Entrevista exclusiva a Néstor Ovalles, dirigente sindical bolivariano

“No estamos dispuestos a ceder nuestra soberanía”. Entrevista exclusiva a Néstor Ovalles, dirigente sindical bolivariano

Por Geraldina Colotti 

En nuestro programa semanal Rompiendo fronteras, junto con Eduardo Medina, hemos conversado con Néstor Ovalles, destacado dirigente sindical venezolano, ex ministro del Trabajo y referente de la lucha de la clase trabajadora bolivariana. Hemos analizado con él la compleja coyuntura que vive Venezuela, el papel de la clase obrera ante el asedio imperialista, las contradicciones internas y el debate en la izquierda internacional.

¿Cuál es el diagnóstico actual del movimiento sindical venezolano respecto a las condiciones de vida de la clase obrera y cómo se articula hoy la relación entre los sindicatos y el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez?

Gracias por la invitación, Geraldina, camarada, patriota de Nuestra América y del mundo. Con respecto al diagnóstico, el panorama es el efecto devastador que las medidas coercitivas unilaterales —mal llamadas sanciones— han producido en la dimensión social y económica de la clase trabajadora venezolana y de su familia. Son más de diez años y más de mil medidas coercitivas unilaterales, hoy apenas suavizadas a través de licencias que no son más que una suerte de "boleta de buena conducta" otorgada discrecionalmente por el imperialismo. Esto ha hecho retroceder los avances que en materia de salario y derechos había conquistado la clase trabajadora durante la construcción de la arquitectura social que llevó adelante el Comandante Hugo Chávez y que defendió de manera inquebrantable el presidente Nicolás Maduro.

Las condiciones han sido y son defensivas. Apelar al ingreso mínimo vital ha sido un mecanismo para mantener la capacidad adquisitiva y de demanda de la clase trabajadora, estimulando la oferta y reactivando el parque industrial y comercial tras la caída provocada por la pandemia y la pulverización previa del salario a causa del bloqueo.

En cuanto a la relación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es una relación de vieja data. Ella fue nuestra interlocutora directa durante varios años bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro —hoy secuestrado en las mazmorras del imperialismo junto a esa valiente y amorosa mujer, Cilia Flores—. Delcy Rodríguez fue nuestro enlace para las discusiones con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), la organización sindical mayoritaria del país que agrupa a más de 19 federaciones sectoriales estratégicas (petróleo, gas, telecomunicaciones, salud, educación, transporte, etc.) y 24 federaciones territoriales. Mantuvimos siempre una comunicación directa para tratar temas de ingresos, salarios y contratos colectivos. Hoy esa comunicación la canalizamos a través del comisionado para los consensos laborales, Eduardo Piñate, y periódicamente con el ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, estableciendo mesas de trabajo para que la voz de la clase trabajadora sea escuchada en temas cruciales.

A meses del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses, ¿en qué estado se encuentra la campaña por su liberación y cómo evalúan la acción internacional?

Ya van 26 videoconferencias llevadas adelante por la Comisión Internacional juramentada por el presidente constitucional Nicolás Maduro en el Congreso Nacional Constituyente Obrero del pasado mes de diciembre. Esta comisión se ha convertido en un punto de referencia para quienes luchan en América Latina, el Caribe, África, Asia, Oceanía y Europa. Viernes a viernes se conectan militantes para expresar una solidaridad conmovedora y exigir en alta voz la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores, condenando la agresión sufrida por la patria de Bolívar y Chávez desde el 3 de enero de este año 2026.

Denunciamos que el gobierno de Donald Trump utiliza licencias como la 14.733 como una bofetada al pueblo venezolano, el cual además viene de sufrir la tragedia humana y social de los dos sismos del pasado 24 de junio. A través del Departamento del Tesoro, pretenden gestionar de manera discrecional, sádica e injerencista los recursos que han sido producidos por la clase trabajadora petrolera venezolana y que hoy están represados.

Exigimos el levantamiento total e incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales. La Comisión Internacional ha sido nuestra principal ventana para denunciar esta guerra cognitiva e informativa, la cual busca restar cohesión al alto mando de la Revolución, fracturar la unidad cívico-militar-policial y hacer que la dirección se extravíe. Frente a eso, recordamos lo que decía el Comandante Chávez: el chavismo bolivariano es fulminante y virtuoso en la contraofensiva.

Mientras el gobierno avanza en negociaciones, desde la izquierda crítica se señala el riesgo de hacer concesiones estructurales al capital o caer en un 'pacto de élites'. Desde la perspectiva de la clase trabajadora organizada, ¿cuál es el límite de este diálogo y de este pragmatismo táctico?

El límite infranqueable de este diálogo es ceder en lo estratégico. Hemos señalado claramente que debemos preservar los horizontes estratégicos: la soberanía sobre nuestros recursos naturales, la continuidad de la democracia bolivariana basada en las comunas y el poder constituyente que reposa en el pueblo. En eso no estamos dispuestos a ceder.

No existe tal "pacificación" o "normalización" en los términos que pretende la narrativa opositora. La pacificación ocurre cuando un ejército invasor entra, aplasta y establece un gobierno títere. En Venezuela gobierna la Revolución Bolivariana. Quienes están al frente del Estado son cuadros formados en la revolución: Delcy Rodríguez fue designada legítimamente como vicepresidenta por el presidente Nicolás Maduro y hoy ejerce como presidenta encargada según la Constitución; el presidente de la Asamblea Nacional fue electo por el pueblo y el ministro del Interior fue designado constitucionalmente. No es un gobierno instalado por marines ni juramentado en un portaaviones.

No estamos haciendo concesiones estructurales; estamos tratando de avanzar en situaciones extremadamente complejas para lograr la recuperación económica y la justa distribución de la riqueza. La presencia del capital transnacional o los contratos de producción petrolera bajo la Ley Antibloqueo ya existían antes del 3 de enero como mecanismo para evadir el asedio. En una economía fundamentalmente capitalista en transición hacia el socialismo, la presencia del capital no es una noticia nueva ni fruto de una rendición.

El captor chantajea con su fuerza en la mesa de negociación, pero el límite es la dignidad del pueblo. Vinieron por el petróleo y por la dignidad: podrán estar llevando petróleo bajo condiciones leoninas, pero la dignidad de este pueblo no se la llevarán jamás. Eso es preservar lo estratégico y girar en lo táctico.

Rechazo categóricamente la idea de un "pacto de élites". Sería un adjetivo profundamente injusto para quienes están enfrentando condiciones tan complejas en el alto mando revolucionario tras la ausencia del líder. Si Nicolás Maduro tuviese un segundo nombre, sería Lealtad, demostrada hasta en el tribunal espurio de Nueva York al declararse un presidente secuestrado. De este lado no hay una élite, hay revolucionarios; y del otro lado hay representantes del imperialismo teledirigidos desde Washington.

La negociación es una herramienta necesaria donde hay que ser inteligentes en la estrategia y astutos en la táctica. La única ruta que exigimos desde la Central Bolivariana de Trabajadores es que la oposición vaya a las capitales donde pidió sanciones a solicitar su levantamiento y la devolución de los activos despojados a la República.

El restablecimiento de puentes diplomáticos pragmáticos con EE.UU. e interlocutores internacionales como el régimen sionista ha generado perplejidad en sectores internacionalistas. ¿Cómo se explica esta orientación a la militancia internacional?

El restablecimiento de puentes diplomáticos pragmáticos es el resultado de un país que enfrenta una realidad inédita tras el secuestro de su presidente. La diplomacia bolivariana mantiene un profundo sustrato de dignidad, soberanía e independencia.

