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7/12/2026

¿DÓNDE ESTÁ PARADO EL VATICANO? Pedro Pierre ¡Oh sorpresa! El Vaticano, más exactamente el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, prohíbe a las y los laicos comentar la palabra de Dios durante las celebraciones de la Eucaristía. Eso es la respuesta que dio el Dicasterio de la liturgia en el Vaticano a los obispos alemanes que solicitaban mayor participación de las y los laicos en las celebraciones eucarísticas. Esta negativa sorprendió no solamente a los obispos alemanes sino también a muchos católicos por todas partes. Aparece como una contradicción con la apertura que el Concilio Vaticano 2° había demostrado al insistir sobre la promoción de todos los bautizados para que sean más activos tanto en la responsabilidad de ‘evangelizar’ o sea transmitir la Buena Nueva de Jesús de Nazaret como de participar activamente en la celebración de los sacramentos. La prohibición del Vaticano contradice la propuesta de sinodalidad por la que tanto insistió el papa Francisco, afín de combatir el clericalismo de los sacerdotes y obispos. En su discurso durante la 18ª Congregación General del Sínodo de la Sinodalidad (25 de octubre de 2016) mencionó que “el clericalismo es el cáncer de la Iglesia”. Lo criticó como “una forma de mundanidad que ensucia y daña al pueblo fiel de Dios”. De hecho, se definió la sinodalidad como la puesta en marcha en la Iglesia católica de la igualdad de todos los bautizados y su igual participación en las actividades y decisiones que se tomen en las parroquias, las diócesis y la Iglesia toda. Esta tajante afirmación del Vaticano se opone también a lo que afirmó la Asamblea Eclesial, o sea laicas y laicos, sacerdotes y obispos latinoamericanos reunidos en México en 2021: “Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) son un ejemplo concreto de Iglesia sinodal”… En miles de parroquias de América Latina, decenas de miles de laicas y laicos son los responsables de la evangelización y celebración de los sacramentos en lugares donde los sacerdotes no llegan o llegan una vez al año. El mismo papa Francisco consideró que el Documento final de esta Asamblea Eclesial de México era “un laboratorio de la sinodalidad”. En estos mismos días, el papa León 14 se está reuniendo con los cardenales “pidiéndoles su apoyo” para la gobernanza de toda la Iglesia. Casualmente el cardenal Nicolás López Rodríguez de República Dominicana afirma: "Necesitamos regresar al primer siglo de la Iglesia, no a las tradiciones de hace uno, dos o tres siglos". En la misma línea, los cardenales Jean‑Paul Vesco, arzobispo de Argel, y Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulán Bator en Mongolia, describen una misión entendida no como activismo, sino como una presencia humilde, relacional y llena de esperanza, llamada a anunciar el Evangelio en el corazón de sociedades que no han sido modeladas por el cristianismo. Por otra parte, resulta significativo que los Evangelios nunca presenten a Jesús como sacerdote. Lo llaman profeta, maestro, mesías, hijo del hombre, enviado de Dios, pero jamás sacerdote. La categoría sacerdotal aparecerá posteriormente en la Carta a los Hebreos, precisamente para explicar la originalidad absoluta de su misión: en Cristo se produjo un verdadero "cambio del sacerdocio". Jesús no pertenecía a la tradición sacerdotal de Aarón. No ejerció su misión desde el templo. No formaba parte de la casta sacerdotal. No se separó del pueblo para representar lo sagrado. Al contrario, su sacerdocio consistió precisamente en romper esa lógica religiosa. Mientras el sacerdocio del Antiguo Testamento se definía por la separación, Jesús se definió por la identificación y la cercanñia con los hombres y mujeres de su tiempo. Mientras el sacerdote tradicional ascendía hacia Dios desde el ámbito de lo sagrado, Jesús representó a un Dios que desciende hacia la humanidad y especialmente hacia los y las pobres, las personas excluidas y sufrientes. Su sacerdocio nació no de la distancia sino de la cercanía, no del privilegio sino de la solidaridad, no del poder sino del servicio, no del templo sino de la vida. Y alcanzó su culminación no en un santuario sagrado sino en una cruz levantada fuera de la ciudad, en el lugar de las personas marginadas. El sacerdocio de Jesús constituye una crítica permanente a toda forma de sacerdocio que tienda a separarse del pueblo, a elevarse sobre él o a monopolizar la mediación religiosa. El sacerdocio de Jesús fue el sacerdocio laico de la compasión, como él de todos los bautizados de hoy. Por estas y otras razones, las críticas en los medios de comunicación no se hicieron esperar: “El Dicasterio para la liturgia ha vuelto a cerrar la puerta que el Concilio Vaticano II entreabrió hace más de sesenta años¿ - El púlpito prohibido: Roma cierra la boca a los laicos en misa - La homilía prohibida: ¿la iglesia vuelve a elegir la cristiandad? - ¿Por qué Roma no prohíbe de paso predicar a muchos curas? - Los católicos alemanes se rebelan ante el 'No' del Vaticano a la predicación de los laicos en las misas - La iglesia que calla al pueblo: cuando el púlpito se convierte en frontera - ¿Qué sacerdocio quiere representar hoy la Iglesia? …” Recordemos el “sentido de fe” del Pueblo de los bautizados que es norma de fe, el famoso “sensus fidei” de la tradición de la Iglesia católica. Según lo repitió el papa Franciso: “Este discernimiento sobrenatural es suscitado y sostenido por el Espíritu de la verdad, lo que permite a los cristianos reconocer y seguir la acción de la gracia de Cristo en su vida diaria”. A pesar de los pesares, sigamos construyendo el sueño del papa Juan 23 retomado por el papa Francisco: “La Iglesia es de todos, pero más especialmente es la Iglesia de los pobres”. Confirmémonos en la opción por los pobres tal como lo dijeron los obispos latinoamericanos en su reunión de Puebla (México, 1979): Los invitamos a “aceptar y asumir la causa de los pobres como si fuera su propia causa, la causa de Cristo”. Trabajemos para que seamos lo que nos encomendaron el día de nuestro bautismo: “Eres profeta, sacerdotes y rey-pastor”.

 

¿DÓNDE ESTÁ PARADO EL VATICANO?




Pedro Pierre


¡Oh sorpresa! El Vaticano, más exactamente el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, prohíbe a las y los laicos comentar la palabra de Dios durante las celebraciones de la Eucaristía. Eso es la respuesta que dio el Dicasterio de la liturgia en el Vaticano a los obispos alemanes que solicitaban mayor participación de las y los laicos en las celebraciones eucarísticas.

Esta negativa sorprendió no solamente a los obispos alemanes sino también a muchos católicos por todas partes. Aparece como una contradicción con la apertura que el Concilio Vaticano 2° había demostrado al insistir sobre la promoción de todos los bautizados para que sean más activos tanto en la responsabilidad de ‘evangelizar’ o sea transmitir la Buena Nueva de Jesús de Nazaret como de participar activamente en la celebración de los sacramentos.

La prohibición del Vaticano contradice la propuesta de sinodalidad por la que tanto insistió el papa Francisco, afín de combatir el clericalismo de los sacerdotes y obispos. En su discurso durante la 18ª Congregación General del Sínodo de la Sinodalidad (25 de octubre de 2016) mencionó que “el clericalismo es el cáncer de la Iglesia”. Lo criticó como “una forma de mundanidad que ensucia y daña al pueblo fiel de Dios”. De hecho, se definió la sinodalidad como la puesta en marcha en la Iglesia católica de la igualdad de todos los bautizados y su igual participación en las actividades y decisiones que se tomen en las parroquias, las diócesis y la Iglesia toda.

Esta tajante afirmación del Vaticano se opone también a lo que afirmó la Asamblea Eclesial, o sea laicas y laicos, sacerdotes y obispos latinoamericanos reunidos en México en 2021: “Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) son un ejemplo concreto de Iglesia sinodal”… En miles de parroquias de América Latina, decenas de miles de laicas y laicos son los responsables de la evangelización y celebración de los sacramentos en lugares donde los sacerdotes no llegan o llegan una vez al año. El mismo papa Francisco consideró que el Documento final de esta Asamblea Eclesial de México era “un laboratorio de la sinodalidad”.

En estos mismos días, el papa León 14 se está reuniendo con los cardenales “pidiéndoles su apoyo” para la gobernanza de toda la Iglesia. Casualmente el cardenal Nicolás López Rodríguez de República Dominicana afirma: "Necesitamos regresar al primer siglo de la Iglesia, no a las tradiciones de hace uno, dos o tres siglos". En la misma línea, los cardenales Jean Paul Vesco, arzobispo de Argel, y Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulán Bator en Mongolia, describen una misión entendida no como activismo, sino como una presencia humilde, relacional y llena de esperanza, llamada a anunciar el Evangelio en el corazón de sociedades que no han sido modeladas por el cristianismo.

