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8/29/2026

Uruguay DE HERRERA A LACALLE POU: UNA HISTORIA DE PODER, DENUNCIAS, REPRESIÓN Y CUENTAS PENDIENTES


DE HERRERA A LACALLE POU: UNA HISTORIA DE PODER, DENUNCIAS, REPRESIÓN Y CUENTAS PENDIENTES

Por Lic Ruben Suarez 


Del viejo Herrera al caso Cardama: una familia política, varias generaciones y una pregunta que Uruguay todavía no respondió

Hay apellidos que no son solamente apellidos.

Son parte de la historia política de un país.

En Uruguay, uno de ellos es Herrera.

Desde Luis Alberto de Herrera, figura fundamental del Partido Nacional y protagonista de la victoria blanca de 1958, pasando por su hijo político Luis Alberto Lacalle Herrera, presidente entre 1990 y 1995, hasta llegar a su nieto Luis Lacalle Pou, presidente entre 2020 y 2025, existe una continuidad familiar que atraviesa buena parte de la historia política contemporánea del Uruguay.

Pero hacer historia no significa condenar por apellido.

Significa recordar.

Investigar.

Comparar.

Y, sobre todo, separar los hechos comprobados de las denuncias, investigaciones y responsabilidades políticas que deben ser determinadas por las instituciones correspondientes.

Porque cuando hablamos de corrupción, represión, violencia política y derechos humanos, la memoria no puede depender de quién gobierna.


1958: EL REGRESO DEL PARTIDO NACIONAL

En noviembre de 1958 Uruguay vivió una transformación política histórica.

El Partido Nacional derrotó al Partido Colorado y puso fin a décadas de predominio colorado.

El triunfo fue protagonizado fundamentalmente por la alianza herrero-ruralista, que reunía al sector de Luis Alberto de Herrera con la Liga Federal de Acción Ruralista de Benito Nardone.

El nuevo gobierno asumió en 1959 bajo el régimen del Consejo Nacional de Gobierno, establecido por la Constitución de 1952.

Y aquí hay que hacer una precisión histórica fundamental:

Luis Alberto de Herrera no gobernó personalmente durante todo aquel período.

La Constitución había sustituido la Presidencia de la República por un Poder Ejecutivo colegiado.

Herrera murió el 8 de abril de 1959, poco después de iniciado el primer gobierno nacionalista.

La documentación histórica de la Universidad de la República explica que la victoria de 1958 llevó al primer Colegiado Blanco, integrado fundamentalmente por herreristas y ruralistas, y que la muerte de Herrera produjo una transformación dentro de su propio sector político. (Colibrí)

Pero su influencia política continuó.

El herrerismo siguió siendo una de las principales corrientes del Partido Nacional.

Y aquella victoria de 1958 sería el comienzo de una nueva etapa política del Uruguay.


UN PAÍS EN CRISIS

El Uruguay de fines de los años cincuenta no era el Uruguay próspero que algunos recuerdan.

El país atravesaba una profunda crisis económica y social.

La inflación, la caída de los ingresos, los conflictos laborales y las protestas sociales comenzaron a crecer.

La Universidad de la República también se convirtió en uno de los principales escenarios de movilización.

En 1958, mientras se discutía la nueva Ley Orgánica universitaria, los estudiantes realizaron huelgas y ocupaciones.

La propia Universidad de la República documenta que el 1.º de octubre de 1958 las fuerzas policiales tomaron medidas represivas contra estudiantes que ocupaban el edificio central de la Universidad. (Udelar)

Aquello no fue un episodio aislado.

La conflictividad social continuó durante los primeros años de la década de 1960.


1960, 1961, 1962: LA CALLE COMIENZA A SER EL ESCENARIO DE LA POLÍTICA

Durante los primeros años de la década de 1960 Uruguay comenzó a vivir una creciente radicalización política.

Huelgas.

Marchas.

Movilizaciones estudiantiles.

Conflictos obreros.

Marchas cañeras.

Violencia política.

Y también la aparición de organizaciones anticomunistas y grupos de extrema derecha.

La Universidad de la República documenta para aquellos años enfrentamientos y acciones violentas contra estudiantes y centros universitarios.

En 1960, por ejemplo, se produjo el denominado “asalto a la Universidad”, cuando un grupo anticomunista intentó ingresar armado al edificio central de la Universidad durante un conflicto presupuestal. La documentación del Archivo General de la Universidad señala vínculos de aquel grupo con sectores derechistas de los partidos tradicionales, la Policía y la estación local de la CIA. (AGU)

La conflictividad tampoco se limitó a Montevideo.

Las marchas cañeras desde Bella Unión hacia Montevideo, entre 1961 y 1963, llevaron al centro de la escena la situación de los trabajadores rurales y la cuestión de la tierra. La FEUU y sectores universitarios apoyaron aquellas movilizaciones. (Udelar)

Por eso, cuando hablamos de los años sesenta, no podemos reducir la historia a un solo acontecimiento.

Fue un proceso.

Un proceso de crisis económica, radicalización política, movilización social, violencia y progresivo deterioro institucional.


Y HAY QUE DECIRLO: 1962 NO ES 1968

Existe un error histórico que muchas veces se repite y que debemos evitar.

Los asesinatos de estudiantes que quedaron grabados en la memoria democrática del Uruguay ocurrieron fundamentalmente a partir de 1968, no en 1962.

En 1968 se produjo un salto cualitativo en la represión estatal.

La Universidad de la República recuerda que el 12 de agosto de 1968, durante una movilización estudiantil, el estudiante Líber Arce fue herido de bala por la Policía y murió dos días después.

El 20 de septiembre de ese mismo año fueron asesinados los estudiantes Susana Pintos y Hugo de los Santos. (Udelar)

Por eso, cuando hablamos de 1962 debemos hablar de conflictividad, radicalización, movilización y violencia política, mientras que cuando hablamos de los mártires estudiantiles debemos llegar a 1968.

La historia merece precisión.


LACALLE HERRERA: EL HIJO POLÍTICO DEL HERRERISMO

Tres décadas después aparece otro apellido fundamental.

Luis Alberto Lacalle Herrera.

Presidente de Uruguay entre 1990 y 1995.

Hijo político de una tradición que se reivindicaba heredera del pensamiento de Luis Alberto de Herrera.

Su gobierno impulsó reformas económicas, liberalización, privatizaciones y modificaciones en el papel del Estado.

Uno de los grandes conflictos fue la Ley de Empresas Públicas.

En 1992, la ciudadanía uruguaya rechazó mediante referéndum buena parte de la legislación que permitía avanzar con la privatización de empresas públicas.

Pero aquel período también estuvo atravesado por denuncias e investigaciones sobre posibles irregularidades y prácticas de corrupción.

Y aquí nuevamente debemos ser responsables.

Denuncia no significa condena.

Investigación no significa culpabilidad.

Una responsabilidad política tampoco es necesariamente una responsabilidad penal.

Pero una denuncia documentada tampoco debe desaparecer de la memoria.


BANCO PAN DE AZÚCAR Y LAS DENUNCIAS DE LOS AÑOS 90

Uno de los casos que debe ser estudiado cuando se analiza la administración Lacalle Herrera es el proceso de privatización y posterior evolución del Banco Pan de Azúcar.

Investigaciones académicas de la Universidad de la República registran el caso dentro de los episodios de corrupción o irregularidades analizados en Uruguay.

La documentación señala específicamente la venta del Banco Pan de Azúcar y otras denuncias vinculadas a la administración pública de aquellos años. (Colibrí)

Otra investigación académica de la Universidad de la República estudió las denuncias sucesivas que involucraron a altos jerarcas del gobierno anterior y describe el clima político generado por denuncias relacionadas con posibles prácticas corruptas, incluyendo el caso del Banco Pan de Azúcar. (Colibrí)

Un documento académico de la Udelar también señala que la privatización del Banco Pan de Azúcar, realizada durante la administración Lacalle, terminó fracasando y que el Banco Central intervino la institución en 1996. (Colibrí)

Esto no permite afirmar automáticamente que Lacalle Herrera haya cometido un delito.

Pero sí permite afirmar algo mucho más serio desde el punto de vista periodístico:

el período estuvo marcado por controversias, denuncias e investigaciones que deben formar parte de la memoria política del Uruguay.


24 DE AGOSTO DE 1994: EL HOSPITAL FILTRO

Y entonces llegamos a una fecha que no puede ser borrada de la historia uruguaya.

24 de agosto de 1994.

Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera se produjo la represión frente al Hospital Filtro.

Tres ciudadanos vascos acusados de pertenecer a ETA se encontraban internados en el hospital mientras se procesaba su extradición a España.

La situación provocó una enorme movilización política y social.

El 24 de agosto, la Policía intervino para realizar el traslado.

La jornada terminó en una violenta confrontación.

Murió Fernando Morroni, de 24 años.

También hubo numerosos heridos.

El episodio continúa siendo uno de los acontecimientos más controvertidos de la historia democrática posterior a 1985. (EL PAIS)

Y hay un dato político que no puede ignorarse:

El entonces ministro del Interior era Ángel María Gianola.

