Las protestas estudiantiles en universidades de EE.UU., la libertad de prensa y Palestina
Amy Goodman y Denis Moynihan
El Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra esta semana, ocurre en medio de las protestas de solidaridad con Gaza que se están llevando a cabo en diversos campus universitarios de Estados Unidos. En una sociedad democrática, las protestas y la prensa están íntimamente ligadas. En el afán de contener el creciente movimiento estudiantil a favor del pueblo palestino, las autoridades universitarias y la policía están restringiendo cada vez más el acceso de la prensa a los recintos universitarios, llegando incluso, en algunos casos, directamente a prohibirlo. Frente a las detenciones violentas de estudiantes, es crucial contar con medios de comunicación independientes que garanticen que las autoridades rindan cuentas y que registren este intento de coartar la libertad de expresión que está teniendo lugar a lo largo y ancho del país.
Pero esto no se circunscribe sólo al derecho a la libertad de expresión. Necesitamos escuchar las voces de los estudiantes, comprender las razones por la cuales se exponen a ser suspendidos o expulsados o, como sucede en muchos casos, a poner en riesgo su seguridad personal. Estos estudiantes se han sumado a millones de personas de todo Estados Unidos que están profundamente preocupadas por el ataque de Israel contra Gaza, por el suministro de armas estadounidenses para perpetrar ese ataque y por la decisión de las universidades de invertir en empresas que se benefician de la guerra. Estas protestas estudiantiles evocan las que se llevaron a cabo contra la guerra de Vietnam en los años 60 y 70, y los llamamientos a dejar de invertir en empresas e instituciones que se beneficiaban del apartheid sudafricano en las décadas de 1970 y 1980.
Hace unas semanas, en la Universidad de Columbia —el epicentro de las movilizaciones actuales—, la rectora de ese centro educativo, Minouche Shafik, solicitó la intervención del Departamento de Policía de Nueva York, que arrestó a más de 100 estudiantes. La rectora dispuso el cierre del campus, lo que impidió a muchos periodistas cubrir la acampada de protesta. Poco después, y en un claro desafío a las disposiciones de las autoridades universitarias, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, una de las más renombradas del mundo, comunicó en redes sociales que iba a facilitar el acceso al campus a los periodistas que desearan cubrir estos importantes sucesos.
A pesar de los intentos de Shafik por sofocar la protesta, los estudiantes instalaron otro campamento de solidaridad con Gaza dentro del centro educativo. Tras un nuevo ultimátum de la rectora, un grupo de estudiantes ocupó el edificio Hamilton Hall de la universidad y lo rebautizó como “Hind’s Hall”, en honor a una niña de seis años que murió en un brutal ataque militar israelí en Gaza. La noche siguiente, Shafik volvió a solicitar la intervención de la Policía de Nueva York. La policía irrumpió en el edificio y detuvo a otros 100 estudiantes, que se encontraban tanto dentro como fuera de las instalaciones.
Gillian Goodman, una estudiante de la Escuela de Periodismo de Columbia, estaba en el campus esa noche. En conversación con Democracy Now!, expresó: “La policía utilizó sus porras para empujarnos, a mí y a mis colegas de la Escuela de Periodismo, y nos acorralaron fuera del lugar, lo que nos impidió ser testigos directos de los arrestos. […] [La policía] fue sumamente precisa y eficaz en su objetivo de evitar testigos presenciales, incluida la mayoría de la prensa, durante el tiempo en que se llevaron a cabo las detenciones”.
La policía amenazó a los estudiantes con arrestarlos si salían del edificio Pulitzer Hall, en donde está situada la Escuela de Periodismo.
También el martes por la noche, pero en el otro extremo de Estados Unidos, contramanifestantes proisraelíes atacaron violentamente el campamento de solidaridad con Gaza instalado en la Universidad de California en Los Ángeles. El periódico Los Angeles Times informó que, cuando por fin llegó la policía, se limitó a observar. Por su parte, el periódico estudiantil de la universidad, The Daily Bruin, escribió en un editorial publicado horas después:
“El ataque comenzó con la emisión de estridentes y ensordecedores llantos y chillidos de bebés por medio de altoparlantes. Mientras tanto, los contramanifestantes comenzaron a derribar las barricadas y dirigir punteros láser hacia el campamento. Personas con tapabocas agitaban luces estroboscópicas. Gas lacrimógeno. Gas pimienta. Golpes violentos”.