Por otra parte, resulta significativo que los Evangelios nunca presenten a Jesús como sacerdote. Lo llaman profeta, maestro, mesías, hijo del hombre, enviado de Dios, pero jamás sacerdote. La categoría sacerdotal aparecerá posteriormente en la Carta a los Hebreos, precisamente para explicar la originalidad absoluta de su misión: en Cristo se produjo un verdadero "cambio del sacerdocio". Jesús no pertenecía a la tradición sacerdotal de Aarón. No ejerció su misión desde el templo. No formaba parte de la casta sacerdotal. No se separó del pueblo para representar lo sagrado. Al contrario, su sacerdocio consistió precisamente en romper esa lógica religiosa. Mientras el sacerdocio del Antiguo Testamento se definía por la separación, Jesús se definió por la identificación y la cercanñia con los hombres y mujeres de su tiempo. Mientras el sacerdote tradicional ascendía hacia Dios desde el ámbito de lo sagrado, Jesús representó a un Dios que desciende hacia la humanidad y especialmente hacia los y las pobres, las personas excluidas y sufrientes. Su sacerdocio nació no de la distancia sino de la cercanía, no del privilegio sino de la solidaridad, no del poder sino del servicio, no del templo sino de la vida. Y alcanzó su culminación no en un santuario sagrado sino en una cruz levantada fuera de la ciudad, en el lugar de las personas marginadas. El sacerdocio de Jesús constituye una crítica permanente a toda forma de sacerdocio que tienda a separarse del pueblo, a elevarse sobre él o a monopolizar la mediación religiosa. El sacerdocio de Jesús fue el sacerdocio laico de la compasión, como él de todos los bautizados de hoy.

Por estas y otras razones, las críticas en los medios de comunicación no se hicieron esperar: “El Dicasterio para la liturgia ha vuelto a cerrar la puerta que el Concilio Vaticano II entreabrió hace más de sesenta años¿ - El púlpito prohibido: Roma cierra la boca a los laicos en misa - La homilía prohibida: ¿la iglesia vuelve a elegir la cristiandad? - ¿Por qué Roma no prohíbe de paso predicar a muchos curas? - Los católicos alemanes se rebelan ante el 'No' del Vaticano a la predicación de los laicos en las misas - La iglesia que calla al pueblo: cuando el púlpito se convierte en frontera - ¿Qué sacerdocio quiere representar hoy la Iglesia? …”

Recordemos el “sentido de fe” del Pueblo de los bautizados que es norma de fe, el famoso “sensus fidei” de la tradición de la Iglesia católica. Según lo repitió el papa Franciso: “Este discernimiento sobrenatural es suscitado y sostenido por el Espíritu de la verdad, lo que permite a los cristianos reconocer y seguir la acción de la gracia de Cristo en su vida diaria”.

A pesar de los pesares, sigamos construyendo el sueño del papa Juan 23 retomado por el papa Francisco: “La Iglesia es de todos, pero más especialmente es la Iglesia de los pobres”. Confirmémonos en la opción por los pobres tal como lo dijeron los obispos latinoamericanos en su reunión de Puebla (México, 1979): Los invitamos a “aceptar y asumir la causa de los pobres como si fuera su propia causa, la causa de Cristo”. Trabajemos para que seamos lo que nos encomendaron el día de nuestro bautismo: “Eres profeta, sacerdotes y rey-pastor”.


Juana Azurduy de Padilla: la heroína


 

Juana Azurduy de Padilla: la heroína que hizo de la libertad su causa de vida

Cada 12 de julio recordamos el nacimiento de Juana Azurduy de Padilla, una de las figuras más extraordinarias de la lucha por la independencia de América del Sur. Su vida representa el compromiso, el coraje y el sacrificio de miles de mujeres que, muchas veces silenciadas por la historia oficial, combatieron por la emancipación de los pueblos del antiguo Virreinato del Río de la Plata y del Alto Perú.

Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, en la actual región de Potosí, Bolivia. Desde muy joven recibió formación en un convento con la intención de consagrar su vida religiosa. Sin embargo, su destino sería muy diferente. En 1805 contrajo matrimonio con Manuel Ascensio Padilla, con quien formó no solo una familia, sino también una profunda alianza política y militar al servicio de la causa independentista.

Los acontecimientos revolucionarios de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809, y posteriormente los de La Paz, marcaron el inicio del proceso emancipador en el Alto Perú. Juana y Manuel Padilla abrazaron inmediatamente la causa revolucionaria. Dejando de lado la comodidad y la vida familiar, Juana decidió incorporarse activamente a la lucha, incluso enfrentando el dolor de separarse de sus hijos para defender el sueño de una América libre.

Lejos de ocupar un papel secundario, Juana Azurduy demostró un extraordinario talento para la conducción militar. Organizó tropas, participó en estrategias de combate y lideró numerosas acciones guerrilleras junto a su esposo. Cuando Manuel Ascensio Padilla debió trasladarse hacia la región del Chaco, le confió la defensa de la hacienda de Villar. Con apenas treinta fusileros resistió el ataque de las fuerzas realistas, demostrando una capacidad de liderazgo que sorprendió incluso a sus propios compañeros de armas.

Con el estallido de la Revolución de Mayo en Buenos Aires, Juana y Manuel se incorporaron al Ejército Auxiliar del Norte para continuar la lucha contra el dominio español. En 1812 organizó el célebre Batallón Leales, integrado por combatientes comprometidos con la independencia. Su valentía fue reconocida por el general Manuel Belgrano, quien admiró profundamente su actuación en el campo de batalla y le entregó su propio sable como símbolo de respeto y reconocimiento, un gesto reservado para quienes demostraban un heroísmo excepcional.

Juana Azurduy participó en numerosos combates, encabezó cargas militares y recuperó banderas enemigas, acciones que fortalecieron la moral de las tropas patriotas. Su figura rompió todos los prejuicios de una época en la que la participación de las mujeres en la guerra era invisibilizada o considerada excepcional. Ella demostró que el amor por la patria no reconocía diferencias de género.

El sacrificio personal fue enorme. Perdió a varios de sus hijos durante los años de guerra y en 1816 sufrió una de las tragedias más dolorosas de su vida. Durante la batalla de La Laguna resultó gravemente herida. Manuel Ascensio Padilla intentó rescatarla en pleno combate, pero fue alcanzado por las fuerzas realistas y perdió la vida. A pesar de semejante golpe, Juana continuó luchando por la independencia con la misma firmeza y convicción.

Con la creación de Bolivia en 1825, el libertador Simón Bolívar visitó a Juana Azurduy y quedó profundamente conmovido por las difíciles condiciones en las que vivía quien había entregado su vida a la causa emancipadora. En reconocimiento a sus servicios, la ascendió al grado de Coronel y le otorgó una pensión. Se atribuye a Bolívar la reflexión de que la nueva República debía llevar el nombre de Padilla o Azurduy por el inmenso sacrificio realizado por ambos en favor de la libertad.

Sin embargo, el reconocimiento oficial fue insuficiente. La pensión fue suspendida y Juana terminó viviendo en la pobreza. Falleció el 25 de mayo de 1862 en Sucre, prácticamente olvidada por los gobiernos de la época, cuando estaba próxima a cumplir ochenta y dos años. Fue enterrada inicialmente en una fosa común, reflejo de la injusticia con la que muchas veces la historia trató a quienes entregaron todo por la independencia.

Con el paso del tiempo, la figura de Juana Azurduy recuperó el lugar que merece. Hoy es reconocida como Heroína de Bolivia y de Argentina. Ambos países le rinden homenaje mediante monumentos, instituciones educativas, espacios públicos y conmemoraciones oficiales que recuerdan su extraordinario legado.

Juana Azurduy simboliza la valentía, la igualdad, el patriotismo y la participación de las mujeres en los grandes procesos históricos de América Latina. Su ejemplo inspira a nuevas generaciones a defender la justicia, la libertad, la soberanía de los pueblos y la integración latinoamericana.

Recordar a Juana Azurduy no es solamente rendir homenaje a una heroína del pasado. Es reivindicar el papel de miles de mujeres anónimas que hicieron posible la independencia de nuestros pueblos y reafirmar el compromiso con una América Latina más justa, más libre y más unida.

Lic. Rubén Suárez
Director de RedContactoSur

7/10/2026

Ecuador bajo la lupa : Lo que revelan los Informes internacionales de Derechos Humanos sobre los estados de excepción

Ecuador bajo la lupa : Lo que revelan los Informes internacionales de Derechos Humanos sobre

los estados de excepción


Naciones Unidas, la CIDH, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y una investigación

periodística de medios escritos como Connectas y Tierra de Nadie coinciden en un mismo

diagnóstico: la militarización de la seguridad, iniciada en 2024, es el hilo que conecta las cárceles

más letales de la región, denuncias de tortura, desapariciones forzadas y un contrato de

vigilancia con la empresa Palantir.

Por Paulina Andrade A. — Especial para Contacto Sur

*Comunicadora e Internacionalista


Más de 1.220 personas privadas de libertad murieron en Ecuador durante 2025. Es la cifra más

alta jamás registrada en el país: más de tres muertes por día dentro de las cárceles. No son, en su

mayoría, víctimas de las masacres carcelarias que el mundo vio en 2021 y 2022. Hoy mueren de

otra forma: por desnutrición, tuberculosis, o causas que los registros anotan simplemente como

"indeterminadas".

Ese dato, documentado por la investigación "Encerrados para morir" de CONNECTAS y Tierra de

Nadie, es apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande que, en los últimos meses,

han armado por separado el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos

Humanos (FIDH). Trabajando de forma independiente, con metodologías distintas, todos llegan a

una misma conclusión central.