Gianola ocupaba la cartera desde mayo de 1994 y continuó en ella hasta marzo de 1995. El País registra que durante su gestión ocurrieron los hechos del Hospital Filtro y que posteriormente fue cuestionado e interpelado por la actuación policial. (EL PAIS)

El propio Lacalle Herrera posteriormente sostuvo públicamente que observó los acontecimientos desde el Edificio Libertad y defendió la actuación de su gobierno. (EL PAIS)

Y años después, su hijo Luis Lacalle Pou protagonizó una fuerte discusión parlamentaria al defender la memoria de aquel gobierno frente a críticas vinculadas con el Hospital Filtro. (EL PAIS)

Ahí aparece nuevamente la continuidad familiar.

No como una condena automática.

Sino como una continuidad política y de memoria.


DE HERRERA A LACALLE HERRERA

Luis Alberto de Herrera.

El viejo dirigente nacionalista.

El hombre decisivo en la victoria blanca de 1958.

Después, décadas más tarde, Luis Alberto Lacalle Herrera.

Presidente de Uruguay.

Y posteriormente Luis Lacalle Pou.

Presidente.

Tres generaciones.

Tres momentos históricos.

Tres gobiernos o etapas políticas diferentes.

Pero un apellido que vuelve una y otra vez al centro de la política nacional.

Y aquí aparece una pregunta legítima:

¿Existe una continuidad política del herrerismo?

La respuesta histórica debe ser analizada con documentos, programas, discursos, decisiones de gobierno y hechos concretos.

No alcanza con el apellido.

Pero tampoco es serio fingir que el apellido no representa una tradición política.


Y LLEGAMOS A LACALLE POU

Luis Lacalle Pou llegó a la Presidencia en 2020.

Gobernó hasta 2025.

Y hoy, nuevamente, el apellido Lacalle aparece en el centro de una controversia política.

Esta vez por el caso Cardama.

El contrato para adquirir patrulleras oceánicas al astillero español Cardama fue firmado durante su gobierno por aproximadamente 92 millones de dólares.

La operación terminó siendo objeto de fuertes cuestionamientos políticos y parlamentarios.

La comisión investigadora del Parlamento analizó el procedimiento, la documentación, las garantías y las decisiones tomadas.

Y el Frente Amplio señaló a Lacalle Pou como primer responsable político de la operación.

Aquí también debemos ser absolutamente claros:

una acusación política no es una sentencia judicial.

La Justicia deberá determinar si existieron delitos.

El Parlamento debe determinar las responsabilidades políticas.

Y la ciudadanía tiene derecho a conocer toda la verdad.


CARDAMA: EL ESTADO NO ES PROPIEDAD DEL GOBERNANTE

Lo verdaderamente importante del caso Cardama va mucho más allá del apellido Lacalle.

La discusión es sobre el Estado.

Sobre el dinero público.

Sobre controles.

Sobre transparencia.

Sobre quién firma.

Quién autoriza.

Quién informa.

Quién controla.

Y quién responde.

Cuando hablamos de decenas de millones de dólares, no estamos hablando de dinero privado.

Estamos hablando de recursos públicos.

Dinero que pertenece a todos los uruguayos.

Por eso la pregunta es sencilla:

¿Quién debe responder cuando una operación del Estado presenta irregularidades?

No alcanza con decir:

“Yo no fui”.

No alcanza con señalar al funcionario de menor rango.

No alcanza con esperar que pase el tiempo.


UNA HISTORIA QUE NO PUEDE SER FRAGMENTADA

Desde RedContactoSur creemos que hay que mirar la historia completa.

No podemos analizar Cardama sin conocer la tradición política de quienes gobernaron.

No podemos hablar de Lacalle Pou sin conocer a Lacalle Herrera.

No podemos hablar de Lacalle Herrera sin recordar al viejo Herrera.

Y tampoco podemos hablar del Uruguay contemporáneo sin recordar la represión, los conflictos sociales y los asesinatos políticos que marcaron el camino hacia la crisis institucional.

1958.

Victoria blanca.

1959.

Primer Colegiado Blanco.

1960-1963.

Creciente conflictividad social y política.

1968.

Asesinato de Líber Arce y otros estudiantes.

1990-1995.

Gobierno de Lacalle Herrera.

1992.

Referéndum contra la Ley de Empresas Públicas.

1994.

Hospital Filtro.

Fernando Morroni muerto.

2023.

Contrato Cardama.

2026.

Investigaciones, controversias parlamentarias y discusión sobre responsabilidades políticas.

Son épocas diferentes.

Son gobiernos diferentes.

Son hechos diferentes.

Pero forman parte de la historia política del mismo país.

En todos un mismo sentido anti pueblo gobernó con casos que hablan de amiguismos corrupción represion erc


LA MEMORIA NO PUEDE TENER PARTIDO POLÍTICO

Desde RedContactoSur sostenemos que los derechos humanos no pueden depender del color partidario del gobierno.

Si hubo represión, debe investigarse.

Si hubo corrupción, debe investigarse.

Si hubo abuso de poder, debe investigarse.

Si hubo irregularidades administrativas, deben investigarse.

Si hubo delitos, debe actuar la Justicia.

Y si hubo responsabilidades políticas, deben asumirlas quienes correspondan.

No importa si gobiernan blancos, colorados, frenteamplistas, independientes o cualquier otra fuerza.

La democracia no puede tener doble vara.

La vida de Fernando Morroni vale.

La vida de Líber Arce vale.

La vida de Susana Pintos vale.

La vida de Hugo de los Santos vale.

La vida de cualquier ciudadano víctima de la violencia política o estatal vale.

Y el dinero público de cada uruguayo también vale.


NO SE TRATA DE CONDENAR POR APELLIDO

Hay algo que debemos dejar claro.

No se puede condenar a una persona por lo que hizo su padre.

Ni responsabilizar a un hijo por las decisiones de su abuelo.

Eso sería injusto.

Pero tampoco se puede utilizar el parentesco para impedir que la sociedad analice una tradición política.

La historia familiar de una fuerza política puede y debe estudiarse.

Sus ideas.

Sus alianzas.

Sus gobiernos.

Sus decisiones.

Sus conflictos.

Sus aciertos.

Sus errores.

Sus denuncias.

Sus responsabilidades.

Y también sus silencios.

Porque la democracia se fortalece cuando una sociedad se atreve a mirar toda su historia.


DE TAL PALO, TAL ASTILLA

Desde el viejo Herrera hasta Lacalle Herrera.

Desde Lacalle Herrera hasta Lacalle Pou.

El apellido atraviesa generaciones de la política uruguaya.

Y cada generación tendrá que responder por sus propios actos.

No por los actos de sus padres.

No por los actos de sus abuelos.

Pero sí por las decisiones que tomó cuando tuvo el poder.

Porque los gobiernos pasan.

Los presidentes pasan.

Los partidos pasan.

Los cargos pasan.

Pero la historia queda.

Y la historia tiene memoria.

Uruguay no necesita persecución política.

Uruguay no necesita justicia partidaria.

Uruguay necesita verdad, transparencia, memoria y justicia.

Que se investigue Cardama.

Que se investiguen las denuncias de corrupción.

Que se investiguen las irregularidades.

Que se investiguen los abusos de poder.

Que se recuerde el Hospital Filtro.

Que se recuerde a Fernando Morroni.

Que se recuerde a los mártires estudiantiles.

Que se estudie el Uruguay de 1958, 1962 y 1968.

Y que nadie vuelva a intentar borrar de la memoria colectiva aquello que incomoda.

Porque recordar no es vivir en el pasado.

Recordar es impedir que el pasado vuelva a repetirse.

Y cuando una familia política atraviesa tantas décadas de la historia nacional, la sociedad tiene derecho a mirar esa historia completa.

No para condenar por apellido.

Sino para comprender.

Para investigar.

Para preguntar.

Para exigir respuestas.

Y para defender la democracia.

Porque, como decimos desde RedContactoSur:

SIN MEMORIA NO HAY DEMOCRACIA.

SIN VERDAD NO HAY JUSTICIA.

SIN JUSTICIA NO HAY LIBERTAD.

DE TAL PALO, TAL ASTILLA.

Lic. Rubén Suárez
RedContactoSur
Comunicación popular, alternativa y comprometida con los derechos humanos.


FUENTES DOCUMENTALES Y PARA PROFUNDIZAR

Luis Alberto de Herrera, 1958 y el primer Colegiado Blanco

Movimiento estudiantil, represión y años 60

Lacalle Herrera, denuncias e irregularidades

Hospital Filtro — 24 de agosto de 1994

Caso Cardama


Nota editorial: Las fuentes anteriores deben utilizarse diferenciando cuidadosamente entre hechos históricos comprobados, denuncias, investigaciones parlamentarias, investigaciones académicas, acusaciones políticas y eventuales responsabilidades judiciales. Esa distinción es fundamental para que la investigación de RedContactoSur mantenga rigor periodístico y no transforme una denuncia en una condena.

  Lic Ruben Suarez 

EL SINDICALISMO URUGUAYO: RESISTENCIA, CONQUISTAS OBRERAS Y EJEMPLO PARA AMÉRICA LATINA


EL SINDICALISMO URUGUAYO: RESISTENCIA, CONQUISTAS OBRERAS Y EJEMPLO PARA AMÉRICA LATINA

Por Lic. Rubén Suárez


Uruguay posee una de las experiencias sindicales más importantes de América Latina. A lo largo de décadas, la organización, la movilización y la lucha de los trabajadores permitieron conquistar derechos laborales que hoy forman parte de la vida cotidiana de miles de trabajadoras y trabajadores.