A los sectores de la izquierda internacionalista les pedimos mayor comprensión del cuadro tan complejo que atravesamos. No permitan que las campañas sucias contra la patria de Bolívar ganen terreno. Tras la tragedia de los terremotos, Venezuela abrió sus puertas a más de 31 naciones que ofrecieron ayuda humanitaria y socorro.

Frente a cualquier duda sobre nuestros principios, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha fijado con absoluta firmeza nuestra posición histórica de rechazo al genocidio en Gaza y de respaldo irrestricto al derecho del pueblo palestino a un Estado libre, soberano e independiente.

Frente a las narrativas que sostienen que la entrega de Maduro fue producto de una delación o traición dentro de la cúpula cívico-militar, ¿cuál es la posición oficial del movimiento obrero?

El tema de la traición ha sido una pieza central en las operaciones de guerra psicológica del enemigo. Coincido con las palabras de Nicolás Maduro Guerra: dejemos elementos para el balance posterior; habrá cosas que explicar más adelante.

Lo que está absolutamente claro e históricamente verificado es que el 3 de enero hubo un combate desigual en el que entregaron su vida 120 combatientes revolucionarios venezolanos y cubanos. La abrumadora superioridad tecnológica y aérea del enemigo fue el factor determinante para concretar la operación militar de extracción y secuestro.

Volver obsesivamente sobre la tesis de la traición es perder tiempo y hacerle el juego a la estrategia enemiga, especialmente cuando tenemos a un pueblo dedicado en una mano a levantar escombros tras dos terremotos y en la otra a resistir el chantaje de una potencia nuclear. La posición oficial del movimiento obrero ante esto es unidad férrea, lealtad al programa revolucionario y movilización permanente en respaldo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y al alto mando cívico-militar.

Tras el secuestro del presidente el 3 de enero, no se activó la estrategia de contención radical ni la huelga general. Desde el movimiento sindical, ¿por qué no se aplicó esta respuesta y qué factores condicionaron esa decisión?

En las horas posteriores al secuestro, mientras se hacían todos los esfuerzos para garantizar el funcionamiento de las instituciones (Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia) y se exigía una fe de vida del presidente, surgieron voces descolocadas que pretendían pedirle a la clase obrera que le declarara una huelga general al propio gobierno revolucionario.

Lanzar una huelga insurreccional en ese momento hubiese sido un acto de infantilismo político y un harakiri. La huelga general es un arma estratégica reservada para confrontar al enemigo de clase cuando pretende derrocar el proceso, no para dispararle a nuestro propio gobierno en momentos de vulnerabilidad. La dirección de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores demostró madurez política al no caer en ese chantaje.

No íbamos a infligirnos daño a nosotros mismos ni a crear el caos que el imperialismo estaba esperando desde el 3 de enero. Cerramos filas en torno a la Constitución y al gobierno bolivariano para preservar el poder político y garantizar la continuidad de la Revolución.

Sectores de la izquierda radical afirman que Venezuela se ha convertido de facto en un protectorado estadounidense. ¿Qué responde el movimiento obrero a esta tesis?

Responder a la tesis del "protectorado" exige el mismo rigor que al tema de la traición. Teóricamente, un protectorado implica la presencia de un procónsul extranjero dirigiendo los destinos del país o la anexión territorial formal. En Venezuela rige la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, y las autoridades que ejercen el poder ejecutivo y legislativo lo hacen bajo los mecanismos constitucionales previstos ante la ausencia temporal o definitiva del presidente.

Lo que existe es una asimetría brutal de poder que no comenzó el 3 de enero. Ya en los últimos meses de 2025, el bloqueo naval en el Caribe redujo a casi cero el ingreso de divisas al país. Estamos enfrentando a un imperio poderoso prácticamente con las manos desnudas.

Pedimos al internacionalismo comprensivo que entienda esta coyuntura: Venezuela no se ha rendido ni es protectorado de nadie. La clase trabajadora sigue movilizada, consciente y en pie de lucha, resguardando la soberanía nacional y la dignidad de la

 

CERIMEDO: EL OPERADOR DE LA DERECHA INTERNACIONAL QUE UNE A MILEI, BOLSONARO Y LAS NUEVAS ULTRADERECHAS

Por RedContactoSur
Lic. Rubén Suárez – Director

Hay nombres que aparecen en las fotografías de los gobiernos. Y hay otros que operan detrás de las cámaras, en las redes sociales, en las campañas digitales y en las operaciones de comunicación política.

Fernando Cerimedo es uno de esos nombres.

Su trayectoria muestra conexiones con distintos sectores de la nueva derecha latinoamericana y, particularmente, con los espacios políticos vinculados a Javier Milei y Jair Bolsonaro. Su participación en la estrategia digital de la campaña de Milei en 2023 está documentada por distintas investigaciones periodísticas, mientras que también existen antecedentes de su trabajo y vínculos con el universo bolsonarista en Brasil.

No estamos hablando simplemente de un consultor de marketing.

Estamos hablando de la construcción de una maquinaria política y comunicacional transnacional, donde las redes sociales, los medios digitales, las campañas negativas, la polarización y la difusión de determinados relatos se convierten en herramientas para disputar el poder.

MILEI Y BOLSONARO: DOS CARAS DE UNA MISMA ESTRATEGIA

Cerimedo apareció públicamente como una figura relevante de la estrategia digital que acompañó el ascenso de Javier Milei. Investigaciones periodísticas también documentaron sus vínculos con Jair Bolsonaro y sectores de la derecha brasileña.

En Brasil, además, su nombre quedó asociado a la difusión de cuestionamientos sobre el sistema electoral durante el período posterior a las elecciones de 2022. Una investigación de la Policía Federal brasileña lo señala dentro de una trama vinculada al intento de impedir la asunción de Lula; esas acusaciones forman parte de una investigación judicial y no deben confundirse con una condena definitiva.

Pero el dato político fundamental es otro:

las fronteras nacionales parecen quedar pequeñas para esta nueva derecha digital.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia,Peru,Bolivia y otros países de la región aparecen conectados por consultores, medios, plataformas, operadores digitales y estrategias políticas que buscan reproducir un mismo modelo impuesto por EEUU e Israel .

LA POLÍTICA COMO OPERACIÓN DIGITAL

Desde RedContactoSur advertimos desde hace años sobre el peligro de convertir la comunicación en un instrumento de manipulación social.

Cuando una campaña política se construye alrededor de ejércitos digitales, trolls, campañas negativas, polarización permanente y operaciones destinadas a instalar determinados temas en los algoritmos, ya no estamos simplemente ante una discusión política.

Estamos ante una disputa por el control del sentido común.

El propio Cerimedo reconoció públicamente el uso de herramientas digitales destinadas a intervenir sobre los algoritmos y hacer que determinados temas adquirieran relevancia.

Y aquí está una de las grandes preguntas que debemos hacernos como sociedad:

¿Quién decide qué vemos?
¿Quién decide qué se vuelve viral?
¿Quién fabrica tendencias?
¿Quién instala enemigos?
¿Quién convierte una mentira repetida miles de veces en una supuesta verdad?

NO ES UN FENÓMENO ARGENTINO: ES UNA RED INTERNACIONAL

La cuestión Cerimedo no puede analizarse únicamente desde la política argentina.

Su nombre aparece relacionado con dirigentes y movimientos de la derecha latinoamericana. Distintas investigaciones lo vinculan con Milei, Bolsonaro y otros referentes de las derechas regionales, dentro de una expansión de consultores y operadores que trabajan más allá de las fronteras nacionales.

Por eso resulta necesario mirar el fenómeno con perspectiva continental.

