el caso de
Darío Vivas, incansable dirigente del PSUV, nacido el
12 de junio de 1950 y fallecido por el covid en 2020.
Su figura no pertenece a la memoria de los caídos en
combate, sino a la de quien hizo de la movilización
popular su único campo de batalla, permaneciendo
hasta el final al lado del pueblo, en esa trinchera no
armada pero igualmente decisiva que es el trabajo de
base: fundamental para preparar una nueva oleada de
revolución, a cien años del nacimiento de Fidel.

Italia. Trabajo esclavo

 

Por Geraldina Colotti, 

Cuatro trabajadores migrantes encerrados dentro de un
vehículo por los intermediarios laborales (los
“caporales”) y quemados vivos en una auténtica
ejecución de corte mafioso, de la cual se salvó un
único superviviente que ha logrado contar toda la
verdad. Decenas de jornaleros muertos de fatiga, bajo
plásticos a más de 40 grados de temperatura en los
invernaderos del mediterráneo. Y el horror absoluto
en las campañas romanas, en el Agro Pontino, donde
un obrero agrícola indocumentado, tras sufrir la
amputación de un brazo por una maquinaria sin
sistemas de seguridad, no es llevado a un hospital,
sino abandonado en la carretera por su empleador,
desangrándose junto a una caja de verduras como si
fuera mercancía defectuosa.

No son ficciones de una distopía de terror. Es la
consecuencia directa del desmantelamiento de las
conquistas laborales, un proceso que, desde la Ley
Bossi-Fini hasta la actualidad, ha contado con la
complicidad de gobiernos de derecha y de un
centroizquierda subalterno a los dictados de la Unión

Europea. La negación del permiso de residencia y de
trabajo para quienes llegan al país es el mecanismo
que garantiza una reserva de mano de obra esclava, a
bajo costo. Este ejército de trabajadores precarizados
es utilizado, con demasiada frecuencia, por los
pequeños productores o emprendedores. Allí donde la
vigilancia es menor —debido al desguace sistemático
de los controles laborales—, la explotación se arraiga
con impunidad.

Al restringir drásticamente la protección especial y
endurecer las condiciones de acceso, el gobierno de
Meloni no busca gestionar el flujo, sino criminalizar
la existencia misma del migrante. La creación de
centros de reclusión en territorio albanés es el
corolario de esta política: una estructura costosísima y
profundamente antidemocrática, diseñada por la
extrema derecha para esternalizar la represión y
convertir el derecho de asilo en un objeto de gestión
carcelaria fuera de nuestras fronteras. Es la
materialización de un modelo neoliberal que pone en
el centro el capital sobre la vida, y obliga a una
respuesta militante y sin concesiones.
Esta lógica de desposesión y esclavitud moderna no es
exclusiva del campo; se extiende de forma idéntica

por el cemento de las grandes ciudades a través del
sector de la construcción. El reciente escándalo en las
obras del nuevo consulado de los Estados Unidos en
Milán revela la transnacionalización de este modelo
delictivo: allí, la multinacional norteamericana
Caddell Construction ha quedado bajo control judicial
tras descubrirse una red de “caporalato” que traficaba
con obreros traídos desde India y Kenia, obligados a
trabajar por menos de dos euros la hora bajo amenazas
de deportación. Que los cimientos de una sede
diplomática de la principal potencia imperialista se
levanten mediante la extorsión mafiosa y el
hacinamiento de trabajadores extranjeros demuestra
que el “caporalato” no es una distorsión arcaica, sino
la fisionomía viva del capitalismo avanzado y de su
sistema de subcontratación globalizada. Los
«caporales» actúan como la policía privada y operativa
del capital en los campos y andamios: reclutan,
vigilan y castigan a los jornaleros, imponiendo
jornadas medievales de más de doce horas por salarios
de miseria, descontándoles además el transporte y el
agua. Las muertes por extenuación o los cuerpos
mutilados y escondidos para no frenar la cosecha o la
obra demuestran que el trabajo vivo es tratado aquí

como un insumo desechable. El horror de dejar morir
a un hombre herido o extorsionar a un obrero para
proteger los libros contables de una corporación
resume la esencia misma del capitalismo: el valor de
cambio de la mercancía vale más que la vida humana.
Al empujar a miles de personas a la clandestinidad y
la irregularidad administrativa, el Estado no busca
«frenar la migración», sino cumplir una función
macroeconómica precisa: crear un ejército industrial
de reserva desprovisto de derechos civiles y políticos.
Un obrero sin papeles es un obrero que no puede
sindicalizarse, que no puede exigir un salario mínimo
y que no puede levantar la voz ante los accidentes
laborales por miedo a la deportación. Las leyes de
extranjería son la soga con la que el Estado ata de
manos al migrante para entregárselo al verdugo del
agronegocio y de la construcción patronal.
Las chabolas de plástico y cartón que arden
periódicamente, cobrándose la vida de jóvenes
africanos o asiáticos en las periferias de Foggia o
Almería, son la consecuencia directa de esta
«ilegalidad planificada». Son verdaderos campos de
concentración modernos donde el capital confina a la
mano de obra barata que recoge los tomates, las fresas

y las aceitunas que luego llenan las mesas de los
europeos.
Frente a esta ofensiva criminal, la capitulación de la
izquierda reformista y de las cúpulas de los sindicatos
oficiales es histórica y vergonzosa. La llamada
«izquierda de palacio» ha abandonado la perspectiva
de clase, sustituyendo la lucha contra la explotación
por la gestión de la caridad humanitaria o el silencio
cómplice. Se limitan a discursos bienpensantes que no
tocan las raíces de la propiedad ni de la cadena de
valor, validando la lógica del mercado.
Sin embargo, la verdadera solidaridad y la dignidad
surgen desde las bases. A pesar del terror patronal y
de las leyes persecutorias, el sindicalismo combativo y
los propios trabajadores migrantes se organizan. Son
estas vanguardias las que recuperan el hilo rojo de las
luchas campesinas y obreras, uniendo la exigencia de
la regularización permanente con la lucha global
contra el capitalismo y el imperialismo. La sangre
derramada en los campos de Italia es la misma que el
imperialismo exprime en el Sur global, y la lucha por
su emancipación es una sola.