Pero para comprender verdaderamente esas conquistas hay que mirar también la historia de lucha del movimiento sindical uruguayo. Sus derechos no fueron regalos de los gobiernos ni concesiones espontáneas de los sectores empresariales: fueron conquistados mediante organización, solidaridad, negociación colectiva, movilización y resistencia.

UN MOVIMIENTO SINDICAL JUNTO AL PUEBLO

El movimiento sindical uruguayo históricamente estuvo vinculado a las luchas populares y a la defensa de los derechos sociales, políticos y democráticos.

Durante la denominada noche oscura de Uruguay, marcada por la creciente represión política y finalmente por el golpe de Estado cívico-militar de 1973, el movimiento obrero ocupó un lugar central en la resistencia.

En el contexto de la Guerra Fría y de la política de intervención estadounidense en América Latina, Uruguay sufrió un proceso de deterioro democrático que culminó con el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 y el comienzo de una dictadura que se prolongaría hasta 1985.

Frente al golpe, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) respondió con una decisión histórica: la huelga general.

La clase trabajadora uruguaya paralizó fábricas, talleres, oficinas y numerosos lugares de trabajo. Los trabajadores ocuparon sus centros laborales y durante días sostuvieron una resistencia organizada contra la dictadura.

La huelga general de 1973 constituye uno de los episodios más importantes de la historia del movimiento obrero latinoamericano. No fue solamente una protesta sindical: fue una acción política y social de defensa de la democracia y de rechazo al régimen dictatorial.

Aquella resistencia tuvo un enorme costo humano.

Miles de trabajadores, dirigentes sindicales, militantes sociales y políticos fueron perseguidos, encarcelados, torturados y enviados al exilio. También hubo desaparecidos y asesinados.

El Partido Comunista del Uruguay, al igual que otras organizaciones políticas y sociales que enfrentaron la dictadura, sufrió una feroz persecución. Sus militantes fueron encarcelados, torturados, obligados al exilio y, en distintos casos, víctimas de desaparición forzada.

Por eso, hablar de los derechos laborales conquistados por el sindicalismo uruguayo también significa hablar de quienes pagaron un precio enorme por defenderlos.

La memoria de aquellos trabajadores debe formar parte de cualquier análisis serio sobre el sindicalismo uruguayo.

LAS OCHO HORAS: UNA CONQUISTA HISTÓRICA

Uno de los grandes ejemplos es la jornada laboral de ocho horas, una conquista histórica del movimiento obrero uruguayo.

El principio de que el trabajador no debe permanecer indefinidamente a disposición del empleador constituye una defensa fundamental de la dignidad humana.

Cuando se supera la jornada legal o convencional correspondiente, las horas extraordinarias deben ser remuneradas con los recargos establecidos por la legislación. En los días hábiles, las horas extras tienen un recargo del 100 %, mientras que determinados trabajos realizados en días de descanso o feriados pueden tener recargos superiores, según el régimen aplicable.

Esto demuestra algo fundamental:

EL TIEMPO DEL TRABAJADOR TIENE VALOR.

La jornada laboral no puede convertirse en una disponibilidad permanente para el empleador, sea público o privado.

HACIA UNA JORNADA LABORAL MÁS CORTA

Otro de los debates fundamentales del movimiento obrero contemporáneo es la reducción de la jornada laboral.

La experiencia de la Intendencia de Montevideo, donde existe un régimen general de seis horas diarias para determinados funcionarios, constituye una experiencia que merece ser estudiada por el movimiento sindical continental.

La reducción de la jornada plantea una pregunta fundamental:

¿Cuánto tiempo de nuestra vida debe estar destinado al trabajo y cuánto debe quedar para la familia, el descanso, la educación, la cultura y la vida social?

La discusión sobre avanzar hacia jornadas de seis horas diarias debe ser tomada seriamente por el movimiento obrero latinoamericano.

El objetivo no debería ser simplemente trabajar más para producir más, sino producir mejor, distribuir mejor la riqueza y permitir que las personas tengan una vida digna fuera del trabajo.

LICENCIAS Y DERECHOS SOCIALES

A las conquistas vinculadas con la jornada laboral se suman derechos relacionados con la maternidad, la paternidad, los cuidados familiares y el estudio.

Uruguay ha desarrollado un sistema de licencias y protección social que reconoce que los trabajadores no son solamente fuerza de trabajo: son personas con familias, responsabilidades, proyectos y derecho a estudiar y desarrollarse.

La licencia por embarazo y maternidad, la licencia por paternidad, las licencias por estudio y los mecanismos vinculados al cuidado constituyen conquistas que permiten conciliar la vida laboral con la vida familiar y personal.

Estos derechos también deben ser considerados parte de una concepción integral del trabajo digno.

INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTO AL TRABAJADOR

En diferentes ámbitos laborales existen además mecanismos de compensación e incentivos relacionados con la asistencia, la puntualidad, la producción y otras condiciones particulares de cada actividad.

Cuando estos mecanismos se encuentran correctamente regulados y acordados, pueden reconocer el esfuerzo del trabajador y estimular mejores condiciones de producción sin convertir el incentivo en una herramienta de explotación.

El trabajador capacitado, reconocido y correctamente remunerado también constituye una fuente de productividad, estabilidad y desarrollo económico.

UNA SOLA CENTRAL SINDICAL

Otro elemento fundamental de la experiencia uruguaya es la existencia del PIT-CNT, central sindical que reúne a organizaciones de trabajadores de diferentes ramas y sectores.

La existencia de una central sindical nacional constituye una herramienta de unidad que permite superar la fragmentación y construir una agenda común de los trabajadores.

Dentro del movimiento sindical uruguayo conviven diferentes corrientes políticas e ideológicas. Históricamente han tenido un peso importante las corrientes de izquierda y de tradición marxista, entre ellas el Partido Comunista del Uruguay y otras expresiones del sindicalismo clasista.

Para quienes entendemos el sindicalismo como una herramienta de defensa de los trabajadores, la experiencia uruguaya demuestra la importancia de construir organizaciones independientes, solidarias y capaces de enfrentar colectivamente los problemas del mundo del trabajo.

La unidad sindical no significa que todos piensen exactamente igual.

Significa comprender que, frente a determinadas necesidades, los trabajadores tienen intereses comunes que deben ser defendidos colectivamente.

UN EJEMPLO PARA AMÉRICA LATINA

América Latina necesita discutir nuevamente el valor del trabajo.

Mientras millones de trabajadores del continente enfrentan jornadas extensas, informalidad, bajos salarios, precarización y falta de protección social, la experiencia uruguaya permite demostrar que existen otros caminos.

La defensa de las ocho horas, el pago de las horas extraordinarias, los recargos por trabajo en feriados y horarios especiales, las licencias por maternidad y paternidad, las licencias por estudio, los derechos vinculados al cuidado y la experiencia de las seis horas en determinados ámbitos públicos son elementos que deben formar parte de una agenda continental.

No se trata de copiar mecánicamente el modelo uruguayo. Cada país posee su propia realidad económica, social y política.

Se trata de aprender de las conquistas alcanzadas por otros pueblos.

La historia del sindicalismo uruguayo enseña que los derechos laborales no aparecen espontáneamente. Son fruto de generaciones de trabajadores que se organizaron, lucharon, negociaron y, muchas veces, arriesgaron su propia vida.

La huelga general de 1973 demuestra hasta dónde puede llegar un movimiento sindical cuando comprende que la defensa de los trabajadores también implica defender la democracia, las libertades públicas y la soberanía nacional.

Los presos, torturados, exiliados, perseguidos, desaparecidos y asesinados durante la dictadura forman parte de esa memoria.

Por eso, cada conquista laboral debe ser defendida.

Porque detrás de cada derecho hay una historia.

Detrás de cada jornada de ocho horas hay trabajadores que lucharon.

Detrás de cada licencia hay trabajadores que exigieron dignidad.

Detrás de cada convenio colectivo hay organización.

Y detrás de la resistencia de 1973 hay una clase trabajadora que decidió que una dictadura no podía destruir sus derechos ni silenciar su voz.

TRABAJAR PARA VIVIR, NO VIVIR PARA TRABAJAR

Hoy América Latina tiene el desafío de avanzar hacia una nueva etapa: trabajar para vivir y no vivir exclusivamente para trabajar.

La reducción progresiva de la jornada, salarios dignos, igualdad, descanso, formación, protección familiar, negociación colectiva y participación de los trabajadores en las decisiones que afectan su vida laboral deben convertirse en objetivos de una nueva agenda sindical continental.

El ejemplo uruguayo demuestra que las conquistas sociales son posibles.

También demuestra que los derechos que hoy parecen normales alguna vez fueron considerados imposibles.

Los derechos laborales no se mendigan: se organizan, se defienden y se conquistan.

La historia del movimiento sindical uruguayo, desde sus luchas sociales hasta la resistencia contra la dictadura y la posterior defensa de los derechos laborales, constituye una experiencia que merece ser conocida, debatida y estudiada por los trabajadores de toda América Latina.

Lic. Rubén Suárez
Director de RedContactoSur

URUGUAY, NETANYAHU Y PALESTINA: EL DERECHO INTERNACIONAL NO PUEDE TENER DOBLE VARA

 


URUGUAY, NETANYAHU Y PALESTINA: EL DERECHO INTERNACIONAL NO PUEDE TENER DOBLE VARA

Por RedContactoSur Lic Ruben Suarez

Montevideo vuelve a estar en el centro de un debate que trasciende ampliamente una eventual visita de Benjamín Netanyahu a Uruguay.