El diagnóstico que todos comparten

Desde comienzos de 2024, bajo la presidencia de Daniel Noboa, Ecuador vive en estados de

excepción prolongados. El gobierno ha calificado la situación de "conflicto armado interno", una

figura legal que amplía el margen de acción de las Fuerzas Armadas para operar en tareas que

antes correspondían a la Policía, incluso dentro de las cárceles.

Ningún organismo niega que el crimen organizado sea una amenaza real. La discusión no es esa.

Lo que preocupa —y en esto coinciden el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la

CIDH, la OMCT y Human Rights Watch— es si la respuesta militarizada ha sido proporcional y

sostenible. La CIDH lo resume en una frase que casi funciona como titular de todo este panorama:

los operativos policiales y militares de alta letalidad no se sostienen en el tiempo, y terminan

violando derechos.

Números que hay que leer con cuidado

La OMCT documenta 369 denuncias de tortura entre 2024 y 2026, y 51 desapariciones forzadas

presuntamente cometidas por agentes del Estado. Son denuncias, no sentencias judiciales, una

distinción que los propios informes subrayan.


Durante las protestas de 2025, la misma organización registró 391 presuntas violaciones de

derechos humanos, 206 detenciones arbitrarias, 473 heridos y al menos dos muertes por uso

excesivo de la fuerza. Y el Plan Fénix, la ofensiva de seguridad del gobierno, dejó cerca de 35.000

detenciones entre enero y mayo de 2024 —una cifra que, advierte el propio informe, no implica

que todas hayan sido arbitrarias, sino que alerta sobre el riesgo de un uso demasiado amplio de

las medidas antiterroristas.

El fenómeno tampoco es exclusivo de Ecuador: de ocho países latinoamericanos evaluados por el

Índice Global de Tortura, siete —incluido Ecuador— quedaron clasificados con riesgo alto o muy

alto.

Las cárceles: de la violencia entre bandas al abandono institucional

El cambio más inquietante que documenta CONNECTAS no es solo la cifra de muertes en prisión,

sino su naturaleza. Antes morían mayoritariamente en peleas entre bandas. Ahora mueren por

enfermedad y desatención: más de mil casos de tuberculosis registrados en 2025 dentro del

sistema penitenciario, según la OMCT, que también reporta 346 fallecidos solo en Guayaquil en los

primeros meses de 2026.

La violencia explosiva, sin embargo, no desapareció: un motín en la cárcel de Esmeraldas dejó 17

muertos, y una explosión en un centro penitenciario de Machala, 13. Dentro de los mismos

penales, según CONNECTAS, siguen operando estructuras de control criminal que obligan a las

familias a pagar para que sus parientes puedan comer o simplemente sobrevivir.

Una Corte bajo presión, pero que todavía responde

En el plano institucional, Human Rights Watch documenta ataques a la independencia de la Corte

Constitucional, fiscales y jueces sin protección, y reformas que buscaron saltarse los controles

constitucionales. Pero la CIDH agrega un matiz que evita una lectura de todo o nada: pese a las

presiones, la Corte sacó adelante fallos relevantes, como el que reconoció el derecho a la

identidad de género de una adolescente trans. La institucionalidad ecuatoriana, coinciden ambos

organismos, está presionada, pero no vencida.

Palantir: la vigilancia digital entra en escena

En mayo de 2025, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones firmó un contrato con la

empresa estadounidense Palantir Technologies para dotar al Servicio Nacional de Aduana del

software Palantir Foundry, según reportó Primicias. La plataforma cruza datos de comercio

exterior, manifiestos de carga, registros policiales y fuentes abiertas para detectar contrabando, y

la propia Aduana ha reportado casos donde el sistema evitó pérdidas al Estado.

Pero el contrato llegó acompañado de señales de alerta documentadas por organizaciones de

derechos digitales. Amnistía Internacional advirtió que Palantir facilita la vigilancia estatal a gran

escala sin garantías éticas suficientes, y recordó que su software es usado por el Servicio de

Inmigración de Estados Unidos para localizar migrantes en procesos de deportación, además de

sus contratos con el Departamento de Defensa estadounidense y las fuerzas armadas de Israel.

Derechos Digitales y CONNECTAS documentan además la opacidad del acuerdo: se sabe que la

Aduana pagó más de seis millones de dólares a la CNT, pero no cuánto llegó efectivamente a


Palantir ni bajo qué condiciones exactas —pese a que, según funcionarios consultados, no habría

razón legal para mantener esa información en reserva. Y el gobierno, según CONNECTAS, evaluaría

extender esta tecnología a minería, pesca y seguridad social, lo que concentraría datos sensibles,

incluida información de salud, en manos de una empresa privada extranjera.

El caso que sacudió a la comunidad internacional

El 8 de junio encontraron muerta en su casa en Montañita a Monika Silva Koniuszek, activista de

origen polaco de 41 años, madre soltera de dos niñas y Presidenta de la Fundación “La Integridad”.

Silva investigaba corrupción y tráfico de tierras en la zona, y había comenzado a indagar sobre

Noboa Trading —la empresa frutícola de la familia del Presidente de la República— a raíz de una

incautación de cocaína en contenedores de banano que, según sus propias denuncias, altos cargos

judiciales habrían frenado.

El ministro del Interior, John Reimberg, habló inicialmente de un suicidio. Once días después, una

autopsia realizada en Guayaquil estableció otra causa de muerte: un golpe en la cabeza y asfixia

por estrangulamiento.

No hay sentencia firme, y ni el Presidente ni su empresa han sido acusados formalmente. Pero la

reacción internacional fue inmediata: la Unión Europea y la Fiscalía de Polonia pidieron una

investigación independiente, la CIDH exigió abrir nuevas líneas de indagación, y la Corte Suprema

de Argentina envió peritos como veedores. La Fiscalía ecuatoriana investiga el caso como

feminicidio. Según medios locales, poco antes de morir, Silva había entregado documentación a la

Embajada de Estados Unidos en Quito.

Pueblos indígenas, mujeres, niñez y migración

Amnistía Internacional concentra sus alertas en la falta de protección para las defensoras

ambientales conocidas como "Guerreras por la Amazonía", y en actividades extractivas que

avanzan sin el consentimiento previo de los pueblos indígenas. Human Rights Watch suma un dato

con peso simbólico: sigue sin cumplirse el mandato popular, votado en consulta, que ordenó

detener la explotación petrolera en el bloque ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní.

En materia de género, Human Rights Watch documenta un aumento de muertes violentas de

mujeres y dificultades para acceder al aborto incluso en los casos permitidos por ley. Sobre niñez,

alerta un incremento de homicidios de menores y el reclutamiento de niños y adolescentes por

bandas criminales, una preocupación que coincide, de forma independiente, con la Resolución

1/26 de la CIDH. Y en movilidad humana, Ecuador registraría uno de los niveles más altos de

desplazamiento interno por violencia de la región, aunque este es uno de los puntos donde la

información disponible entre organismos resulta más limitada.

¿Qué piden, en el fondo, todos estos informes?

Las recomendaciones, viniendo de mandatos tan distintos, apuntan casi todas en la misma

dirección: más transparencia del Ministerio de Defensa, revisión de la sostenibilidad de los

operativos letales, fortalecimiento de la protección a defensores de derechos humanos, y una

revisión de fondo del marco legal del "conflicto armado interno". A fines de junio, la Unión


Europea abrió una convocatoria de fondos de emergencia de hasta 1,5 millones de euros para

reforzar la seguridad jurídica y la protección digital de la sociedad civil ecuatoriana.

El pedido de fondo, dicho de otra forma: más control civil sobre las decisiones de seguridad, no

menos. Ningún organismo pide bajar la guardia frente al crimen organizado; piden que la

respuesta sea profesional, transparente y esté bajo control de la Justicia y las instituciones civiles,

no únicamente de las Fuerzas Armadas.

Ecuador enfrenta, sin duda, una amenaza de seguridad real. Pero la respuesta elegida hasta ahora

priorizó la fuerza militar por encima de la investigación civil y la protección de derechos, y ese

camino tuvo un costo medible en vidas humanas: en las calles, en las cárceles, entre quienes

defienden su territorio. Hasta el momento en que se publicaron estos informes, nada indica que la

violencia que se buscaba combatir haya bajado de forma sostenida.

La pregunta que dejan planteada, de manera coincidente, organismos tan distintos entre sí no es

si Ecuador atraviesa una crisis de seguridad —en eso no hay discusión—, sino si el camino elegido

para enfrentarla es compatible con proteger los derechos fundamentales de su gente.