Uruguay se convirtió en el primer país del continente en lograr que todos los pueblos con más de 1.000 habitantes estén conectados mediante fibra óptica

 

Uruguay consolida un hito histórico en conectividad gracias a las políticas del Frente Amplio

La reciente inauguración de la red de fibra óptica en la localidad de Porvenir, departamento de Paysandú, marca un acontecimiento histórico para Uruguay y para toda América. Con esta obra impulsada por ANTEL, Uruguay se convirtió en el primer país del continente en lograr que todos los pueblos con más de 1.000 habitantes estén conectados mediante fibra óptica, reafirmando su liderazgo regional en materia de inclusión digital y desarrollo tecnológico.

Este logro no es fruto de la casualidad ni de decisiones aisladas. Es el resultado de una política de Estado iniciada durante los gobiernos del Frente Amplio, que comprendieron que el acceso a la tecnología, la educación y la conectividad debían ser considerados derechos fundamentales para toda la población.

En este proceso resulta imprescindible destacar la visión estratégica del expresidente Dr. Tabaré Vázquez, quien impulsó una profunda transformación digital del país. Bajo su liderazgo nació el Plan Ceibal, una de las iniciativas educativas y tecnológicas más innovadoras del mundo, que democratizó el acceso a las herramientas digitales para miles de niños y jóvenes uruguayos, reduciendo brechas sociales y territoriales.

Asimismo, merece especial reconocimiento la Ing. Carolina Cosse, quien durante su gestión al frente de ANTEL desarrolló una política de inversiones sin precedentes en infraestructura tecnológica. Su visión futurista permitió acelerar el despliegue de la fibra óptica en todo el territorio nacional, fortalecer los servicios de telecomunicaciones y posicionar a Uruguay como referencia internacional en conectividad. Muchas de las obras que hoy continúan beneficiando a la población tienen su origen en aquella planificación estratégica que apostó por el desarrollo tecnológico como motor de crecimiento e igualdad.

La llegada de la fibra óptica a Porvenir no representa únicamente una mejora técnica. Significa igualdad de oportunidades para estudiantes, trabajadores, emprendedores y familias del interior profundo. Significa que una persona que vive en una pequeña localidad puede acceder a los mismos servicios digitales, educativos y laborales que alguien que reside en Montevideo.

El actual presidente de ANTEL, Alejandro Paz, destacó que este avance posiciona a Uruguay como líder continental en conectividad y reafirma el papel fundamental de una empresa pública fuerte y comprometida con el desarrollo nacional. La meta ahora es continuar ampliando la cobertura para alcanzar a todas las localidades de más de 500 habitantes y posteriormente a aquellas de más de 100 hogares.

La experiencia uruguaya demuestra que cuando existe planificación estratégica, inversión pública y una visión de largo plazo, es posible construir un país más integrado, más moderno y más igualitario. La universalización de la fibra óptica constituye una de las mayores conquistas tecnológicas de las últimas décadas y refleja una política pública que trascendió gobiernos, pero que tuvo su origen y principal impulso en los gobiernos del Frente Amplio, particularmente bajo el liderazgo del Dr. Tabaré Vázquez y la gestión innovadora de la Ing. Carolina Cosse.

RedContactoSur
Lic. Rubén Suárez

Montevideo – Uruguay
Buenos Aires – Argentina
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

Del estado plurinacional de Bolivia

 

ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA: DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, DEBERES Y ESTADO DE EXCEPCIÓN

Introducción

La actual Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia fue aprobada mediante referéndum constitucional el 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009 por el entonces presidente de Bolivia, .

Esta Constitución surgió como resultado del proceso constituyente impulsado por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), con el objetivo de refundar el Estado boliviano bajo el concepto de Estado Plurinacional, reconociendo la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, así como ampliando el catálogo de derechos humanos y garantías constitucionales.

Entre los aspectos más relevantes de la nueva Constitución destacan la protección integral de los derechos humanos, el reconocimiento de los pueblos indígenas, la ampliación de mecanismos de participación ciudadana y la regulación del Estado de Excepción, tema que constituye uno de los puntos más sensibles dentro del sistema constitucional boliviano.

I. EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Concepto

El Estado de Excepción es un mecanismo constitucional extraordinario que permite al Estado adoptar medidas especiales cuando existan amenazas graves contra la seguridad del país, conflictos internos, desastres naturales u otras situaciones que pongan en peligro el funcionamiento normal de las instituciones democráticas.

La Constitución regula esta figura en los artículos 137 al 140.

Causales para su declaración

El Estado de Excepción puede ser declarado cuando existan:

• Amenazas a la seguridad del Estado.
• Conflictos internos de carácter grave.
• Peligro para el mantenimiento del orden constitucional.
• Desastres naturales o emergencias que afecten severamente a la población.

Límites constitucionales

La Constitución establece importantes restricciones para evitar abusos del poder:

• No pueden suspenderse los derechos fundamentales a la vida.
• No puede aplicarse tortura.
• No pueden producirse desapariciones forzadas.
• Se mantiene el derecho al debido proceso.
• Continúan vigentes las garantías judiciales esenciales.

Control legislativo

La declaración debe ser comunicada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ejerce funciones de control político sobre las medidas adoptadas.

Responsabilidad de las autoridades

Los funcionarios públicos que cometan abusos durante un Estado de Excepción son responsables civil, penal y administrativamente por sus actos.