La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, sostuvo que, si el primer ministro israelí ingresara al territorio uruguayo mientras se mantiene vigente la orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI), Uruguay debería cumplir con sus obligaciones internacionales.

El canciller Mario Lubetkin respaldó ese criterio y señaló que Uruguay debe cumplir las decisiones de la CPI mientras continúe reconociendo su jurisdicción.

La discusión provocó además un reclamo de la Embajada de Israel ante la Cancillería uruguaya.

El presidente Yamandú Orsi, por su parte, buscó bajar el tono de la controversia y consideró innecesario discutir sobre una eventual visita que no está planteada.

Pero desde RedContactoSur creemos que el debate es mucho más profundo.

RESPALDAMOS LA ORDEN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Nuestra posición es clara y no admite dobles interpretaciones:

RedContactoSur respalda la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional.

Si Uruguay reconoce la jurisdicción de la CPI y forma parte del sistema internacional que la sostiene, debe cumplir sus obligaciones.

No puede existir una justicia internacional que funcione solamente cuando el acusado es enemigo de una determinada potencia y deje de funcionar cuando se trata de un aliado.

El derecho internacional debe ser universal.

No importa si el acusado es israelí, estadounidense, ruso, europeo, latinoamericano, africano o asiático.

No importa su religión.

No importa su ideología.

No importa el poder político, económico o militar que tenga detrás.

Nadie puede estar por encima de la justicia.

Y precisamente porque defendemos el derecho internacional, respaldamos que Uruguay cumpla con las decisiones de la Corte Penal Internacional.

GAZA Y PALESTINA: NO PODEMOS MIRAR HACIA OTRO LADO

La discusión tampoco puede separarse de la tragedia que atraviesa el pueblo palestino.

Desde RedContactoSur reafirmamos nuestro apoyo al pueblo palestino y nuestro reclamo:

🇵🇸 ¡PALESTINA LIBRE!

Defendemos el derecho del pueblo palestino a vivir en libertad, con dignidad, seguridad, soberanía y autodeterminación.

Defendemos el derecho de Palestina a existir como Estado y reclamamos el fin de la ocupación, la colonización y toda forma de violencia contra la población civil.

Las vidas palestinas tienen el mismo valor que cualquier otra vida.

No hay vidas de primera y vidas de segunda.

No hay víctimas que merezcan nuestra solidaridad y otras que debamos ignorar.

NO SOMOS ANTISEMITAS

También queremos ser absolutamente claros frente a cualquier intento de tergiversar nuestra posición.

RedContactoSur NO ES ANTISEMITA.

Rechazamos categóricamente el antisemitismo, el racismo, la discriminación, la persecución y cualquier forma de odio contra las personas judías.

Respetamos al pueblo judío, su cultura, su historia, sus tradiciones y su religión.

Nuestra crítica es política.

Somos antisionistas.

Y debemos explicar qué significa esto.

Criticar al sionismo como corriente política no significa odiar a los judíos.

Criticar las políticas del Gobierno de Israel no significa atacar al pueblo judío.

Denunciar la ocupación, la colonización o las violaciones de derechos humanos no es antisemitismo.

De la misma manera, rechazamos cualquier intento de utilizar la acusación de antisemitismo para silenciar críticas legítimas a las decisiones de un gobierno.

Una religión no es un gobierno.
Un pueblo no es un gabinete.
Una persona judía no es responsable de las decisiones del Estado de Israel.

La distinción debe ser absolutamente clara.

CONTRA TODA FORMA DE ODIO

Nuestra posición es coherente:

No al antisemitismo.

No a la islamofobia.

No al racismo.

No a la discriminación.

No a la persecución de ningún pueblo.

Y también:

Sí a Palestina libre.

Sí a la autodeterminación de los pueblos.

Sí a los derechos humanos.

Sí al derecho internacional.

Sí a la justicia para las víctimas.

URUGUAY NO PUEDE TENER UNA DOBLE VARA

Uruguay tiene una larga tradición de defensa del derecho internacional y de los derechos humanos.

Precisamente por eso, debe mantener una posición coherente.

No alcanza con hablar de derechos humanos cuando resulta cómodo.

Hay que defenderlos cuando generan incomodidad.

Hay que defenderlos cuando protesta una embajada.

Hay que defenderlos cuando existen presiones diplomáticas.

Hay que defenderlos cuando detrás del acusado existen enormes intereses económicos, políticos o militares.

Los derechos humanos no pueden depender del poder del victimario.

Y la justicia internacional no puede depender de la bandera del acusado.

LA HISTORIA NOS OBLIGA A NO CALLAR

América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de la impunidad.

Nuestros pueblos conocieron dictaduras, desapariciones, asesinatos políticos, torturas, persecuciones y terrorismo de Estado.

Por eso sabemos que cuando los crímenes quedan impunes, las víctimas vuelven a ser derrotadas.

La justicia internacional nació precisamente para intentar impedir que los grandes responsables de crímenes internacionales puedan esconderse detrás del poder.

Por eso nuestra posición es firme:

Si existe una orden de captura vigente de la Corte Penal Internacional, debe ser respetada.

No hay excepciones por conveniencia política.

No hay excepciones por presión diplomática.

No hay excepciones por nacionalidad.

PALESTINA LIBRE Y JUSTICIA INTERNACIONAL

Desde RedContactoSur reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino.

No porque odiemos a Israel.

No porque odiemos a los judíos.

No porque defendamos ninguna forma de violencia contra civiles.

Lo hacemos porque creemos que todos los pueblos tienen derecho a vivir libres, seguros y con dignidad.

Queremos una paz verdadera.

Una paz con justicia.

Una paz que no signifique que un pueblo tenga que vivir permanentemente sometido a otro.

Una paz que garantice derechos para palestinos e israelíes.

Una paz donde las víctimas sean reconocidas y donde los responsables de crímenes internacionales respondan ante la justicia.

NUESTRA POSICIÓN ES CLARA

Desde RedContactoSur decimos:

🇵🇸 PALESTINA LIBRE.

⚖️ JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS.

🌎 DERECHO INTERNACIONAL SIN DOBLE VARA.

🚫 NO AL ANTISEMITISMO.

🚫 NO AL RACISMO NI A LA DISCRIMINACIÓN.

🚫 NO A LA IMPUNIDAD.

✊ SÍ A LA AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO PALESTINO.

⚖️ SÍ AL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.

🕊️ SÍ A UNA PAZ CON JUSTICIA.

Defender Palestina no significa odiar a los judíos.

Defender Palestina significa defender los derechos de un pueblo.

Y respaldar la orden de la Corte Penal Internacional no significa perseguir una nacionalidad.

Significa defender el principio de que nadie está por encima de la ley.

Porque si la justicia internacional solamente alcanza a los débiles, entonces no estamos hablando de justicia.

Estamos hablando de poder.

REDCONTACTOSUR

Comunicación popular • Derechos humanos • Soberanía de los pueblos • Justicia internacional

¡PALESTINA LIBRE!
¡NO A LA DOBLE VARA!
¡JUSTICIA PARA TODOS!

8/23/2026

Entrevista exclusiva a Néstor Ovalles, dirigente sindical bolivariano


“No estamos dispuestos a ceder nuestra soberanía”. Entrevista exclusiva a Néstor Ovalles, dirigente sindical bolivariano



Por Geraldina Colotti 


En nuestro programa semanal Rompiendo fronteras, junto con Eduardo Medina, hemos conversado con Néstor Ovalles, destacado dirigente sindical venezolano, ex ministro del Trabajo y referente de la lucha de la clase trabajadora bolivariana. Hemos analizado con él la compleja coyuntura que vive Venezuela, el papel de la clase obrera ante el asedio imperialista, las contradicciones internas y el debate en la izquierda internacional.


¿Cuál es el diagnóstico actual del movimiento sindical venezolano respecto a las condiciones de vida de la clase obrera y cómo se articula hoy la relación entre los sindicatos y el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez?

Gracias por la invitación, Geraldina, camarada, patriota de Nuestra América y del mundo. Con respecto al diagnóstico, el panorama es el efecto devastador que las medidas coercitivas unilaterales —mal llamadas sanciones— han producido en la dimensión social y económica de la clase trabajadora venezolana y de su familia. Son más de diez años y más de mil medidas coercitivas unilaterales, hoy apenas suavizadas a través de licencias que no son más que una suerte de "boleta de buena conducta" otorgada discrecionalmente por el imperialismo. Esto ha hecho retroceder los avances que en materia de salario y derechos había conquistado la clase trabajadora durante la construcción de la arquitectura social que llevó adelante el Comandante Hugo Chávez y que defendió de manera inquebrantable el presidente Nicolás Maduro.

Las condiciones han sido y son defensivas. Apelar al ingreso mínimo vital ha sido un mecanismo para mantener la capacidad adquisitiva y de demanda de la clase trabajadora, estimulando la oferta y reactivando el parque industrial y comercial tras la caída provocada por la pandemia y la pulverización previa del salario a causa del bloqueo.