Shaanth Kodialam Nanguneri, integrante del equipo de redacción de The Daily Bruin, que estaba allí con otros tres periodistas del periódico, describió la escena a Democracy Now!:
“Eran alrededor de las dos o tres de la madrugada. […] Habíamos estado varias horas en el campus, trabajando en la cobertura y enviando mensajes a nuestros editores. Estábamos realmente asustados por las escenas que veíamos, por el nivel de violencia que había hacia los participantes de la acampada, por la virulencia que se sentía en el ambiente. […] Yo personalmente presencié cómo un contramanifestante golpeaba con una tabla de madera a una mujer que estaba sujetando con sus manos una de las barricadas del campamento y le rompía los dedos; escuché sus gritos [de dolor]”.
Pasado un rato, contramanifestantes proisraelíes se acercaron a los cuatro periodistas. Shaanth continuó así el relato:
“Nos estábamos yendo y éramos vulnerables, ya que estábamos en un grupo pequeño. Nos rodearon y atacaron. Comenzaron a encandilarnos con luces, a rociarnos con irritantes muy fuertes, y luego abordaron especialmente a una de mis colegas, a quien hostigaron y agredieron con violencia”.
El grupo de colegas logró escapar, pero una integrante del equipo tuvo que ser brevemente hospitalizada.
En el artículo editorial publicado mientras se sucedían estos hechos, el periódico estudiantil interpeló a las autoridades de la Universidad de California en Los Ángeles: “El mundo está mirando. Mientras los helicópteros sobrevuelan el edificio Royce Hall, tenemos una pregunta para hacerles. ¿Tendrá que morir alguien en nuestro campus esta noche para que ustedes hagan algo?”.
La Junta del Premio Pulitzer emitió el jueves una declaración en la que elogió el trabajo de los equipos de periodistas estudiantiles: “[Valoramos] el incansable trabajo de los estudiantes de periodismo en los campus universitarios de nuestra nación, quienes están informando sobre las protestas y los acontecimientos que las rodean, a pesar de los grandes riesgos personales y académicos que enfrentan. […] Fieles al espíritu de la libertad de prensa, estos estudiantes han trabajado arduamente para documentar un acontecimiento noticioso nacional de gran relevancia en circunstancias difíciles y peligrosas, exponiéndose al riesgo de ser arrestados”.
De cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos, y ante la posibilidad de que ocurran protestas masivas tanto durante la Convención Nacional Demócrata como durante la Convención Nacional Republicana, es importante recordar que una prensa libre es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática.
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Organizaciones sociales urgen al gobierno políticas y estrategias frente a la inseguridad
Gloria Silvia Orellana
@DiaprioColatino
“La crisis climática ha venido golpeando a El Salvador desde hace varios años, y lo que podemos ver este año es un agravamiento de esto. En los últimos años hemos tenido eventos climáticos de lluvia intensas como huracanes, tormentas tropicales y este año tenemos sequía que afectan los medios de vida”, señaló Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).Diversas plataformas y expresiones aglutinadas en Centroamérica Vulnerable
¡Unida por la Vida!, CCNIS, FUNDASAL, MPGR, UNES, CORDES, Red JuventudES, denunciaron que miles de familias salvadoreñas enfrentan hambre ante la ausencia de políticas, leyes o estrategias que aborden de manera integral de la crisis alimentaria y climática que ha impactado de lleno al país y la región.“El fenómeno del Niño, que está afectando la seguridad y soberanía alimentaria de la población está desarrollándose sin que hayan acciones gubernamentales para hacerles frente”, agregó Luis González,
Si bien tienen claro que el cambio climático es un problema global, y que la responsabilidad es de los países ricos del Norte Global desarrollado, no obstante, el gobierno no ha realizado ni siquiera pequeñas acciones para reducir y atajar impactos mayores, argumentan las organizaciones.“El Salvador es uno de los países afectados por la crisis climática y frente a eso, se deben generar políticas públicas, proyectos y estrategias para poder enfrentarlo a todo nivel de los impactos, y es lo que nos trae a este foro la crisis alimentaria, que se ha venido anunciando desde el principio de este 2023”, acotó.
