Geraldina Colotti /RedContactoSur
Foto: Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero»
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha formalizado, con la publicación en Gaceta Oficial, la renovación del «Estado de Conmoción Exterior» por un período de 90 días. La medida, adoptada anteriormente por Maduro, ha completado el procedimiento constitucional con la ratificación de la Asamblea Nacional y el control de legitimidad de la Sala Constitucional del TSJ. No es la renovación de un acto burocrático de rutina, sino la continuación de la respuesta institucional al escenario inédito y crítico que se abrió el 3 de enero de 2026. En esa fecha, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, ocurrido en Caracas a manos de tropas especiales estadounidenses, imprimió una fractura profunda en la continuidad del Estado. Desde ese momento, Venezuela ya no opera en una dimensión política convencional: ha entrado en una fase cinética en la que cada decisión del gobierno encargado —desde la gestión de las infraestructuras estratégicas hasta la política exterior— es una respuesta obligada a un ataque que ha golpeado a la cúpula de la autoridad nacional. El decreto de renovación, que confiere al Ejecutivo facultades excepcionales, incluida la militarización de los nodos estratégicos de los hidrocarburos y la facultad de requisiciones para la defensa, retrata a un Estado en trinchera. Indica una condición impuesta desde el exterior, en la que la salvaguardia de la soberanía se juega en el filo de una supervivencia que ha transformado la gestión política en una crisis de seguridad permanente.
El perímetro de este asedio está dictado por el amenazante plan en tres fases preparado por los aparatos de seguridad liderados por el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. No se trata de una presión externa genérica, sino de una hoja de ruta quirúrgica e ideológicamente radical. Un plan que apunta a desarticular al Estado venezolano a través de un asfixiamiento financiero dirigido, la promoción de redes criminales como «caballos de Troya» para la desestabilización y la presión constante en vistas a una insurrección interna. Una especie de “revolución de color”, evitada hasta ahora, que allane el camino al retorno de María Corina Machado y desmonte la arquitectura completa del chavismo, basada en la constitución de 1999.
Machado, galardonada con el Nobel de la Paz 2025 como símbolo de “resistencia a la dictadura”, es hoy el eje de una extrema derecha que, aunque desprestigiada en el país, es apoyada por partidos xenófobos como Vox en España y segmentos del neofascismo europeo e internacional: una internacional suprematista que, nacida con la Carta de Madrid y usando la cabeza de ariete de sus padrinos de Miami, apunta al derrocamiento del sistema bolivariano, transformando cada instancia de malestar social —provocado por ellos con años de estrangulamiento económico-financiero (las sanciones)— en una palanca para la desestabilización final. Un proyecto fuertemente inervado en el entumecimiento cotidiano de las noticias, en un juego constante entre alarmas y teorías conspirativas. En este contexto, Machado ha anunciado que volverá en julio
El vínculo entre el sector privado local, que presiona por la abolición de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), y la extrema derecha internacional, no es casual: es un proyecto de «remigración» económica que apunta a vaciar al Estado socialista de toda función social, transformando a Venezuela en una economía subordinada como aquella de la que intentó esforzadamente liberarse con el chavismo. Pero la clase obrera, a quien Maduro antes de ser secuestrado le había encomendado el plan B —fusiles a los obreros y quemar los pozos en caso de invasión enemiga— está más vigilante y atenta que nunca. Y se empeña en mantener una firme caracterización ideológica, tendiente a contrarrestar el aguamiento simbólico que va tomando fuerza en este intento de “unidad nacional” que busca involucrar también a los sectores tibios o de la derecha más moderada.
El gobierno bolivariano, liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en calidad de presidenta encargada, no actúa como espectador pasivo, sino como un actor que intenta hacer impracticable la estrategia de Rubio, buscando pasos con resultados inciertos. La Realpolitik aplicada en Caracas, que muchos observadores externos califican apresuradamente de rendición, es en realidad un intento de crear una red de intereses económicos —con actores internacionales como Shell— que hagan demasiado costoso para Washington completar la agresión sin infligir daños colaterales a sus propios activos. Como hizo Maduro, se intenta reabrir la puerta, con promesas más tentadoras, a aquellas multinacionales que siempre han hecho negocios en Venezuela, antes de que Trump les impusiera irse, y que ahora deben ser incentivadas a invertir readaptando estructuras petroleras altamente deterioradas.