En cuanto a la relación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es una relación de vieja data. Ella fue nuestra interlocutora directa durante varios años bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro —hoy secuestrado en las mazmorras del imperialismo junto a esa valiente y amorosa mujer, Cilia Flores—. Delcy Rodríguez fue nuestro enlace para las discusiones con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), la organización sindical mayoritaria del país que agrupa a más de 19 federaciones sectoriales estratégicas (petróleo, gas, telecomunicaciones, salud, educación, transporte, etc.) y 24 federaciones territoriales. Mantuvimos siempre una comunicación directa para tratar temas de ingresos, salarios y contratos colectivos. Hoy esa comunicación la canalizamos a través del comisionado para los consensos laborales, Eduardo Piñate, y periódicamente con el ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, estableciendo mesas de trabajo para que la voz de la clase trabajadora sea escuchada en temas cruciales.


A meses del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses, ¿en qué estado se encuentra la campaña por su liberación y cómo evalúan la acción internacional?

Ya van 26 videoconferencias llevadas adelante por la Comisión Internacional juramentada por el presidente constitucional Nicolás Maduro en el Congreso Nacional Constituyente Obrero del pasado mes de diciembre. Esta comisión se ha convertido en un punto de referencia para quienes luchan en América Latina, el Caribe, África, Asia, Oceanía y Europa. Viernes a viernes se conectan militantes para expresar una solidaridad conmovedora y exigir en alta voz la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores, condenando la agresión sufrida por la patria de Bolívar y Chávez desde el 3 de enero de este año 2026.

Denunciamos que el gobierno de Donald Trump utiliza licencias como la 14.733 como una bofetada al pueblo venezolano, el cual además viene de sufrir la tragedia humana y social de los dos sismos del pasado 24 de junio. A través del Departamento del Tesoro, pretenden gestionar de manera discrecional, sádica e injerencista los recursos que han sido producidos por la clase trabajadora petrolera venezolana y que hoy están represados.

Exigimos el levantamiento total e incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales. La Comisión Internacional ha sido nuestra principal ventana para denunciar esta guerra cognitiva e informativa, la cual busca restar cohesión al alto mando de la Revolución, fracturar la unidad cívico-militar-policial y hacer que la dirección se extravíe. Frente a eso, recordamos lo que decía el Comandante Chávez: el chavismo bolivariano es fulminante y virtuoso en la contraofensiva.


Mientras el gobierno avanza en negociaciones, desde la izquierda crítica se señala el riesgo de hacer concesiones estructurales al capital o caer en un 'pacto de élites'. Desde la perspectiva de la clase trabajadora organizada, ¿cuál es el límite de este diálogo y de este pragmatismo táctico?

El límite infranqueable de este diálogo es ceder en lo estratégico. Hemos señalado claramente que debemos preservar los horizontes estratégicos: la soberanía sobre nuestros recursos naturales, la continuidad de la democracia bolivariana basada en las comunas y el poder constituyente que reposa en el pueblo. En eso no estamos dispuestos a ceder.

No existe tal "pacificación" o "normalización" en los términos que pretende la narrativa opositora. La pacificación ocurre cuando un ejército invasor entra, aplasta y establece un gobierno títere. En Venezuela gobierna la Revolución Bolivariana. Quienes están al frente del Estado son cuadros formados en la revolución: Delcy Rodríguez fue designada legítimamente como vicepresidenta por el presidente Nicolás Maduro y hoy ejerce como presidenta encargada según la Constitución; el presidente de la Asamblea Nacional fue electo por el pueblo y el ministro del Interior fue designado constitucionalmente. No es un gobierno instalado por marines ni juramentado en un portaaviones.

No estamos haciendo concesiones estructurales; estamos tratando de avanzar en situaciones extremadamente complejas para lograr la recuperación económica y la justa distribución de la riqueza. La presencia del capital transnacional o los contratos de producción petrolera bajo la Ley Antibloqueo ya existían antes del 3 de enero como mecanismo para evadir el asedio. En una economía fundamentalmente capitalista en transición hacia el socialismo, la presencia del capital no es una noticia nueva ni fruto de una rendición.

El captor chantajea con su fuerza en la mesa de negociación, pero el límite es la dignidad del pueblo. Vinieron por el petróleo y por la dignidad: podrán estar llevando petróleo bajo condiciones leoninas, pero la dignidad de este pueblo no se la llevarán jamás. Eso es preservar lo estratégico y girar en lo táctico.

Rechazo categóricamente la idea de un "pacto de élites". Sería un adjetivo profundamente injusto para quienes están enfrentando condiciones tan complejas en el alto mando revolucionario tras la ausencia del líder. Si Nicolás Maduro tuviese un segundo nombre, sería Lealtad, demostrada hasta en el tribunal espurio de Nueva York al declararse un presidente secuestrado. De este lado no hay una élite, hay revolucionarios; y del otro lado hay representantes del imperialismo teledirigidos desde Washington.

La negociación es una herramienta necesaria donde hay que ser inteligentes en la estrategia y astutos en la táctica. La única ruta que exigimos desde la Central Bolivariana de Trabajadores es que la oposición vaya a las capitales donde pidió sanciones a solicitar su levantamiento y la devolución de los activos despojados a la República.


El restablecimiento de puentes diplomáticos pragmáticos con EE.UU. e interlocutores internacionales como el régimen sionista ha generado perplejidad en sectores internacionalistas. ¿Cómo se explica esta orientación a la militancia internacional?

El restablecimiento de puentes diplomáticos pragmáticos es el resultado de un país que enfrenta una realidad inédita tras el secuestro de su presidente. La diplomacia bolivariana mantiene un profundo sustrato de dignidad, soberanía e independencia.

A los sectores de la izquierda internacionalista les pedimos mayor comprensión del cuadro tan complejo que atravesamos. No permitan que las campañas sucias contra la patria de Bolívar ganen terreno. Tras la tragedia de los terremotos, Venezuela abrió sus puertas a más de 31 naciones que ofrecieron ayuda humanitaria y socorro.

Frente a cualquier duda sobre nuestros principios, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha fijado con absoluta firmeza nuestra posición histórica de rechazo al genocidio en Gaza y de respaldo irrestricto al derecho del pueblo palestino a un Estado libre, soberano e independiente.


Frente a las narrativas que sostienen que la entrega de Maduro fue producto de una delación o traición dentro de la cúpula cívico-militar, ¿cuál es la posición oficial del movimiento obrero?

El tema de la traición ha sido una pieza central en las operaciones de guerra psicológica del enemigo. Coincido con las palabras de Nicolás Maduro Guerra: dejemos elementos para el balance posterior; habrá cosas que explicar más adelante.

Lo que está absolutamente claro e históricamente verificado es que el 3 de enero hubo un combate desigual en el que entregaron su vida 120 combatientes revolucionarios venezolanos y cubanos. La abrumadora superioridad tecnológica y aérea del enemigo fue el factor determinante para concretar la operación militar de extracción y secuestro.

Volver obsesivamente sobre la tesis de la traición es perder tiempo y hacerle el juego a la estrategia enemiga, especialmente cuando tenemos a un pueblo dedicado en una mano a levantar escombros tras dos terremotos y en la otra a resistir el chantaje de una potencia nuclear. La posición oficial del movimiento obrero ante esto es unidad férrea, lealtad al programa revolucionario y movilización permanente en respaldo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y al alto mando cívico-militar.


Tras el secuestro del presidente el 3 de enero, no se activó la estrategia de contención radical ni la huelga general. Desde el movimiento sindical, ¿por qué no se aplicó esta respuesta y qué factores condicionaron esa decisión?

En las horas posteriores al secuestro, mientras se hacían todos los esfuerzos para garantizar el funcionamiento de las instituciones (Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia) y se exigía una fe de vida del presidente, surgieron voces descolocadas que pretendían pedirle a la clase obrera que le declarara una huelga general al propio gobierno revolucionario.

Lanzar una huelga insurreccional en ese momento hubiese sido un acto de infantilismo político y un harakiri. La huelga general es un arma estratégica reservada para confrontar al enemigo de clase cuando pretende derrocar el proceso, no para dispararle a nuestro propio gobierno en momentos de vulnerabilidad. La dirección de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores demostró madurez política al no caer en ese chantaje.

No íbamos a infligirnos daño a nosotros mismos ni a crear el caos que el imperialismo estaba esperando desde el 3 de enero. Cerramos filas en torno a la Constitución y al gobierno bolivariano para preservar el poder político y garantizar la continuidad de la Revolución.


Sectores de la izquierda radical afirman que Venezuela se ha convertido de facto en un protectorado estadounidense. ¿Qué responde el movimiento obrero a esta tesis?

Responder a la tesis del "protectorado" exige el mismo rigor que al tema de la traición. Teóricamente, un protectorado implica la presencia de un procónsul extranjero dirigiendo los destinos del país o la anexión territorial formal. En Venezuela rige la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, y las autoridades que ejercen el poder ejecutivo y legislativo lo hacen bajo los mecanismos constitucionales previstos ante la ausencia temporal o definitiva del presidente.

Lo que existe es una asimetría brutal de poder que no comenzó el 3 de enero. Ya en los últimos meses de 2025, el bloqueo naval en el Caribe redujo a casi cero el ingreso de divisas al país. Estamos enfrentando a un imperio poderoso prácticamente con las manos desnudas.

