Por Geraldina Colotti (desde Caracas), RedContactoSur , 23 de febrero de 2026.
Encontrarse, escucharse, perdonarse. La Venezuela
bolivariana se enfrenta a un nuevo y complejo desafío
de elaboración colectiva tras el trauma del 3 de enero.
Con la aprobación de la Ley de Amnistía y
Convivencia Democrática, el país busca sanar las
heridas dejadas por la violencia, cubriendo un arco
temporal que va desde 2002 (el golpe de Estado
contra Chávez) hasta hoy.
Pero el proceso no atañe
solo a las altas esferas de la política; afecta, sobre
todo, a las raíces de la construcción social.
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del
Celarg (Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo
Gallegos), dirigido por el historiador Pedro Calzadilla.
La elección de la sede no es casual: un lugar de
pensamiento y cultura que se transformó para la
ocasión en un espacio de escucha política para el
Programa por la Convivencia Democrática y la Paz,
liderado por el ministro de Cultura Ernesto Villegas.
La iniciativa evoca, por analogía, la experiencia de los
gacaca en la Ruanda post-genocidio, pero depurada de
las ambigüedades que caracterizaron a aquellos
tribunales populares —a menudo acusados de
parcialidad y falta de garantías jurídicas para ambas
partes, al estar sesgados hacia el lado de los
vencedores (los tutsis)—. En el modelo venezolano,
en cambio, los casos que no entran abiertamente en la
amnistía se examinan por separado con
procedimientos transparentes. Según Jorge Rodríguez,
presidente de la Asamblea Nacional, ya se han
recibido 1.557 solicitudes y cientos de liberaciones
están en curso.
Como precisó el ministro Villegas, este espacio de
discusión no sustituye a los tribunales ordinarios, que
siguen siendo los órganos competentes para conocer el
fondo de posibles recursos y revisiones. El Celarg
funciona, por tanto, como un espacio de mediación
necesario para instruir los expedientes, garantizando
el respeto a la ley junto con la sustancia política del
perdón. No obstante, la Amnistía no es una puerta
abierta a la impunidad: quedan excluidos los delitos
atroces y la gran corrupción. Jorge Rodríguez fue
claro: la ley prevé también la revisión de medidas
sustitutivas para más de 11.000 personas bajo régimen
de presentación o arresto domiciliario. “Es la
contribución para una paz que esperamos sea
duradera, donde todos nos respetemos y se puedan
discutir las diferencias sin recurrir al odio o la
polarización”, declaró el presidente de la AN.
Mientras el extremismo de derecha intenta pervertir
los fines de la ley mediante campañas mediáticas e
influencers, el gobierno bolivariano reivindica su
propia historia: desde el reconocimiento de las
víctimas del Caracazo de 1989 hasta hoy, el objetivo
sigue siendo la reconciliación nacional. Pero más allá
de los grandes nombres de la política, el verdadero
corazón de este proceso late en las historias de
quienes, entre las filas del pueblo, han quedado
atrapados en los engranajes de un sistema judicial aún
por descolonizar.
Al tiempo que prosiguen las mesas de diálogo con las
oposiciones y sus familiares, esta asamblea se dirigió
específicamente a la izquierda popular y a aquellas
categorías que han luchado por hacer respetar las
leyes más avanzadas del chavismo en materia de
tierras, vivienda y autogestión. Aquí emerge la
contradicción más dura: el proceso bolivariano se
sostiene sobre una difícil alquimia entre el viejo
aparato burocrático —aún impregnado de las
dinámicas de la Cuarta República— y la nueva
construcción social. Los representantes del poder
popular se han enfrentado no solo a la oposición
política, sino a terratenientes y constructores que han
intentado revertir las leyes revolucionarias a su favor,
usando la legalidad como un arma contra los sectores
populares.
En el municipio de Banal, estado Portuguesa, la lucha
por la tierra ha tomado los tintes de una injusticia
procesal. Una coordinadora de las Misiones
Campesinas relata con voz firme el caso de ocho
trabajadores de la tierra del sector Castaño,
judicializados —es decir, sometidos a proceso— por
haber solicitado títulos de propiedad en plena
conformidad con la Ley de Tierras.
Entre ellos está el compañero Gordero, detenido desde
diciembre, y Michelle López, una docente y madre
que ha tenido que alejarse de sus hijos por ser
perseguida por la justicia siendo inocente. “Nos duele
el alma”, explica la coordinadora, “porque son
compañeros netamente revolucionarios,
comprometidos con este proceso, que hoy viven una
situación bastante dura”. Estos campesinos, que
propusieron destinar el 60% de la producción al
pueblo local, representan a ese pueblo que la
Revolución quiere proteger y que ahora pide a la
Comisión de Paz ser escuchado para poner fin a este
tipo de atropellos.
No menos dramático es el testimonio que llega del
sector industrial de Caracas. Nerio Méndez,
sindicalista del sector químico-farmacéutico, habla
abiertamente de “terrorismo judicial” dentro de una
empresa privada. La historia comienza en 2019, con
allanamientos arbitrarios en los lockers de los
trabajadores e invención de «falsos positivos» para
desplazar a los delegados sindicales.
