⚠️ Bolivia ingresa a un periodo de alto riesgo de incendios forestales

Entre el 27 y el 30 de julio se prevé un incremento de las temperaturas máximas en gran parte del territorio nacional, incluyendo el Altiplano, los Valles, la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco.

La combinación de:

• temperaturas elevadas,

• escasa nubosidad,

• intensa radiación ultravioleta (UV),

• baja humedad relativa,

• y ráfagas de viento,

creará condiciones altamente favorables para el inicio y rápida propagación de incendios forestales.

Las imágenes satelitales GOES-19 permiten observar una atmósfera con poca cobertura nubosa durante gran parte del territorio nacional, favoreciendo una mayor incidencia de la radiación solar sobre la superficie terrestre.

Evitemos los incendios

La mayoría de los incendios forestales en Bolivia tienen origen humano.

Por ello es fundamental:

🔥 No realizar chaqueos.

🔥 No efectuar quemas de basura.

🔥 No arrojar colillas de cigarro.

🔥 No encender fogatas.

🔥 Denunciar inmediatamente cualquier columna de humo a las autoridades competentes.

Cada incendio evitado representa miles de árboles, animales silvestres, fuentes de agua y vidas humanas protegidas.

Cecilia Méndez 
MADALBO 

 

¿Tarifa preferencial para policías en Mi Teleférico? Una medida que merece explicación jurídica, social y financiera

La decisión de otorgar un descuento del 30 % a efectivos activos de la Policía Boliviana para el uso de Mi Teleférico abre un debate que va más allá del beneficio concreto anunciado. No se trata de cuestionar la labor de la institución policial ni su función en materia de seguridad ciudadana, sino de preguntarnos bajo qué criterios jurídicos, sociales y económicos una empresa estatal de transporte puede establecer una tarifa preferencial para un grupo específico de servidores públicos.

La medida fue anunciada el 24 de julio de 2026 y contempla una tarjeta preferencial para efectivos activos de la Policía Boliviana, con un descuento del 30 % en el primer viaje, un costo de Bs 30, carácter personal e intransferible y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Según la información difundida, el beneficio surge de un convenio interinstitucional y busca reconocer la vocación de servicio de los policías, además de fortalecer la coordinación entre ambas instituciones para mejorar la seguridad en las estaciones del sistema. (La Octava⁠)

La pregunta, sin embargo, es inevitable: ¿cuál es el fundamento jurídico y técnico para otorgar este beneficio específicamente a los efectivos policiales?

La tarifa diferenciada tiene una finalidad social

La Ley N.º 165, Ley General de Transporte, promulgada el 16 de agosto de 2011, establece principios relacionados con la solidaridad, la compensación y la accesibilidad al transporte público.

Su artículo 49, referido a las tarifas solidarias o especiales, dispone que las políticas públicas destinadas a mejorar el acceso al transporte deben aplicarse sin comprometer la viabilidad financiera de los operadores. La misma disposición establece descuentos para personas con discapacidad calificada en niveles grave o muy grave y para adultos mayores de 60 años. Asimismo, señala que los descuentos para infantes, niñas, niños y estudiantes deben ser definidos por la autoridad competente mediante normativa específica. (Infoleyes⁠)

Esto es importante porque evidencia que la tarifa diferenciada no es, en esencia, un premio o reconocimiento institucional. Tiene una función de política pública y de protección social, orientada a facilitar el acceso al transporte a determinados segmentos de la población en razón de condiciones objetivas y reconocidas por la normativa.

Por ello, el debate no debería plantearse como una oposición entre “policías” y “no policías”. El verdadero asunto es determinar qué criterio de política tarifaria se está aplicando y si ese criterio puede ser utilizado de manera selectiva para beneficiar a una determinada categoría profesional.

¿Por qué policías y no otros servidores públicos?

La Constitución Política del Estado establece en su artículo 14 que el Estado prohíbe toda forma de discriminación, entre otras razones, por condición económica o social y, de manera expresa, por el tipo de ocupación, cuando tenga por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. (SENAPI⁠)

Esto no significa que toda diferencia de trato sea automáticamente inconstitucional. El Estado puede establecer tratamientos diferenciados cuando exista una justificación objetiva, razonable y proporcional.

Precisamente por ello, la medida anunciada obliga a formular algunas preguntas:

¿Cuál es la razón objetiva que justifica otorgar un descuento tarifario a los policías activos y no a otros servidores públicos que también cumplen funciones esenciales para la sociedad?

¿Dónde quedan los maestros, el personal de salud, los bomberos, los trabajadores de emergencias, los funcionarios que prestan servicios esenciales o quienes desarrollan labores de alto riesgo?

Y existe una pregunta todavía más importante:

¿El criterio utilizado es la profesión o la condición de vulnerabilidad económica, social o física del usuario?

Si se trata de reconocer la importancia social de determinadas funciones públicas, entonces el criterio deja de ser estrictamente social y se convierte en un reconocimiento vinculado a la ocupación. En ese caso, sería razonable preguntarse por qué ese reconocimiento corresponde exclusivamente a la Policía Boliviana y no a otros sectores que también prestan servicios esenciales.

La propia Constitución obliga a mirar la medida desde la igualdad

El artículo 14 de la Constitución es particularmente relevante porque incluye el tipo de ocupación entre las condiciones respecto de las cuales debe evitarse la discriminación arbitraria. (SENAPI⁠)

Por tanto, la discusión jurídica no debería limitarse a determinar si existe una norma que permita establecer una tarifa diferenciada. También debe analizarse si la categoría escogida para recibir el beneficio responde a una finalidad legítima y si existe una relación razonable entre esa finalidad y el descuento otorgado.

Si la justificación es la seguridad en las estaciones, por ejemplo, corresponde explicar si esa finalidad debe materializarse mediante una reducción tarifaria o si existen otros instrumentos administrativos o presupuestarios más apropiados para fortalecer la coordinación institucional entre Mi Teleférico y la Policía.

La seguridad del sistema de transporte es, sin duda, una finalidad legítima. Lo que corresponde discutir es si el mecanismo elegido —un descuento tarifario exclusivo para policías activos— es el instrumento jurídica y económicamente adecuado para alcanzarla.

La Ley 165 también habla de sostenibilidad económica

Existe otro elemento que no puede quedar fuera de este debate: la sostenibilidad financiera del servicio público.

La Ley N.º 165 dispone que el régimen tarifario debe considerar los costos reales de prestación del servicio y que las tarifas deben contribuir al equilibrio financiero y a la sostenibilidad de las operaciones. Asimismo, el artículo 49 condiciona las políticas de solidaridad a que no se comprometa la viabilidad financiera de los operadores. (Infoleyes⁠)

Por ello, toda reducción tarifaria debe responder a una pregunta elemental:

¿Quién asume el costo de ese descuento?