Pedimos al internacionalismo comprensivo que entienda esta coyuntura: Venezuela no se ha rendido ni es protectorado de nadie. La clase trabajadora sigue movilizada, consciente y en pie de lucha, resguardando la soberanía nacional y la dignidad de la


8/22/2026

CERIMEDO: EL OPERADOR DE LA DERECHA INTERNACIONAL QUE UNE A MILEI, BOLSONARO Y LAS NUEVAS ULTRADERECHAS

 

CERIMEDO: EL OPERADOR DE LA DERECHA INTERNACIONAL QUE UNE A MILEI, BOLSONARO Y LAS NUEVAS ULTRADERECHAS



Por RedContactoSur
Lic. Rubén Suárez – Director

Hay nombres que aparecen en las fotografías de los gobiernos. Y hay otros que operan detrás de las cámaras, en las redes sociales, en las campañas digitales y en las operaciones de comunicación política.

Fernando Cerimedo es uno de esos nombres.

Su trayectoria muestra conexiones con distintos sectores de la nueva derecha latinoamericana y, particularmente, con los espacios políticos vinculados a Javier Milei y Jair Bolsonaro. Su participación en la estrategia digital de la campaña de Milei en 2023 está documentada por distintas investigaciones periodísticas, mientras que también existen antecedentes de su trabajo y vínculos con el universo bolsonarista en Brasil.

No estamos hablando simplemente de un consultor de marketing.

Estamos hablando de la construcción de una maquinaria política y comunicacional transnacional, donde las redes sociales, los medios digitales, las campañas negativas, la polarización y la difusión de determinados relatos se convierten en herramientas para disputar el poder.

MILEI Y BOLSONARO: DOS CARAS DE UNA MISMA ESTRATEGIA

Cerimedo apareció públicamente como una figura relevante de la estrategia digital que acompañó el ascenso de Javier Milei. Investigaciones periodísticas también documentaron sus vínculos con Jair Bolsonaro y sectores de la derecha brasileña.

En Brasil, además, su nombre quedó asociado a la difusión de cuestionamientos sobre el sistema electoral durante el período posterior a las elecciones de 2022. Una investigación de la Policía Federal brasileña lo señala dentro de una trama vinculada al intento de impedir la asunción de Lula; esas acusaciones forman parte de una investigación judicial y no deben confundirse con una condena definitiva.

Pero el dato político fundamental es otro:

las fronteras nacionales parecen quedar pequeñas para esta nueva derecha digital.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia,Peru,Bolivia y otros países de la región aparecen conectados por consultores, medios, plataformas, operadores digitales y estrategias políticas que buscan reproducir un mismo modelo impuesto por EEUU e Israel .

LA POLÍTICA COMO OPERACIÓN DIGITAL

Desde RedContactoSur advertimos desde hace años sobre el peligro de convertir la comunicación en un instrumento de manipulación social.

Cuando una campaña política se construye alrededor de ejércitos digitales, trolls, campañas negativas, polarización permanente y operaciones destinadas a instalar determinados temas en los algoritmos, ya no estamos simplemente ante una discusión política.

Estamos ante una disputa por el control del sentido común.

El propio Cerimedo reconoció públicamente el uso de herramientas digitales destinadas a intervenir sobre los algoritmos y hacer que determinados temas adquirieran relevancia.

Y aquí está una de las grandes preguntas que debemos hacernos como sociedad:

¿Quién decide qué vemos?
¿Quién decide qué se vuelve viral?
¿Quién fabrica tendencias?
¿Quién instala enemigos?
¿Quién convierte una mentira repetida miles de veces en una supuesta verdad?

NO ES UN FENÓMENO ARGENTINO: ES UNA RED INTERNACIONAL

La cuestión Cerimedo no puede analizarse únicamente desde la política argentina.

Su nombre aparece relacionado con dirigentes y movimientos de la derecha latinoamericana. Distintas investigaciones lo vinculan con Milei, Bolsonaro y otros referentes de las derechas regionales, dentro de una expansión de consultores y operadores que trabajan más allá de las fronteras nacionales.

Por eso resulta necesario mirar el fenómeno con perspectiva continental.

No son hechos aislados.

Existe una disputa internacional por imponer un modelo político basado en el individualismo extremo, el debilitamiento de las organizaciones populares, el ataque contra los sindicatos, la criminalización de la protesta, la demonización de los migrantes y la construcción permanente de enemigos internos.

Y frente a esa ofensiva, los pueblos necesitan construir también una comunicación internacional, popular, democrática y soberana.

CERIMEDO Y EL PODER DETRÁS DEL PODER

En agosto de 2026, Cerimedo fue detenido en Bolivia en el marco de una investigación por un ataque contra Nadia Beller. Las autoridades bolivianas investigan distintas hipótesis y su defensa niega las acusaciones.

Además, medios argentinos informaron sobre investigaciones relacionadas con su patrimonio y posibles vínculos económicos. Son asuntos que deberán ser esclarecidos por la Justicia y sobre los cuales corresponde mantener la presunción de inocencia.

Pero independientemente de esas causas judiciales, existe una cuestión política que merece ser debatida:

¿Cómo puede un consultor privado acumular semejante nivel de influencia sobre proyectos políticos nacionales y convertirse en una pieza de articulación de las nuevas derechas latinoamericanas?

Esa pregunta no pertenece solamente a los tribunales.

Pertenece a la democracia.

LA COMUNICACIÓN POPULAR NO SE ENTREGA

Desde RedContactoSur, red internacional de comunicación popular, sostenemos que los pueblos tienen derecho a conocer quién produce los contenidos que consumen, quién financia determinadas operaciones comunicacionales y qué intereses existen detrás de las grandes campañas digitales.

No aceptamos que las redes sociales sean utilizadas para convertir la mentira en verdad.

No aceptamos que los trabajadores sean transformados en enemigos.

No aceptamos que los migrantes sean utilizados como chivo expiatorio.

No aceptamos que la protesta social sea presentada como delincuencia.

No aceptamos que la soberanía de nuestros pueblos sea reemplazada por consultores, operadores y laboratorios políticos internacionales.

La comunicación también es una batalla por la democracia.

Y en esa batalla, RedContactoSur va a seguir del lado de los pueblos, de los trabajadores, de los migrantes, de las organizaciones sociales y sindicales y de todos aquellos que defienden una América Latina soberana ,antimperialista y revolucionaria.

CERIMEDO NO ES EL PROBLEMA AISLADO

El verdadero problema es mucho más profundo.

El problema es la construcción de una internacional digital de las nuevas derechas.

Una estructura que pretende cruzar fronteras, disputar elecciones, manipular agendas, construir enemigos y presentar como espontáneo aquello que muchas veces ha sido cuidadosamente diseñado.

Por eso debemos mirar más allá de un nombre.

Debemos mirar la red.

Debemos mirar los intereses.

Debemos mirar el poder.

Y debemos construir una respuesta.

Porque frente a la internacional de la ultraderecha, los pueblos también necesitamos una internacional de la comunicación popular.





REDCONTACTOSUR

Comunicación popular, soberana, antiimperialista y al servicio de los pueblos.

Lic. Rubén Suárez
Director de RedContactoSur



redcontactosur@gmail.com



8/20/2026

La partidocracia uruguaya

 La partidocracia uruguaya


Por Marcos Joel  



El devenir político de Uruguay ha derivado, sin disimulo ni pudor, en una partidocracia. No una anomalía pasajera, no un accidente institucional, una estructura consolidada donde los partidos dejaron de ser instrumentos de representación popular para erigirse en fines en sí mismos, en maquinarias de reproducción del poder. Ya no se legisla para la justicia social. Ya no se gobierna para las mayorías trabajadoras, para el asalariado que sostiene con su sudor el andamiaje económico del país. Lo que otrora fue disputa legítima por el bienestar colectivo, por la redistribución de la riqueza, por la dignidad material del pueblo, se ha degradado en campaña electoral permanente, en marquesina publicitaria, en un teatro de vanidades donde el pueblo es espectador cautivo, aplaudidor forzado, nunca protagonista. Se le convoca cada cinco años para legitimar con su voto lo que ya fue decidido en despachos cerrados, en acuerdos de cúpula, en negociaciones donde el interés de clase brilla por su ausencia.


Hoy, a la oposición le importa una sola cosa, conquistar el poder en 2029. Ni el hambre del jubilado, ni la precariedad del trabajador informal, ni la vivienda negada a las familias populares figuran en su agenda real. Para alcanzar ese trono, no vacila en convertir la rendición de cuentas en botín de campaña, en boicotear la transparencia fiscal como si el erario público fuera coto privado de sus estrategas. Utiliza el control parlamentario no como herramienta de fiscalización al servicio del pueblo, sino como arma arrojadiza, como insumo mediático para construir relato electoral. Es la partidocracia en su expresión más descarnada y cínica, aquella que desconoce la voluntad popular, que pisotea el mandato de las urnas, para servir con devoción ciega a los intereses meramente partidarios, a la lógica de la acumulación electoral por encima de cualquier compromiso con quienes producen la riqueza nacional.