Análisis crítico

La regulación constitucional busca equilibrar dos principios fundamentales:

1. La necesidad de preservar el orden institucional.
2. La obligación de proteger los derechos humanos.

Sin embargo, diversos sectores académicos y organizaciones de derechos humanos han señalado que la amplitud de algunas causales podría generar interpretaciones extensivas por parte del poder político, especialmente en contextos de conflictividad social o crisis política.

II. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN BOLIVIANA

La Constitución de 2009 contiene uno de los catálogos de derechos más extensos de América Latina.

Principios fundamentales

La CPE establece que:

• Los derechos humanos son universales.
• Son indivisibles.
• Son interdependientes.
• Son progresivos.
• El Estado tiene la obligación de respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

Derechos civiles y políticos

Entre ellos destacan:

• Derecho a la vida.
• Derecho a la integridad física y psicológica.
• Libertad de expresión.
• Libertad de pensamiento.
• Libertad religiosa.
• Derecho a la participación política.
• Derecho al voto.
• Derecho a la organización social.

Derechos económicos, sociales y culturales

La Constitución reconoce:

• Derecho al trabajo.
• Derecho a la salud.
• Derecho a la educación.
• Derecho a la vivienda.
• Derecho a la alimentación.
• Derecho a la seguridad social.

Derechos de los pueblos indígenas

Uno de los avances más significativos es el reconocimiento de:

• Autonomías indígenas.
• Justicia indígena originaria campesina.
• Derecho a la consulta previa.
• Protección de territorios ancestrales.
• Preservación de idiomas y culturas.

Derechos de grupos vulnerables

La Constitución incorpora protecciones específicas para:

• Mujeres.
• Niños y adolescentes.
• Adultos mayores.
• Personas con discapacidad.
• Personas privadas de libertad.

III. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Las garantías constitucionales son mecanismos jurídicos destinados a proteger efectivamente los derechos fundamentales.

Acción de Libertad

Protege a las personas frente a detenciones ilegales o arbitrarias.

Acción de Amparo Constitucional

Permite restablecer derechos vulnerados por autoridades públicas o particulares.

Acción de Protección de Privacidad

Protege los datos personales, la intimidad y el honor.

Acción Popular

Defiende derechos e intereses colectivos.

Acción de Cumplimiento

Obliga a las autoridades a ejecutar normas legales cuando incumplen sus obligaciones.

Tribunal Constitucional Plurinacional

Es la máxima instancia encargada de interpretar la Constitución y garantizar su supremacía.

IV. LOS DEBERES DE LAS BOLIVIANAS Y LOS BOLIVIANOS

La Constitución no solamente reconoce derechos, sino también deberes ciudadanos.

Entre los principales deberes establecidos se encuentran:

• Cumplir y hacer cumplir la Constitución.
• Defender la unidad del Estado.
• Respetar los derechos de los demás.
• Proteger el patrimonio cultural.
• Conservar el medio ambiente.
• Contribuir mediante el pago de impuestos.
• Participar en la vida democrática.
• Defender la soberanía nacional.

Importancia de los deberes constitucionales

Los deberes representan el complemento necesario de los derechos humanos, pues permiten la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Conclusión

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 constituye una de las reformas constitucionales más profundas de la historia boliviana. Promulgada durante el gobierno de Evo Morales tras un proceso constituyente y un referéndum nacional, amplió significativamente la protección de los derechos humanos, reconoció la diversidad plurinacional del país y fortaleció los mecanismos de participación ciudadana.

Dentro de este marco, el Estado de Excepción ocupa un lugar central por su impacto directo sobre las libertades públicas. Aunque la Constitución establece límites destinados a impedir abusos y preservar los derechos fundamentales, su aplicación debe estar siempre sometida al control democrático, judicial y social para evitar que medidas extraordinarias se conviertan en mecanismos de restricción indebida de derechos.

La fortaleza de un sistema democrático no se mide únicamente por la amplitud de los derechos que reconoce, sino por la capacidad efectiva de garantizar esos derechos incluso en momentos de crisis, emergencia o conflictividad política.

Este texto puede servir como base para un analisis  político sobre la Constitución boliviana, con énfasis en el Estado de Excepción como eje principal del estudio.

Lic Ruben Suarez Director de RedContactoSur 

 

ANÁLISIS  SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BOLIVIA

La situación política, económica y social que atraviesa actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia exige un análisis profundo, crítico y autocrítico comprometida con los intereses históricos del pueblo trabajador y alejada tanto del oportunismo de derecha como de los personalismos que terminan debilitando los procesos populares.

Resulta imposible comprender la crisis interna que vive hoy el movimiento popular boliviano sin analizar el papel desempeñado por el ex mandatario y líder cocalero Evo Morales Ayma. Si bien corresponde reconocer los avances alcanzados durante su primer período de gobierno, especialmente en materia de inclusión social, recuperación de recursos estratégicos, fortalecimiento del Estado y visibilización de los pueblos originarios, también es necesario señalar las responsabilidades políticas que le corresponden en la actual etapa de división y confrontación interna.

Durante los últimos años, Evo Morales ha mantenido una actitud de oposición permanente al gobierno de Luis Arce, promoviendo enfrentamientos políticos, movilizaciones, bloqueos y conflictos que han generado enormes pérdidas económicas para el país. Estas acciones han provocado paralización del transporte, dificultades en el abastecimiento, daños a la infraestructura pública y afectaciones directas a trabajadores, campesinos, pequeños comerciantes y sectores populares.

Desde nuestra óptica, resulta necesario preguntarse a quién benefician objetivamente estas acciones. Más allá de los discursos, la fragmentación del campo popular y el debilitamiento del gobierno nacional terminan favoreciendo a los sectores tradicionales de centro derecha y derecha, que históricamente han actuado contra los intereses de las mayorías populares.

También debe señalarse que la promoción del voto nulo y la permanente confrontación interna dentro del movimiento popular contribuyeron a fortalecer electoralmente a sectores conservadores. La división de las fuerzas populares siempre ha sido una de las principales herramientas utilizadas por las élites para recuperar espacios de poder.