Si un pasajero paga menos que la tarifa ordinaria, existe una diferencia económica que debe ser absorbida por alguna vía. Puede ser asumida por la propia empresa, compensada mediante recursos públicos o estructurada bajo otro mecanismo financiero autorizado. Pero no puede simplemente desaparecer del análisis.

Más aún cuando estamos hablando de una empresa estatal de transporte, cuyo equilibrio económico y sostenibilidad financiera son asuntos de interés público.

Por eso sería pertinente conocer si antes de implementar la medida se realizó:

* un estudio del impacto económico del descuento;

* una estimación del número de efectivos policiales que utilizarán el beneficio;

* una proyección de la pérdida de ingresos por la tarifa preferencial;

* un análisis de sostenibilidad financiera;

* y la identificación expresa de la fuente que compensará o absorberá el costo de la medida.

El convenio interinstitucional no debería sustituir la fundamentación tarifaria

Según la información publicada, el descuento surge de un convenio interinstitucional entre Mi Teleférico y la Policía Boliviana. El convenio también contempla acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en las estaciones. (La Octava⁠)

Aquí aparece otro punto que merece transparencia.

Un convenio entre dos instituciones públicas puede establecer mecanismos de cooperación dentro del ámbito de sus competencias. Pero la existencia de un convenio no responde por sí sola a la pregunta de cuál es la base jurídica específica para modificar o establecer una categoría tarifaria preferencial.

Por ello, sería importante que Mi Teleférico haga pública la resolución, reglamento, instrumento administrativo o disposición específica que sustenta el beneficio y explique cómo se articula con la Ley N.º 165 y con la Ley Departamental N.º 128, que establece el régimen tarifario del Sistema de Transporte por Cable en el departamento de La Paz. Esta última norma tiene precisamente por objeto establecer y actualizar el régimen tarifario aplicable al sistema de transporte por cable. (Congreso de la República del Perú⁠)

Una política de inclusión no debería convertirse en una política de privilegios

Las tarifas diferenciadas tienen sentido cuando permiten corregir desigualdades y garantizar que determinadas personas puedan acceder efectivamente a un servicio público esencial.

Por eso existen categorías como adultos mayores y personas con discapacidad; y, de acuerdo con la normativa específica correspondiente, estudiantes y otros grupos que requieren una consideración tarifaria especial.

El problema aparece cuando la tarifa preferencial deja de responder a una condición objetiva de vulnerabilidad o necesidad y comienza a utilizarse como mecanismo de reconocimiento institucional a determinados grupos.

Los policías cumplen una función fundamental para el Estado y para la sociedad. Eso no está en discusión.

La pregunta es otra:

¿La condición de ser policía activo constituye, por sí misma, una situación de vulnerabilidad económica o social que justifique una tarifa preferencial dentro de un servicio público estatal?

Si la respuesta es afirmativa, debería existir un estudio técnico y social que lo demuestre.

Y si la respuesta es que el descuento constituye un reconocimiento por la función que desempeñan, entonces corresponde explicar por qué ese reconocimiento no se aplica bajo criterios generales a otros servidores públicos que también realizan funciones esenciales, de riesgo o de servicio directo a la población.

La pregunta de fondo es de equidad

El debate no debería ser utilizado para enfrentar a policías con maestros, médicos, bomberos, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad o trabajadores.

El verdadero debate es qué modelo de política tarifaria queremos para un servicio público estatal.

Si el principio es la solidaridad, debe existir un criterio claro.

Si el principio es la vulnerabilidad, debe demostrarse la condición de vulnerabilidad.

Si el principio es el reconocimiento al servicio público, debe establecerse una regla general y objetiva que permita determinar quiénes pueden acceder a ella.

Y si el argumento es la seguridad de los usuarios y de las estaciones, entonces debe explicarse por qué la reducción tarifaria constituye el mecanismo más adecuado para alcanzar ese objetivo.

En definitiva, la discusión no consiste en determinar si los policías “merecen” o “no merecen” un descuento. La cuestión es si el Estado puede otorgar una tarifa preferencial financiada o administrada dentro de un servicio público estatal sobre la base de una categoría ocupacional específica, sin una justificación objetiva, técnica, financiera y jurídicamente suficiente.

Antes de ampliar este tipo de beneficios, sería razonable que Mi Teleférico y las autoridades competentes transparenten el fundamento normativo de la medida, los estudios que la respaldan, su impacto financiero y los criterios utilizados para seleccionar a sus beneficiarios.

Porque una tarifa social debe ser, ante todo, social, objetiva, transparente y sostenible.

Y porque en un Estado de derecho, incluso una medida aparentemente pequeña —como pagar menos por un pasaje— merece una explicación cuando los recursos, las reglas y los servicios involucrados son públicos.

Por Cecilia Méndez 

MADALBO 

Venezuela. Jorge Rodríguez padre: la semilla que no deja de germinar en el presente venezolano

 Por Geraldina Colotti, RedContactoSur , 25 de julio de 2026.

Hay nombres de revolucionarios que los vencedores
intentan enterrar en la infamia o en el olvido. Así, la
historia oficial de la IV República, en Venezuela,
quería borrar en la oscuridad de una celda, bajo los
golpes de una violencia de Estado que pretendía
apagar la voz de los pueblos, la figura de Jorge
Antonio Rodríguez. El 25 de julio de 1976, las
torturas de la DISIP destrozaron su cuerpo y lo
entregaron a la familia diciendo que había muerto de
un paro cardíaco. Solo muchos años después, tras la
victoria de Chávez en las elecciones y la entrada en la
política de los dos hijos del resistente –Jorge y Delcy,
respectivamente presidente del parlamento y
presidenta encargada tras el secuestro de Maduro y de
la primera combatiente Cilia Flores –, el médico que
había redactado el informe confesó haberlo hecho
bajo amenaza.
Jorge Antonio tenía solo 34 años, la firmeza de un
maestro rural nacido en Carora, la templanza del
militante entrado en la guerrilla para combatir la
opresión y la visión estratégica de quien había

fundado la Liga Socialista para dar forma organizada
al poder popular.
Para el régimen de la falsa democracia representativa,
siervo de los intereses estadounidenses, un hombre así
no podía ser calificado más que como «terrorista». Era
la misma y desgastada narrativa con la que las élites
criminalizan a quienes empuñan la resistencia y se
niegan a someterse al orden establecido: transformar a
los combatientes por la liberación en «enemigos
públicos» para justificar su persecución y
aniquilamiento. Pensaban que habían acabado con un
hombre. En cambio, la historia ha demostrado que
solo habían sembrado un principio.

Hoy, recordar a Jorge Rodríguez, como la revolución
bolivariana ha hecho cada año, no es un ejercicio
nostálgico ni un rito conmemorativo momificado. Es,
al contrario, una exigencia política impelente y viva.
En un momento en que la Venezuela bolivariana
atraviesa una de las fases más complejas de su historia
reciente, amenazada por asedios económicos,
chantajes imperiales e intentos de desnaturalizar la
trayectoria de emancipación trazada por el pueblo, la
figura de Jorge Rodríguez padre vuelve a hablar con
una lucidez desarmante.

