Ecuador bajo la lupa : Lo que revelan los Informes internacionales de Derechos Humanos sobre
los estados de excepción
Naciones Unidas, la CIDH, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y una investigación
periodística de medios escritos como Connectas y Tierra de Nadie coinciden en un mismo
diagnóstico: la militarización de la seguridad, iniciada en 2024, es el hilo que conecta las cárceles
más letales de la región, denuncias de tortura, desapariciones forzadas y un contrato de
vigilancia con la empresa Palantir.
Por Paulina Andrade A. — Especial para Contacto Sur
*Comunicadora e Internacionalista
Más de 1.220 personas privadas de libertad murieron en Ecuador durante 2025. Es la cifra más
alta jamás registrada en el país: más de tres muertes por día dentro de las cárceles. No son, en su
mayoría, víctimas de las masacres carcelarias que el mundo vio en 2021 y 2022. Hoy mueren de
otra forma: por desnutrición, tuberculosis, o causas que los registros anotan simplemente como
"indeterminadas".
Ese dato, documentado por la investigación "Encerrados para morir" de CONNECTAS y Tierra de
Nadie, es apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande que, en los últimos meses,
han armado por separado el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos
Humanos (FIDH). Trabajando de forma independiente, con metodologías distintas, todos llegan a
una misma conclusión central.
El diagnóstico que todos comparten
Desde comienzos de 2024, bajo la presidencia de Daniel Noboa, Ecuador vive en estados de
excepción prolongados. El gobierno ha calificado la situación de "conflicto armado interno", una
figura legal que amplía el margen de acción de las Fuerzas Armadas para operar en tareas que
antes correspondían a la Policía, incluso dentro de las cárceles.
Ningún organismo niega que el crimen organizado sea una amenaza real. La discusión no es esa.
Lo que preocupa —y en esto coinciden el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la
CIDH, la OMCT y Human Rights Watch— es si la respuesta militarizada ha sido proporcional y
sostenible. La CIDH lo resume en una frase que casi funciona como titular de todo este panorama:
los operativos policiales y militares de alta letalidad no se sostienen en el tiempo, y terminan
violando derechos.
Números que hay que leer con cuidado
La OMCT documenta 369 denuncias de tortura entre 2024 y 2026, y 51 desapariciones forzadas
presuntamente cometidas por agentes del Estado. Son denuncias, no sentencias judiciales, una
distinción que los propios informes subrayan.
Durante las protestas de 2025, la misma organización registró 391 presuntas violaciones de
derechos humanos, 206 detenciones arbitrarias, 473 heridos y al menos dos muertes por uso
excesivo de la fuerza. Y el Plan Fénix, la ofensiva de seguridad del gobierno, dejó cerca de 35.000
detenciones entre enero y mayo de 2024 —una cifra que, advierte el propio informe, no implica
que todas hayan sido arbitrarias, sino que alerta sobre el riesgo de un uso demasiado amplio de
las medidas antiterroristas.
El fenómeno tampoco es exclusivo de Ecuador: de ocho países latinoamericanos evaluados por el
Índice Global de Tortura, siete —incluido Ecuador— quedaron clasificados con riesgo alto o muy
alto.
Las cárceles: de la violencia entre bandas al abandono institucional
El cambio más inquietante que documenta CONNECTAS no es solo la cifra de muertes en prisión,
sino su naturaleza. Antes morían mayoritariamente en peleas entre bandas. Ahora mueren por
enfermedad y desatención: más de mil casos de tuberculosis registrados en 2025 dentro del
sistema penitenciario, según la OMCT, que también reporta 346 fallecidos solo en Guayaquil en los
primeros meses de 2026.
La violencia explosiva, sin embargo, no desapareció: un motín en la cárcel de Esmeraldas dejó 17
muertos, y una explosión en un centro penitenciario de Machala, 13. Dentro de los mismos
penales, según CONNECTAS, siguen operando estructuras de control criminal que obligan a las
familias a pagar para que sus parientes puedan comer o simplemente sobrevivir.
Una Corte bajo presión, pero que todavía responde
En el plano institucional, Human Rights Watch documenta ataques a la independencia de la Corte
Constitucional, fiscales y jueces sin protección, y reformas que buscaron saltarse los controles
constitucionales. Pero la CIDH agrega un matiz que evita una lectura de todo o nada: pese a las
presiones, la Corte sacó adelante fallos relevantes, como el que reconoció el derecho a la
identidad de género de una adolescente trans. La institucionalidad ecuatoriana, coinciden ambos
organismos, está presionada, pero no vencida.
Palantir: la vigilancia digital entra en escena
En mayo de 2025, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones firmó un contrato con la
empresa estadounidense Palantir Technologies para dotar al Servicio Nacional de Aduana del
software Palantir Foundry, según reportó Primicias. La plataforma cruza datos de comercio
exterior, manifiestos de carga, registros policiales y fuentes abiertas para detectar contrabando, y
la propia Aduana ha reportado casos donde el sistema evitó pérdidas al Estado.
Pero el contrato llegó acompañado de señales de alerta documentadas por organizaciones de
derechos digitales. Amnistía Internacional advirtió que Palantir facilita la vigilancia estatal a gran
escala sin garantías éticas suficientes, y recordó que su software es usado por el Servicio de
Inmigración de Estados Unidos para localizar migrantes en procesos de deportación, además de
sus contratos con el Departamento de Defensa estadounidense y las fuerzas armadas de Israel.