Otro aspecto que no puede ser ignorado es la crisis política de 2019. Independientemente de las distintas interpretaciones existentes, es una realidad histórica que Evo Morales, junto a ministros y altas autoridades de su gobierno, presentó su renuncia, dejando un vacío político que permitió el ascenso de Jeanine Áñez al poder. Posteriormente se consolidó un gobierno denunciado por amplios sectores nacionales e internacionales por violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas y represión social.

Asimismo, diversos sectores han cuestionado durante años la presencia dentro del antiguo gobierno de Juan Ramón Quintana, debido a antecedentes relacionados con espacios de formación militar vinculados históricamente a la llamada Escuela de las Américas, institución ampliamente criticada en América Latina por su papel en doctrinas de seguridad impulsadas por los Estados Unidos.

Sin embargo, el problema de fondo no radica únicamente en personas concretas sino en una concepción política que termina reduciendo los procesos revolucionarios a liderazgos individuales.

La necesidad de forjar nuevos dirigentes revolucionarios

Uno de los errores más graves que puede cometer cualquier proceso popular es creer que una sola persona representa de manera exclusiva a un pueblo entero.

Bolivia necesita urgentemente formar nuevos cuadros políticos y sociales. Jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores, campesinos, intelectuales, pueblos originarios y representantes de la diversidad sexual y de género deben asumir espacios de conducción y responsabilidad política.

No puede aceptarse la idea de que solamente un dirigente sea capaz de conducir un proceso histórico. Ninguna revolución auténtica puede depender indefinidamente de una sola figura. Cuando se instala la lógica de que existe un único conductor posible, se corre el riesgo de caer en formas de caudillismo incompatibles con la construcción colectiva que plantea el marxismo.

La experiencia histórica demuestra que los grandes procesos revolucionarios sobrevivieron cuando fueron capaces de formar nuevos cuadros y nuevas generaciones de dirigentes. Los pueblos no pueden quedar rehén de liderazgos permanentes ni de proyectos personales. La revolución pertenece al pueblo organizado y no a individuos particulares.

Crítica y autocrítica

Uno de los principios fundamentales de los revolucionarios es la crítica y la autocrítica.

Ningún dirigente es infalible.

Ninguna organización está libre de errores.

Ningún proceso revolucionario puede avanzar si transforma a sus dirigentes en figuras intocables.

La capacidad de reconocer errores constituye una fortaleza política y no una debilidad. Por el contrario, negar permanentemente las equivocaciones conduce al estancamiento y a la repetición de los mismos problemas.

La izquierda latinoamericana necesita recuperar la práctica de analizar críticamente sus derrotas, sus limitaciones y sus errores estratégicos, sin temor a los debates internos ni a la discusión ideológica.

Las enseñanzas de Lenin en "¿Qué hacer?" destacan la necesidad de construir organizaciones sólidas, cuadros preparados y dirigentes capaces de actuar colectivamente. Por su parte, en "La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo", Lenin advertía contra el sectarismo, el voluntarismo y las posiciones extremas que terminan aislando a los revolucionarios de las masas populares.

Muchos de los problemas actuales del movimiento popular boliviano podrían analizarse precisamente a la luz de estas enseñanzas. La confrontación permanente, la imposibilidad de construir consensos internos y la tendencia a colocar los intereses de una figura por encima de los intereses colectivos han generado un debilitamiento del proyecto popular.

Un ejemplo a seguir la construcción de la unidad popular

El histórico dirigente comunista uruguayo Rodney Arismendi fue uno de los más importantes pensadores marxista-leninistas de América Latina y uno de los principales arquitectos de la estrategia de unidad popular que marcaría profundamente la historia política del Uruguay.

Arismendi sostenía que:

"La revolución no es artículo de exportación ni de importación."

Con esta formulación señalaba que los procesos revolucionarios debían surgir de la realidad concreta de cada país, de sus contradicciones específicas y de la capacidad de las fuerzas populares para construir herramientas políticas adaptadas a las condiciones nacionales.

Sin embargo, uno de sus aportes más trascendentes fue su permanente defensa de la unidad de la izquierda, de los trabajadores y de los movimientos sociales. En el histórico Congreso del Partido Comunista del Uruguay de 1955, Arismendi impulsó una línea política orientada a superar sectarismos, personalismos y divisiones estériles, proponiendo la construcción de amplias alianzas populares capaces de representar los intereses de los trabajadores, estudiantes, campesinos, intelectuales y sectores progresistas.

De aquella estrategia surgieron importantes procesos de acumulación política y social que marcaron la historia uruguaya. Se fortaleció la unidad obrero-estudiantil, se desarrolló el trabajo conjunto con la FEUU, con la FES, se impulsó el Frente Izquierda de Liberación (FIDEL), se avanzó en la construcción de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), se promovió el histórico Congreso del Pueblo y finalmente se concretó uno de los mayores logros políticos del movimiento popular latinoamericano: la fundación del Frente Amplio en 1971.

La experiencia impulsada por Arismendi demostró que la acumulación de fuerzas y la unidad popular constituyen herramientas fundamentales para enfrentar a las clases dominantes y al imperialismo. Su práctica política estuvo basada en la construcción colectiva y no en el culto a la personalidad. Para Arismendi, los dirigentes debían ser expresión de la organización popular y no sustitutos de ella.

La historia de la izquierda uruguaya demuestra que fue posible articular comunistas, socialistas, demócratas cristianos, independientes, sindicalistas, estudiantes y múltiples corrientes populares en torno a un proyecto común, sin renunciar a las diferencias ideológicas pero priorizando los objetivos estratégicos de transformación social.