«El socialismo se conquista luchando», solía repetir. Y
en ese verbo —luchar— no había lugar para los atajos
de la rendición, ni para las ilusiones de una
adquisición pacífica y burguesa de los derechos de la
clase trabajadora. Para Jorge Rodríguez, la coherencia
política era una cuestión de ética militante: la defensa
del territorio, el rechazo a la injerencia extranjera y la
fe inquebrantable en el papel histórico de los obreros,
de los campesinos y de los estudiantes.

Hoy, esa misma coherencia está llamada a medirse
con el presente. En el cuerpo colectivo de la clase
obrera venezolana que resiste en las fábricas, en los
CPTT y en las comunas, la memoria de Jorge padre no
es un recuerdo estático, sino una trinchera ideológica.
Nos recuerda de dónde viene este proceso: no de
concesiones de palacio, sino de la sangre derramada
por la militancia antifascista, guerrillera y
antimperialista que resistió a las décadas de la
represión negociada.

Mirar la figura de Jorge Rodríguez hoy significa
hacerse preguntas incómodas y necesarias: ¿cómo
preservar esa herencia de clase frente a las sirenas del
liberalismo y a las presiones geopolíticas? ¿Cómo
garantizar que el «rojo» de la convicción socialista no
se diluya en las nieblas del compromiso táctico?

La respuesta reside en el ejemplo de aquel 25 de julio.
El cadáver entregado a la familia llevaba las marcas
de una barbarie que quería romper una idea; pero esa
idea atravesó décadas, alimentó la llamarada de la
Revolución Bolivariana y se convirtió en patrimonio
del internacionalismo de todo el continente.

Jorge Rodríguez padre sigue caminando al lado de
quien no cede, de quien rechaza la arrogancia del
imperio y de quien sabe que la dignidad de un pueblo
no se vende ni se negocia. Su nombre no pertenece al
pasado: es un imperativo del presente.

Situación de los incendios forestales en Bolivia (Actualización al 26 de julio de 2026)

 

El monitoreo nacional reporta 1.611 focos de calor distribuidos en diferentes regiones del país y dos incendios forestales activos, ubicados en los departamentos de Tarija y Chuquisaca. Aunque el número de incendios activos es reducido en comparación con años anteriores, las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días incrementan significativamente el riesgo de nuevos eventos. 

1. Tarija — Emergencia departamental (la situación más crítica)

El incendio iniciado alrededor del 16 de julio en la serranía de San Lorenzo continúa siendo el evento de mayor magnitud del país. Las zonas de Erquis Ceibal, La Victoria, Sella, Tunal, Quirusillas, Tomatas Grande y otras comunidades han concentrado los mayores esfuerzos de combate. La Gobernación declaró Estado de Emergencia Departamental el 21 de julio. 

Acciones en curso:

* Bomberos de la Policía Boliviana.

* Fuerzas Armadas.

* Defensa Civil.

* Brigadas voluntarias.

* Personal de salud desplazado a las comunidades afectadas.

* Procesos penales abiertos para investigar posibles responsables de los incendios. 

2. Santa Cruz

Aunque no presenta un incendio puntual de la magnitud de Tarija, Santa Cruz concentra actualmente la mayor cantidad de focos de calor del país, lo que incrementa significativamente el riesgo de nuevos incendios forestales, especialmente en la Chiquitanía y zonas de transición hacia la Amazonía. 

Aunque concentra la mayor cantidad de focos de calor del país, los incendios forestales registrados durante la semana fueron controlados en gran parte. Sin embargo, continúa el monitoreo permanente en sectores cercanos al Triángulo de Foianini y otras zonas vulnerables, debido a que las condiciones atmosféricas podrían favorecer nuevos incendios.

3. Beni, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Pando y Potosís

Estos departamentos presentan menor cantidad de focos de calor, pero permanecen bajo vigilancia debido al incremento de temperaturas, baja humedad y pronóstico de vientos para los próximos días. 

Chuquisaca

La noche del viernes fue reportado un nuevo incendio forestal que continúa bajo evaluación y combate por parte de las autoridades locales y nacionales. Su evolución dependerá principalmente de las condiciones meteorológicas de los próximos días.

Lo que hoy observamos refleja una preocupante falta de memoria colectiva.

 

En una de las imágenes se aprecia el devastador incendio de la Reserva Biológica Cordillera de Sama ocurrido en agosto de 2017. El fuego se inició en la zona de Erquiz Ceibal y, entre el 9 y el 13 de agosto, avanzó con rapidez debido a los fuertes vientos y las condiciones de extrema sequedad. El incendio afectó entre 12 y 16 comunidades, consumió aproximadamente 13.100 hectáreas —de las cuales cerca de 10.900 hectáreas correspondían al interior de la Reserva, es decir, alrededor del 10 % de toda su superficie protegida— y dejó profundas consecuencias ecológicas, sociales y económicas para Tarija. También cobró vidas humanas, destruyó pastizales, afectó fuentes de agua, fauna silvestre, ganado y medios de subsistencia de cientos de familias. 

En la otra imagen se observa un incendio ocurrido nueve años después, que vuelve a tener un origen inquietantemente similar: Erquiz Ceibal. Hasta la fecha ya se reportan alrededor de 3.000 hectáreas afectadas, y la preocupación crece porque la historia parece repetirse en el mismo punto de inicio.

La coincidencia no debería pasar desapercibida. Más allá de las condiciones climáticas, resulta imprescindible investigar con rigor las causas que hacen que estos incendios vuelvan a originarse en el mismo sector. La prevención no puede limitarse a apagar el fuego cuando ya se ha desatado; debe comenzar con la identificación de sus causas, el monitoreo permanente de las zonas críticas y la aplicación efectiva de medidas de control y sanción cuando corresponda.

Un pueblo que olvida sus tragedias ambientales está condenado a revivirlas. La memoria también es una herramienta de conservación.

Cecilia Mendez

MADALBO

🚨🔥Bolivia vuelve a encender sus alarmas ambientales

 

.

Mientras Tarija concentra la atención nacional por el incendio en la Serranía de Sama, otros departamentos también enfrentan incendios forestales y un incremento acelerado de focos de calor.

Situación actual (julio de 2026):

🔥Tarija: incendio en Erquiz Ceibal – Serranía de Sama, que ya supera las 3.000 hectáreas afectadas y amenaza comunidades, fuentes de agua y biodiversidad. 

🔥Santa Cruz: es el departamento con la mayor cantidad de focos de calor del país. Existen incendios activos en sectores de Pailón, Porongo, San Matías y otras zonas donde las condiciones climáticas favorecen la propagación del fuego. 