Derechos Digitales y CONNECTAS documentan además la opacidad del acuerdo: se sabe que la
Aduana pagó más de seis millones de dólares a la CNT, pero no cuánto llegó efectivamente a
Palantir ni bajo qué condiciones exactas —pese a que, según funcionarios consultados, no habría
razón legal para mantener esa información en reserva. Y el gobierno, según CONNECTAS, evaluaría
extender esta tecnología a minería, pesca y seguridad social, lo que concentraría datos sensibles,
incluida información de salud, en manos de una empresa privada extranjera.
El caso que sacudió a la comunidad internacional
El 8 de junio encontraron muerta en su casa en Montañita a Monika Silva Koniuszek, activista de
origen polaco de 41 años, madre soltera de dos niñas y Presidenta de la Fundación “La Integridad”.
Silva investigaba corrupción y tráfico de tierras en la zona, y había comenzado a indagar sobre
Noboa Trading —la empresa frutícola de la familia del Presidente de la República— a raíz de una
incautación de cocaína en contenedores de banano que, según sus propias denuncias, altos cargos
judiciales habrían frenado.
El ministro del Interior, John Reimberg, habló inicialmente de un suicidio. Once días después, una
autopsia realizada en Guayaquil estableció otra causa de muerte: un golpe en la cabeza y asfixia
por estrangulamiento.
No hay sentencia firme, y ni el Presidente ni su empresa han sido acusados formalmente. Pero la
reacción internacional fue inmediata: la Unión Europea y la Fiscalía de Polonia pidieron una
investigación independiente, la CIDH exigió abrir nuevas líneas de indagación, y la Corte Suprema
de Argentina envió peritos como veedores. La Fiscalía ecuatoriana investiga el caso como
feminicidio. Según medios locales, poco antes de morir, Silva había entregado documentación a la
Embajada de Estados Unidos en Quito.
Pueblos indígenas, mujeres, niñez y migración
Amnistía Internacional concentra sus alertas en la falta de protección para las defensoras
ambientales conocidas como "Guerreras por la Amazonía", y en actividades extractivas que
avanzan sin el consentimiento previo de los pueblos indígenas. Human Rights Watch suma un dato
con peso simbólico: sigue sin cumplirse el mandato popular, votado en consulta, que ordenó
detener la explotación petrolera en el bloque ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní.
En materia de género, Human Rights Watch documenta un aumento de muertes violentas de
mujeres y dificultades para acceder al aborto incluso en los casos permitidos por ley. Sobre niñez,
alerta un incremento de homicidios de menores y el reclutamiento de niños y adolescentes por
bandas criminales, una preocupación que coincide, de forma independiente, con la Resolución
1/26 de la CIDH. Y en movilidad humana, Ecuador registraría uno de los niveles más altos de
desplazamiento interno por violencia de la región, aunque este es uno de los puntos donde la
información disponible entre organismos resulta más limitada.
¿Qué piden, en el fondo, todos estos informes?
Las recomendaciones, viniendo de mandatos tan distintos, apuntan casi todas en la misma
dirección: más transparencia del Ministerio de Defensa, revisión de la sostenibilidad de los
operativos letales, fortalecimiento de la protección a defensores de derechos humanos, y una
revisión de fondo del marco legal del "conflicto armado interno". A fines de junio, la Unión
Europea abrió una convocatoria de fondos de emergencia de hasta 1,5 millones de euros para
reforzar la seguridad jurídica y la protección digital de la sociedad civil ecuatoriana.
El pedido de fondo, dicho de otra forma: más control civil sobre las decisiones de seguridad, no
menos. Ningún organismo pide bajar la guardia frente al crimen organizado; piden que la
respuesta sea profesional, transparente y esté bajo control de la Justicia y las instituciones civiles,
no únicamente de las Fuerzas Armadas.
Ecuador enfrenta, sin duda, una amenaza de seguridad real. Pero la respuesta elegida hasta ahora
priorizó la fuerza militar por encima de la investigación civil y la protección de derechos, y ese
camino tuvo un costo medible en vidas humanas: en las calles, en las cárceles, entre quienes
defienden su territorio. Hasta el momento en que se publicaron estos informes, nada indica que la
violencia que se buscaba combatir haya bajado de forma sostenida.
La pregunta que dejan planteada, de manera coincidente, organismos tan distintos entre sí no es
si Ecuador atraviesa una crisis de seguridad —en eso no hay discusión—, sino si el camino elegido
para enfrentarla es compatible con proteger los derechos fundamentales de su gente.
Fuentes: Comité contra la Desaparición Forzada (ONU, marzo 2026); Organización Mundial Contra
la Tortura, Índice Global de Tortura (2ª ed., 2026); Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Resolución 1/26 y pronunciamientos de relatorías (2026); Amnistía Internacional, informe AMR
28/0609/2026 y alertas sobre defensoras ambientales y tecnología de vigilancia; Federación
Internacional por los Derechos Humanos, declaración conjunta (marzo 2026); Human Rights
Watch, Informe Mundial 2026 (capítulo Ecuador); CONNECTAS y Tierra de Nadie, "Encerrados para
morir" y "Palantir en Ecuador: ¿un aliado estratégico o un Caballo de Troya?"; Derechos Digitales;
Primicias; El País (España); Unión Europea; BBC News Mundo, France 24, La Nación, The Guardian,
Cubadebate.
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