Fuentes: Comité contra la Desaparición Forzada (ONU, marzo 2026); Organización Mundial Contra

la Tortura, Índice Global de Tortura (2ª ed., 2026); Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

Resolución 1/26 y pronunciamientos de relatorías (2026); Amnistía Internacional, informe AMR

28/0609/2026 y alertas sobre defensoras ambientales y tecnología de vigilancia; Federación

Internacional por los Derechos Humanos, declaración conjunta (marzo 2026); Human Rights

Watch, Informe Mundial 2026 (capítulo Ecuador); CONNECTAS y Tierra de Nadie, "Encerrados para

morir" y "Palantir en Ecuador: ¿un aliado estratégico o un Caballo de Troya?"; Derechos Digitales;

Primicias; El País (España); Unión Europea; BBC News Mundo, France 24, La Nación, The Guardian,

Cubadebate.

 https://redcontactosur.blogspot.com/2026/07/ecuador-bajo-la-lupa-lo-que-revelan-los.html

6/22/2026

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN 551/2026 DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL DE ARGENTINA



ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN 551/2026 DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL DE ARGENTINA

Seguridad o criminalización de la migración: una mirada desde los derechos humanos

RedContactoSur – Área de Derechos Humanos, Migraciones y Libertades Fundamentales

    Lic Ruben Suarez 

Introducción

La Resolución 551/2026, publicada por el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina el 19 de junio de 2026, crea el denominado Programa de Seguridad Migratoria y establece nuevas estructuras dentro de las fuerzas federales destinadas al control y seguimiento de cuestiones migratorias.

Aunque el Gobierno presenta esta medida como una herramienta para combatir delitos transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y otras formas de criminalidad organizada, una lectura crítica permite observar un fenómeno mucho más profundo: la consolidación de un modelo de gestión migratoria basado en la vigilancia, la sospecha y la intervención policial permanente sobre las personas migrantes.

Se puede considerar que esta resolución constituye un nuevo avance en un proceso de xenofobia  de la política migratoria argentina, donde el migrante deja de ser considerado un sujeto de derechos para convertirse progresivamente en un objeto de control estatal.

La preocupación no radica en la necesidad legítima del Estado de combatir delitos complejos, sino en la utilización de esos argumentos para justificar mecanismos que terminan afectando derechos fundamentales de millones de personas que no han cometido delito alguno.

Un cambio de paradigma: del derecho humano a migrar a la lógica de la seguridad

Argentina fue durante décadas un ejemplo regional en materia migratoria.

La Ley 25.871 estableció que la migración constituye un derecho humano esencial y reconoció la obligación estatal de garantizar condiciones de igualdad y acceso a derechos para las personas migrantes.

Sin embargo, en los últimos años se observa un cambio conceptual significativo.

La Resolución 551/2026 profundiza una visión según la cual los movimientos migratorios son abordados principalmente desde una perspectiva de seguridad nacional.

Este enfoque genera una consecuencia política y cultural extremadamente peligrosa: la asociación entre migración y delito.

Cuando los documentos oficiales colocan en un mismo plano conceptos como migración irregular, crimen organizado, amenazas a la seguridad nacional e inteligencia criminal, inevitablemente contribuyen a construir una imagen negativa de las comunidades migrantes.

No es casualidad que en numerosos países donde se implementaron políticas similares hayan aumentado posteriormente los discursos xenófobos, los ataques contra extranjeros y la discriminación institucional.

La construcción del "enemigo interno"

Una de las características históricas de los procesos autoritarios ha sido la necesidad de identificar grupos sociales considerados problemáticos o peligrosos.

En distintos momentos de la historia fueron los sindicatos, los opositores políticos, las minorías étnicas, los pueblos originarios o determinados movimientos sociales.

En la actualidad, numerosos gobiernos alrededor del mundo han encontrado en la migración un nuevo "enemigo interno".

La Resolución 551/2026 corre el riesgo de avanzar precisamente en esa dirección.

La narrativa oficial plantea que la migración debe ser observada bajo parámetros de riesgo y amenaza.

Si bien el combate contra las redes criminales es indispensable, la experiencia internacional demuestra que criminalizar poblaciones enteras nunca resuelve los problemas de seguridad.

Por el contrario, suele generar persecución sobre los sectores más vulnerables mientras las verdaderas organizaciones criminales continúan operando mediante estructuras financieras y económicas mucho más complejas.

Expansión del poder de las fuerzas de seguridad

Otro aspecto preocupante es la creación de unidades especializadas dentro de las fuerzas federales.

La resolución fortalece el papel de organismos policiales y de seguridad en cuestiones migratorias que históricamente estuvieron bajo una lógica administrativa y de protección de derechos.

Esto implica una transferencia de poder institucional hacia organismos cuya función principal no es la protección social sino el control y la represión del delito.

Desde una perspectiva democrática, toda ampliación de facultades estatales debería estar acompañada por:

  • Mecanismos independientes de supervisión.

  • Controles parlamentarios efectivos.

  • Participación de organismos de derechos humanos.

  • Transparencia pública.

  • Rendición de cuentas.

La resolución no desarrolla con claridad estos mecanismos de control.

Por ello existe el riesgo de que se amplíen facultades operativas sin garantías suficientes para prevenir abusos.

Posibles consecuencias sobre las comunidades migrantes

Las experiencias de otros países permiten prever algunos efectos potenciales:

Discriminación selectiva

Los controles suelen concentrarse sobre determinados grupos nacionales o étnicos, generando perfiles raciales incompatibles con los principios democráticos.

Incremento del miedo a denunciar delitos

Muchas personas migrantes dejan de acudir a la justicia o a organismos públicos por temor a ser objeto de controles migratorios.

Mayor vulnerabilidad laboral

La persecución de la irregularidad migratoria suele beneficiar indirectamente a empleadores que explotan trabajadores en condiciones precarias.

Fragmentación social

Cuando el Estado transmite la idea de que ciertos grupos representan una amenaza, se deteriora la convivencia democrática y aumenta la conflictividad social.

Contradicciones con el sistema internacional de derechos humanos

Argentina es parte de numerosos instrumentos internacionales que reconocen derechos fundamentales de las personas migrantes.

Entre ellos:

  • La Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  • El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  • La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

  • La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Estos instrumentos establecen principios básicos:

  • No discriminación.

  • Debido proceso.

  • Protección judicial efectiva.

  • Igualdad ante la ley.

  • Protección de la unidad familiar.

Toda política pública que priorice la seguridad sobre estos principios corre el riesgo de generar tensiones con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.

Una política que puede alimentar la xenofobia

Uno de los efectos más graves de este tipo de medidas es su impacto simbólico.

Las normas no solo regulan conductas.

También transmiten mensajes políticos.

Cuando una resolución gubernamental coloca el foco sobre la vigilancia migratoria, parte de la sociedad puede interpretar que las personas migrantes constituyen un problema de seguridad.

Ese mensaje resulta particularmente preocupante en América Latina, una región históricamente construida sobre procesos migratorios permanentes.

La diversidad cultural no es una amenaza.

Es una riqueza social, económica y humana.

Conclusiones

 Sostenemos que la Resolución 551/2026 representa un nuevo paso en la transformación de la política migratoria argentina hacia un modelo centrado en la seguridad y el control policial.

La lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado constituye una obligación legítima del Estado.

Sin embargo, dichos objetivos no pueden servir como fundamento para políticas que terminen estigmatizando comunidades enteras o debilitando garantías fundamentales.

La seguridad pública y los derechos humanos no son objetivos incompatibles.

Por el contrario, una democracia sólida requiere ambas cosas.

El desafío consiste en perseguir a las organizaciones criminales sin convertir a millones de migrantes honestos en sujetos permanentes de sospecha.

Reafirmamos  que el derecho humano a migrar, la igualdad ante la ley y la dignidad de todas las personas deben continuar siendo pilares fundamentales de cualquier política pública en la República Argentina.


RedContactoSur
Área de Derechos Humanos, Migraciones y Libertades Fundamentales
Montevideo – Buenos Aires – Bolivia
2026

6/21/2026

Venezuela. Entre la Realpolitik y el poder popular

 



Geraldina Colotti /RedContactoSur


Foto: Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero»


El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha formalizado, con la publicación en Gaceta Oficial, la renovación del «Estado de Conmoción Exterior» por un período de 90 días. La medida, adoptada anteriormente por Maduro, ha completado el procedimiento constitucional con la ratificación de la Asamblea Nacional y el control de legitimidad de la Sala Constitucional del TSJ. No es la renovación de un acto burocrático de rutina, sino la continuación de la respuesta institucional al escenario inédito y crítico que se abrió el 3 de enero de 2026. En esa fecha, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, ocurrido en Caracas a manos de tropas especiales estadounidenses, imprimió una fractura profunda en la continuidad del Estado. Desde ese momento, Venezuela ya no opera en una dimensión política convencional: ha entrado en una fase cinética en la que cada decisión del gobierno encargado —desde la gestión de las infraestructuras estratégicas hasta la política exterior— es una respuesta obligada a un ataque que ha golpeado a la cúpula de la autoridad nacional. El decreto de renovación, que confiere al Ejecutivo facultades excepcionales, incluida la militarización de los nodos estratégicos de los hidrocarburos y la facultad de requisiciones para la defensa, retrata a un Estado en trinchera. Indica una condición impuesta desde el exterior, en la que la salvaguardia de la soberanía se juega en el filo de una supervivencia que ha transformado la gestión política en una crisis de seguridad permanente.