🔥 Cochabamba: se registra un incendio en el sector Liriuni, al norte de Quillacollo, dentro del área del Parque Nacional Tunari, donde trabajan brigadas de bomberos y voluntarios para evitar que el fuego continúe expandiéndose. 

A nivel nacional, el monitoreo oficial reportó entre 800 y más de 1.700 focos de calor en pocos días, una cifra que evidencia el rápido inicio de la temporada de incendios. 

Lo preocupante es que julio apenas marca el comienzo de la época seca. Históricamente, agosto y septiembre son los meses más críticos, por lo que la prevención, el monitoreo y la respuesta temprana serán determinantes para evitar que Bolivia vuelva a enfrentar un desastre ambiental como los de años anteriores.

Cecilia Mendez

MADALBO

SAN JOSÉ DE CHIQUITOS PROHÍBE QUEMAS

El alcalde de San José de Chiquitos, Juan Diego Caballero, emitió un decreto municipal que prohíbe de manera absoluta cualquier tipo de quema en toda la jurisdicción, tras los incendios forestales registrados durante el fin de semana.

La prevención siempre será más inteligente, menos costosa y más humana que combatir un incendio cuando ya está fuera de control.

Cada bosque que no arde conserva biodiversidad, protege el suelo, resguarda las fuentes de agua, captura carbono y mantiene los servicios ecosistémicos de los que depende nuestra propia supervivencia.

Ojalá esta decisión no sea una medida aislada, sino el inicio de una nueva forma de gestionar el territorio, donde la prevención, la educación ambiental, la vigilancia y el cumplimiento de la ley prevalezcan sobre la reacción ante la emergencia.

Porque los incendios no solo consumen árboles; también destruyen hogares de la fauna silvestre, degradan ecosistemas, comprometen el abastecimiento de agua y dejan una huella que puede tardar décadas en recuperarse.

El mejor incendio es el que nunca llega a comenzar.

Por Cecilia Mendez (MADALBO)

AUXILIO, AUXILIO, ESE ES EL GRITO DE LA FLORA Y FAUNA EN ESTOS MOMENTOS EN TARIJA

La emergencia en Tarija se concentra principalmente en la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama, donde el fuego ha afectado sectores de Erquiz Ceibal, Rincón de la Victoria, San Pedro de Sola y áreas próximas a San Lorenzo y Cercado. El relieve escarpado, los fuertes vientos y la abundante vegetación seca han complicado el trabajo de los equipos de emergencia. Aunque el Gobierno informó que varios focos fueron contenidos, continúan las tareas de vigilancia para evitar rebrotes.

La respuesta ciudadana ha sido una de las imágenes más destacadas de esta emergencia. Decenas de voluntarios, comunarios, bomberos forestales y grupos de rescate trabajan abriendo cortafuegos, apagando focos con herramientas manuales y trasladando agua y alimentos a las brigadas. La Alcaldía de Tarija, encabezada por Johnny Torres, movilizó personal municipal, maquinaria, cisternas y apoyo logístico, además de coordinar con instituciones nacionales y voluntarios para contener el avance del incendio. Paralelamente, la Gobernación participa mediante el COED, coordinando recursos departamentales, apoyo técnico y la articulación con otras instituciones para fortalecer las operaciones en campo. Mientras tanto, desde distintos sectores también se exige investigar el origen de los incendios ante la sospecha de que algunos hayan sido provocados. 

Más allá de las hectáreas quemadas, la mayor pérdida ocurre en uno de los ecosistemas más valiosos del sur de Bolivia.

Biodiversidad que está siendo afectada por los incendios en la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama

Flora

* Bosques de queñua (Polylepis spp.).

* Bosques de pino del cerro.

* Tolares.

* Pajonales altoandinos.

* Pastizales naturales.

* Matorrales interandinos.

* Yaretales y vegetación de altura.

* Plantas medicinales y aromáticas nativas.

* Cactáceas y suculentas en sectores secos.

* Especies de flora endémica de los valles interandinos.

Este  mosaico sostiene poblaciones Fauna

* Cóndor andino.

* Águila mora.

* Halcones y gavilanes.

* Lechuzas y búhos.

* Perdices y otras aves terrestres.

* Vicuña.

* Taruca (venado andino).

* Puma.

* Zorro andino.

* Gato andino.

* Vizcacha.

* Conejo silvestre.

* Zorrinos.

* Lagartijas y serpientes nativas.

* Ranas y otros anfibios de quebradas y humedales.

* Mariposas, abejas nativas, escarabajos y otros insectos polinizadores.

* Arañas y numerosos invertebrados esenciales para el equilibrio ecológico. 

Cada incendio destruye refugios, sitios de reproducción, fuentes de alimento y acelera la erosión del suelo, comprometiendo además las cuencas que abastecen de agua a gran parte del valle central de Tarija. 

Mientras escribo estas líneas, la emergencia continúa. En las últimas horas, el Gobierno nacional desplegó dos helicópteros equipados con sistema Bambi Bucket, además de una avioneta de reconocimiento, para apoyar el combate de los incendios en las provincias Méndez y Cercado. Las aeronaves realizan sobrevuelos para identificar los focos más críticos y efectuar descargas de agua en zonas de difícil acceso, mientras se mantiene la posibilidad de reforzar el operativo con más bomberos si las condiciones lo requieren. 

Un aspecto que merece especial atención es el rol de la gobernadora de Tarija, María René Soruco, quien ha participado en la coordinación de las acciones junto a los ministros del Gobierno nacional y el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED). Su presencia en las reuniones operativas refleja la responsabilidad institucional que hoy tiene el departamento frente a una emergencia que trasciende lo ambiental: está en juego la biodiversidad de la Cordillera de Sama, la seguridad hídrica de Tarija y la salud de miles de personas. Sin embargo, una vez controladas las llamas, el verdadero desafío será demostrar que esta tragedia deja aprendizajes concretos, fortaleciendo la prevención, la restauración ecológica y la gestión integral del fuego para que la historia no vuelva a repetirse el próximo año.