El Arco Minero del Orinoco se ha convertido en el cuadrante donde se concentra el conflicto entre soberanía y depredación. El área, rica en oro, coltán y tierras raras, es desde hace tiempo terreno de choque entre la construcción del poder popular, intentada por el gobierno, y la infiltración de redes criminales heredadas de la IV República. Como explicó hace algunos años un articulado reportaje de Maurice Lemoine, y como hemos documentado a nuestra vez en dos libros —Lo vi, no me lo contaron y Después de Chávez—, la apuesta del socialismo bolivariano fue la de desmontar ese sistema no con la represión, sino construyendo una realidad productiva cooperativista y respetuosa del medio ambiente, y con una audaz perspectiva antiextractivista.
Un proyecto que el gigantesco complejo de intereses alimentado por la política de “máxima presión” impuesto por el imperialismo con las “sanciones” se ha dedicado a desmontar, multiplicando las contradicciones internas, los puntos débiles y los errores de un proceso de democracia participativa audaz, pero aún incompleto. La realidad actual muestra un territorio donde la producción legal está puesta a dura prueba, si no fuera de control: mientras las estimaciones indican una contracción del sector petrolero apenas en recuperación, el gobierno intenta maximizar el rendimiento de los recursos del subsuelo para eludir el asfixiamiento financiero, apenas atenuado por algunas licencias parciales de la OFAC.
Para escapar de la asfixia económica, en los años el chavismo ha intentado ofrecer a precio regalado las inmensas reservas de oro (las segundas del mundo), incurriendo, también, en las inevitables desviaciones. Las organizaciones locales denuncian que el vacío dejado por el Estado en algunas áreas ha favorecido la consolidación de actores ilegales, alimentados por una cadena internacional, que transita desde el Caribe hacia las refinerías europeas y que esquiva los controles cambiarios.
La lucha en esta zona no es solo ambiental o anti-criminal, sino una partida geopolítica por el control de materias primas estratégicas que Washington busca sustraer de la influencia de los socios orientales. Y que ahora, aprovechando la nueva situación, busca asegurarse en seguridad, resolviendo a su manera el control sobre las organizaciones criminales, que ha oportunamente equiparado a organizaciones terroristas, como en el caso del Tren de Aragua.
Esta organización nació alrededor de 2010 dentro de la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua. El nombre deriva originalmente de un sindicato de obreros comprometidos en un proyecto ferroviario nunca completado en la región, cuyos miembros comenzaron a ejercer el control a través de la extorsión. Bajo la guía de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero» —uno de los «marginales» que el chavismo había intentado recuperar—, el penitenciario de Tocorón fue transformado en una base operativa de facto, en esa sociedad paralela que eran las cárceles de la IV República antes de que el socialismo bolivariano lograra bonificarlas (una situación que hemos podido documentar ampliamente en los años).
Tras la evasión de aquella cárcel, el bandido se puso a la cabeza de una organización que se expandió a lo largo de las rutas migratorias, estableciendo células en Colombia, Chile, Perú, Brasil y, más recientemente, en Estados Unidos. Sus actividades van desde la extorsión al tráfico de seres humanos, drogas y armas. En 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. designó oficialmente al grupo como «organización terrorista extranjera».
Ahora, la eliminación de Guerrero Flores, en una acción conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el ejército estadounidense, ha suscitado comprensibles protestas, más o menos motivadas, basadas sobre todo en el hecho de que la constitución bolivariana prohíbe cualquier presencia militar extranjera en el territorio (y sobre todo las bases militares extranjera).
Un argumento crítico planteado por los movimientos sociales (como los colectivos o las organizaciones comunitarias) es que las operaciones «conjuntas» con EE. UU. no busquen realmente desmantelar el crimen, sino crear un vacío de poder que las corporaciones y los actores privados ligados a Washington (o a la oposición radical) querrían ocupar. El temor es que, bajo el pretexto de la lucha contra el crimen y la defensa de la legalidad, se quiera desmantelar la arquitectura socialista del Estado y las formas de poder popular (y de autodefensa), que son la verdadera barrera contra la criminalidad organizada local, gestionada por los poderes fácticos.