“Aprovecharon la pandemia en 2020 para sacar a toda
la junta directiva del sindicato, impidiéndonos luchar
por los derechos de los trabajadores”, denuncia
Méndez. A pesar de las mesas de negociación
iniciadas por la diputada Luz Coromoto en 2022, para
estos obreros comenzó un calvario de juicios,
apelaciones y sentencias de casación que los mantiene
hoy bajo asedio. Para ellos, la Amnistía y el trabajo de
la Comisión liderada por Delcy Rodríguez son la
última esperanza para demostrar que la magistratura
no puede usarse como un arma patronal contra los
derechos laborales.
Entre las organizaciones presentes, muchas fueron
protagonistas de la Gran Marcha Nacional Campesina
de 2018 contra el sicariato. El sentimiento
generalizado es de una profunda injusticia frente a
tribunales que sancionan la pobreza y jueces que aún
se inclinan hacia quien tiene más recursos. Las
sanciones y la desestabilización externa han retrasado
el avance del poder popular, pero el proceso no se
detiene: mientras se prepara la consulta popular del 8
de marzo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez
continúa entregando títulos de tierra en las Comunas.
Sin embargo, incluso cuando el Estado aplica la ley,
los privados intentan a menudo retomar terreno. Fue
significativa la reacción de la audiencia cuando el
representante de Fedecámaras afirmó que hay que ir a
la fuente de los problemas: “Exacto”, fue la respuesta
seca de quien identifica dicha fuente en la persistencia
del modelo capitalista.
En este campo de batalla cultural, donde se decide si
Venezuela elige la vida o la destrucción, el control
político y la estabilidad son vitales. Bajo el chantaje
del imperialismo y con la vida del presidente
secuestrado en peligro, las mujeres han jurado para el
nacimiento de la Brigada de Liberación Cilia Flores,
la diputada y su esposa.
Mientras la oposición radical desde el extranjero
instiga a sus franjas extremas para desmantelar el
proceso de reconciliación, la voz de los trabajadores y
campesinos recuerda que la paz no es ausencia de
conflicto, sino justicia sustancial. El desafío es
transformar la amnistía en una herramienta de
rectificación frente a la herencia colonial del derecho
burgués, protegiendo la continuidad del proceso
revolucionario.
Oliver Rivas: «La amnistía es un perdón que busca
la rectificación frente a un sistema de justicia que
heredamos del colonialismo»
En el marco del Programa para la Convivencia
Democrática y la Paz, conversamos con Oliver Rivas,
integrante y coordinador de la red de trabajadores del
Movimiento Somos Venezuela y diputado de la
Asamblea Nacional. En un momento de definiciones
para el país, Rivas analiza el Programa de Paz y
Convivencia Democrática, no solo como un
instrumento jurídico expresado en la Ley de Amnistía
para dar oportunidad de rectificación y superar la
polarización, sino como una política para garantizar la
máxima unidad nacional frente a las amenazas
externas. A la vez, recibir solicitudes de revisión de
las causas abiertas a sectores populares -que hayan
sido criminalizados- es la revisión fundamental
incluso para trascender un sistema judicial que, según
sus palabras, aún arrastra desviaciones clasistas.
Desde la escucha directa a los movimientos sociales,
el diputado explica por qué la Revolución debe
subsanar estas fallas del sistema de justicia burgués
heredado y transformarlo para completar la
reconciliación.
¿Qué labor están desempeñando aquí
hoy?
Estamos aquí organizando la participación de
trabajadores, pobladores urbanos y campesinos, junto
a otros diputados de la Fundación contra el Sicariato y
el Movimiento de Pobladores. Nuestra tarea es
permitir que expliquen las situaciones legales y causas
penales que tienen abiertas, las cuales deben ser
revisadas para dictar beneficios a favor de quienes han
sido perjudicados por medidas que consideran
injustas. El Programa para la Convivencia
Democrática y la Paz, coordinado por Ernesto
Villegas, nos convoca para escucharles y, en la medida
de lo posible, resolver estas causas.
¿Qué papel juegan estos sectores populares con
respecto a la Ley de Amnistía, recien aprobada y
cuál va a ser el procedimiento?
Se han otorgado beneficios procesales y medidas
sustitutivas antes y durante la aprobación de la ley, y
seguramente continuarán después. La ley es el marco,
pero el Programa para la Convivencia es la política
activa del Gobierno Nacional y de nuestra Presidenta
encargada, la doctora Delcy Rodríguez. Ha sido una
línea constante de Nicolás Maduro y del comandante
Chávez: generar un clima de unidad nacional
trascendiendo las desviaciones del sistema de justicia.
Nosotros decimos que, así como se han escuchado a
personas que cometieron delitos de odio y han
recibido beneficios, estos luchadores por el suelo
urbano, por la producción en el campo y por la gestión
obrera, también deben contar con ellos. Esto es lo que
garantiza la paz necesaria para cerrar filas como país
frente a las amenazas externas.