No son hechos aislados.

Existe una disputa internacional por imponer un modelo político basado en el individualismo extremo, el debilitamiento de las organizaciones populares, el ataque contra los sindicatos, la criminalización de la protesta, la demonización de los migrantes y la construcción permanente de enemigos internos.

Y frente a esa ofensiva, los pueblos necesitan construir también una comunicación internacional, popular, democrática y soberana.

CERIMEDO Y EL PODER DETRÁS DEL PODER

En agosto de 2026, Cerimedo fue detenido en Bolivia en el marco de una investigación por un ataque contra Nadia Beller. Las autoridades bolivianas investigan distintas hipótesis y su defensa niega las acusaciones.

Además, medios argentinos informaron sobre investigaciones relacionadas con su patrimonio y posibles vínculos económicos. Son asuntos que deberán ser esclarecidos por la Justicia y sobre los cuales corresponde mantener la presunción de inocencia.

Pero independientemente de esas causas judiciales, existe una cuestión política que merece ser debatida:

¿Cómo puede un consultor privado acumular semejante nivel de influencia sobre proyectos políticos nacionales y convertirse en una pieza de articulación de las nuevas derechas latinoamericanas?

Esa pregunta no pertenece solamente a los tribunales.

Pertenece a la democracia.

LA COMUNICACIÓN POPULAR NO SE ENTREGA

Desde RedContactoSur, red internacional de comunicación popular, sostenemos que los pueblos tienen derecho a conocer quién produce los contenidos que consumen, quién financia determinadas operaciones comunicacionales y qué intereses existen detrás de las grandes campañas digitales.

No aceptamos que las redes sociales sean utilizadas para convertir la mentira en verdad.

No aceptamos que los trabajadores sean transformados en enemigos.

No aceptamos que los migrantes sean utilizados como chivo expiatorio.

No aceptamos que la protesta social sea presentada como delincuencia.

No aceptamos que la soberanía de nuestros pueblos sea reemplazada por consultores, operadores y laboratorios políticos internacionales.

La comunicación también es una batalla por la democracia.

Y en esa batalla, RedContactoSur va a seguir del lado de los pueblos, de los trabajadores, de los migrantes, de las organizaciones sociales y sindicales y de todos aquellos que defienden una América Latina soberana ,antimperialista y revolucionaria.

CERIMEDO NO ES EL PROBLEMA AISLADO

El verdadero problema es mucho más profundo.

El problema es la construcción de una internacional digital de las nuevas derechas.

Una estructura que pretende cruzar fronteras, disputar elecciones, manipular agendas, construir enemigos y presentar como espontáneo aquello que muchas veces ha sido cuidadosamente diseñado.

Por eso debemos mirar más allá de un nombre.

Debemos mirar la red.

Debemos mirar los intereses.

Debemos mirar el poder.

Y debemos construir una respuesta.

Porque frente a la internacional de la ultraderecha, los pueblos también necesitamos una internacional de la comunicación popular.

REDCONTACTOSUR

Comunicación popular, soberana, antiimperialista y al servicio de los pueblos.

Lic. Rubén Suárez
Director de RedContactoSur

redcontactosur@gmail.com

La partidocracia uruguaya

 La partidocracia uruguaya

Por Marcos Joel  

El devenir político de Uruguay ha derivado, sin disimulo ni pudor, en una partidocracia. No una anomalía pasajera, no un accidente institucional, una estructura consolidada donde los partidos dejaron de ser instrumentos de representación popular para erigirse en fines en sí mismos, en maquinarias de reproducción del poder. Ya no se legisla para la justicia social. Ya no se gobierna para las mayorías trabajadoras, para el asalariado que sostiene con su sudor el andamiaje económico del país. Lo que otrora fue disputa legítima por el bienestar colectivo, por la redistribución de la riqueza, por la dignidad material del pueblo, se ha degradado en campaña electoral permanente, en marquesina publicitaria, en un teatro de vanidades donde el pueblo es espectador cautivo, aplaudidor forzado, nunca protagonista. Se le convoca cada cinco años para legitimar con su voto lo que ya fue decidido en despachos cerrados, en acuerdos de cúpula, en negociaciones donde el interés de clase brilla por su ausencia.

Hoy, a la oposición le importa una sola cosa, conquistar el poder en 2029. Ni el hambre del jubilado, ni la precariedad del trabajador informal, ni la vivienda negada a las familias populares figuran en su agenda real. Para alcanzar ese trono, no vacila en convertir la rendición de cuentas en botín de campaña, en boicotear la transparencia fiscal como si el erario público fuera coto privado de sus estrategas. Utiliza el control parlamentario no como herramienta de fiscalización al servicio del pueblo, sino como arma arrojadiza, como insumo mediático para construir relato electoral. Es la partidocracia en su expresión más descarnada y cínica, aquella que desconoce la voluntad popular, que pisotea el mandato de las urnas, para servir con devoción ciega a los intereses meramente partidarios, a la lógica de la acumulación electoral por encima de cualquier compromiso con quienes producen la riqueza nacional.

Pero el gobierno, y aquí conviene ser analíticos, no la fuerza política Frente Amplio como proyecto histórico de emancipación, sino el aparato gubernamental que pretende destruir su nombre suplantándolo con su mayoría circunstancial que es el MPP, ha dejado meridianamente claro que opera al margen de toda tradición frenteamplista. Ha sepultado la histórica política internacional del Frente Amplio, aquella que supo plantarse con dignidad ante el imperialismo, que tendió puentes con los pueblos hermanos de nuestra América, que defendió la autodeterminación frente a los dictados de Washington. La ha suplantado por una diplomacia servil, genuflexa, subordinada al gran capital transnacional, al amo del norte y al ente sionista. Se ha despojado de toda retórica antiimperialista, aquella que fue columna vertebral de la izquierda latinoamericana, para arrodillarse ante quienes siempre fueron el enemigo histórico de los pueblos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las embajadas que dictan política económica, los organismos que imponen austeridad mientras el capital especula sin freno. Se ha desdibujado hasta convertirse en una simple colectora de votos, desideologizada, sin programa, sin horizonte estratégico, obsesionada únicamente con aglutinar sufragios, repartir cargos y administrar la miseria ajena con lenguaje progresista. Ha traicionado la esencia del Frente Amplio, ser movimiento, ser pueblo organizado, ser disputa contra el poder constituido. Hoy es apenas un sello vaciado de contenido, una marca electoral al servicio de la continuidad del orden vigente.

En común acuerdo, y aquí reside la obscenidad mayor, gobierno y oposición han negociado los principios a cambio del eufemismo de la alternancia. Alternancia, palabra hueca, mecanismo pulcro para que nada cambie en lo sustantivo, para que las estructuras de dominación permanezcan intactas mientras los rostros se turnan en la fotografía. Es la alternancia como seguro de vida para la casta, hoy gobierno, mañana oposición, pasado mañana gobierno otra vez, y siempre -siempre- el mismo salario parlamentario, la misma jubilación de privilegio, el mismo acceso al aparato del Estado como botín. La política, que debería ser herramienta de liberación de los oprimidos, se ha convertido en oficio hereditario de una élite que se reproduce a sí misma. Las mayorías populares, los trabajadores, los desposeídos, quedan relegados al segundo plano, al pie de página, a la nota al margen de una historia que otros escriben.

No existe política de izquierda en Uruguay. Existe una casta política aferrada a sus privilegios, blindada por la impunidad, sostenida por un sistema que garantiza su perpetuación.