Por Cecilia Mendez - MADALBO

¿DÓNDE ESTÁ PARADO EL VATICANO? Pedro Pierre ¡Oh sorpresa! El Vaticano, más exactamente el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, prohíbe a las y los laicos comentar la palabra de Dios durante las celebraciones de la Eucaristía. Eso es la respuesta que dio el Dicasterio de la liturgia en el Vaticano a los obispos alemanes que solicitaban mayor participación de las y los laicos en las celebraciones eucarísticas. Esta negativa sorprendió no solamente a los obispos alemanes sino también a muchos católicos por todas partes. Aparece como una contradicción con la apertura que el Concilio Vaticano 2° había demostrado al insistir sobre la promoción de todos los bautizados para que sean más activos tanto en la responsabilidad de ‘evangelizar’ o sea transmitir la Buena Nueva de Jesús de Nazaret como de participar activamente en la celebración de los sacramentos. La prohibición del Vaticano contradice la propuesta de sinodalidad por la que tanto insistió el papa Francisco, afín de combatir el clericalismo de los sacerdotes y obispos. En su discurso durante la 18ª Congregación General del Sínodo de la Sinodalidad (25 de octubre de 2016) mencionó que “el clericalismo es el cáncer de la Iglesia”. Lo criticó como “una forma de mundanidad que ensucia y daña al pueblo fiel de Dios”. De hecho, se definió la sinodalidad como la puesta en marcha en la Iglesia católica de la igualdad de todos los bautizados y su igual participación en las actividades y decisiones que se tomen en las parroquias, las diócesis y la Iglesia toda. Esta tajante afirmación del Vaticano se opone también a lo que afirmó la Asamblea Eclesial, o sea laicas y laicos, sacerdotes y obispos latinoamericanos reunidos en México en 2021: “Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) son un ejemplo concreto de Iglesia sinodal”… En miles de parroquias de América Latina, decenas de miles de laicas y laicos son los responsables de la evangelización y celebración de los sacramentos en lugares donde los sacerdotes no llegan o llegan una vez al año. El mismo papa Francisco consideró que el Documento final de esta Asamblea Eclesial de México era “un laboratorio de la sinodalidad”. En estos mismos días, el papa León 14 se está reuniendo con los cardenales “pidiéndoles su apoyo” para la gobernanza de toda la Iglesia. Casualmente el cardenal Nicolás López Rodríguez de República Dominicana afirma: "Necesitamos regresar al primer siglo de la Iglesia, no a las tradiciones de hace uno, dos o tres siglos". En la misma línea, los cardenales Jean‑Paul Vesco, arzobispo de Argel, y Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulán Bator en Mongolia, describen una misión entendida no como activismo, sino como una presencia humilde, relacional y llena de esperanza, llamada a anunciar el Evangelio en el corazón de sociedades que no han sido modeladas por el cristianismo. Por otra parte, resulta significativo que los Evangelios nunca presenten a Jesús como sacerdote. Lo llaman profeta, maestro, mesías, hijo del hombre, enviado de Dios, pero jamás sacerdote. La categoría sacerdotal aparecerá posteriormente en la Carta a los Hebreos, precisamente para explicar la originalidad absoluta de su misión: en Cristo se produjo un verdadero "cambio del sacerdocio". Jesús no pertenecía a la tradición sacerdotal de Aarón. No ejerció su misión desde el templo. No formaba parte de la casta sacerdotal. No se separó del pueblo para representar lo sagrado. Al contrario, su sacerdocio consistió precisamente en romper esa lógica religiosa. Mientras el sacerdocio del Antiguo Testamento se definía por la separación, Jesús se definió por la identificación y la cercanñia con los hombres y mujeres de su tiempo. Mientras el sacerdote tradicional ascendía hacia Dios desde el ámbito de lo sagrado, Jesús representó a un Dios que desciende hacia la humanidad y especialmente hacia los y las pobres, las personas excluidas y sufrientes. Su sacerdocio nació no de la distancia sino de la cercanía, no del privilegio sino de la solidaridad, no del poder sino del servicio, no del templo sino de la vida. Y alcanzó su culminación no en un santuario sagrado sino en una cruz levantada fuera de la ciudad, en el lugar de las personas marginadas. El sacerdocio de Jesús constituye una crítica permanente a toda forma de sacerdocio que tienda a separarse del pueblo, a elevarse sobre él o a monopolizar la mediación religiosa. El sacerdocio de Jesús fue el sacerdocio laico de la compasión, como él de todos los bautizados de hoy. Por estas y otras razones, las críticas en los medios de comunicación no se hicieron esperar: “El Dicasterio para la liturgia ha vuelto a cerrar la puerta que el Concilio Vaticano II entreabrió hace más de sesenta años¿ - El púlpito prohibido: Roma cierra la boca a los laicos en misa - La homilía prohibida: ¿la iglesia vuelve a elegir la cristiandad? - ¿Por qué Roma no prohíbe de paso predicar a muchos curas? - Los católicos alemanes se rebelan ante el 'No' del Vaticano a la predicación de los laicos en las misas - La iglesia que calla al pueblo: cuando el púlpito se convierte en frontera - ¿Qué sacerdocio quiere representar hoy la Iglesia? …” Recordemos el “sentido de fe” del Pueblo de los bautizados que es norma de fe, el famoso “sensus fidei” de la tradición de la Iglesia católica. Según lo repitió el papa Franciso: “Este discernimiento sobrenatural es suscitado y sostenido por el Espíritu de la verdad, lo que permite a los cristianos reconocer y seguir la acción de la gracia de Cristo en su vida diaria”. A pesar de los pesares, sigamos construyendo el sueño del papa Juan 23 retomado por el papa Francisco: “La Iglesia es de todos, pero más especialmente es la Iglesia de los pobres”. Confirmémonos en la opción por los pobres tal como lo dijeron los obispos latinoamericanos en su reunión de Puebla (México, 1979): Los invitamos a “aceptar y asumir la causa de los pobres como si fuera su propia causa, la causa de Cristo”. Trabajemos para que seamos lo que nos encomendaron el día de nuestro bautismo: “Eres profeta, sacerdotes y rey-pastor”.

 

¿DÓNDE ESTÁ PARADO EL VATICANO?

Pedro Pierre

¡Oh sorpresa! El Vaticano, más exactamente el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, prohíbe a las y los laicos comentar la palabra de Dios durante las celebraciones de la Eucaristía. Eso es la respuesta que dio el Dicasterio de la liturgia en el Vaticano a los obispos alemanes que solicitaban mayor participación de las y los laicos en las celebraciones eucarísticas.

Esta negativa sorprendió no solamente a los obispos alemanes sino también a muchos católicos por todas partes. Aparece como una contradicción con la apertura que el Concilio Vaticano 2° había demostrado al insistir sobre la promoción de todos los bautizados para que sean más activos tanto en la responsabilidad de ‘evangelizar’ o sea transmitir la Buena Nueva de Jesús de Nazaret como de participar activamente en la celebración de los sacramentos.

La prohibición del Vaticano contradice la propuesta de sinodalidad por la que tanto insistió el papa Francisco, afín de combatir el clericalismo de los sacerdotes y obispos. En su discurso durante la 18ª Congregación General del Sínodo de la Sinodalidad (25 de octubre de 2016) mencionó que “el clericalismo es el cáncer de la Iglesia”. Lo criticó como “una forma de mundanidad que ensucia y daña al pueblo fiel de Dios”. De hecho, se definió la sinodalidad como la puesta en marcha en la Iglesia católica de la igualdad de todos los bautizados y su igual participación en las actividades y decisiones que se tomen en las parroquias, las diócesis y la Iglesia toda.