Quien defiende la actual línea gubernamental sostiene, sobre la base de datos e investigaciones documentadas, que la colaboración entre las fuerzas de seguridad venezolanas y agencias internacionales, tanto francesas como españolas como estadounidenses, ya han ocurrido, y que esto no debe considerarse un «traición» de la soberanía, sino una praxis consolidada para gestionar expedientes criminales específicos que superan las fronteras nacionales. Por otro lado, la advertencia lanzada al continente con el secuestro de Maduro, y motivado por EE. UU. como defensa de su seguridad nacional amenazada por bandas armadas equiparadas a terroristas, ha llevado inmediatamente, después del 3 de enero, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a realizar junto con las tropas estadounidenses una sangrienta operación de varios días contra el cabecilla de un grupo criminal, por lo demás perdedor, reivindicándola a los cuatro vientos.
El cuadro en Venezuela se ha complicado también con la misión del general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, llegado a Caracas el 3 de junio con un vuelo oficial gestionado en secreto. La misión, presentada oficialmente como confrontación bilateral, ha suscitado dudas ligadas al perfil de Caine, socio de riesgo en varios fondos de inversión, entre ellos Ribbit Capital. La hipótesis que emerge del análisis de los actos de gobierno es que tales contactos busquen el posicionamiento de actores privados en sectores clave —defensa y ciberseguridad— en un contexto en el que el ala más radical de la oposición presiona por una apertura económica desregulada.
Para el gobierno encargado, se trataría de otro capítulo obligado de ese “repliegue táctico” que implica la elección de cooperar en terrenos limitados para evitar el choque total, entendido como único camino para preservar el proyecto revolucionario a largo plazo, evitando el colapso total que la extrema derecha ansía.
En este cuadro, Venezuela asume los rasgos de la «Zona» descrita en la película Stalker de Andrei Tarkovsky: un perímetro cercado donde las leyes de la política y de la física tradicional están suspendidas, las coordenadas espacio-temporales están alteradas y cada paso en falso puede conducir hacia trampas mortales. En la Venezuela de 2026, la «Zona» es el espacio político suspendido entre la soberanía defendida y la agresión externa. Entrar en ella significa confrontarse con los propios deseos más profundos y con los propios miedos. La dirigencia bolivariana, en esta Zona, busca no dejarse «aniquilar» (para usar los términos de Mao), adoptando tácticas que tienen raíces profundas en la historia revolucionaria, pero que, en el estado actual de las relaciones de fuerza, en el continente y a nivel global, no proporcionan las mismas garantías.
El gobierno bolivariano se mueve dentro de este espacio defendiendo su propia soberanía, pero constantemente condicionado por el «fantasma en la habitación»: el trauma del golpe chileno de 1973. La solicitud de una «prueba de vida» dirigida por el grupo dirigente superviviente —Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López— a los secuestradores estadounidenses, al día siguiente del 3 de enero, ha revelado la desnudez de las relaciones de fuerza: ¿qué habría sucedido si el destino de Maduro hubiera sido el de Salvador Allende?
Es un interrogante que pesa sobre cada nombramiento ministerial, sobre cada negociación y sobre cada silencio “pedagógico”. La prudencia del cuadro dirigente, a menudo leída por la base como estasis si no rendición, es la respuesta forzada a una infiltración militar que ha revelado grietas profundas en las estructuras de defensa. El repliegue táctico, análogo por lógica al de figuras históricas como Páez en los momentos de máxima presión, busca preservar el núcleo revolucionario evitando la ruptura frontal que Washington persigue.
Sin embargo, esta maniobra de supervivencia choca con una realidad de clase que no perdona: el riesgo, para quien gobierna, es que el pragmatismo necesario para evitar el aniquilamiento se transforme en una capitulación rastrera si no es apoyada por una transparencia radical hacia las organizaciones populares. El llamado a José Antonio Páez, el héroe de los llanos que supo alternar choques frontales con retiradas estratégicas, sirve para contextualizar la prudencia de hoy. Como para Mao durante la Larga Marcha, o para Lenin con la NEP —dice quien respalda el gobierno encargado—, el repliegue no es una rendición. La retirada maoísta sirvió para preservar el núcleo revolucionario del aniquilamiento del Kuomintang; la NEP leninista fue la «retirada» necesaria para evitar el colapso total después del Comunismo de Guerra.