El perímetro de este asedio está dictado por el amenazante plan en tres fases preparado por los aparatos de seguridad liderados por el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. No se trata de una presión externa genérica, sino de una hoja de ruta quirúrgica e ideológicamente radical. Un plan que apunta a desarticular al Estado venezolano a través de un asfixiamiento financiero dirigido, la promoción de redes criminales como «caballos de Troya» para la desestabilización y la presión constante en vistas a una insurrección interna. Una especie de “revolución de color”, evitada hasta ahora, que allane el camino al retorno de María Corina Machado y desmonte la arquitectura completa del chavismo, basada en la constitución de 1999.


Machado, galardonada con el Nobel de la Paz 2025 como símbolo de “resistencia a la dictadura”, es hoy el eje de una extrema derecha que, aunque desprestigiada en el país, es apoyada por partidos xenófobos como Vox en España y segmentos del neofascismo europeo e internacional: una internacional suprematista que, nacida con la Carta de Madrid y usando la cabeza de ariete de sus padrinos de Miami, apunta al derrocamiento del sistema bolivariano, transformando cada instancia de malestar social —provocado por ellos con años de estrangulamiento económico-financiero (las sanciones)— en una palanca para la desestabilización final. Un proyecto fuertemente inervado en el entumecimiento cotidiano de las noticias, en un juego constante entre alarmas y teorías conspirativas. En este contexto, Machado ha anunciado que volverá en julio


El vínculo entre el sector privado local, que presiona por la abolición de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), y la extrema derecha internacional, no es casual: es un proyecto de «remigración» económica que apunta a vaciar al Estado socialista de toda función social, transformando a Venezuela en una economía subordinada como aquella de la que intentó esforzadamente liberarse con el chavismo. Pero la clase obrera, a quien Maduro antes de ser secuestrado le había encomendado el plan B —fusiles a los obreros y quemar los pozos en caso de invasión enemiga— está más vigilante y atenta que nunca. Y se empeña en mantener una firme caracterización ideológica, tendiente a contrarrestar el aguamiento simbólico que va tomando fuerza en este intento de “unidad nacional” que busca involucrar también a los sectores tibios o de la derecha más moderada.


El gobierno bolivariano, liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en calidad de presidenta encargada, no actúa como espectador pasivo, sino como un actor que intenta hacer impracticable la estrategia de Rubio, buscando pasos con resultados inciertos. La Realpolitik aplicada en Caracas, que muchos observadores externos califican apresuradamente de rendición, es en realidad un intento de crear una red de intereses económicos —con actores internacionales como Shell— que hagan demasiado costoso para Washington completar la agresión sin infligir daños colaterales a sus propios activos. Como hizo Maduro, se intenta reabrir la puerta, con promesas más tentadoras, a aquellas multinacionales que siempre han hecho negocios en Venezuela, antes de que Trump les impusiera irse, y que ahora deben ser incentivadas a invertir readaptando estructuras petroleras altamente deterioradas.


El Arco Minero del Orinoco se ha convertido en el cuadrante donde se concentra el conflicto entre soberanía y depredación. El área, rica en oro, coltán y tierras raras, es desde hace tiempo terreno de choque entre la construcción del poder popular, intentada por el gobierno, y la infiltración de redes criminales heredadas de la IV República. Como explicó hace algunos años un articulado reportaje de Maurice Lemoine, y como hemos documentado a nuestra vez en dos libros —Lo vi, no me lo contaron y Después de Chávez—, la apuesta del socialismo bolivariano fue la de desmontar ese sistema no con la represión, sino construyendo una realidad productiva cooperativista y respetuosa del medio ambiente, y con una audaz perspectiva antiextractivista.


Un proyecto que el gigantesco complejo de intereses alimentado por la política de “máxima presión” impuesto por el imperialismo con las “sanciones” se ha dedicado a desmontar, multiplicando las contradicciones internas, los puntos débiles y los errores de un proceso de democracia participativa audaz, pero aún incompleto. La realidad actual muestra un territorio donde la producción legal está puesta a dura prueba, si no fuera de control: mientras las estimaciones indican una contracción del sector petrolero apenas en recuperación, el gobierno intenta maximizar el rendimiento de los recursos del subsuelo para eludir el asfixiamiento financiero, apenas atenuado por algunas licencias parciales de la OFAC.


Para escapar de la asfixia económica, en los años el chavismo ha intentado ofrecer a precio regalado las inmensas reservas de oro (las segundas del mundo), incurriendo, también, en las inevitables desviaciones. Las organizaciones locales denuncian que el vacío dejado por el Estado en algunas áreas ha favorecido la consolidación de actores ilegales, alimentados por una cadena internacional, que transita desde el Caribe hacia las refinerías europeas y que esquiva los controles cambiarios.


La lucha en esta zona no es solo ambiental o anti-criminal, sino una partida geopolítica por el control de materias primas estratégicas que Washington busca sustraer de la influencia de los socios orientales. Y que ahora, aprovechando la nueva situación, busca asegurarse en seguridad, resolviendo a su manera el control sobre las organizaciones criminales, que ha oportunamente equiparado a organizaciones terroristas, como en el caso del Tren de Aragua.


Esta organización nació alrededor de 2010 dentro de la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua. El nombre deriva originalmente de un sindicato de obreros comprometidos en un proyecto ferroviario nunca completado en la región, cuyos miembros comenzaron a ejercer el control a través de la extorsión. Bajo la guía de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero» —uno de los «marginales» que el chavismo había intentado recuperar—, el penitenciario de Tocorón fue transformado en una base operativa de facto, en esa sociedad paralela que eran las cárceles de la IV República antes de que el socialismo bolivariano lograra bonificarlas (una situación que hemos podido documentar ampliamente en los años).


Tras la evasión de aquella cárcel, el bandido se puso a la cabeza de una organización que se expandió a lo largo de las rutas migratorias, estableciendo células en Colombia, Chile, Perú, Brasil y, más recientemente, en Estados Unidos. Sus actividades van desde la extorsión al tráfico de seres humanos, drogas y armas. En 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. designó oficialmente al grupo como «organización terrorista extranjera».


Ahora, la eliminación de Guerrero Flores, en una acción conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el ejército estadounidense, ha suscitado comprensibles protestas, más o menos motivadas, basadas sobre todo en el hecho de que la constitución bolivariana prohíbe cualquier presencia militar extranjera en el territorio (y sobre todo las bases militares extranjera).


Un argumento crítico planteado por los movimientos sociales (como los colectivos o las organizaciones comunitarias) es que las operaciones «conjuntas» con EE. UU. no busquen realmente desmantelar el crimen, sino crear un vacío de poder que las corporaciones y los actores privados ligados a Washington (o a la oposición radical) querrían ocupar. El temor es que, bajo el pretexto de la lucha contra el crimen y la defensa de la legalidad, se quiera desmantelar la arquitectura socialista del Estado y las formas de poder popular (y de autodefensa), que son la  verdadera barrera contra la criminalidad organizada local, gestionada por los poderes fácticos.


Quien defiende la actual línea gubernamental sostiene, sobre la base de datos e investigaciones documentadas, que la colaboración entre las fuerzas de seguridad venezolanas y agencias internacionales, tanto francesas como españolas como estadounidenses, ya han ocurrido, y que esto no debe considerarse un «traición» de la soberanía, sino una praxis consolidada para gestionar expedientes criminales específicos que superan las fronteras nacionales. Por otro lado, la advertencia lanzada al continente con el secuestro de Maduro, y motivado por EE. UU. como defensa de su seguridad nacional amenazada por bandas armadas equiparadas a terroristas, ha llevado inmediatamente, después del 3 de enero, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a realizar junto con las tropas estadounidenses una sangrienta operación de varios días contra el cabecilla de un grupo criminal, por lo demás perdedor, reivindicándola a los cuatro vientos.


El cuadro en Venezuela se ha complicado también con la misión del general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, llegado a Caracas el 3 de junio con un vuelo oficial gestionado en secreto. La misión, presentada oficialmente como confrontación bilateral, ha suscitado dudas ligadas al perfil de Caine, socio de riesgo en varios fondos de inversión, entre ellos Ribbit Capital. La hipótesis que emerge del análisis de los actos de gobierno es que tales contactos busquen el posicionamiento de actores privados en sectores clave —defensa y ciberseguridad— en un contexto en el que el ala más radical de la oposición presiona por una apertura económica desregulada.


Para el gobierno encargado, se trataría de otro capítulo obligado de ese “repliegue táctico” que implica la elección de cooperar en terrenos limitados para evitar el choque total, entendido como único camino para preservar el proyecto revolucionario a largo plazo, evitando el colapso total que la extrema derecha ansía.


En este cuadro, Venezuela asume los rasgos de la «Zona» descrita en la película Stalker de Andrei Tarkovsky: un perímetro cercado donde las leyes de la política y de la física tradicional están suspendidas, las coordenadas espacio-temporales están alteradas y cada paso en falso puede conducir hacia trampas mortales. En la Venezuela de 2026, la «Zona» es el espacio político suspendido entre la soberanía defendida y la agresión externa. Entrar en ella significa confrontarse con los propios deseos más profundos y con los propios miedos. La dirigencia bolivariana, en esta Zona, busca no dejarse «aniquilar» (para usar los términos de Mao), adoptando tácticas que tienen raíces profundas en la historia revolucionaria, pero que, en el estado actual de las relaciones de fuerza, en el continente y a nivel global, no proporcionan las mismas garantías.