Es algo que a veces cuesta entender desde afuera:
¿cómo es posible que en un proceso bolivariano y
socialista se esté exigiendo justicia por
trabajadores procesados?
Fíjese, es que nosotros heredamos un sistema de
justicia injusto; es una herencia colonial,
discriminatoria y desigual. Ese sistema no está intacto
porque la Revolución ha hecho esfuerzos por
transformarlo, pero no es una tarea terminada. El
presidente Nicolás Maduro lo planteó hace
exactamente un año y nuestra Presidenta encargada lo
está retomando: transformar el sistema de justicia para
que no criminalice la pobreza. Hay desviaciones
evidentes que han generado casos injustos. Al mismo
tiempo, debemos recordar que hubo quienes
cometieron delitos de odio, arengando para la
liquidación física del pueblo chavista por su
pensamiento, desde una actitud clasista, racista y
machista.
Sobre eso, algunos de los que han recibido
beneficios recientemente no parecen valorar el
gesto…
Lamentablemente es así. Está el caso del ciudadano
Guanipa, que salió para volver a arengar contra el
gobierno que le dictó la medida. Incluso confesó que,
en lugar de estar en un «centro de tortura» como dice
la propaganda opositora, aprendió hábitos saludables
durante su reclusión por los delitos que cometió. La
amnistía es, literalmente, un perdón que busca la
rectificación, pero debe existir un compromiso de no
repetición del delito.
Hay una propaganda de la extrema derecha que
afirma que en Venezuela existe una política de
persecución sindical. ¿Qué responde usted a
eso?
Hay que dejarlo muy claro: no es una política de
Estado. Estas son excepciones. Si revisamos las
estadísticas, los casos son mínimos en comparación
con la población trabajadora total del país. El Estado
no dirige políticas de persecución ni utiliza esquiroles
o represión policial contra las luchas obreras. Esa es
una propaganda que queremos desmontar porque
afecta la adherencia a la Revolución a nivel
internacional. Ahora bien, tenemos luchas que no se
han materializado aún porque esta no es una
revolución acabada; estamos en pleno proceso de
transformación del Estado. Que podamos revisar estos
casos es, además, una prueba de que en Venezuela hay
división de poderes. El Poder Judicial ha dictado
sentencias que no necesariamente complacen al
Ejecutivo; un ejemplo histórico fue cuando un tribunal
falló que el 11 de abril de 2002 no hubo golpe sino
«vacío de poder». El comandante Chávez respetó ese
fallo, aunque fuera injusto.
¿Cuál es el procedimiento técnico para decidir
quién entra en la amnistía? ¿Quién garantiza que
no haya más injusticias?
La ley establece supuestos según el tipo de delito. Por
ejemplo, los delitos contra el patrimonio público
(corrupción) no están contemplados, a menos que se
compruebe que es una causa impuesta y criminalizada
sin pruebas. También se aprobaron por unanimidad,
uno a uno, los hechos que pueden ser beneficiados,
como los contextos del golpe de 2002. Para los casos
que no entran en la amnistía, la Comisión para la
Revolución Judicial revisa caso por caso,
especialmente para evitar que el sistema sea severo
solo con los más pobres. Una familia pudiente puede
pagar abogados privados e influencias; el que viene
del barrio no. Esa revisión es una política central de la
Revolución.
Hay una narrativa que dice que Maduro, desde su
situación de secuestrado, pide ser incluido en la
amnistía. ¿Cómo analiza usted esto?
Utilizan la burla de forma clasista porque el presidente
Nicolás Maduro es lo más parecido a la
venezolanidad, a uno de los nuestros. Pero el
presidente no entra en el marco de la ley de amnistía
por una razón sencilla: él no cometió ningún delito.
Quienes entran en la amnistía son quienes sí
cometieron delitos que van a ser perdonados. El
presidente está secuestrado por un poder extranjero.
Incluso las acusaciones de narcotráfico tuvieron que
ser revisadas porque no había ninguna prueba.
Estamos hablando del secuestro de un mandatario con
inmunidad, en el marco de una agresión militar contra
nuestro país. No hay «perdón» que aplicar a quien es
víctima de un secuestro internacional.
Finalmente, Oliver, ante la avalancha de «fake
news» sobre el precio de la gasolina o la
privatización de PDVSA, ¿cómo puede el pueblo
obtener información veraz?
Cumplimos la tarea de informar activando todos los
medios populares, comunitarios y alternativos para
desmentir estos falsos positivos. Hay que buscar las fuentes directas y las cuentas oficiales del gobierno en
lugar de guiarse por memes o extractos sacados de
contexto. Sobre la Ley de Hidrocarburos, por ejemplo,
dicen que se privatiza el petróleo, pero nadie cita un
artículo porque eso no existe.
La ley dice
explícitamente que los yacimientos y la industria
principal siguen siendo propiedad del Estado
conforme a la Constitución. La matriz falsa se cae
cuando vas directamente a la fuente.
foto: Diputado Oliver Rivas. Contacto redcontactosur@gmail.com Celular +59896901566 +5491151500871
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