Hubo un intento genuino, y es deber de la memoria no olvidarlo. Cuando se fundó el Frente Amplio en 1971, nació una fuerza constructora, plural, combativa, verdaderamente popular. Obreros, estudiantes, intelectuales, campesinos, sectores medios empobrecidos confluyeron en un proyecto que desafiaba al orden oligárquico. Pero aquel germen de transformación se truncó bajo el terrorismo de Estado, se mutiló en los calabozos de la dictadura, en las salas de tortura, en el exilio forzado, en la proscripción. Miles de compañeros pagaron con su libertad, con su cuerpo, con su vida, el atrevimiento de imaginar un país distinto. Y lo que sobrevivió a la noche cívico-militar terminó diluyéndose, lenta pero implacablemente, en el neoliberalismo que impuso su agenda tras la posdictadura, repetidos intentos de privatización, desregulación, flexibilización laboral, apertura irrestricta al capital especulativo. La transición democrática no trajo la justicia social; trajo la aceptación disciplinada de las reglas del mercado. Aquella fuerza transformadora no es hoy más que un nostálgico eslogan repetido en actos vacíos, una liturgia sin fe, un nombre sin sustancia.

El individualismo galopante, esa ideología invisible que el capitalismo inocula como sentido común, se ha encargado de instalar la falsa percepción de que ser combativo es algo vetusto, de que la izquierda es reliquia de museo, de que la lucha de clases es concepto perimido. ¡Mentira! ¡Mentira construida desde los medios de comunicación concentrados, desde las usinas de pensamiento liberal, desde la academia domesticada! Ser de izquierda es, hoy más que nunca, exigir el verdadero cambio estructural. No se trata de refundar partidos ni de peregrinar nostálgicamente a los orígenes como si la historia fuera una pieza de museo a restaurar. Se trata de comprender, con claridad, que para mejorar las condiciones materiales del pueblo trabajador primero hay que derribar las estructuras que perpetúan los privilegios de la clase política, los fueros parlamentarios que funcionan como escudo de impunidad para legisladores que legislan en causa propia; el manoseo sistemático de la justicia, instrumentalizada según la conveniencia del poder de turno; la complicidad obscena entre poderes del Estado que blinda a la casta política mientras criminaliza la protesta social; el financiamiento opaco de campañas que convierte la democracia en subasta al mejor postor.

No se trata de pedir reformas cosméticas. Se trata de arrancar de raíz el régimen de privilegios. Se trata de que la política deje de ser carrera lucrativa para unos pocos y vuelva a ser servicio colectivo. Se trata de que el presupuesto nacional responda a las necesidades del pueblo y no a las exigencias del capital financiero. Se trata de que la soberanía popular no sea frase de campaña sino práctica cotidiana de participación, de decisión, de poder real.

Que la partidocracia ceda, de una vez y para siempre, el paso a la democracia verdadera, al gobierno de las mayorías trabajadoras, al poder popular organizado, a la izquierda que no se arrodilla, que no negocia principios por cargos, que no confunde gestión con transformación, que no llama progresismo a la administración dócil del capitalismo. La izquierda verdadera no pide permiso. La izquierda verdadera construye poder desde abajo. La izquierda verdadera no se arrodilla ante el amo del norte ni ante el gran capital. La izquierda verdadera se organiza, combate y vence.

 

Publicado por El Muerto

Funcionario de la embajada de Uruguay en Estados Unidos asistió a la cumbre contra el “terrorismo político” que lideró Marco Rubio

 Cueva de fachos

Funcionario de la embajada de Uruguay en Estados Unidos asistió a la cumbre contra el “terrorismo político” que lideró Marco Rubio

Desde Cancillería dijeron a la diaria que fue “con la instrucción precisa de escuchar”, al tiempo que Estados Unidos anunció restricciones de visas para “terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”

la diaria17 de julio de 2026

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a la diaria que un representante de la embajada uruguaya en Washington participó este jueves en la cumbre para “combatir el resurgimiento del terrorismo político” que lideró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la sede del Departamento de Estado. Señalaron que el diplomático acudió “con la instrucción precisa de escuchar simplemente”. 

Durante la reunión, en la que participaron un total de 66 países, Rubio referenció “décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones”, y mencionó a múltiples grupos guerrilleros de América del Sur –incluyendo al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros–, además de solicitar una “respuesta internacional” a la “problemática”. 

En un comunicado de prensa que se publicó el jueves en el sitio web del Departamento de Estado, la administración estadounidense anunció “una nueva política de restricción de visas dirigida a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”. Rubio lo avisó en sus redes sociales y escribió que “los extranjeros que financian, incitan o ayudan a terroristas de extrema izquierda son enemigos de nuestra civilización” y “no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Aplicará sobre aquellos que “hayan apoyado o incitado a cometer actos de terrorismo, hayan respaldado actividades delictivas violentas, hayan participado en sabotajes económicos, hayan financiado, reclutado o prestado apoyo logístico a acciones violentas o criminales cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines y/o hayan facilitado la convergencia de redes terroristas de extrema izquierda y otras redes afines con el fin de llevar a cabo acciones violentas”.

Consideraron que este tipo de grupos “suelen recurrir a redes sofisticadas y organizadas para perpetrar actos violentos como herramienta política” y buscan “imponer una visión política extremista mediante la intimidación y campañas coordinadas de terror”. Además, la publicación afirmó que utilizan “atentados con bombas, asesinatos y otras formas de terrorismo para silenciar la libertad de expresión, limitar la oposición política, influir en los resultados de las políticas y sabotear los procesos políticos”.

En ese sentido, sostuvo que la decisión “protegerá el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros” que hayan formado parte de esas actividades al cerrar “las vías de obtención de visados que los terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines explotan para amenazar vidas estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en suelo estadounidense”. Además de Rubio, en el acto participaron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller y el vicesecretario de Estado Christopher Landau. El canciller argentino Pablo Quirno publicó en X que también tuvo “el honor” de representar a su país en la instancia y apuntó que “el terrorismo político de izquierda busca convencer a las sociedades libres de que el miedo es más fuerte que la ley y la violencia más poderosa que el voto como en Colombia, Perú y Bolivia”. “La izquierda erosiona los cimientos que sostienen a las sociedades libres”, valoró.

 

También participaron el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Israel, Gideon Sa'ar, quienes se fotografiaron con Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para supervisar y combatir el antisemitismo, que lo publicó en X y agregó que también se reunió con ministros de Asuntos Exteriores y jefes de delegación de Chile, Macedonia del Norte, Rumania y Serbia.

“Realmente genera irritación, genera rechazo, esa intromisión y esa intención de incidir en la interna de otros países. Yo podría haber coincidido con esa definición de Estados Unidos hace 60 años, pero hoy me parece que suena hasta ridículo”, señaló este viernes el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, durante una entrevista en la diaria Radio.

El encuentro fue una “oportunidad histórica” para una “acción coordinada”

Un documento que elaboró el gobierno estadounidense, al que accedió la diaria, sostiene que el encuentro representó una “oportunidad histórica” para “sentar las bases de una acción coordinada contra esta nueva manifestación de terrorismo político”, incluyendo la colaboración en información, inteligencia y aplicación de la ley.

Además, el texto detalla que Estados Unidos reconoce que “el terrorismo político organizado representa un peligro grave y creciente”, catalogándolo como una “amenaza” que ha “pasado inadvertida en la estrategia antiterrorista de la comunidad internacional”.

“En el último año, funcionarios estadounidenses han colaborado con fuerzas del orden, profesionales de la lucha antiterrorista, fiscales y analistas de inteligencia de todo el mundo. Estas interacciones revelan una tendencia clara: los terroristas motivados políticamente y conectados a redes globales —en particular los de extrema izquierda— recurren cada vez más a la violencia organizada y letal para promover sus objetivos políticos”, indicó la misiva.