El gobierno bolivariano se mueve dentro de este espacio defendiendo su propia soberanía, pero constantemente condicionado por el «fantasma en la habitación»: el trauma del golpe chileno de 1973. La solicitud de una «prueba de vida» dirigida por el grupo dirigente superviviente —Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López— a los secuestradores estadounidenses, al día siguiente del 3 de enero, ha revelado la desnudez de las relaciones de fuerza: ¿qué habría sucedido si el destino de Maduro hubiera sido el de Salvador Allende?


Es un interrogante que pesa sobre cada nombramiento ministerial, sobre cada negociación y sobre cada silencio “pedagógico”. La prudencia del cuadro dirigente, a menudo leída por la base como estasis si no rendición, es la respuesta forzada a una infiltración militar que ha revelado grietas profundas en las estructuras de defensa. El repliegue táctico, análogo por lógica al de figuras históricas como Páez en los momentos de máxima presión, busca preservar el núcleo revolucionario evitando la ruptura frontal que Washington persigue.


Sin embargo, esta maniobra de supervivencia choca con una realidad de clase que no perdona: el riesgo, para quien gobierna, es que el pragmatismo necesario para evitar el aniquilamiento se transforme en una capitulación rastrera si no es apoyada por una transparencia radical hacia las organizaciones populares. El llamado a José Antonio Páez, el héroe de los llanos que supo alternar choques frontales con retiradas estratégicas, sirve para contextualizar la prudencia de hoy. Como para Mao durante la Larga Marcha, o para Lenin con la NEP —dice quien respalda el gobierno encargado—, el repliegue no es una rendición. La retirada maoísta sirvió para preservar el núcleo revolucionario del aniquilamiento del Kuomintang; la NEP leninista fue la «retirada» necesaria para evitar el colapso total después del Comunismo de Guerra.


El gobierno, hoy, aplica esta lógica: el «doble carril» diplomático —las licencias petroleras concedidas para inhibir la agresión estadounidense— es el empuje al extremo de la NEP venezolana, inaugurada por Maduro para hacer frente a las “sanciones”. El problema, que genera el conflicto con el poder popular, es la falta de esa «pedagogía de la crisis» que Lenin usó para explicar que la retirada era el preludio a un nuevo avance. Sin esta explicación, apoyada por acciones concretas, el tacticismo parece sin horizonte.


El proyecto de derrocamiento del sistema bolivariano pasa por la abolición de las tutelas laborales. Frente a esto, también la reestructuración administrativa iniciada por el gobierno para combatir la burocracia ha generado alarma. Diosdado Cabello —el vicepresidente del PSUV que para muchos es peligrosamente el blanco de EE. UU.— ha tenido que precisar que la fusión de los ministerios no apunta a los despidos, como ocurrió en Argentina con Milei, sino a la remoción de una burocracia que el gobierno mismo define como paralizante, en continuidad con el plan de revolución administrativa, y de revolución judicial anunciado por Maduro. La base sindical, sin embargo, permanece en alerta: pide que la eficiencia no se convierta en tecnocracia y que cada paso sea monitoreado por el poder popular.


El nombramiento de la poeta Rosa Inés Chávez (la hija menor del Comandante) a la cabeza de la Misión Venezuela Joven responde precisamente a la necesidad de reanclar simbólicamente el proyecto a la herencia paterna, buscando tranquilizar a la base mientras en los pasillos se desvanecen los símbolos históricos y se integran figuras de la Cuarta República para ampliar el consenso. El riesgo, para el gobierno, es que el pragmatismo, justificado como «mal menor», vacíe de significado la subjetividad política organizada que hasta ahora ha sido la única barrera contra el imperialismo.


El plazo del 22 de julio en Nueva York, cuando se llevará a cabo la audiencia para Maduro y Flores que inicialmente había sido fijada para el 30 de junio, precedida por la campaña internacional por su liberación, representará un ulterior punto de giro en la estrategia a adoptar.


Mientras tanto, la diplomacia bolivariana, en esta fase de transición obligada, busca mantener su apuesta también en el plano del orden multicéntrico y multipolar, en el que Venezuela permanece firmemente insertada. El fortalecimiento de los vínculos con el bloque ASEAN, junto con el mantenimiento en su propio territorio de las representaciones diplomáticas antiimperialistas (Cuba, Irán, Palestina, Rusia…), y la consolidación de la cooperación estratégica con Vietnam indican la actuación práctica de una visión que busca sustraer al país del chantaje del dólar y del asedio atlántico. Es la búsqueda de una geografía política alternativa que pueda garantizar a Venezuela el espacio necesario para respirar, lejos de la tenaza definida por los aparatos de Rubio.


Frente a este escenario complejo, no es tiempo para conclusiones esquemáticas y definitivas. Para quien no quiera adoptar la posición de João Pedro Stedile, del MST, que enumera las muchas razones por las cuales se debe seguir apoyando a la revolución bolivariana, más útil nos parece un ejercicio de análisis basado en la epoché: la puesta entre paréntesis, la suspensión del juicio para permitir a la realidad decantar. El destino del proyecto bolivariano no se juega solo en las cancillerías, sino en la capacidad de transformar la resistencia defensiva en un nuevo ciclo de iniciativa política revolucionaria, en el que la soberanía ya no sea defendida solo como bastión, sino relanzada como promesa de transformación social. La Venezuela de finales de junio es, en definitiva, un campo de fuerzas suspendido: su historia futura dependerá de la tenencia del vínculo entre la dirección política y la base social, el único verdadero termómetro capaz de medir, al neto de toda maniobra, la vitalidad de la transición al socialismo

6/19/2026

BOLIVIA Gobierno y COB acuerdan avanzar en la pacificación e instruyen levantar los bloqueos

 


La Paz, 19 de junio de 2026.- El Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron acuerdos orientados a la pacificación del país, la reconciliación entre los distintos actores sociales y la construcción de consensos para enfrentar los desafíos nacionales, tras semanas de movilizaciones.

Durante la firma de los acuerdos, el presidente Rodrigo Paz destacó que el entendimiento alcanzado representa una oportunidad para mirar hacia adelante y construir un proyecto común para todos los bolivianos, basado en la reconciliación y el desarrollo nacional. “Nuestro debate no es el pasado, es el futuro. Y eso es lo que tenemos que construir”, afirmó el mandatario al referirse a la nueva etapa que se abre para el país.

La autoridad remarcó que las organizaciones sociales y los trabajadores son actores fundamentales en este proceso. “La patria sale junta o no sale”, sostuvo, al enfatizar que el esfuerzo para superar las dificultades debe ser colectivo y nacional.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, destacó que el diálogo permitió superar diferencias y alcanzar entendimientos esperados por la población. “Creemos que hemos llegado a un punto que el país está esperando”, afirmó, al anunciar la instalación de mesas de trabajo destinadas a atender las demandas de los distintos sectores.

Argollo señaló que el momento exige responsabilidad de todos los actores y un compromiso firme con la estabilidad del país. “Hay un país que está esperando que haya humo blanco el día de hoy”, expresó el dirigente sindical, quien además enfatizó la responsabilidad de la COB de brindar certidumbre a la población. "A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional", manifestó. 

En el acto, el jefe de Estado llamó a dejar atrás los resentimientos y priorizar el entendimiento entre los bolivianos. “En el futuro la cooperación es una obligación entre bolivianos. Si queremos salir adelante, tenemos que cooperar entre todos”, dijo. 

Asimismo, valoró el resultado de las negociaciones como un hecho trascendental para el país. “Creo que esto es una luz de esperanza para todos los bolivianos”, afirmó.

En medio de la presión social y la expectativa ciudadana por una solución al conflicto, el presidente destacó que el diálogo permitió encauzar las diferencias y alcanzar acuerdos. “El diálogo cuesta más, es difícil de entender, es difícil de interpretar, pero si llegamos a un punto de encuentro, el diálogo es más fuerte que la propia fuerza”, afirmó, al señalar que el entendimiento alcanzado demuestra que la concertación es el camino para superar las tensiones y construir consensos.

Ambas partes coincidieron en que Bolivia debe avanzar hacia una etapa de diálogo permanente, respeto mutuo y trabajo conjunto. Mientras la COB reafirmó la necesidad de generar certezas y estabilidad para la población, el presidente convocó a construir un proyecto común donde “la patria esté por encima de todo”, consolidando así un proceso de reconciliación y pacificación orientado al desarrollo y bienestar de todos los bolivianos. “Les agradezco por este momento histórico”, concluyó.
















Los amici del Orsi

viernes, 19 de junio de 2026

Los amici del Orsi



Los vínculos del comité de campaña de Orsi con La Tahona


Cosecha canaria

Brecha, 5 junio 2026
Betania Núñez Camilo Salvetti


Ya amainada la tormenta política que generó el episodio de la camioneta Hyundai Santa Fe, el estudio de las trayectorias de dos integrantes del comité de campaña de Yamandú Orsi –exjerarcas de la comuna canaria estrechamente vinculados al grupo La Tahona– permite desentrañar una política de relacionamiento con puertas giratorias y conflictos de intereses entre la función pública y la privada. Además, expone cómo los desarrolladores de barrios privados –beneficiados durante las gestiones de Orsi en la intendencia– apoyaron y financiaron sus campañas.