Esta experiencia mantiene plena vigencia para Bolivia y para toda América Latina. Frente a las divisiones internas, los personalismos y las disputas caudillistas, el legado de Arismendi enseña que los procesos populares sólo pueden avanzar mediante la unidad, la formación permanente de cuadros políticos, la participación democrática de las bases y la construcción de direcciones colectivas.

La trayectoria de Arismendi constituye una demostración concreta de la vigencia del pensamiento y de la práctica marxista-leninista en América Latina. Su ejemplo muestra que la fortaleza de los movimientos revolucionarios no radica en un solo líder, sino en la capacidad de organizar al pueblo, formar nuevas generaciones de dirigentes y construir herramientas políticas capaces de trascender a los individuos.

Precisamente por ello, la experiencia uruguaya representa una enseñanza para la realidad boliviana actual. Ningún proceso de transformación puede depender exclusivamente de una sola persona. Bolivia necesita abrir espacios para nuevos dirigentes jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores, campesinos, pueblos originarios y representantes de la diversidad sexual, garantizando la renovación generacional y política que permita fortalecer el movimiento popular y asegurar su continuidad histórica.

La reflexión

León Trotsky sostuvo que toda revolución que pretenda mantenerse viva necesita la participación consciente de las masas y una permanente capacidad de renovación política. Su crítica a la burocratización y al reemplazo de la participación popular por decisiones concentradas en pequeños grupos constituye una reflexión que continúa siendo objeto de debate dentro de las corrientes socialistas y marxistas.

Más allá de las diferencias históricas entre distintas corrientes de la izquierda, resulta valioso rescatar su advertencia acerca de los peligros que surgen cuando las organizaciones políticas pierden contacto con las bases sociales y sustituyen la participación colectiva por decisiones personalistas.

Conclusión

Bolivia enfrenta una etapa decisiva de su historia.

La prioridad no debe ser la defensa de liderazgos individuales ni la construcción de proyectos políticos alrededor de una sola figura. La tarea central consiste en reconstruir la unidad popular, fortalecer la democracia interna, desarrollar la crítica y la autocrítica revolucionaria y formar nuevas generaciones de dirigentes capaces de asumir responsabilidades políticas.

Es necesario abrir paso a jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores, campesinos, pueblos originarios, intelectuales y representantes de la diversidad sexual y de género para garantizar que el movimiento popular boliviano tenga continuidad histórica más allá de cualquier liderazgo individual.

La experiencia de Lenin, de Arismendi y de numerosos procesos revolucionarios demuestra que las transformaciones profundas sólo son posibles cuando existe organización colectiva, unidad popular, formación política y capacidad de renovación permanente.

Ningún dirigente es eterno.

Ningún dirigente es imprescindible.

Los pueblos son los verdaderos protagonistas de la historia.

La revolución pertenece al pueblo organizado y no a los individuos.

Lic Ruben Suarez Director de RedContactoSur  

Ecuador PRISIONERO POLÍTICO, OMAR CAMPOVERDE

 

PRISIONERO POLÍTICO, OMAR CAMPOVERDE DENUNCIA TORTURA Y AGRESIÓN SEXUAL EN CÁRCEL DEL ENCUENTRO

El Frente de Defensa de las Luchas del Pueblo del Ecuador se suma a la denuncia, rechazo y combate  frente a las gravísimas violaciones a los derechos humanos denunciadas públicamente por el prisionero político, Omar Campoverde, durante la audiencia oral de apelación, respecto de las torturas  a los que ha sido sometido cruelmente al interior de la denominada Cárcel del Encuentro.

El compañero Omar Campoverde, además de haber sido condenado sin ningún argumento legal que justifique su presidio y de haber sido trasladado desde la cárcel de Latacunga a la prisión de “El Encuentro”, un verdadero campo de concentración y tortura, ha sido sometido a un régimen de brutalidad y degradación humana que incluye:

 Aislamiento

 Incomunicación con sus abogados

 Prohibición de visitas familiares

 Privación de alimentación

 Tortura permanente por parte de miembros militares

 Violencia sexual perpetrada por dos integrantes del Ejército ecuatoriano, quienes, según se ha informado, ya habrían sido identificados y denunciados legalmente.

Lo denunciado por el compañero Omar Campoverde da cuenta del carácter cruento, represivo y carcelario impuesto en el país por el gobierno fascista Noboa, sostenido con el apoyo del imperialismo yanqui y del criminal sionismo. Régimen que solo ha podido sostenerse con base a la militarización,  terror, humillación, impunidad, y colaboración del oportunismo, donde la condición humana ha sido pisoteada hasta alcanzar extremos abyectos solo vistos en las ergástulas israelíes en contra del pueblo palestino. 

Con este tipo de represión y tortura, el régimen entreguista no solo busca quebrar la firme posición revolucionaria del compañero; también pretende enviar un mensaje de escarmiento e intimidación contra toda manifestación de lucha dirigida contra el gobierno y el viejo Estado burocrático-terrateniente.

Las agresiones, las torturas y, en particular, la violencia sexual infligida contra Omar, también expresan el grado de descomposición de las FFAA y demás aparatos represivos que ya mostraron su lesividad en el secuestro y asesinato de los “cuatro niños de las Malvinas” y los crímenes cometidos en contra de los manifestantes en los levantamientos campesinos/populares; el grado de contaminación por el narcotráfico y las bandas delincuenciales; y su actuación cobijada por el encubrimiento, el silencio institucional y la impunidad.

“No hay mal que dure cien años”. Tarde o temprano, Noboa y sus ganapanes pagarán ante las masas por los crímenes que vienen cometiendo contra los campesinos pobres, contra las masas que se rebelan y contra los presos brutalmente torturados, como en el caso de Omar.

Desde el Frente de Defensa de las Luchas del Pueblo del Ecuador expresamos nuestra solidaridad militante y combativa con Omar Campoverde, con su familia y con su equipo de defensa. Respaldamos plenamente la denuncia presentada ante Fiscalía por el delito de tortura y abuso sexual y exigimos que se adopten medidas urgentes de protección, investigación y sanción.