No cuadra por ningún lado. Uruguay participó como país de una cumbre ultraderechista que busca sembrar el odio y desestabilizar las democracias.

17 de julio de 2026

Por Leopold Vasili

La participación de la República Oriental del Uruguay en la denominada “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”, celebrada en Washington y convocada por el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, vuelve a encender alarmas profundas en la sociedad. Esta situación no debería preocupar únicamente al seno de la izquierda, sino también a todos aquellos actores que defienden la convivencia democrática, la paz y el respeto internacional.

Hay que decirlo con la claridad, la participación de Uruguay constituye una actitud inexplicable y vergonzosa, prestándose a participar de una instancia que carece por completo de rigurosidad académica y jurídica, cuyo único fin es imponer una agenda ideológica de extrema derecha y debilitar la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

Durante el encuentro —en el que participaron representantes diplomáticos de más de 60 países— Marco Rubio arremetió de forma directa contra el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), catalogándolo como parte de una "threat" (amenaza global) y equiparándolo burdamente con redes criminales internacionales vigentes. También se referio con menosprecio y vinculando a una supuesta práctica terrorista a movimientos y partidos marxistas, como también al "comunismo".

Es absolutamente inadmisible que Uruguay, como Estado soberano, se pliegue a discursos tan peligrosos para la salud democrática.

El argumento de la "segunda línea" es un chiste de mal gusto

De acuerdo con versiones surgidas desde la propia Cancillería uruguaya, el envío de un funcionario diplomático de segunda línea de la embajada en Washington pretendió justificarse como una "señal de distancia" o un gesto de supuesta neutralidad del gobierno de Yamandú Orsi frente a las iniciativas radicales de la Casa Blanca. Este argumento no es de recibo bajo ningún concepto: Uruguay no tiene ningún tipo de obligación de participar en instancias de claro tinte ultraderechista, por más que la convocatoria provenga de un alto funcionario de los Estados Unidos.

Este hecho se traduce en un nuevo error diplomático de gravedad, equiparable o incluso peor que la reciente e injustificada visita del presidente Orsi al buque de guerra estadounidense. En definitiva, representa una pésima señal política para la fuerza de izquierda que ganó el gobierno, la cual sostiene históricamente definiciones claras de carácter antiimperialista, democrático y pacífico.

Parece innecesario tener que recordar que, en el ámbito de las relaciones internacionales, la presencia física y oficial de un Estado es la forma explícita de convalidar de hecho el temario y el tono de una reunión. Mandar a un diplomático de menor rango no atenúa la gravedad institucional: Uruguay estuvo formalmente en la "foto" y en el acta de una cumbre donde se insultó y criminalizó a fuerzas políticas legítimas que hoy integran legal y democráticamente el gobierno de nuestro país. Esto representa una agresión directa a la soberanía institucional uruguaya que jamás debió ser tolerada con asistencia alguna.

Anacronismo y agresión a la paz democrática

Colocar a una parte fundamental de la izquierda uruguaya bajo el rótulo de "terrorismo" y señalarla como un peligro global denota una ignorancia supina o, peor aún, una manifiesta mala fe geopolítica destinada a fracturar las democracias regionales y a sembrar sospechas e inestabilidad innecesarias.

Con esta postura, la administración estadounidense pretende trazar líneas divisorias ideológicas y revivir las lógicas más rancias de la Guerra Fría, buscando desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales que azotan al continente, tales como la desigualdad, la crisis climática y la exclusión económica. Que la diplomacia uruguaya se preste para estas puestas en escena daña severamente la tradición histórica del país en la defensa irrestricta de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Movilización y exigencia de explicaciones públicas

Ni el Frente Amplio (FA) ni las fuerzas populares y democráticas de nuestro país pueden permitir que esta preocupante actitud del gobierno pase desapercibida. Ante la gravedad de los hechos, se vuelve imperioso exigir al Poder Ejecutivo que fije una postura clara, pública y contundente, aclarando las razones de esta participación y comprometiéndose formalmente ante la ciudadanía a que este tipo de claudicaciones internacionales no vuelvan a repetirse en el futuro.

via El Muerto

Basta de xenofobia, persecución y criminalización de quienes buscan un futuro mejor

 

EL MUNDO ES MIGRANTE

Basta de xenofobia, persecución y criminalización de quienes buscan un futuro mejor

La migración acompaña a la humanidad desde sus orígenes. Ningún pueblo del mundo está exento de ella. Millones de personas migran cada año escapando de guerras, bloqueos económicos, persecuciones políticas, violencia, hambre o simplemente buscando una oportunidad de vida digna para sus familias. Sin embargo, asistimos a una peligrosa ofensiva internacional que pretende convertir al migrante en el chivo expiatorio de todos los problemas sociales. Estados Unidos encabeza hoy una política de endurecimiento migratorio caracterizada por redadas, detenciones y deportaciones masivas. 

Diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han cuestionado estas medidas por sus consecuencias sobre los derechos fundamentales de las personas migrantes. A ello se suma la creciente externalización de las deportaciones y el traslado de personas deportadas hacia terceros países, situación que ha generado fuertes críticas y denuncias de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Especial preocupación genera el caso de El Salvador, donde personas deportadas desde Estados Unidos han sido enviadas a centros de detención de máxima seguridad en el marco de acuerdos bilaterales.

 Organizaciones internacionales han advertido sobre posibles violaciones al debido proceso, a las garantías judiciales y a los derechos humanos fundamentales de las personas afectadas. 

 En Argentina, el gobierno de Javier Milei profundizó esta orientación mediante el DNU 366/2025, que endurece la legislación migratoria, amplía causales de expulsión y restringe derechos de las personas migrantes. Diversas organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y de migrantes consideran que estas medidas contribuyen a instalar un clima de estigmatización y discriminación. Resulta especialmente grave el creciente hostigamiento y persecución que denuncian integrantes de la colectividad boliviana en Argentina. 

Discursos oficiales, controles selectivos, declaraciones públicas y medidas administrativas han sido interpretados por numerosos referentes sociales como parte de un proceso de criminalización que afecta principalmente a una comunidad que durante décadas ha contribuido con su trabajo, su cultura y su esfuerzo al desarrollo económico y social de la Argentina.

 La colectividad boliviana no es un problema: es parte del pueblo trabajador que construye diariamente este país. 

 Al mismo tiempo, en Uruguay se abrió una fuerte polémica ante la posibilidad de que el gobierno de Yamandú Orsi acepte recibir personas deportadas desde Estados Unidos. Esa eventualidad ha provocado importantes diferencias dentro del propio Frente Amplio. La mayoría de los sectores, dirigentes y legisladores de la fuerza política han manifestado reparos o rechazo a esa posibilidad, sosteniendo que Uruguay no debe transformarse en receptor de políticas migratorias impuestas desde Washington y que ello sería incompatible con la histórica tradición uruguaya de defensa de los derechos humanos, del derecho de asilo y de la solidaridad internacional. Hasta el momento, el gobierno uruguayo ha señalado que no existe un acuerdo definitivo con Estados Unidos.

 La xenofobia no nace espontáneamente. Se construye desde el poder político, desde determinados medios de comunicación y desde discursos que buscan enfrentar a pobres contra pobres, trabajadores contra trabajadores, nacionales contra migrantes.

 Se intenta instalar la idea de que el extranjero es responsable de la inseguridad, de la falta de empleo o de las crisis económicas, cuando en realidad las verdaderas causas se encuentran en modelos económicos excluyentes, en la concentración de la riqueza y en políticas que favorecen a los sectores más poderosos.

