Cooperativas mineras están bajo procesos y son investigadas por delitos medioambientales

*Cooperativas mineras están bajo procesos y son investigadas por delitos medioambientales y contra la salud de niños, niñas y mujeres embarazadas*

Algunas de las cooperativas mineras que trabajan de forma ilegal en la parte alta de la cuenca del río Beni, son procesadas por delitos medioambientales, según el artículo 107 de la Ley Contaminación de Ríos. 

_*Cabellos y agua*_

La investigación evaluó a un total de 302 personas de 36 comunidades pertenecientes a seis pueblos indígenas: Tacanas, Tsimanes, Uchupiamonas, Lecos, Ese ejjas y Mosetenes, quienes viven en la Amazonia de La Paz. Se tomó muestras de sus cabellos y agua de afluentes que están en parte del Parque Nacional Madidi y la reserva de la biosfera y tierra comunitaria de origen Pilón Lajas.

_*!El mercurio es considerado un veneno para los indígenas.*_

La investigación develó que las personas evaluadas en promedio poseen 3,93 ppm (partes por millón) de mercurio en el pelo, cuando el límite permitido a nivel internacional es 1,0 ppm. Los indígenas Ese ejjas registraron 6,96 ppm; los Tsimanes, 6,8 ppm; los Mosetenes, 4.0 ppm; los Uchupiamonas, 2,5 ppm; los Tacanas, 2,1 ppm; y, los Lecos, 1,2 ppm. Esto significa que los pueblos más afectados son los Esseejjas y los Tsimanes, ya que tienen una mayor dependencia del consumo de pescado, los cuales están contaminados con mercurio. 

“Podemos asegurar que el 100% de las comunidades que habitan en el norte de La Paz están con los índices de mercurio sobrepasados. De hecho, el mercurio no debería estar presente en ningún cuerpo humano. A raíz de este estudio, se están preparando las acciones legales para defender a las comunidades contra el Estado”, dijo Rodrigo Herrera, abogado ambiental.

*_Los efectos_*

Los datos alarmantes que revela el estudio es que los más afectados en su salud por la presencia de mercurio en sus organismos son las mujeres, las embarazadas y niños. Los daños más evidentes son “en su sistema neurológico, ocasiona disfunciones cognoscitivas en los niños y malformaciones en los recién nacidos. Es un tema muy delicado”, añade Herrera.

El Centro de Pueblos Indígenas de La Paz (Cilap) alertó que los afectados también presentan reumatismo y anemias. Identificaron cuadros agudos de diarrea, dolores estomacales y otros males.

La Organización Panamericana de la Salud, en su página oficial, precisa que “El mercurio es tóxico para la salud humana, planteando una amenaza particular para el desarrollo del niño in útero y en la niñez. Mercurio existe en diversas formas: elemental (o metálico); inorgánico (por ejemplo, cloruro mercúrico); y orgánico (por ejemplo, metilmercurio y etilmercurio), cada uno con diferentes efectos tóxicos, incluidos en los sistemas nervioso, digestivo e inmunitarios, y en los pulmones, los riñones, la piel y ojos”.

*Los indígenas están siendo envenenados con mercurio porque su principal dieta es el pescado de la Amazonia en el norte paceño*. “Las cooperativas mineras que están trabajando aguas arriba o en la parte alta del Madidi utilizan el mercurio y lo vierten irregularmente en los ríos, en las aguas, en las cuencas, estas aguas son consumidas por los peces. Ese es el principal factor que está afectando a las comunidades. Los peces viven con el mercurio almacenándolo en sus organismo y la principal fuente de proteína es esa carne”, lamentó Herrera.

Para confirmar los efectos nocivos en la salud de los indígenas, varias instituciones, incluyendo medioambientalistas, están solicitando al Ministerio de Salud que envíe brigadas para que realicen un diagnóstico a todos los habitantes que consumen pescado de esos ríos para verificar la calidad de salud.

No existe un registro oficial de cuántas cooperativas auríferas existen debido al incremento de las que operan ilegalmente. Sin embargo, según cálculos, sólo en el área protegida de Apolobamba contabilizaron más de 500 y que la mayoría no cuenta con autorización ambiental ni el derecho minero.

 

Colabora 

EEUU ABUSOS SEXUALES IGLESIA CATÓLICA

 Conmoción en el estado de Illinois, Estados Unidos.

ABUSOS  SEXUALES IGLESIA CATÓLICA

Cerca de 2.000 menores sufrieron abusos sexuales a manos de 450 religiosos católicos en Illinois entre 1950 y 2010

Es uno de los casos más graves en el seno de la institución, que en la última década ha destinado sumas multimillonarias a indemnizar a las víctímas.