Esta tajante afirmación del Vaticano se opone también a lo que afirmó la Asamblea Eclesial, o sea laicas y laicos, sacerdotes y obispos latinoamericanos reunidos en México en 2021: “Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) son un ejemplo concreto de Iglesia sinodal”… En miles de parroquias de América Latina, decenas de miles de laicas y laicos son los responsables de la evangelización y celebración de los sacramentos en lugares donde los sacerdotes no llegan o llegan una vez al año. El mismo papa Francisco consideró que el Documento final de esta Asamblea Eclesial de México era “un laboratorio de la sinodalidad”.

En estos mismos días, el papa León 14 se está reuniendo con los cardenales “pidiéndoles su apoyo” para la gobernanza de toda la Iglesia. Casualmente el cardenal Nicolás López Rodríguez de República Dominicana afirma: "Necesitamos regresar al primer siglo de la Iglesia, no a las tradiciones de hace uno, dos o tres siglos". En la misma línea, los cardenales Jean Paul Vesco, arzobispo de Argel, y Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulán Bator en Mongolia, describen una misión entendida no como activismo, sino como una presencia humilde, relacional y llena de esperanza, llamada a anunciar el Evangelio en el corazón de sociedades que no han sido modeladas por el cristianismo.

Por otra parte, resulta significativo que los Evangelios nunca presenten a Jesús como sacerdote. Lo llaman profeta, maestro, mesías, hijo del hombre, enviado de Dios, pero jamás sacerdote. La categoría sacerdotal aparecerá posteriormente en la Carta a los Hebreos, precisamente para explicar la originalidad absoluta de su misión: en Cristo se produjo un verdadero "cambio del sacerdocio". Jesús no pertenecía a la tradición sacerdotal de Aarón. No ejerció su misión desde el templo. No formaba parte de la casta sacerdotal. No se separó del pueblo para representar lo sagrado. Al contrario, su sacerdocio consistió precisamente en romper esa lógica religiosa. Mientras el sacerdocio del Antiguo Testamento se definía por la separación, Jesús se definió por la identificación y la cercanñia con los hombres y mujeres de su tiempo. Mientras el sacerdote tradicional ascendía hacia Dios desde el ámbito de lo sagrado, Jesús representó a un Dios que desciende hacia la humanidad y especialmente hacia los y las pobres, las personas excluidas y sufrientes. Su sacerdocio nació no de la distancia sino de la cercanía, no del privilegio sino de la solidaridad, no del poder sino del servicio, no del templo sino de la vida. Y alcanzó su culminación no en un santuario sagrado sino en una cruz levantada fuera de la ciudad, en el lugar de las personas marginadas. El sacerdocio de Jesús constituye una crítica permanente a toda forma de sacerdocio que tienda a separarse del pueblo, a elevarse sobre él o a monopolizar la mediación religiosa. El sacerdocio de Jesús fue el sacerdocio laico de la compasión, como él de todos los bautizados de hoy.

Por estas y otras razones, las críticas en los medios de comunicación no se hicieron esperar: “El Dicasterio para la liturgia ha vuelto a cerrar la puerta que el Concilio Vaticano II entreabrió hace más de sesenta años¿ - El púlpito prohibido: Roma cierra la boca a los laicos en misa - La homilía prohibida: ¿la iglesia vuelve a elegir la cristiandad? - ¿Por qué Roma no prohíbe de paso predicar a muchos curas? - Los católicos alemanes se rebelan ante el 'No' del Vaticano a la predicación de los laicos en las misas - La iglesia que calla al pueblo: cuando el púlpito se convierte en frontera - ¿Qué sacerdocio quiere representar hoy la Iglesia? …”

Recordemos el “sentido de fe” del Pueblo de los bautizados que es norma de fe, el famoso “sensus fidei” de la tradición de la Iglesia católica. Según lo repitió el papa Franciso: “Este discernimiento sobrenatural es suscitado y sostenido por el Espíritu de la verdad, lo que permite a los cristianos reconocer y seguir la acción de la gracia de Cristo en su vida diaria”.

A pesar de los pesares, sigamos construyendo el sueño del papa Juan 23 retomado por el papa Francisco: “La Iglesia es de todos, pero más especialmente es la Iglesia de los pobres”. Confirmémonos en la opción por los pobres tal como lo dijeron los obispos latinoamericanos en su reunión de Puebla (México, 1979): Los invitamos a “aceptar y asumir la causa de los pobres como si fuera su propia causa, la causa de Cristo”. Trabajemos para que seamos lo que nos encomendaron el día de nuestro bautismo: “Eres profeta, sacerdotes y rey-pastor”.

Juana Azurduy de Padilla: la heroína

 

Juana Azurduy de Padilla: la heroína que hizo de la libertad su causa de vida

Cada 12 de julio recordamos el nacimiento de Juana Azurduy de Padilla, una de las figuras más extraordinarias de la lucha por la independencia de América del Sur. Su vida representa el compromiso, el coraje y el sacrificio de miles de mujeres que, muchas veces silenciadas por la historia oficial, combatieron por la emancipación de los pueblos del antiguo Virreinato del Río de la Plata y del Alto Perú.

Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, en la actual región de Potosí, Bolivia. Desde muy joven recibió formación en un convento con la intención de consagrar su vida religiosa. Sin embargo, su destino sería muy diferente. En 1805 contrajo matrimonio con Manuel Ascensio Padilla, con quien formó no solo una familia, sino también una profunda alianza política y militar al servicio de la causa independentista.

Los acontecimientos revolucionarios de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809, y posteriormente los de La Paz, marcaron el inicio del proceso emancipador en el Alto Perú. Juana y Manuel Padilla abrazaron inmediatamente la causa revolucionaria. Dejando de lado la comodidad y la vida familiar, Juana decidió incorporarse activamente a la lucha, incluso enfrentando el dolor de separarse de sus hijos para defender el sueño de una América libre.

Lejos de ocupar un papel secundario, Juana Azurduy demostró un extraordinario talento para la conducción militar. Organizó tropas, participó en estrategias de combate y lideró numerosas acciones guerrilleras junto a su esposo. Cuando Manuel Ascensio Padilla debió trasladarse hacia la región del Chaco, le confió la defensa de la hacienda de Villar. Con apenas treinta fusileros resistió el ataque de las fuerzas realistas, demostrando una capacidad de liderazgo que sorprendió incluso a sus propios compañeros de armas.

Con el estallido de la Revolución de Mayo en Buenos Aires, Juana y Manuel se incorporaron al Ejército Auxiliar del Norte para continuar la lucha contra el dominio español. En 1812 organizó el célebre Batallón Leales, integrado por combatientes comprometidos con la independencia. Su valentía fue reconocida por el general Manuel Belgrano, quien admiró profundamente su actuación en el campo de batalla y le entregó su propio sable como símbolo de respeto y reconocimiento, un gesto reservado para quienes demostraban un heroísmo excepcional.