 Desde RedContactoSur expresamos nuestro más enérgico rechazo, repudio y denuncia frente a todas las políticas que promuevan la xenofobia, el racismo, la discriminación y la persecución de las personas migrantes, en Argentina, en Estados Unidos, en El Salvador, en Uruguay y en cualquier lugar del mundo. 

 Denunciamos la utilización política del fenómeno migratorio para sembrar miedo, dividir a los pueblos y ocultar las verdaderas causas de las desigualdades sociales. Rechazamos la criminalización de la pobreza y de la migración. Rechazamos los discursos de odio. Rechazamos que se persiga a la colectividad boliviana o a cualquier comunidad migrante. 

 Reafirmamos que ningún decreto, ningún muro, ninguna cárcel y ninguna campaña de odio podrá borrar una verdad histórica: el mundo es migrante. 

 Los pueblos de América Latina fueron construidos por migrantes. Nuestros abuelos y abuelas cruzaron fronteras buscando trabajo, libertad, paz y dignidad. Hoy millones de latinoamericanos continúan ese mismo camino. Por eso, defender a los migrantes es defender nuestra propia historia y nuestro propio futuro. Migrar no es un delito. La solidaridad no puede convertirse en delito. 

 Los derechos humanos no reconocen nacionalidades. Porque donde exista un migrante perseguido, allí debe estar presente la solidaridad internacional de los pueblos.

Lic. Rubén Suárez

Director RedContactoSur

Red Internacional de Comunicación Popular y Alternativa

Siempre por la verdad.

⚠️ Bolivia ingresa a un periodo de alto riesgo de incendios forestales

Entre el 27 y el 30 de julio se prevé un incremento de las temperaturas máximas en gran parte del territorio nacional, incluyendo el Altiplano, los Valles, la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco.

La combinación de:

• temperaturas elevadas,

• escasa nubosidad,

• intensa radiación ultravioleta (UV),

• baja humedad relativa,

• y ráfagas de viento,

creará condiciones altamente favorables para el inicio y rápida propagación de incendios forestales.

Las imágenes satelitales GOES-19 permiten observar una atmósfera con poca cobertura nubosa durante gran parte del territorio nacional, favoreciendo una mayor incidencia de la radiación solar sobre la superficie terrestre.

Evitemos los incendios

La mayoría de los incendios forestales en Bolivia tienen origen humano.

Por ello es fundamental:

🔥 No realizar chaqueos.

🔥 No efectuar quemas de basura.

🔥 No arrojar colillas de cigarro.

🔥 No encender fogatas.

🔥 Denunciar inmediatamente cualquier columna de humo a las autoridades competentes.

Cada incendio evitado representa miles de árboles, animales silvestres, fuentes de agua y vidas humanas protegidas.

Cecilia Méndez 
MADALBO 

 

¿Tarifa preferencial para policías en Mi Teleférico? Una medida que merece explicación jurídica, social y financiera

La decisión de otorgar un descuento del 30 % a efectivos activos de la Policía Boliviana para el uso de Mi Teleférico abre un debate que va más allá del beneficio concreto anunciado. No se trata de cuestionar la labor de la institución policial ni su función en materia de seguridad ciudadana, sino de preguntarnos bajo qué criterios jurídicos, sociales y económicos una empresa estatal de transporte puede establecer una tarifa preferencial para un grupo específico de servidores públicos.

La medida fue anunciada el 24 de julio de 2026 y contempla una tarjeta preferencial para efectivos activos de la Policía Boliviana, con un descuento del 30 % en el primer viaje, un costo de Bs 30, carácter personal e intransferible y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Según la información difundida, el beneficio surge de un convenio interinstitucional y busca reconocer la vocación de servicio de los policías, además de fortalecer la coordinación entre ambas instituciones para mejorar la seguridad en las estaciones del sistema. (La Octava⁠)

La pregunta, sin embargo, es inevitable: ¿cuál es el fundamento jurídico y técnico para otorgar este beneficio específicamente a los efectivos policiales?

La tarifa diferenciada tiene una finalidad social

La Ley N.º 165, Ley General de Transporte, promulgada el 16 de agosto de 2011, establece principios relacionados con la solidaridad, la compensación y la accesibilidad al transporte público.

Su artículo 49, referido a las tarifas solidarias o especiales, dispone que las políticas públicas destinadas a mejorar el acceso al transporte deben aplicarse sin comprometer la viabilidad financiera de los operadores. La misma disposición establece descuentos para personas con discapacidad calificada en niveles grave o muy grave y para adultos mayores de 60 años. Asimismo, señala que los descuentos para infantes, niñas, niños y estudiantes deben ser definidos por la autoridad competente mediante normativa específica. (Infoleyes⁠)

Esto es importante porque evidencia que la tarifa diferenciada no es, en esencia, un premio o reconocimiento institucional. Tiene una función de política pública y de protección social, orientada a facilitar el acceso al transporte a determinados segmentos de la población en razón de condiciones objetivas y reconocidas por la normativa.

Por ello, el debate no debería plantearse como una oposición entre “policías” y “no policías”. El verdadero asunto es determinar qué criterio de política tarifaria se está aplicando y si ese criterio puede ser utilizado de manera selectiva para beneficiar a una determinada categoría profesional.

¿Por qué policías y no otros servidores públicos?

La Constitución Política del Estado establece en su artículo 14 que el Estado prohíbe toda forma de discriminación, entre otras razones, por condición económica o social y, de manera expresa, por el tipo de ocupación, cuando tenga por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. (SENAPI⁠)

Esto no significa que toda diferencia de trato sea automáticamente inconstitucional. El Estado puede establecer tratamientos diferenciados cuando exista una justificación objetiva, razonable y proporcional.

Precisamente por ello, la medida anunciada obliga a formular algunas preguntas:

¿Cuál es la razón objetiva que justifica otorgar un descuento tarifario a los policías activos y no a otros servidores públicos que también cumplen funciones esenciales para la sociedad?

¿Dónde quedan los maestros, el personal de salud, los bomberos, los trabajadores de emergencias, los funcionarios que prestan servicios esenciales o quienes desarrollan labores de alto riesgo?

Y existe una pregunta todavía más importante:

¿El criterio utilizado es la profesión o la condición de vulnerabilidad económica, social o física del usuario?

Si se trata de reconocer la importancia social de determinadas funciones públicas, entonces el criterio deja de ser estrictamente social y se convierte en un reconocimiento vinculado a la ocupación. En ese caso, sería razonable preguntarse por qué ese reconocimiento corresponde exclusivamente a la Policía Boliviana y no a otros sectores que también prestan servicios esenciales.

La propia Constitución obliga a mirar la medida desde la igualdad

El artículo 14 de la Constitución es particularmente relevante porque incluye el tipo de ocupación entre las condiciones respecto de las cuales debe evitarse la discriminación arbitraria. (SENAPI⁠)

Por tanto, la discusión jurídica no debería limitarse a determinar si existe una norma que permita establecer una tarifa diferenciada. También debe analizarse si la categoría escogida para recibir el beneficio responde a una finalidad legítima y si existe una relación razonable entre esa finalidad y el descuento otorgado.

Si la justificación es la seguridad en las estaciones, por ejemplo, corresponde explicar si esa finalidad debe materializarse mediante una reducción tarifaria o si existen otros instrumentos administrativos o presupuestarios más apropiados para fortalecer la coordinación institucional entre Mi Teleférico y la Policía.

La seguridad del sistema de transporte es, sin duda, una finalidad legítima. Lo que corresponde discutir es si el mecanismo elegido —un descuento tarifario exclusivo para policías activos— es el instrumento jurídica y económicamente adecuado para alcanzarla.