Pero el gobierno, y aquí conviene ser analíticos, no la fuerza política Frente Amplio como proyecto histórico de emancipación, sino el aparato gubernamental que pretende destruir su nombre suplantándolo con su mayoría circunstancial que es el MPP, ha dejado meridianamente claro que opera al margen de toda tradición frenteamplista. Ha sepultado la histórica política internacional del Frente Amplio, aquella que supo plantarse con dignidad ante el imperialismo, que tendió puentes con los pueblos hermanos de nuestra América, que defendió la autodeterminación frente a los dictados de Washington. La ha suplantado por una diplomacia servil, genuflexa, subordinada al gran capital transnacional, al amo del norte y al ente sionista. Se ha despojado de toda retórica antiimperialista, aquella que fue columna vertebral de la izquierda latinoamericana, para arrodillarse ante quienes siempre fueron el enemigo histórico de los pueblos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las embajadas que dictan política económica, los organismos que imponen austeridad mientras el capital especula sin freno. Se ha desdibujado hasta convertirse en una simple colectora de votos, desideologizada, sin programa, sin horizonte estratégico, obsesionada únicamente con aglutinar sufragios, repartir cargos y administrar la miseria ajena con lenguaje progresista. Ha traicionado la esencia del Frente Amplio, ser movimiento, ser pueblo organizado, ser disputa contra el poder constituido. Hoy es apenas un sello vaciado de contenido, una marca electoral al servicio de la continuidad del orden vigente.


En común acuerdo, y aquí reside la obscenidad mayor, gobierno y oposición han negociado los principios a cambio del eufemismo de la alternancia. Alternancia, palabra hueca, mecanismo pulcro para que nada cambie en lo sustantivo, para que las estructuras de dominación permanezcan intactas mientras los rostros se turnan en la fotografía. Es la alternancia como seguro de vida para la casta, hoy gobierno, mañana oposición, pasado mañana gobierno otra vez, y siempre -siempre- el mismo salario parlamentario, la misma jubilación de privilegio, el mismo acceso al aparato del Estado como botín. La política, que debería ser herramienta de liberación de los oprimidos, se ha convertido en oficio hereditario de una élite que se reproduce a sí misma. Las mayorías populares, los trabajadores, los desposeídos, quedan relegados al segundo plano, al pie de página, a la nota al margen de una historia que otros escriben.


No existe política de izquierda en Uruguay. Existe una casta política aferrada a sus privilegios, blindada por la impunidad, sostenida por un sistema que garantiza su perpetuación.


Hubo un intento genuino, y es deber de la memoria no olvidarlo. Cuando se fundó el Frente Amplio en 1971, nació una fuerza constructora, plural, combativa, verdaderamente popular. Obreros, estudiantes, intelectuales, campesinos, sectores medios empobrecidos confluyeron en un proyecto que desafiaba al orden oligárquico. Pero aquel germen de transformación se truncó bajo el terrorismo de Estado, se mutiló en los calabozos de la dictadura, en las salas de tortura, en el exilio forzado, en la proscripción. Miles de compañeros pagaron con su libertad, con su cuerpo, con su vida, el atrevimiento de imaginar un país distinto. Y lo que sobrevivió a la noche cívico-militar terminó diluyéndose, lenta pero implacablemente, en el neoliberalismo que impuso su agenda tras la posdictadura, repetidos intentos de privatización, desregulación, flexibilización laboral, apertura irrestricta al capital especulativo. La transición democrática no trajo la justicia social; trajo la aceptación disciplinada de las reglas del mercado. Aquella fuerza transformadora no es hoy más que un nostálgico eslogan repetido en actos vacíos, una liturgia sin fe, un nombre sin sustancia.


El individualismo galopante, esa ideología invisible que el capitalismo inocula como sentido común, se ha encargado de instalar la falsa percepción de que ser combativo es algo vetusto, de que la izquierda es reliquia de museo, de que la lucha de clases es concepto perimido. ¡Mentira! ¡Mentira construida desde los medios de comunicación concentrados, desde las usinas de pensamiento liberal, desde la academia domesticada! Ser de izquierda es, hoy más que nunca, exigir el verdadero cambio estructural. No se trata de refundar partidos ni de peregrinar nostálgicamente a los orígenes como si la historia fuera una pieza de museo a restaurar. Se trata de comprender, con claridad, que para mejorar las condiciones materiales del pueblo trabajador primero hay que derribar las estructuras que perpetúan los privilegios de la clase política, los fueros parlamentarios que funcionan como escudo de impunidad para legisladores que legislan en causa propia; el manoseo sistemático de la justicia, instrumentalizada según la conveniencia del poder de turno; la complicidad obscena entre poderes del Estado que blinda a la casta política mientras criminaliza la protesta social; el financiamiento opaco de campañas que convierte la democracia en subasta al mejor postor.


No se trata de pedir reformas cosméticas. Se trata de arrancar de raíz el régimen de privilegios. Se trata de que la política deje de ser carrera lucrativa para unos pocos y vuelva a ser servicio colectivo. Se trata de que el presupuesto nacional responda a las necesidades del pueblo y no a las exigencias del capital financiero. Se trata de que la soberanía popular no sea frase de campaña sino práctica cotidiana de participación, de decisión, de poder real.


Que la partidocracia ceda, de una vez y para siempre, el paso a la democracia verdadera, al gobierno de las mayorías trabajadoras, al poder popular organizado, a la izquierda que no se arrodilla, que no negocia principios por cargos, que no confunde gestión con transformación, que no llama progresismo a la administración dócil del capitalismo. La izquierda verdadera no pide permiso. La izquierda verdadera construye poder desde abajo. La izquierda verdadera no se arrodilla ante el amo del norte ni ante el gran capital. La izquierda verdadera se organiza, combate y vence.







 


Publicado por El Muerto

Funcionario de la embajada de Uruguay en Estados Unidos asistió a la cumbre contra el “terrorismo político” que lideró Marco Rubio

 Cueva de fachos




Funcionario de la embajada de Uruguay en Estados Unidos asistió a la cumbre contra el “terrorismo político” que lideró Marco Rubio



Desde Cancillería dijeron a la diaria que fue “con la instrucción precisa de escuchar”, al tiempo que Estados Unidos anunció restricciones de visas para “terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”


la diaria17 de julio de 2026


Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a la diaria que un representante de la embajada uruguaya en Washington participó este jueves en la cumbre para “combatir el resurgimiento del terrorismo político” que lideró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la sede del Departamento de Estado. Señalaron que el diplomático acudió “con la instrucción precisa de escuchar simplemente”. 


Durante la reunión, en la que participaron un total de 66 países, Rubio referenció “décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones”, y mencionó a múltiples grupos guerrilleros de América del Sur –incluyendo al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros–, además de solicitar una “respuesta internacional” a la “problemática”. 




En un comunicado de prensa que se publicó el jueves en el sitio web del Departamento de Estado, la administración estadounidense anunció “una nueva política de restricción de visas dirigida a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”. Rubio lo avisó en sus redes sociales y escribió que “los extranjeros que financian, incitan o ayudan a terroristas de extrema izquierda son enemigos de nuestra civilización” y “no son bienvenidos en Estados Unidos”.


Aplicará sobre aquellos que “hayan apoyado o incitado a cometer actos de terrorismo, hayan respaldado actividades delictivas violentas, hayan participado en sabotajes económicos, hayan financiado, reclutado o prestado apoyo logístico a acciones violentas o criminales cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines y/o hayan facilitado la convergencia de redes terroristas de extrema izquierda y otras redes afines con el fin de llevar a cabo acciones violentas”.


Consideraron que este tipo de grupos “suelen recurrir a redes sofisticadas y organizadas para perpetrar actos violentos como herramienta política” y buscan “imponer una visión política extremista mediante la intimidación y campañas coordinadas de terror”. Además, la publicación afirmó que utilizan “atentados con bombas, asesinatos y otras formas de terrorismo para silenciar la libertad de expresión, limitar la oposición política, influir en los resultados de las políticas y sabotear los procesos políticos”.



En ese sentido, sostuvo que la decisión “protegerá el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros” que hayan formado parte de esas actividades al cerrar “las vías de obtención de visados que los terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines explotan para amenazar vidas estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en suelo estadounidense”. Además de Rubio, en el acto participaron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller y el vicesecretario de Estado Christopher Landau. El canciller argentino Pablo Quirno publicó en X que también tuvo “el honor” de representar a su país en la instancia y apuntó que “el terrorismo político de izquierda busca convencer a las sociedades libres de que el miedo es más fuerte que la ley y la violencia más poderosa que el voto como en Colombia, Perú y Bolivia”. “La izquierda erosiona los cimientos que sostienen a las sociedades libres”, valoró.


 


También participaron el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Israel, Gideon Sa'ar, quienes se fotografiaron con Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para supervisar y combatir el antisemitismo, que lo publicó en X y agregó que también se reunió con ministros de Asuntos Exteriores y jefes de delegación de Chile, Macedonia del Norte, Rumania y Serbia.



“Realmente genera irritación, genera rechazo, esa intromisión y esa intención de incidir en la interna de otros países. Yo podría haber coincidido con esa definición de Estados Unidos hace 60 años, pero hoy me parece que suena hasta ridículo”, señaló este viernes el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, durante una entrevista en la diaria Radio.


El encuentro fue una “oportunidad histórica” para una “acción coordinada”

Un documento que elaboró el gobierno estadounidense, al que accedió la diaria, sostiene que el encuentro representó una “oportunidad histórica” para “sentar las bases de una acción coordinada contra esta nueva manifestación de terrorismo político”, incluyendo la colaboración en información, inteligencia y aplicación de la ley.


Además, el texto detalla que Estados Unidos reconoce que “el terrorismo político organizado representa un peligro grave y creciente”, catalogándolo como una “amenaza” que ha “pasado inadvertida en la estrategia antiterrorista de la comunidad internacional”.