 

Vista de uno de los barrios de La Tahona. La Tahona Propiedades.


Como una madreselva, el empresariado crece y se enreda con la política. Pero hay riesgos: puede terminar robándole la luz a la planta huésped, así como generar un efecto estrangulador e impedir que corra la savia.

En la trayectoria política del presidente de la república, Yamandú Orsi, ambos tallos están firmemente entrelazados desde hace años. El episodio del descuento de 25 mil dólares en la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe y la entrega de un vehículo donado por Car One para la campaña como parte del pago son solo una muestra de su estrecho vínculo con empresarios que invirtieron en Canelones mientras estuvo al frente del gobierno departamental.

En el centro de estas inversiones, que se llevaron los aplausos y los elogios de muchos defensores de la «teoría del derrame» y fueron, en parte, una plataforma sobre la que se paró Orsi para lanzarse al escenario nacional, estuvo la Agencia de Promoción a la Inversión (API) de la Intendencia de Canelones, liderada por Julio César Filippini durante la década que abarcó sus dos períodos como intendente. Para alguien que se mueve en la «puerta giratoria» entre lo privado y lo público, es fácil enredarse.

Filippini –frenteamplista, contador, exfutbolista– comenzó a trabajar en la comuna canaria durante el mandato de Marcos Carámbula, mientras Orsi se desempeñaba como secretario general. En 2010 ya era contador general de la Intendencia de Canelones (IC) y para abril de 2015 aún continuaba ejerciendo como contador de La Tahona (véase en la web del semanario el documento público que explicita su vínculo profesional con Runtuna SA,1 una de las principales empresas del grupo). Pocos meses después Orsi asumía como intendente y se creaba la API, e inmediatamente Filippini adquiría su titularidad. Diez años más tarde, el jerarca le diría a un medio especializado: «Orsi me dio la llave de una agencia de inversiones que no existía»; desde ese momento «decidimos que teníamos que ser la mejor agencia de América» (Comex Latam, 2-X-25).

A lo largo de esos años en los que fue jerarca de la IC, Filippini se desempeñó como síndico de La Tahona Inversiones SA –una función interna de contralor de la gestión que rinde cuentas a los accionistas– y en 2023 firmó su último informe de cara a la asamblea ordinaria, en el que señalaba, tal como lo hacía desde hacía años, en cada abril: «Dejo constancia que desde mi designación he procedido a controlar la gestión y la administración de la sociedad a través del examen de la documentación e información proporcionada por la Gerencia, no planteando observaciones a la forma en que ha desarrollado su actividad». La memoria anual de La Tahona Desarrollos SA correspondiente a 2023 indica que Filippini renunció a su cargo como síndico en mayo. Sin embargo, un documento de ese mismo año lo ubica de vuelta como integrante del Comité de Auditoría y Vigilancia de la empresa, en el que aún se mantiene.

Al mismo tiempo, Filippini estuvo al frente de la API, de la comuna canaria, cargo que ocupó hasta el 20 de febrero de 2025, cuando se despidió de «compañeros, empresarios y amigos» –según consta en una foto que publicó en su cuenta de Instagram–, en una cena con la hoy ministra de Industria, Fernanda Cardona, integrantes de la Fundación para la Competitividad, la Innovación y el Desarrollo de Canelones, empresarios del Parque de las Ciencias, La Tahona y el Parque Industrial Olmos. Pasaría entonces, según anunciaba, a integrar el gobierno nacional.



Filippini fue designado el 10 de junio de 2025 como ministro del Servicio Exterior, cargo de particular confianza del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 27 de ese mes comenzó a cumplir funciones en la embajada uruguaya en Paraguay como encargado de inversiones y negocios. Hoy continúa en Paraguay y, al mismo tiempo, según consta en la página web del Banco Central del Uruguay, es uno de los tres administradores de La Tahona Inversiones SA. Poco antes, en diciembre de 2024, Leandro Añón, CEO y fundador de La Tahona, decía a Forbes Uruguay que uno de los planes del grupo es expandirse a Asunción, Paraguay. Brecha intentó contactarse con Filippini a su celular personal y llamó a su despacho en la embajada, donde le dejó un mensaje dando cuenta de la importancia de contar con sus posibles descargos de cara a esta nota, pero no obtuvo respuesta.

«La actual Intendencia de Canelones no mantuvo la tónica de Yamandú Orsi, que favoreció el desarrollo de barrios privados», dijo en diciembre de 2024 Leandro Añón en referencia al breve período en el que se desempeñó como intendente interino Marcelo Metediera.

LOS AMIGOS DE ORSI

En 2024, Filippini fue uno de los cuatro integrantes del comité de campaña que Yamandú Orsi designó ante la Corte Electoral en su camino a la Presidencia. Según pudo saber este semanario, era el encargado de las finanzas.

Mucho se dijo sobre el evento convocado por la candidatura de Orsi en el hotel Enjoy en el verano 2024, con mesas a 10 mil dólares y conferencia de Carlos Páez. Pero entre el glamour de Punta del Este pasó desapercibida otra cena que recaudó más del doble del dinero que la del Enjoy. Fue en el Club House Viñedos de La Tahona, participaron empresas y personalidades de distintos sectores y se recaudaron más de 6 millones y medio de pesos, de acuerdo a la rendición de cuentas presentada por la fórmula presidencial del Frente Amplio ante la Corte Electoral. Brecha solicitó a la Presidencia que informara cuándo se realizó el evento, si se abonó el arrendamiento del lugar o fue una cortesía de su dueño y quiénes asistieron, pero al cierre de esta edición aún no había recibido respuesta. En la rendición de cuentas consta únicamente que el evento tuvo un costo de 48.276 pesos, probablemente asociado a organización y catering.

«Fue una charla con una parrillada. Sí, sí, recuerdo; en el Club House de Viñedos de La Tahona», dijo a Brecha otro de los integrantes del comité de campaña de Orsi, el ingeniero agrimensor Fernando Lema, quien aclaró que trabajó en la campaña en calidad de «amigo de Orsi» para aportar a la capacidad de recaudación, a partir de la invitación a «amigos, conocidos, profesionales, comerciantes, promoviendo la asistencia, vendiendo tickets a mesas. Un trabajo muy de hormiga», pero no en un rol de diseño político de la contienda electoral. «Formamos un equipo de amigos de Orsi para ordenar la parte financiera, recibir el dinero, administrarlo, declararlo», aclaró. Lema confirmó que ya había participado de las anteriores campañas de Orsi de cara a la Intendencia de Canelones, momentos en los que la cantidad y variedad de aportantes fue aún mayor.

Lema y Orsi coincidieron durante el mandato de Marcos Carámbula, cuando el hoy presidente era secretario general y el agrimensor era subdirector de Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano. Lema había trabajado en los noventa en el fraccionamiento de un barrio privado, un emprendimiento que se fundiría durante la crisis de 2002 y sería retomado por el grupo La Tahona. Antes de la gestión de Carámbula, había tenido participación en la elaboración de la Ley de Urbanizaciones de Propiedad Horizontal, durante el gobierno nacional de Jorge Batlle. Más tarde, desde la IC, impulsó nuevas normativas relacionadas con el ordenamiento territorial del departamento e incentivó la creación de la API, que lideraría Filippini. Una vez fuera de la gestión pública, retomó su actividad privada y realizó los fraccionamientos de Mirador, Viñedos y Cavas de La Tahona.

El origen de la gran ganancia que lograron los desarrolladores de barrios privados tuvo que ver con la recategorización de suelos rurales que, con el aval del gobierno departamental, pasaron a ser urbanos, incrementando exponencialmente su valor. Este tipo de emprendimientos tiene la particularidad, además, de encadenar distintos negocios vinculados al sector inmobiliario, así como también al de la construcción, los servicios y el financiero.



Cuando Orsi se postuló para su segundo mandato a la IC en 2020, aportaron a su campaña figuras como Alejandro Ruibal (de la constructora Saceem), Fernando de Posadas (del estudio Posadas, Posadas y Vecino), Juan Antonio Damiani (director de DDC Desarrollos, encargado del proyecto Lagos en Parque Miramar), el economista Eduardo Ache (estrechamente vinculado al desembarco de Car One en Uruguay), los empresarios Jorge Tomasi, Fernando Pache y Daniel Boix, distintos integrantes de la familia Añón, el desarrollador de barrios privados Juan Balsa, entre otros, por un total de casi 3 millones de pesos. Solo el Parque de las Ciencias y Urufarma, en tanto, hicieron contribuciones por más de 1 millón. En la elección departamental de 2015, La Tahona había aportado, como empresa, 133.500 pesos.

Sobre algunos de estos empresarios, Añón comentaba a Forbes (15-I-25): «Eso es lo que hace un emprendedor, llevás lo que hacés a tu lugar, a donde vivís. Hoy ese mismo grupo de abanderados de la ruta 101, entre los que están Tomasi y Fernando Pache, trajeron a Google, que instala su data center con una inversión de 850 millones de dólares en la ampliación del Parque de las Ciencias». El empresario le aseguraba al medio que los comercios de la zona «crecieron increíblemente».