La Ley 165 también habla de sostenibilidad económica

Existe otro elemento que no puede quedar fuera de este debate: la sostenibilidad financiera del servicio público.

La Ley N.º 165 dispone que el régimen tarifario debe considerar los costos reales de prestación del servicio y que las tarifas deben contribuir al equilibrio financiero y a la sostenibilidad de las operaciones. Asimismo, el artículo 49 condiciona las políticas de solidaridad a que no se comprometa la viabilidad financiera de los operadores. (Infoleyes⁠)

Por ello, toda reducción tarifaria debe responder a una pregunta elemental:

¿Quién asume el costo de ese descuento?

Si un pasajero paga menos que la tarifa ordinaria, existe una diferencia económica que debe ser absorbida por alguna vía. Puede ser asumida por la propia empresa, compensada mediante recursos públicos o estructurada bajo otro mecanismo financiero autorizado. Pero no puede simplemente desaparecer del análisis.

Más aún cuando estamos hablando de una empresa estatal de transporte, cuyo equilibrio económico y sostenibilidad financiera son asuntos de interés público.

Por eso sería pertinente conocer si antes de implementar la medida se realizó:

* un estudio del impacto económico del descuento;

* una estimación del número de efectivos policiales que utilizarán el beneficio;

* una proyección de la pérdida de ingresos por la tarifa preferencial;

* un análisis de sostenibilidad financiera;

* y la identificación expresa de la fuente que compensará o absorberá el costo de la medida.

El convenio interinstitucional no debería sustituir la fundamentación tarifaria

Según la información publicada, el descuento surge de un convenio interinstitucional entre Mi Teleférico y la Policía Boliviana. El convenio también contempla acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en las estaciones. (La Octava⁠)

Aquí aparece otro punto que merece transparencia.

Un convenio entre dos instituciones públicas puede establecer mecanismos de cooperación dentro del ámbito de sus competencias. Pero la existencia de un convenio no responde por sí sola a la pregunta de cuál es la base jurídica específica para modificar o establecer una categoría tarifaria preferencial.

Por ello, sería importante que Mi Teleférico haga pública la resolución, reglamento, instrumento administrativo o disposición específica que sustenta el beneficio y explique cómo se articula con la Ley N.º 165 y con la Ley Departamental N.º 128, que establece el régimen tarifario del Sistema de Transporte por Cable en el departamento de La Paz. Esta última norma tiene precisamente por objeto establecer y actualizar el régimen tarifario aplicable al sistema de transporte por cable. (Congreso de la República del Perú⁠)

Una política de inclusión no debería convertirse en una política de privilegios

Las tarifas diferenciadas tienen sentido cuando permiten corregir desigualdades y garantizar que determinadas personas puedan acceder efectivamente a un servicio público esencial.

Por eso existen categorías como adultos mayores y personas con discapacidad; y, de acuerdo con la normativa específica correspondiente, estudiantes y otros grupos que requieren una consideración tarifaria especial.

El problema aparece cuando la tarifa preferencial deja de responder a una condición objetiva de vulnerabilidad o necesidad y comienza a utilizarse como mecanismo de reconocimiento institucional a determinados grupos.

Los policías cumplen una función fundamental para el Estado y para la sociedad. Eso no está en discusión.

La pregunta es otra:

¿La condición de ser policía activo constituye, por sí misma, una situación de vulnerabilidad económica o social que justifique una tarifa preferencial dentro de un servicio público estatal?

Si la respuesta es afirmativa, debería existir un estudio técnico y social que lo demuestre.

Y si la respuesta es que el descuento constituye un reconocimiento por la función que desempeñan, entonces corresponde explicar por qué ese reconocimiento no se aplica bajo criterios generales a otros servidores públicos que también realizan funciones esenciales, de riesgo o de servicio directo a la población.

La pregunta de fondo es de equidad

El debate no debería ser utilizado para enfrentar a policías con maestros, médicos, bomberos, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad o trabajadores.

El verdadero debate es qué modelo de política tarifaria queremos para un servicio público estatal.

Si el principio es la solidaridad, debe existir un criterio claro.

Si el principio es la vulnerabilidad, debe demostrarse la condición de vulnerabilidad.

Si el principio es el reconocimiento al servicio público, debe establecerse una regla general y objetiva que permita determinar quiénes pueden acceder a ella.

Y si el argumento es la seguridad de los usuarios y de las estaciones, entonces debe explicarse por qué la reducción tarifaria constituye el mecanismo más adecuado para alcanzar ese objetivo.

En definitiva, la discusión no consiste en determinar si los policías “merecen” o “no merecen” un descuento. La cuestión es si el Estado puede otorgar una tarifa preferencial financiada o administrada dentro de un servicio público estatal sobre la base de una categoría ocupacional específica, sin una justificación objetiva, técnica, financiera y jurídicamente suficiente.

Antes de ampliar este tipo de beneficios, sería razonable que Mi Teleférico y las autoridades competentes transparenten el fundamento normativo de la medida, los estudios que la respaldan, su impacto financiero y los criterios utilizados para seleccionar a sus beneficiarios.

Porque una tarifa social debe ser, ante todo, social, objetiva, transparente y sostenible.

Y porque en un Estado de derecho, incluso una medida aparentemente pequeña —como pagar menos por un pasaje— merece una explicación cuando los recursos, las reglas y los servicios involucrados son públicos.

Por Cecilia Méndez 

MADALBO 

Venezuela. Jorge Rodríguez padre: la semilla que no deja de germinar en el presente venezolano

 Por Geraldina Colotti, RedContactoSur , 25 de julio de 2026.

Hay nombres de revolucionarios que los vencedores
intentan enterrar en la infamia o en el olvido. Así, la
historia oficial de la IV República, en Venezuela,
quería borrar en la oscuridad de una celda, bajo los
golpes de una violencia de Estado que pretendía
apagar la voz de los pueblos, la figura de Jorge
Antonio Rodríguez. El 25 de julio de 1976, las
torturas de la DISIP destrozaron su cuerpo y lo
entregaron a la familia diciendo que había muerto de
un paro cardíaco. Solo muchos años después, tras la
victoria de Chávez en las elecciones y la entrada en la
política de los dos hijos del resistente –Jorge y Delcy,
respectivamente presidente del parlamento y
presidenta encargada tras el secuestro de Maduro y de
la primera combatiente Cilia Flores –, el médico que
había redactado el informe confesó haberlo hecho
bajo amenaza.
Jorge Antonio tenía solo 34 años, la firmeza de un
maestro rural nacido en Carora, la templanza del
militante entrado en la guerrilla para combatir la
opresión y la visión estratégica de quien había

fundado la Liga Socialista para dar forma organizada
al poder popular.
Para el régimen de la falsa democracia representativa,
siervo de los intereses estadounidenses, un hombre así
no podía ser calificado más que como «terrorista». Era
la misma y desgastada narrativa con la que las élites
criminalizan a quienes empuñan la resistencia y se
niegan a someterse al orden establecido: transformar a
los combatientes por la liberación en «enemigos
públicos» para justificar su persecución y
aniquilamiento. Pensaban que habían acabado con un
hombre. En cambio, la historia ha demostrado que
solo habían sembrado un principio.

Hoy, recordar a Jorge Rodríguez, como la revolución
bolivariana ha hecho cada año, no es un ejercicio
nostálgico ni un rito conmemorativo momificado. Es,
al contrario, una exigencia política impelente y viva.
En un momento en que la Venezuela bolivariana
atraviesa una de las fases más complejas de su historia
reciente, amenazada por asedios económicos,
chantajes imperiales e intentos de desnaturalizar la
trayectoria de emancipación trazada por el pueblo, la
figura de Jorge Rodríguez padre vuelve a hablar con
una lucidez desarmante.