“En el último año, funcionarios estadounidenses han colaborado con fuerzas del orden, profesionales de la lucha antiterrorista, fiscales y analistas de inteligencia de todo el mundo. Estas interacciones revelan una tendencia clara: los terroristas motivados políticamente y conectados a redes globales —en particular los de extrema izquierda— recurren cada vez más a la violencia organizada y letal para promover sus objetivos políticos”, indicó la misiva.



No cuadra por ningún lado. Uruguay participó como país de una cumbre ultraderechista que busca sembrar el odio y desestabilizar las democracias.



17 de julio de 2026


Por Leopold Vasili

La participación de la República Oriental del Uruguay en la denominada “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”, celebrada en Washington y convocada por el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, vuelve a encender alarmas profundas en la sociedad. Esta situación no debería preocupar únicamente al seno de la izquierda, sino también a todos aquellos actores que defienden la convivencia democrática, la paz y el respeto internacional.


Hay que decirlo con la claridad, la participación de Uruguay constituye una actitud inexplicable y vergonzosa, prestándose a participar de una instancia que carece por completo de rigurosidad académica y jurídica, cuyo único fin es imponer una agenda ideológica de extrema derecha y debilitar la soberanía de los pueblos latinoamericanos.


Durante el encuentro —en el que participaron representantes diplomáticos de más de 60 países— Marco Rubio arremetió de forma directa contra el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), catalogándolo como parte de una "threat" (amenaza global) y equiparándolo burdamente con redes criminales internacionales vigentes. También se referio con menosprecio y vinculando a una supuesta práctica terrorista a movimientos y partidos marxistas, como también al "comunismo".


Es absolutamente inadmisible que Uruguay, como Estado soberano, se pliegue a discursos tan peligrosos para la salud democrática.


El argumento de la "segunda línea" es un chiste de mal gusto

De acuerdo con versiones surgidas desde la propia Cancillería uruguaya, el envío de un funcionario diplomático de segunda línea de la embajada en Washington pretendió justificarse como una "señal de distancia" o un gesto de supuesta neutralidad del gobierno de Yamandú Orsi frente a las iniciativas radicales de la Casa Blanca. Este argumento no es de recibo bajo ningún concepto: Uruguay no tiene ningún tipo de obligación de participar en instancias de claro tinte ultraderechista, por más que la convocatoria provenga de un alto funcionario de los Estados Unidos.


Este hecho se traduce en un nuevo error diplomático de gravedad, equiparable o incluso peor que la reciente e injustificada visita del presidente Orsi al buque de guerra estadounidense. En definitiva, representa una pésima señal política para la fuerza de izquierda que ganó el gobierno, la cual sostiene históricamente definiciones claras de carácter antiimperialista, democrático y pacífico.


Parece innecesario tener que recordar que, en el ámbito de las relaciones internacionales, la presencia física y oficial de un Estado es la forma explícita de convalidar de hecho el temario y el tono de una reunión. Mandar a un diplomático de menor rango no atenúa la gravedad institucional: Uruguay estuvo formalmente en la "foto" y en el acta de una cumbre donde se insultó y criminalizó a fuerzas políticas legítimas que hoy integran legal y democráticamente el gobierno de nuestro país. Esto representa una agresión directa a la soberanía institucional uruguaya que jamás debió ser tolerada con asistencia alguna.


Anacronismo y agresión a la paz democrática

Colocar a una parte fundamental de la izquierda uruguaya bajo el rótulo de "terrorismo" y señalarla como un peligro global denota una ignorancia supina o, peor aún, una manifiesta mala fe geopolítica destinada a fracturar las democracias regionales y a sembrar sospechas e inestabilidad innecesarias.


Con esta postura, la administración estadounidense pretende trazar líneas divisorias ideológicas y revivir las lógicas más rancias de la Guerra Fría, buscando desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales que azotan al continente, tales como la desigualdad, la crisis climática y la exclusión económica. Que la diplomacia uruguaya se preste para estas puestas en escena daña severamente la tradición histórica del país en la defensa irrestricta de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.


Movilización y exigencia de explicaciones públicas

Ni el Frente Amplio (FA) ni las fuerzas populares y democráticas de nuestro país pueden permitir que esta preocupante actitud del gobierno pase desapercibida. Ante la gravedad de los hechos, se vuelve imperioso exigir al Poder Ejecutivo que fije una postura clara, pública y contundente, aclarando las razones de esta participación y comprometiéndose formalmente ante la ciudadanía a que este tipo de claudicaciones internacionales no vuelvan a repetirse en el futuro.


via El Muerto

8/07/2026

Basta de xenofobia, persecución y criminalización de quienes buscan un futuro mejor

 


EL MUNDO ES MIGRANTE

Basta de xenofobia, persecución y criminalización de quienes buscan un futuro mejor

La migración acompaña a la humanidad desde sus orígenes. Ningún pueblo del mundo está exento de ella. Millones de personas migran cada año escapando de guerras, bloqueos económicos, persecuciones políticas, violencia, hambre o simplemente buscando una oportunidad de vida digna para sus familias. Sin embargo, asistimos a una peligrosa ofensiva internacional que pretende convertir al migrante en el chivo expiatorio de todos los problemas sociales. Estados Unidos encabeza hoy una política de endurecimiento migratorio caracterizada por redadas, detenciones y deportaciones masivas. 

Diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han cuestionado estas medidas por sus consecuencias sobre los derechos fundamentales de las personas migrantes. A ello se suma la creciente externalización de las deportaciones y el traslado de personas deportadas hacia terceros países, situación que ha generado fuertes críticas y denuncias de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Especial preocupación genera el caso de El Salvador, donde personas deportadas desde Estados Unidos han sido enviadas a centros de detención de máxima seguridad en el marco de acuerdos bilaterales.

 Organizaciones internacionales han advertido sobre posibles violaciones al debido proceso, a las garantías judiciales y a los derechos humanos fundamentales de las personas afectadas. 

 En Argentina, el gobierno de Javier Milei profundizó esta orientación mediante el DNU 366/2025, que endurece la legislación migratoria, amplía causales de expulsión y restringe derechos de las personas migrantes. Diversas organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y de migrantes consideran que estas medidas contribuyen a instalar un clima de estigmatización y discriminación. Resulta especialmente grave el creciente hostigamiento y persecución que denuncian integrantes de la colectividad boliviana en Argentina. 

Discursos oficiales, controles selectivos, declaraciones públicas y medidas administrativas han sido interpretados por numerosos referentes sociales como parte de un proceso de criminalización que afecta principalmente a una comunidad que durante décadas ha contribuido con su trabajo, su cultura y su esfuerzo al desarrollo económico y social de la Argentina.

 La colectividad boliviana no es un problema: es parte del pueblo trabajador que construye diariamente este país. 

 Al mismo tiempo, en Uruguay se abrió una fuerte polémica ante la posibilidad de que el gobierno de Yamandú Orsi acepte recibir personas deportadas desde Estados Unidos. Esa eventualidad ha provocado importantes diferencias dentro del propio Frente Amplio. La mayoría de los sectores, dirigentes y legisladores de la fuerza política han manifestado reparos o rechazo a esa posibilidad, sosteniendo que Uruguay no debe transformarse en receptor de políticas migratorias impuestas desde Washington y que ello sería incompatible con la histórica tradición uruguaya de defensa de los derechos humanos, del derecho de asilo y de la solidaridad internacional. Hasta el momento, el gobierno uruguayo ha señalado que no existe un acuerdo definitivo con Estados Unidos.

 La xenofobia no nace espontáneamente. Se construye desde el poder político, desde determinados medios de comunicación y desde discursos que buscan enfrentar a pobres contra pobres, trabajadores contra trabajadores, nacionales contra migrantes.

 Se intenta instalar la idea de que el extranjero es responsable de la inseguridad, de la falta de empleo o de las crisis económicas, cuando en realidad las verdaderas causas se encuentran en modelos económicos excluyentes, en la concentración de la riqueza y en políticas que favorecen a los sectores más poderosos.

 Desde RedContactoSur expresamos nuestro más enérgico rechazo, repudio y denuncia frente a todas las políticas que promuevan la xenofobia, el racismo, la discriminación y la persecución de las personas migrantes, en Argentina, en Estados Unidos, en El Salvador, en Uruguay y en cualquier lugar del mundo. 

 Denunciamos la utilización política del fenómeno migratorio para sembrar miedo, dividir a los pueblos y ocultar las verdaderas causas de las desigualdades sociales. Rechazamos la criminalización de la pobreza y de la migración. Rechazamos los discursos de odio. Rechazamos que se persiga a la colectividad boliviana o a cualquier comunidad migrante. 

 Reafirmamos que ningún decreto, ningún muro, ninguna cárcel y ninguna campaña de odio podrá borrar una verdad histórica: el mundo es migrante

 Los pueblos de América Latina fueron construidos por migrantes. Nuestros abuelos y abuelas cruzaron fronteras buscando trabajo, libertad, paz y dignidad. Hoy millones de latinoamericanos continúan ese mismo camino. Por eso, defender a los migrantes es defender nuestra propia historia y nuestro propio futuro. Migrar no es un delito. La solidaridad no puede convertirse en delito. 

 Los derechos humanos no reconocen nacionalidades. Porque donde exista un migrante perseguido, allí debe estar presente la solidaridad internacional de los pueblos.

Lic. Rubén Suárez

Director RedContactoSur

Red Internacional de Comunicación Popular y Alternativa

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