El gobierno, hoy, aplica esta lógica: el «doble carril» diplomático —las licencias petroleras concedidas para inhibir la agresión estadounidense— es el empuje al extremo de la NEP venezolana, inaugurada por Maduro para hacer frente a las “sanciones”. El problema, que genera el conflicto con el poder popular, es la falta de esa «pedagogía de la crisis» que Lenin usó para explicar que la retirada era el preludio a un nuevo avance. Sin esta explicación, apoyada por acciones concretas, el tacticismo parece sin horizonte.
El proyecto de derrocamiento del sistema bolivariano pasa por la abolición de las tutelas laborales. Frente a esto, también la reestructuración administrativa iniciada por el gobierno para combatir la burocracia ha generado alarma. Diosdado Cabello —el vicepresidente del PSUV que para muchos es peligrosamente el blanco de EE. UU.— ha tenido que precisar que la fusión de los ministerios no apunta a los despidos, como ocurrió en Argentina con Milei, sino a la remoción de una burocracia que el gobierno mismo define como paralizante, en continuidad con el plan de revolución administrativa, y de revolución judicial anunciado por Maduro. La base sindical, sin embargo, permanece en alerta: pide que la eficiencia no se convierta en tecnocracia y que cada paso sea monitoreado por el poder popular.
El nombramiento de la poeta Rosa Inés Chávez (la hija menor del Comandante) a la cabeza de la Misión Venezuela Joven responde precisamente a la necesidad de reanclar simbólicamente el proyecto a la herencia paterna, buscando tranquilizar a la base mientras en los pasillos se desvanecen los símbolos históricos y se integran figuras de la Cuarta República para ampliar el consenso. El riesgo, para el gobierno, es que el pragmatismo, justificado como «mal menor», vacíe de significado la subjetividad política organizada que hasta ahora ha sido la única barrera contra el imperialismo.
El plazo del 22 de julio en Nueva York, cuando se llevará a cabo la audiencia para Maduro y Flores que inicialmente había sido fijada para el 30 de junio, precedida por la campaña internacional por su liberación, representará un ulterior punto de giro en la estrategia a adoptar.
Mientras tanto, la diplomacia bolivariana, en esta fase de transición obligada, busca mantener su apuesta también en el plano del orden multicéntrico y multipolar, en el que Venezuela permanece firmemente insertada. El fortalecimiento de los vínculos con el bloque ASEAN, junto con el mantenimiento en su propio territorio de las representaciones diplomáticas antiimperialistas (Cuba, Irán, Palestina, Rusia…), y la consolidación de la cooperación estratégica con Vietnam indican la actuación práctica de una visión que busca sustraer al país del chantaje del dólar y del asedio atlántico. Es la búsqueda de una geografía política alternativa que pueda garantizar a Venezuela el espacio necesario para respirar, lejos de la tenaza definida por los aparatos de Rubio.
Frente a este escenario complejo, no es tiempo para conclusiones esquemáticas y definitivas. Para quien no quiera adoptar la posición de João Pedro Stedile, del MST, que enumera las muchas razones por las cuales se debe seguir apoyando a la revolución bolivariana, más útil nos parece un ejercicio de análisis basado en la epoché: la puesta entre paréntesis, la suspensión del juicio para permitir a la realidad decantar. El destino del proyecto bolivariano no se juega solo en las cancillerías, sino en la capacidad de transformar la resistencia defensiva en un nuevo ciclo de iniciativa política revolucionaria, en el que la soberanía ya no sea defendida solo como bastión, sino relanzada como promesa de transformación social. La Venezuela de finales de junio es, en definitiva, un campo de fuerzas suspendido: su historia futura dependerá de la tenencia del vínculo entre la dirección política y la base social, el único verdadero termómetro capaz de medir, al neto de toda maniobra, la vitalidad de la transición al socialismo
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