Además, exigimos:

1.  Protección inmediata para Omar Campoverde. Garantías urgentes y efectivas para su vida, su integridad física, psicológica y sexual, así como el cese inmediato de toda forma de tortura, hostigamiento, incomunicación y maltrato. Traslado inmediato a un centro de detención provisional que garantice su integridad mientras se resuelve el doloso proceso legal al que fue sometido.

2.  Fin del aislamiento y la incomunicación. Acceso irrestricto a sus abogados, comunicación con su familia y respeto pleno a sus garantías mínimas como persona privada de libertad.

3.  Investigación inmediata de la denuncia presentada por Omar. Que Fiscalía actúe con celeridad y sin subordinación al poder político o militar; que se practiquen de inmediato las diligencias necesarias; que se identifique, procese y sancione a los responsables materiales e intelectuales de tan execrable hecho.

4.  Intervención urgente de organismos de derechos humanos. Exigimos la presencia y vigilancia inmediata de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, ante el riesgo evidente que corre el denunciante.

5.  Desmilitarización del sistema penitenciario. La presencia militar en las cárceles a espoleado la corrupción, tráfico de armas, drogas y ampliación de un tejido de corrupción. 

6.  Cierre de la llamada “Cárcel del Encuentro”. Está claro que este centro carcelario opera como un verdadero espacio de castigo, aislamiento y degradación, incompatible con la dignidad humana y con los principios más elementales del derecho.

Hacemos un llamado combativo a las organizaciones populares, sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles, barriales, de mujeres, de derechos humanos y a todos los sectores consecuentes con las luchas del pueblo y la solidaridad con los luchadores populares, a romper el cerco del silencio, denunciar la barbarie del régimen y de sus sicarios institucionalizados en las Fuerzas Armadas, pronunciarse y mantenerse vigilantes para que los perpetradores sean sometidos no solo al juicio legal, sino también al veredicto implacable de las masas, que no sabrán perdonar ni olvidar.

Extendemos este llamado a las organizaciones progresistas, revolucionarias y antiimperialistas del mundo, para que impulsen una campaña internacional de denuncia contra el régimen criminal de Noboa por el cometimiento de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y llevar a cabo una campaña de solidaridad con Omar Campoverde, exigiendo garantías inmediatas para su vida, su integridad física y psicológica, reclamando su inmediata excarcelación.

¡NO A LA TORTURA NI A LA IMPUNIDAD!

¡BASTA DE MILITARIZACIÓN Y BARBARIE CARCELARIA!

¡PROTECCIÓN INMEDIATA PARA OMAR CAMPOVERDE!

¡INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES!

¡CIERRE DE LA CÁRCEL DEL ENCUENTRO!

¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA OMAR CAMPOVERDE!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO CONTRA LOS VERDUGOS DEL PUEBLO!

 

Democracia burguesa

 

*¿Democracia Burguesa?*

Por Lic Rubén Suárez  RedContactoSur 

La democracia burguesa se presenta ante el mundo como el modelo político de la representación popular. Bajo ese sistema, el pueblo deposita cada cuatro o cinco años su voluntad en las urnas y elige a quienes conducirán el Estado. Esa es la teoría. Esa es la base sobre la que se construyen los discursos de legitimidad, institucionalidad y respeto al orden constitucional. Sin embargo, la realidad demuestra que esa misma democracia atraviesa hoy una profunda crisis de credibilidad y representación en gran parte del planeta, particularmente en América Latina.

Países como Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador muestran una constante inestabilidad política, producto no solamente de las disputas de poder entre sectores económicos y políticos, sino también del desgaste de antiguos liderazgos que alguna vez fueron presentados como salvadores nacionales y terminaron alejados de las necesidades reales del pueblo. La frustración social, la corrupción, el deterioro económico y el incumplimiento de promesas electorales han provocado que enormes sectores populares pierdan confianza en quienes gobiernan y también en el propio sistema.

Pero existe una contradicción central que muchas veces se evita discutir: si el pueblo es quien elige a sus gobernantes, entonces también tiene responsabilidad política sobre aquello que surge de las urnas. No alcanza con votar y luego desconocer completamente el resultado cuando las dificultades aparecen. La democracia implica derechos, pero también responsabilidades colectivas. Cuando un presidente o un gobierno es elegido legítimamente, debe respetarse el mandato popular y permitirse que concluya el período constitucional para el cual fue electo. De lo contrario, la democracia deja de ser democracia y se transforma en un mecanismo condicionado por presiones económicas, mediáticas o militares.

La historia de América Latina está marcada por las interrupciones violentas del orden democrático. Durante las décadas del 60 y 70, gran parte del continente sufrió golpes de Estado impulsados por sectores oligárquicos, fuerzas armadas y potencias extranjeras que no aceptaban gobiernos surgidos de la voluntad popular cuando estos afectaban determinados intereses económicos o geopolíticos. El resultado fue sangriento: persecuciones, desapariciones, torturas, exilios y miles de muertos en nombre de la “defensa de la democracia”.

En ese contexto, Bolivia representa uno de los ejemplos más dramáticos del siglo XX. Pocos países padecieron tantos golpes de Estado, tantas interrupciones institucionales y tanta inestabilidad política como el pueblo boliviano. Cada crisis abrió heridas profundas en la sociedad y debilitó aún más la confianza en las instituciones. Por eso, cada intento de desconocer gobiernos elegidos democráticamente revive los fantasmas más oscuros de la historia latinoamericana.

La comunidad internacional, más allá de sus intereses y contradicciones, suele reaccionar cuando se produce una ruptura institucional abierta. Porque existe un principio elemental en las relaciones internacionales modernas: el respeto a la soberanía popular y al orden constitucional. Cuando sectores minoritarios intentan imponer gobiernos por fuera de las urnas, se rompe no solo un pacto interno, sino también la legitimidad internacional de un Estado.