Juana Azurduy participó en numerosos combates, encabezó cargas militares y recuperó banderas enemigas, acciones que fortalecieron la moral de las tropas patriotas. Su figura rompió todos los prejuicios de una época en la que la participación de las mujeres en la guerra era invisibilizada o considerada excepcional. Ella demostró que el amor por la patria no reconocía diferencias de género.

El sacrificio personal fue enorme. Perdió a varios de sus hijos durante los años de guerra y en 1816 sufrió una de las tragedias más dolorosas de su vida. Durante la batalla de La Laguna resultó gravemente herida. Manuel Ascensio Padilla intentó rescatarla en pleno combate, pero fue alcanzado por las fuerzas realistas y perdió la vida. A pesar de semejante golpe, Juana continuó luchando por la independencia con la misma firmeza y convicción.

Con la creación de Bolivia en 1825, el libertador Simón Bolívar visitó a Juana Azurduy y quedó profundamente conmovido por las difíciles condiciones en las que vivía quien había entregado su vida a la causa emancipadora. En reconocimiento a sus servicios, la ascendió al grado de Coronel y le otorgó una pensión. Se atribuye a Bolívar la reflexión de que la nueva República debía llevar el nombre de Padilla o Azurduy por el inmenso sacrificio realizado por ambos en favor de la libertad.

Sin embargo, el reconocimiento oficial fue insuficiente. La pensión fue suspendida y Juana terminó viviendo en la pobreza. Falleció el 25 de mayo de 1862 en Sucre, prácticamente olvidada por los gobiernos de la época, cuando estaba próxima a cumplir ochenta y dos años. Fue enterrada inicialmente en una fosa común, reflejo de la injusticia con la que muchas veces la historia trató a quienes entregaron todo por la independencia.

Con el paso del tiempo, la figura de Juana Azurduy recuperó el lugar que merece. Hoy es reconocida como Heroína de Bolivia y de Argentina. Ambos países le rinden homenaje mediante monumentos, instituciones educativas, espacios públicos y conmemoraciones oficiales que recuerdan su extraordinario legado.

Juana Azurduy simboliza la valentía, la igualdad, el patriotismo y la participación de las mujeres en los grandes procesos históricos de América Latina. Su ejemplo inspira a nuevas generaciones a defender la justicia, la libertad, la soberanía de los pueblos y la integración latinoamericana.

Recordar a Juana Azurduy no es solamente rendir homenaje a una heroína del pasado. Es reivindicar el papel de miles de mujeres anónimas que hicieron posible la independencia de nuestros pueblos y reafirmar el compromiso con una América Latina más justa, más libre y más unida.

Lic. Rubén Suárez
Director de RedContactoSur

Ecuador bajo la lupa : Lo que revelan los Informes internacionales de Derechos Humanos sobre los estados de excepción

Ecuador bajo la lupa : Lo que revelan los Informes internacionales de Derechos Humanos sobre

los estados de excepción

Naciones Unidas, la CIDH, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y una investigación

periodística de medios escritos como Connectas y Tierra de Nadie coinciden en un mismo

diagnóstico: la militarización de la seguridad, iniciada en 2024, es el hilo que conecta las cárceles

más letales de la región, denuncias de tortura, desapariciones forzadas y un contrato de

vigilancia con la empresa Palantir.

Por Paulina Andrade A. — Especial para Contacto Sur

*Comunicadora e Internacionalista

Más de 1.220 personas privadas de libertad murieron en Ecuador durante 2025. Es la cifra más

alta jamás registrada en el país: más de tres muertes por día dentro de las cárceles. No son, en su

mayoría, víctimas de las masacres carcelarias que el mundo vio en 2021 y 2022. Hoy mueren de

otra forma: por desnutrición, tuberculosis, o causas que los registros anotan simplemente como

"indeterminadas".

Ese dato, documentado por la investigación "Encerrados para morir" de CONNECTAS y Tierra de

Nadie, es apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande que, en los últimos meses,

han armado por separado el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos

Humanos (FIDH). Trabajando de forma independiente, con metodologías distintas, todos llegan a

una misma conclusión central.

El diagnóstico que todos comparten

Desde comienzos de 2024, bajo la presidencia de Daniel Noboa, Ecuador vive en estados de

excepción prolongados. El gobierno ha calificado la situación de "conflicto armado interno", una

figura legal que amplía el margen de acción de las Fuerzas Armadas para operar en tareas que

antes correspondían a la Policía, incluso dentro de las cárceles.

Ningún organismo niega que el crimen organizado sea una amenaza real. La discusión no es esa.

Lo que preocupa —y en esto coinciden el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la

CIDH, la OMCT y Human Rights Watch— es si la respuesta militarizada ha sido proporcional y

sostenible. La CIDH lo resume en una frase que casi funciona como titular de todo este panorama:

los operativos policiales y militares de alta letalidad no se sostienen en el tiempo, y terminan

violando derechos.

Números que hay que leer con cuidado

La OMCT documenta 369 denuncias de tortura entre 2024 y 2026, y 51 desapariciones forzadas

presuntamente cometidas por agentes del Estado. Son denuncias, no sentencias judiciales, una

distinción que los propios informes subrayan.

Durante las protestas de 2025, la misma organización registró 391 presuntas violaciones de

derechos humanos, 206 detenciones arbitrarias, 473 heridos y al menos dos muertes por uso

excesivo de la fuerza. Y el Plan Fénix, la ofensiva de seguridad del gobierno, dejó cerca de 35.000

detenciones entre enero y mayo de 2024 —una cifra que, advierte el propio informe, no implica

que todas hayan sido arbitrarias, sino que alerta sobre el riesgo de un uso demasiado amplio de

las medidas antiterroristas.

El fenómeno tampoco es exclusivo de Ecuador: de ocho países latinoamericanos evaluados por el

Índice Global de Tortura, siete —incluido Ecuador— quedaron clasificados con riesgo alto o muy

alto.

Las cárceles: de la violencia entre bandas al abandono institucional

El cambio más inquietante que documenta CONNECTAS no es solo la cifra de muertes en prisión,

sino su naturaleza. Antes morían mayoritariamente en peleas entre bandas. Ahora mueren por

enfermedad y desatención: más de mil casos de tuberculosis registrados en 2025 dentro del

sistema penitenciario, según la OMCT, que también reporta 346 fallecidos solo en Guayaquil en los

primeros meses de 2026.

La violencia explosiva, sin embargo, no desapareció: un motín en la cárcel de Esmeraldas dejó 17

muertos, y una explosión en un centro penitenciario de Machala, 13. Dentro de los mismos

penales, según CONNECTAS, siguen operando estructuras de control criminal que obligan a las

familias a pagar para que sus parientes puedan comer o simplemente sobrevivir.