«Está Car One, con Tienda Inglesa y 20 tiendas de primera línea, hay colegios, farmacias, deliveries», sostuvo Añón, que auguraba que en los próximos diez años La Tahona crecerá tanto como en los últimos 30: «Vamos a desarrollar más de 200 hectáreas. Para esto ya tenemos la tierra y los permisos encaminados». Sin modestia y sin conflicto, aseguraba, además: «Somos en Uruguay el Nordelta de Argentina».

La inversión inmobiliaria trajo un aumento exponencial de los barrios privados en Canelones. En un artículo de 2025, el doctor en Estudios Urbanos y profesor de la Universidad de la República Marcelo Pérez Sánchez2 señalaba que, en marzo de 2020, había 17 barrios privados –ya sean clubes de campo o barrios cerrados– en Canelones, lo que representaba el 27 por ciento de los de todo el país, con una superficie de 658,8 hectáreas. En el período posterior a marzo de 2020, indica Pérez Sánchez, la IC tenía en carpeta otros ocho desarrollos de barrios privados.

«El modelo Canelones» tiene ahora vía libre en la Torre Ejecutiva. A un mes de asumir como presidente de la república y durante su primer Consejo de Ministros, Orsi aprobó un decreto (el 85/25) con el que extendía por un año un polémico beneficio que había otorgado Luis Lacalle Pou a los barrios privados.

La administración anterior estableció que, antes del asesoramiento de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, el Poder Ejecutivo otorgara una serie de beneficios fiscales para la construcción (incluidas, explícitamente, las «urbanizaciones de iniciativa privada»), como la exoneración de tributos referentes a la importación de maquinaria para la obra civil, así como deducciones al impuesto a las rentas de las actividades económicas y al impuesto al patrimonio. El decreto estaba enfocado en obras de más de 60 millones de unidades indexadas, pero luego ese mínimo se redujo a 30 millones. Aunque originalmente aplicaba para aquellos proyectos presentados antes del 31 de diciembre de 2021, la fecha límite se fue postergando hasta el cambio de gobierno. La actual administración decidió continuar con esta política para los proyectos presentados antes del 1 de enero de 2026 y que tengan ejecución prevista para antes del 30 de setiembre de 2028. Así, la enredadera sigue apretando.



  1.  La Tahona tiene una arquitectura financiera compleja, con distintas sociedades anónimas cruzadas –unas invierten en terrenos, otras se encargan de la gestión–, entre las que se cuentan Tahona Inversiones, La Tahona Desarrollos (ambas cotizan en la Bolsa de Valores de Montevideo), Tecnufar SA, La Tahona Golf Club SAD, Fomex SA, Moraine SA y Runtuna SA. ↩︎

  2. Marcelo Pérez Sánchez y otros, Conflictos territoriales: discusiones, experiencias y aprendizajes en el Área Metropolitana de Montevideo, Universidad de la República, 2025. 

  3. ↩︎

Estado de situación patrimonial de Runtuna SA compilado por Julio Filippini – 2015 Descarga


Rendición de cuentas – Elecciones departamentales 2020 – Orsi Descarga


Rendición de cuentas – Elecciones nacionales 2024 – Orsi Descarga



Via El muerto https://elmuertoquehabla.blogspot.com/2026/06/los-amici-del-orsi.html




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¿DÓNDE ESTÁ PARADO EL VATICANO? Pedro Pierre ¡Oh sorpresa! El Vaticano, más exactamente el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, prohíbe a las y los laicos comentar la palabra de Dios durante las celebraciones de la Eucaristía. Eso es la respuesta que dio el Dicasterio de la liturgia en el Vaticano a los obispos alemanes que solicitaban mayor participación de las y los laicos en las celebraciones eucarísticas. Esta negativa sorprendió no solamente a los obispos alemanes sino también a muchos católicos por todas partes. Aparece como una contradicción con la apertura que el Concilio Vaticano 2° había demostrado al insistir sobre la promoción de todos los bautizados para que sean más activos tanto en la responsabilidad de ‘evangelizar’ o sea transmitir la Buena Nueva de Jesús de Nazaret como de participar activamente en la celebración de los sacramentos. La prohibición del Vaticano contradice la propuesta de sinodalidad por la que tanto insistió el papa Francisco, afín de combatir el clericalismo de los sacerdotes y obispos. En su discurso durante la 18ª Congregación General del Sínodo de la Sinodalidad (25 de octubre de 2016) mencionó que “el clericalismo es el cáncer de la Iglesia”. Lo criticó como “una forma de mundanidad que ensucia y daña al pueblo fiel de Dios”. De hecho, se definió la sinodalidad como la puesta en marcha en la Iglesia católica de la igualdad de todos los bautizados y su igual participación en las actividades y decisiones que se tomen en las parroquias, las diócesis y la Iglesia toda. Esta tajante afirmación del Vaticano se opone también a lo que afirmó la Asamblea Eclesial, o sea laicas y laicos, sacerdotes y obispos latinoamericanos reunidos en México en 2021: “Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) son un ejemplo concreto de Iglesia sinodal”… En miles de parroquias de América Latina, decenas de miles de laicas y laicos son los responsables de la evangelización y celebración de los sacramentos en lugares donde los sacerdotes no llegan o llegan una vez al año. El mismo papa Francisco consideró que el Documento final de esta Asamblea Eclesial de México era “un laboratorio de la sinodalidad”. En estos mismos días, el papa León 14 se está reuniendo con los cardenales “pidiéndoles su apoyo” para la gobernanza de toda la Iglesia. Casualmente el cardenal Nicolás López Rodríguez de República Dominicana afirma: "Necesitamos regresar al primer siglo de la Iglesia, no a las tradiciones de hace uno, dos o tres siglos". En la misma línea, los cardenales Jean‑Paul Vesco, arzobispo de Argel, y Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulán Bator en Mongolia, describen una misión entendida no como activismo, sino como una presencia humilde, relacional y llena de esperanza, llamada a anunciar el Evangelio en el corazón de sociedades que no han sido modeladas por el cristianismo. Por otra parte, resulta significativo que los Evangelios nunca presenten a Jesús como sacerdote. Lo llaman profeta, maestro, mesías, hijo del hombre, enviado de Dios, pero jamás sacerdote. La categoría sacerdotal aparecerá posteriormente en la Carta a los Hebreos, precisamente para explicar la originalidad absoluta de su misión: en Cristo se produjo un verdadero "cambio del sacerdocio". Jesús no pertenecía a la tradición sacerdotal de Aarón. No ejerció su misión desde el templo. No formaba parte de la casta sacerdotal. No se separó del pueblo para representar lo sagrado. Al contrario, su sacerdocio consistió precisamente en romper esa lógica religiosa. Mientras el sacerdocio del Antiguo Testamento se definía por la separación, Jesús se definió por la identificación y la cercanñia con los hombres y mujeres de su tiempo. Mientras el sacerdote tradicional ascendía hacia Dios desde el ámbito de lo sagrado, Jesús representó a un Dios que desciende hacia la humanidad y especialmente hacia los y las pobres, las personas excluidas y sufrientes. Su sacerdocio nació no de la distancia sino de la cercanía, no del privilegio sino de la solidaridad, no del poder sino del servicio, no del templo sino de la vida. Y alcanzó su culminación no en un santuario sagrado sino en una cruz levantada fuera de la ciudad, en el lugar de las personas marginadas. El sacerdocio de Jesús constituye una crítica permanente a toda forma de sacerdocio que tienda a separarse del pueblo, a elevarse sobre él o a monopolizar la mediación religiosa. El sacerdocio de Jesús fue el sacerdocio laico de la compasión, como él de todos los bautizados de hoy. Por estas y otras razones, las críticas en los medios de comunicación no se hicieron esperar: “El Dicasterio para la liturgia ha vuelto a cerrar la puerta que el Concilio Vaticano II entreabrió hace más de sesenta años¿ - El púlpito prohibido: Roma cierra la boca a los laicos en misa - La homilía prohibida: ¿la iglesia vuelve a elegir la cristiandad? - ¿Por qué Roma no prohíbe de paso predicar a muchos curas? - Los católicos alemanes se rebelan ante el 'No' del Vaticano a la predicación de los laicos en las misas - La iglesia que calla al pueblo: cuando el púlpito se convierte en frontera - ¿Qué sacerdocio quiere representar hoy la Iglesia? …” Recordemos el “sentido de fe” del Pueblo de los bautizados que es norma de fe, el famoso “sensus fidei” de la tradición de la Iglesia católica. Según lo repitió el papa Franciso: “Este discernimiento sobrenatural es suscitado y sostenido por el Espíritu de la verdad, lo que permite a los cristianos reconocer y seguir la acción de la gracia de Cristo en su vida diaria”. A pesar de los pesares, sigamos construyendo el sueño del papa Juan 23 retomado por el papa Francisco: “La Iglesia es de todos, pero más especialmente es la Iglesia de los pobres”. Confirmémonos en la opción por los pobres tal como lo dijeron los obispos latinoamericanos en su reunión de Puebla (México, 1979): Los invitamos a “aceptar y asumir la causa de los pobres como si fuera su propia causa, la causa de Cristo”. Trabajemos para que seamos lo que nos encomendaron el día de nuestro bautismo: “Eres profeta, sacerdotes y rey-pastor”.

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