Sin embargo, también es cierto que la democracia burguesa muchas veces funciona limitada por el poder económico. Los pueblos votan, pero las grandes corporaciones financieras, los monopolios mediáticos y los organismos internacionales condicionan permanentemente las decisiones de los gobiernos. Ahí aparece la gran paradoja: se habla de libertad popular, pero muchas veces los márgenes reales de transformación están atados a intereses que no fueron elegidos por nadie.

Aun así, cualquier salida antidemocrática termina fortaleciendo a los sectores más reaccionarios. La única forma de transformar verdaderamente una sociedad es mediante la organización consciente del pueblo, la construcción política y la profundización de la participación popular, no mediante golpes, proscripciones o rupturas institucionales.

Porque si el pueblo eligió, también debe asumir el desafío histórico de defender o rectificar ese camino dentro de los marcos democráticos. Lo contrario significa abrir nuevamente las puertas a los tiempos más oscuros de América Latina, donde las bayonetas reemplazaban a las urnas y donde las decisiones dejaban de pertenecer a los pueblos para quedar en manos de minorías privilegiadas.

Mayo 2026

Lic Ruben Suarez Director de RedContactoSur

 

Operativos antimigrantes y antipobres en Argentina

 I

*FUERA LOS OPERATIVOS REPRESIVOS ANTIMIGRANTES Y ANTIPOBRES*

¡NO A LA MILITARIZACIÓN DE LOS BARRIOS POPULARES!

Desde Red Contacto Sur denunciamos ante el pueblo argentino y la comunidad internacional el gigantesco operativo represivo desplegado por el gobierno de Jorge Macri en las villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires bajo el nombre de “Tormenta Negra”.

Más de 1.500 efectivos policiales, vehículos blindados, helicópteros, fuerzas especiales y organismos de control fueron lanzados simultáneamente sobre los sectores más humildes de la Capital Federal.

No se trata de seguridad.

No se trata de combatir el narcotráfico.

No se trata de proteger al pueblo.

Se trata de una política sistemática de persecución contra trabajadores pobres, vendedores ambulantes, migrantes, juventudes populares y familias enteras que sobreviven en medio de una crisis económica brutal provocada por el capitalismo salvaje que hoy gobierna la Argentina.

Bajo el discurso de “pacificación” y “ordenamiento urbano”, el macrismo reedita las peores prácticas de la dictadura militar y de los gobiernos neoliberales que históricamente utilizaron la represión para controlar a los sectores excluidos por el propio sistema.

La llamada “Tormenta Negra” no es otra cosa que una demostración de fuerza del Estado burgués contra el pueblo trabajador.

Mientras millones de argentinos padecen hambre, desempleo y salarios miserables, el gobierno destina recursos multimillonarios a blindados, armamento, operativos de saturación y persecución territorial.

Mientras cierran comedores, programas sociales y cooperativas, militarizan las villas.

Mientras destruyen derechos laborales, avanzan con allanamientos masivos, controles migratorios selectivos, decomisos arbitrarios y hostigamiento permanente sobre quienes viven de la economía popular.

Esta política tiene un claro contenido racista, clasista y xenófobo.

Se criminaliza al migrante pobre mientras los verdaderos responsables del saqueo económico continúan gozando de total impunidad.

Hablan de combatir al narcotráfico mientras las redes mafiosas continúan funcionando bajo la protección de sectores corruptos del poder político, judicial y policial, de acuerdo a versiones de prensa y vox populi. 

La historia argentina demuestra que cada vez que las clases dominantes enfrentan crisis económicas profundas recurren al miedo, a la represión y al odio social para dividir al pueblo trabajador.

Buscan enfrentar argentinos contra migrantes.

Trabajadores formales contra informales.

Vecinos contra villeros.

Intentan construir enemigos internos para ocultar a los verdaderos responsables de la miseria social: los grandes grupos económicos, la especulación financiera y un modelo capitalista de exclusión y saqueo.

Denunciamos que estas prácticas constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y representan una peligrosa escalada autoritaria en la Argentina.

Exigimos la inmediata intervención de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, defensorías públicas, comités contra la tortura y organizaciones sociales para investigar los abusos cometidos durante estos operativos.

Exigimos:

- El cese inmediato de los megaoperativos represivos.

- El fin de la militarización de los barrios populares.

- Basta de persecución contra migrantes y trabajadores informales.

- Garantías plenas para la protesta social y la organización popular.

- Trabajo digno, vivienda, salud y educación para el pueblo.

La salida no es la represión.

La salida es la justicia social.

Frente al avance del odio, el fascismo y la criminalización de la pobreza, llamamos a la organización popular, la unidad de los trabajadores y la solidaridad entre los pueblos.

Porque ningún operativo podrá destruir la dignidad de quienes luchan todos los días por sobrevivir.

¡Basta de racismo!

¡Basta de persecución política y social!

¡Fuera los operativos represivos de los barrios populares!

RED CONTACTO SUR✊

Lic. Rubén Suárez ✊🏻

“Cocina restaurant de alta clase e higiene”: lujo, marketing y una realidad muchas veces oculta

Por Lic Ruben Suarez Director de RedContactoSur 

En distintos países del mundo, restaurantes considerados de “alta gama”, frecuentados por empresarios, políticos, celebridades y sectores de alto poder adquisitivo, han sido clausurados, sancionados o denunciados por graves problemas de higiene, presencia de roedores, contaminación de alimentos y manipulación indebida de productos. La imagen de elegancia, exclusividad y altos precios no siempre garantiza limpieza, seguridad alimentaria ni respeto por la salud de quienes consumen.