Una Corte bajo presión, pero que todavía responde

En el plano institucional, Human Rights Watch documenta ataques a la independencia de la Corte

Constitucional, fiscales y jueces sin protección, y reformas que buscaron saltarse los controles

constitucionales. Pero la CIDH agrega un matiz que evita una lectura de todo o nada: pese a las

presiones, la Corte sacó adelante fallos relevantes, como el que reconoció el derecho a la

identidad de género de una adolescente trans. La institucionalidad ecuatoriana, coinciden ambos

organismos, está presionada, pero no vencida.

Palantir: la vigilancia digital entra en escena

En mayo de 2025, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones firmó un contrato con la

empresa estadounidense Palantir Technologies para dotar al Servicio Nacional de Aduana del

software Palantir Foundry, según reportó Primicias. La plataforma cruza datos de comercio

exterior, manifiestos de carga, registros policiales y fuentes abiertas para detectar contrabando, y

la propia Aduana ha reportado casos donde el sistema evitó pérdidas al Estado.

Pero el contrato llegó acompañado de señales de alerta documentadas por organizaciones de

derechos digitales. Amnistía Internacional advirtió que Palantir facilita la vigilancia estatal a gran

escala sin garantías éticas suficientes, y recordó que su software es usado por el Servicio de

Inmigración de Estados Unidos para localizar migrantes en procesos de deportación, además de

sus contratos con el Departamento de Defensa estadounidense y las fuerzas armadas de Israel.

Derechos Digitales y CONNECTAS documentan además la opacidad del acuerdo: se sabe que la

Aduana pagó más de seis millones de dólares a la CNT, pero no cuánto llegó efectivamente a

Palantir ni bajo qué condiciones exactas —pese a que, según funcionarios consultados, no habría

razón legal para mantener esa información en reserva. Y el gobierno, según CONNECTAS, evaluaría

extender esta tecnología a minería, pesca y seguridad social, lo que concentraría datos sensibles,

incluida información de salud, en manos de una empresa privada extranjera.

El caso que sacudió a la comunidad internacional

El 8 de junio encontraron muerta en su casa en Montañita a Monika Silva Koniuszek, activista de

origen polaco de 41 años, madre soltera de dos niñas y Presidenta de la Fundación “La Integridad”.

Silva investigaba corrupción y tráfico de tierras en la zona, y había comenzado a indagar sobre

Noboa Trading —la empresa frutícola de la familia del Presidente de la República— a raíz de una

incautación de cocaína en contenedores de banano que, según sus propias denuncias, altos cargos

judiciales habrían frenado.

El ministro del Interior, John Reimberg, habló inicialmente de un suicidio. Once días después, una

autopsia realizada en Guayaquil estableció otra causa de muerte: un golpe en la cabeza y asfixia

por estrangulamiento.

No hay sentencia firme, y ni el Presidente ni su empresa han sido acusados formalmente. Pero la

reacción internacional fue inmediata: la Unión Europea y la Fiscalía de Polonia pidieron una

investigación independiente, la CIDH exigió abrir nuevas líneas de indagación, y la Corte Suprema

de Argentina envió peritos como veedores. La Fiscalía ecuatoriana investiga el caso como

feminicidio. Según medios locales, poco antes de morir, Silva había entregado documentación a la

Embajada de Estados Unidos en Quito.

Pueblos indígenas, mujeres, niñez y migración

Amnistía Internacional concentra sus alertas en la falta de protección para las defensoras

ambientales conocidas como "Guerreras por la Amazonía", y en actividades extractivas que

avanzan sin el consentimiento previo de los pueblos indígenas. Human Rights Watch suma un dato

con peso simbólico: sigue sin cumplirse el mandato popular, votado en consulta, que ordenó

detener la explotación petrolera en el bloque ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní.

En materia de género, Human Rights Watch documenta un aumento de muertes violentas de

mujeres y dificultades para acceder al aborto incluso en los casos permitidos por ley. Sobre niñez,

alerta un incremento de homicidios de menores y el reclutamiento de niños y adolescentes por

bandas criminales, una preocupación que coincide, de forma independiente, con la Resolución

1/26 de la CIDH. Y en movilidad humana, Ecuador registraría uno de los niveles más altos de

desplazamiento interno por violencia de la región, aunque este es uno de los puntos donde la

información disponible entre organismos resulta más limitada.

¿Qué piden, en el fondo, todos estos informes?

Las recomendaciones, viniendo de mandatos tan distintos, apuntan casi todas en la misma

dirección: más transparencia del Ministerio de Defensa, revisión de la sostenibilidad de los

operativos letales, fortalecimiento de la protección a defensores de derechos humanos, y una

revisión de fondo del marco legal del "conflicto armado interno". A fines de junio, la Unión

Europea abrió una convocatoria de fondos de emergencia de hasta 1,5 millones de euros para

reforzar la seguridad jurídica y la protección digital de la sociedad civil ecuatoriana.

El pedido de fondo, dicho de otra forma: más control civil sobre las decisiones de seguridad, no

menos. Ningún organismo pide bajar la guardia frente al crimen organizado; piden que la

respuesta sea profesional, transparente y esté bajo control de la Justicia y las instituciones civiles,

no únicamente de las Fuerzas Armadas.

Ecuador enfrenta, sin duda, una amenaza de seguridad real. Pero la respuesta elegida hasta ahora

priorizó la fuerza militar por encima de la investigación civil y la protección de derechos, y ese

camino tuvo un costo medible en vidas humanas: en las calles, en las cárceles, entre quienes

defienden su territorio. Hasta el momento en que se publicaron estos informes, nada indica que la

violencia que se buscaba combatir haya bajado de forma sostenida.

La pregunta que dejan planteada, de manera coincidente, organismos tan distintos entre sí no es

si Ecuador atraviesa una crisis de seguridad —en eso no hay discusión—, sino si el camino elegido

para enfrentarla es compatible con proteger los derechos fundamentales de su gente.

Fuentes: Comité contra la Desaparición Forzada (ONU, marzo 2026); Organización Mundial Contra

la Tortura, Índice Global de Tortura (2ª ed., 2026); Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

Resolución 1/26 y pronunciamientos de relatorías (2026); Amnistía Internacional, informe AMR

28/0609/2026 y alertas sobre defensoras ambientales y tecnología de vigilancia; Federación

Internacional por los Derechos Humanos, declaración conjunta (marzo 2026); Human Rights

Watch, Informe Mundial 2026 (capítulo Ecuador); CONNECTAS y Tierra de Nadie, "Encerrados para

morir" y "Palantir en Ecuador: ¿un aliado estratégico o un Caballo de Troya?"; Derechos Digitales;

Primicias; El País (España); Unión Europea; BBC News Mundo, France 24, La Nación, The Guardian,

Cubadebate.

 https://redcontactosur.blogspot.com/2026/07/ecuador-bajo-la-lupa-lo-que-revelan-los.html