Unos 2.000 niños de Illinois sufrieron abusos sexuales a manos de sacerdotes católicos entre 1950 y 2010, según un informe de la fiscalía general de ese Estado publicado este martes, que también detalla cómo el abuso a menudo fue tolerado y ocultado por los superiores de la iglesia, un patrón similar al de los casos perpetrados durante décadas en la diócesis de Boston cuya revelación contribuyó en buena medida a destapar esa lacra en EE UU.

El informe, de 696 páginas y publicado por el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, corrobora las denuncias de abusos presentadas contra 451 sacerdotes católicos en las seis diócesis del Estado, con un balance de al menos 1.997 víctimas en las últimas siete décadas, el doble de las registradas en Pensilvania en el mismo periodo de tiempo, otro de los grandes casos de la lista negra de la Iglesia estadounidense. El texto publica por primera vez los nombres de 149 sacerdotes y religiosos que, según la investigación, han sido objeto de denuncias creíbles. Como señala Raoul en el prólogo del informe, la investigación arrancó en 2018 por su predecesora, Lisa Madigan, quien acusó a la Iglesia de reportar menos casos de los existentes, al identificar inicialmente a 103 abusadores en sus filas. De los 451 mencionados en el informe, 330 han fallecido.

La revelación de Illinois se suma a una larga lista de investigaciones en todo el mundo, en especial en América Latina, sobre abusos sexuales en instituciones dependientes de la Iglesia católica como colegios, internados o parroquias, así como la práctica sistemática de encubrir a los depredadores y transferirlos a otros destinos, extendiendo así el peligro. La oscarizada película Spotlight, sobre la investigación del diario Boston Globe que destapó los abusos en esa diócesis de Massachusetts, relata bien el manto de silencio primero y el repentino traslado de los curas molestos luego. “Décadas de decisiones y políticas de la jerarquía católica han permitido a conocidos abusadores sexuales de niños esconderse, a menudo a plena vista de todos”, ha dicho Raoul.

Los escándalos de abusos han socavado la reputación de la Iglesia y han sido un gran desafío para el Papa Francisco, que ha aprobado una serie de medidas en los últimos diez años destinadas a responsabilizar a la curia, con resultados dispares por la resistencia interna. La Iglesia de EE UU ha debido pagar sumas millonarias para evitar juicios, hasta el extremo de que entre 2004 y 2009 siete diócesis se declararon en bancarrota para eludir el pago. Sólo el año pasado una diócesis de Nueva Jersey acordó pagar 87,5 millones de dólares a 300 víctimas y un mes después, la archidiócesis de Santa Fe destinó 121 millones a tal fin. Hasta 2007, la Iglesia de EE UU había desembolsado más de 1.400 millones en indemnizaciones.

En Illinois, los investigadores han estudiado minuciosamente miles de expedientes, dedicado horas a entrevistarse con representantes de la Iglesia y revisado más de 600 denuncias de víctimas. Muchas no pueden recurrir a la justicia por la prescripción de los delitos, cometidos en algunos casos hace décadas. El informe no obstante aspira a reparar en parte a las víctimas, a las que no califica así, sino de “supervivientes”.

“Es posible que estos perpetradores nunca rindan cuentas ante un tribunal, pero al nombrarlos aquí, la intención es ofrecer una rendición de cuentas pública y una medida de sanación para los sobrevivientes que han sufrido durante mucho tiempo en silencio”, subraya el fiscal general en el comunicado. “Casi todos los entrevistados por el fiscal general reportan algún episodio de trastorno mental a consecuencia de los abusos”, dice el texto.

Entre los casos documentados, presentados por parroquias y con indicación del número de víctimas -mayoritariamente niños, pero también algunas niñas y mujeres jóvenes-, está el del padre Francis Skube, que llegó a la diócesis de Belleville a finales de los años cincuenta o principios de los sesenta. Su interés sexual por los niños nunca fue un secreto, ya que una carta de marzo de 1959 dirigida a la diócesis por un párroco de un pueblo advertía: “Skube causará un gran daño espiritual mientras se hace pasar por religioso”. La advertencia no impidió que Skube abusara de tres menores.

Del padre Robert Mayer, el informe señala que la archidiócesis de Chicago recibió denuncias durante años, pese a lo cual “se negó a apartarle del ministerio”. Otro sacerdote, Thomas Francis Kelly, abusó de más de 15 niños de entre 11 y 17 años en varias parroquias durante los años sesenta y setenta.