En Argentina , por ejemplo, se han registrado clausuras y denuncias en restaurantes de zonas exclusivas de Buenos Aires debido a presencia de ratones, cucarachas, cámaras frigoríficas en mal estado y alimentos vencidos. Incluso reconocidos establecimientos de Puerto Madero, Palermo o Recoleta han enfrentado inspecciones sanitarias y sanciones por incumplimientos básicos de higiene.

En , Chile varios restaurantes y cadenas de comida fueron clausurados temporalmente por contaminación cruzada, falta de limpieza en cocinas y aparición de plagas. Casos similares ocurrieron en sectores turísticos y gastronómicos de Santiago y Valparaíso, donde clientes denunciaron presencia de insectos y malas condiciones sanitarias pese a tratarse de locales con elevados precios y prestigio social.

En Bolivia también surgieron denuncias en restaurantes de lujo y cadenas internacionales instaladas en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Consumidores y autoridades sanitarias detectaron alimentos en descomposición, deficiente conservación de carnes y cocinas sin condiciones adecuadas, demostrando nuevamente que el valor económico de un plato no asegura calidad sanitaria.

En eeuu  , grandes cadenas internacionales de comida rápida y restaurantes de renombre han enfrentado demandas millonarias y cierres temporales por intoxicaciones alimentarias, presencia de roedores y contaminación bacteriana. Casos vinculados a salmonella, E. coli y otras bacterias afectaron a miles de personas, mostrando cómo incluso corporaciones multimillonarias pueden fallar en controles básicos de higiene.

En Francia, país considerado símbolo mundial de la alta gastronomía, también existieron escándalos sanitarios en restaurantes exclusivos y hoteles cinco estrellas. Inspecciones encontraron cocinas con suciedad acumulada, alimentos mal conservados y falta de condiciones higiénicas mínimas, afectando la imagen de establecimientos reconocidos internacionalmente.

La realidad demuestra que muchas veces el marketing gastronómico, la decoración elegante, la vestimenta del personal o la ubicación exclusiva sirven para construir una apariencia de excelencia que no siempre coincide con lo que sucede detrás de las puertas de la cocina. Mientras algunos clientes pagan cifras exorbitantes creyendo acceder a un nivel superior de calidad, numerosas inspecciones sanitarias revelan condiciones alarmantes que ponen en riesgo la salud pública.

La higiene no debe ser un privilegio ni un lujo reservado para unos pocos. La limpieza, la correcta manipulación de alimentos y el respeto por la salud humana son obligaciones fundamentales de cualquier establecimiento gastronómico, desde un pequeño comedor popular hasta un restaurante de lujo internacional.

Porque el alto precio, la supuesta “alta gastronomía” y la exclusividad social jamás son garantía automática de higiene, ética ni seguridad alimentaria.

 

 

Argentina: entre la persecución al migrante y la criminalización de la pobreza

La reciente represión ocurrida en el barrio de Flores vuelve a encender las alarmas sobre el rumbo que está tomando la política de seguridad y migración en la Argentina. Operativos masivos, controles poblacionales, persecución a vendedores ambulantes y un creciente clima de hostigamiento contra trabajadores migrantes muestran una realidad cada vez más preocupante: se está construyendo un enemigo interno sobre los sectores más humildes y vulnerables de la sociedad.

En los últimos días, el Gobierno nacional desplegó un megaoperativo en la zona de avenida Avellaneda, en Flores, con participación de fuerzas federales, Migraciones y controles biométricos. El operativo incluyó cortes de calles, presencia de policías montados y pedidos masivos de documentación a trabajadores y transeúntes.

Diversas organizaciones sociales, vecinos y trabajadores denunciaron que estos procedimientos tuvieron un fuerte componente xenófobo y persecutorio, apuntando especialmente contra comunidades migrantes dedicadas al comercio informal y al trabajo textil.

La situación se vuelve aún más grave cuando la respuesta del Estado frente a la crisis económica no es generar empleo, inclusión o políticas sociales, sino profundizar la represión sobre quienes intentan sobrevivir vendiendo en la calle. Los vendedores ambulantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vienen denunciando desde hace meses decomisos arbitrarios, violencia institucional, amenazas y persecuciones constantes por parte de fuerzas policiales y organismos de control.

Mientras miles de familias enfrentan hambre, desempleo y precarización, el poder político parece elegir el camino del disciplinamiento social. Se persigue al mantero, al migrante, al trabajador informal, pero rara vez se combate con la misma intensidad a las grandes estructuras económicas vinculadas a la evasión, la especulación financiera o las mafias organizadas.

La Argentina históricamente fue un país construido por migrantes. Italianos, españoles, bolivianos, paraguayos, peruanos, uruguayos y tantas otras comunidades ayudaron a levantar este país con trabajo y esfuerzo. Hoy resulta alarmante escuchar discursos que intentan asociar pobreza con criminalidad o migración con inseguridad.

Los operativos recientes en Flores  , Villa Celina, Once etc  recuerdan prácticas de control social peligrosas, donde el simple hecho de tener determinado aspecto físico, trabajar en la vía pública o pertenecer a una comunidad migrante parece convertirse en motivo suficiente para ser sospechado.

No puede existir democracia plena cuando se naturaliza la humillación pública de trabajadores, mujeres migrantes y familias enteras que solamente intentan subsistir en medio de una crisis devastadora. Tampoco puede hablarse de libertad mientras se reprime al pobre y se protege a los sectores concentrados del poder económico.

La defensa de los derechos humanos no puede depender de la nacionalidad, del nivel económico ni de la condición social. Defender a los migrantes y a los vendedores ambulantes es defender la dignidad humana, el derecho al trabajo y el principio básico de igualdad ante la ley.

Hoy más que nunca resulta necesario construir una sociedad solidaria, inclusiva y profundamente humana, donde ninguna persona sea perseguida por su origen, por su acento o por intentar llevar un plato de comida a su hogar.

Lic. Rubén Suárez
Director de RedContactoSur