«El socialismo se conquista luchando», solía repetir. Y
en ese verbo —luchar— no había lugar para los atajos
de la rendición, ni para las ilusiones de una
adquisición pacífica y burguesa de los derechos de la
clase trabajadora. Para Jorge Rodríguez, la coherencia
política era una cuestión de ética militante: la defensa
del territorio, el rechazo a la injerencia extranjera y la
fe inquebrantable en el papel histórico de los obreros,
de los campesinos y de los estudiantes.

Hoy, esa misma coherencia está llamada a medirse
con el presente. En el cuerpo colectivo de la clase
obrera venezolana que resiste en las fábricas, en los
CPTT y en las comunas, la memoria de Jorge padre no
es un recuerdo estático, sino una trinchera ideológica.
Nos recuerda de dónde viene este proceso: no de
concesiones de palacio, sino de la sangre derramada
por la militancia antifascista, guerrillera y
antimperialista que resistió a las décadas de la
represión negociada.

Mirar la figura de Jorge Rodríguez hoy significa
hacerse preguntas incómodas y necesarias: ¿cómo
preservar esa herencia de clase frente a las sirenas del
liberalismo y a las presiones geopolíticas? ¿Cómo
garantizar que el «rojo» de la convicción socialista no
se diluya en las nieblas del compromiso táctico?

La respuesta reside en el ejemplo de aquel 25 de julio.
El cadáver entregado a la familia llevaba las marcas
de una barbarie que quería romper una idea; pero esa
idea atravesó décadas, alimentó la llamarada de la
Revolución Bolivariana y se convirtió en patrimonio
del internacionalismo de todo el continente.

Jorge Rodríguez padre sigue caminando al lado de
quien no cede, de quien rechaza la arrogancia del
imperio y de quien sabe que la dignidad de un pueblo
no se vende ni se negocia. Su nombre no pertenece al
pasado: es un imperativo del presente.

Situación de los incendios forestales en Bolivia (Actualización al 26 de julio de 2026)

 

El monitoreo nacional reporta 1.611 focos de calor distribuidos en diferentes regiones del país y dos incendios forestales activos, ubicados en los departamentos de Tarija y Chuquisaca. Aunque el número de incendios activos es reducido en comparación con años anteriores, las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días incrementan significativamente el riesgo de nuevos eventos. 

1. Tarija — Emergencia departamental (la situación más crítica)

El incendio iniciado alrededor del 16 de julio en la serranía de San Lorenzo continúa siendo el evento de mayor magnitud del país. Las zonas de Erquis Ceibal, La Victoria, Sella, Tunal, Quirusillas, Tomatas Grande y otras comunidades han concentrado los mayores esfuerzos de combate. La Gobernación declaró Estado de Emergencia Departamental el 21 de julio. 

Acciones en curso:

* Bomberos de la Policía Boliviana.

* Fuerzas Armadas.

* Defensa Civil.

* Brigadas voluntarias.

* Personal de salud desplazado a las comunidades afectadas.

* Procesos penales abiertos para investigar posibles responsables de los incendios. 

2. Santa Cruz

Aunque no presenta un incendio puntual de la magnitud de Tarija, Santa Cruz concentra actualmente la mayor cantidad de focos de calor del país, lo que incrementa significativamente el riesgo de nuevos incendios forestales, especialmente en la Chiquitanía y zonas de transición hacia la Amazonía. 

Aunque concentra la mayor cantidad de focos de calor del país, los incendios forestales registrados durante la semana fueron controlados en gran parte. Sin embargo, continúa el monitoreo permanente en sectores cercanos al Triángulo de Foianini y otras zonas vulnerables, debido a que las condiciones atmosféricas podrían favorecer nuevos incendios.

3. Beni, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Pando y Potosís

Estos departamentos presentan menor cantidad de focos de calor, pero permanecen bajo vigilancia debido al incremento de temperaturas, baja humedad y pronóstico de vientos para los próximos días. 

Chuquisaca

La noche del viernes fue reportado un nuevo incendio forestal que continúa bajo evaluación y combate por parte de las autoridades locales y nacionales. Su evolución dependerá principalmente de las condiciones meteorológicas de los próximos días.

Lo que hoy observamos refleja una preocupante falta de memoria colectiva.

 

En una de las imágenes se aprecia el devastador incendio de la Reserva Biológica Cordillera de Sama ocurrido en agosto de 2017. El fuego se inició en la zona de Erquiz Ceibal y, entre el 9 y el 13 de agosto, avanzó con rapidez debido a los fuertes vientos y las condiciones de extrema sequedad. El incendio afectó entre 12 y 16 comunidades, consumió aproximadamente 13.100 hectáreas —de las cuales cerca de 10.900 hectáreas correspondían al interior de la Reserva, es decir, alrededor del 10 % de toda su superficie protegida— y dejó profundas consecuencias ecológicas, sociales y económicas para Tarija. También cobró vidas humanas, destruyó pastizales, afectó fuentes de agua, fauna silvestre, ganado y medios de subsistencia de cientos de familias. 

En la otra imagen se observa un incendio ocurrido nueve años después, que vuelve a tener un origen inquietantemente similar: Erquiz Ceibal. Hasta la fecha ya se reportan alrededor de 3.000 hectáreas afectadas, y la preocupación crece porque la historia parece repetirse en el mismo punto de inicio.

La coincidencia no debería pasar desapercibida. Más allá de las condiciones climáticas, resulta imprescindible investigar con rigor las causas que hacen que estos incendios vuelvan a originarse en el mismo sector. La prevención no puede limitarse a apagar el fuego cuando ya se ha desatado; debe comenzar con la identificación de sus causas, el monitoreo permanente de las zonas críticas y la aplicación efectiva de medidas de control y sanción cuando corresponda.

Un pueblo que olvida sus tragedias ambientales está condenado a revivirlas. La memoria también es una herramienta de conservación.

Cecilia Mendez

MADALBO

🚨🔥Bolivia vuelve a encender sus alarmas ambientales

 

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Mientras Tarija concentra la atención nacional por el incendio en la Serranía de Sama, otros departamentos también enfrentan incendios forestales y un incremento acelerado de focos de calor.

Situación actual (julio de 2026):

🔥Tarija: incendio en Erquiz Ceibal – Serranía de Sama, que ya supera las 3.000 hectáreas afectadas y amenaza comunidades, fuentes de agua y biodiversidad. 

🔥Santa Cruz: es el departamento con la mayor cantidad de focos de calor del país. Existen incendios activos en sectores de Pailón, Porongo, San Matías y otras zonas donde las condiciones climáticas favorecen la propagación del fuego. 

🔥 Cochabamba: se registra un incendio en el sector Liriuni, al norte de Quillacollo, dentro del área del Parque Nacional Tunari, donde trabajan brigadas de bomberos y voluntarios para evitar que el fuego continúe expandiéndose. 

A nivel nacional, el monitoreo oficial reportó entre 800 y más de 1.700 focos de calor en pocos días, una cifra que evidencia el rápido inicio de la temporada de incendios. 

Lo preocupante es que julio apenas marca el comienzo de la época seca. Históricamente, agosto y septiembre son los meses más críticos, por lo que la prevención, el monitoreo y la respuesta temprana serán determinantes para evitar que Bolivia vuelva a enfrentar un desastre ambiental como los de años anteriores.

Cecilia Mendez

MADALBO