Alrededor de 3,5 millones de católicos vivían en Illinois en 2019, según la Conferencia Episcopal local, lo que representa el 27% de la población del Estado. Las seis diócesis de Illinois tenían alrededor de 950 parroquias y más más de 2.200 sacerdotes.

Uruguay Solicitud de declaración de alerta por el agua de consumo y riesgo para la salud

 

La Intendenta Carolina Cosse convocó al Comité de Emergencia Departamental de Montevideo para analizar la situación del agua y las acciones a implementar.

Tras le reunión, la Intendenta de Montevideo informó que se evaluó la situación para comprender la la potabilidad y la disponibilidad del agua, que son dos aspectos diferentes, y agradeció a la OSE por la información que transmitió, así como sobre las medidas que está previendo para mitigar la situación.

En ese sentido, informó que se evaluó que en un entorno de 20 a 30 días, si no hay cambios, dejaríamos de tener agua en condiciones de potabilidad.

Solicitud de declaración de alerta

Carolina Cosse explicó que “la sequía ha durado más de lo que históricamente duró la más larga y el cambio climático nos afecta duramente. Por lo tanto, la Intendencia de Montevideo le va a proponer al Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) que declare una situación de alerta, en el entendido que que esa declaración será un llamado de atención a la población para que, entre todos, comprendamos la situación en la que estamos y todos tomemos nuestras acciones de responsabilidad en la vida cotidiana”.

También detalló que en la reunión del Comité de Emergencia Departamental se llegó a algunas conclusiones sobre qué pasos dar en el futuro y se definieron en común algunas acciones. Puso como ejemplo el relevamiento de pozos de agua que dispone la IM, y de un registro para que la población, a través del WhatsApp 099 250 260, ponga su pozo a disposición.

Ya se han recibido más de 30 ofrecimientos por esa vía. Además, las demás instituciones que integran el comité comenzaron a relevar sus pozos disponibles.

Cosse destacó que se llegó a un acuerdo para que, a través de Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), se genere un equipo de trabajo para unificar ese relevamiento de pozos y las tareas que ellos demandan: toma de muestras, analizar calidad y caudal y definir sus posibles usos.

La jefa comunal adelantó que OSE dispondrá de 50 camiones cisterna para distribuir agua potable, sobre todo en las zonas más vulnerables de Montevideo, así como en hospitales, centros de diálisis e incluso a escuelas. Sobre esto se acordó trabajar en conjunto en la logística que la tarea de esos camiones requiere.

Además, se acordó mantener reuniones con la industria privada del envasado de agua dado que la situación exige obtener la mayor colaboración posible y la mayor capacidad de innovación de toda la sociedad.

Apoyo a la población más vulnerable

La Intendenta informó que es compartido en el comité, el apoyo a dar a la población más vulnerable. En ese sentido, informó que la IM “ya comenzó la distribución de agua embotellada a las policlínicas, se están poniendo a disposición nuestros pozos y disponibilizar dinero para que la gente pueda comprar agua”.

Ante la campaña de bien público que comenzó el SINAE, se ha solicitado que se agregue el tema del dengue y la chikungunya y los temas de salud, dada la transmisibilidad de estas enfermedades y su relación con el uso del agua.

Transparencia de la información

Cosse también informó que la Intendencia de Montevideo ha sugerido a las demás instituciones que transparenten la información.

En especial, destacó la sugerencia “a la OSE y a la URSEA que publiquen los resultados de los análisis de manera sistemática para que toda la población pueda conocerla, pero también para que el sector privado pueda dimensionar la situación y pueda aportar soluciones, para que la academia, la Universidad de la República y demás universidades pueda aportar soluciones científicas y su saber hacer para ayudarnos con la situación tan delicada de un recurso tan importante para Montevideo y el Uruguay”.

La Intendenta resaltó que también se acordó en el comité, trabajar en conjunto, en el marco del CECOED, en temas de protocolos, ya que “se requiere más trabajo para afinar la situación en el día a día, para que las instituciones podamos darle a la población los mensajes adecuados respecto de los consejos para el uso del agua".

Participaron en la reunión junto a la Intendencia de Montevideo, representantes del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Desarrollo Social, Administración Nacional de Educación Pública, Obras Sanitarias del Estado, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Centro Condinador de Emergencias Departamentales, Bomberos, Sistema Nacional de Emergencias, Fiscalía de la Nación y la  Junta Departamental de Montevideo.

Via https://montevideo.gub.uy/noticias/institucional/intendenta-cosse-convoco-a-reunion-del-comite-de-emergencia-departamental