El director de incidencia de UNES señaló que el tema alimentario ha estado en la “agenda pública”por las múltiples afectaciones generadas en las comunidades desde el 2020 por la pandemia del COVID 19, junto con invierno fuerte ese mismo año que generó 30 eventos climáticos extremos.“Hemos visto la necesidad de debatir políticas públicas encaminadas al tema alimentario, y hemos venido recomendando desde el movimiento social esta urgencia, porque entre febrero y marzo tuvimos precios récords de la Canasta Básica Alimerntaria”, explicó.“Sin embargo, no se actuó, luego se presenta el fenómeno de El Niño, se habla que tiene un 80% de desarrollo y se prevé que llegará a un 90% , y podría mantenerse en lo que resta del presente año y alcanzará para el 2024.
¿Qué puede hacerse?, como organizaciones sociales recomendamos aprobar una Ley de Cambio Climático y una estrategia para la seguridad y soberanía alimentaria”, reiteró González.El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha señalado en sus informes que pese a los “avances económicos y sociales de El Salvador, un tercio de los hogares de este país vive en situación de pobreza y 14.5 % de los niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica”.En las áreas más pobres y vulnerables esta cifra es superior, pues 1 de cada 2 niños sufren desnutrición crónica. El Salvador “es considerado uno de los 10 países más propensos a riesgos por desastres naturales en el mundo”, que incluye, además de problemas estructurales, es vulnerable ante a huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, sequías, terremotos y erupciones volcánicas.Rúben Vásquez, integrante del CCNIS, añadió que el PMA también ha declarado que unos 8 millones de personas en Centroamérica están sufriendo “hambre de moderada a severa”, ante precios elevados de los alimentos y la dependencia de los mercados. Y esperan que aumente este porcentaje de hogares en situación de inseguridad.
“El Salvador es uno de los 18 puntos críticos de hambre en el mundo, de acuerdo con el informe de perspectivas sobre inseguridad alimentaria aguda para junio a noviembre de 2023, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que estiman casi un millón de salvadoreños que enfrentan hambre”, acotó Vásquez.Sobre esta situación de vulnerabilidad en la población, las mujeres y las niñas serán las que enfrentarán este impacto de manera diferenciada a quienes socialmente el trabajo de los cuidados, la provisión de agua y alimentos les han sido asignado históricamente.Ante esta situación, Asunción Martínez, integrante de Red JovenES, urgió a la actual administración a que adopte un “plan de emergencias” que deberá responder a la crisis alimentaria que vive el país, a partir de un trabajo participativo con enfoque intercultural y de género.“Se debe crear una política pública de seguridad y soberanía alimentaria que considere la creciente crisis climática e incluya una reserva nacional de alimentos y santuarios de semillas nativas, que garantice la participación plena y efectiva de las plataformas y expresiones de mujeres, Pueblos Indígenas, de gestión de riesgo y ambiental”, manifestó.
En cuanto al diseño de programas y políticas públicas, Martínez consideró importante la promoción e iniciativas económicas culturalmente adecuadas a los Pueblos Indígenas, brindando una línea de crédito y capital semilla para iniciativas productivas.“Es importante dar énfasis a las mujeres y también la firma y ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fortelezca los sistemas alimentarios indígenas que conlleve el acceso jurídico a tierras comunitarias y retomando el PLANPIES”, añadió.“Se debe gestionar la sequía desde un enfoque de prevención e intersectorial, que formule instrumentos de políticas y planificación, para que se articulen con los programas y estrategias de desarrollo nacional y que sean coherentes con los planes de adaptación al cambio climático”, puntualizó.
Pit-Cnt analiza un nuevo paro general; el jueves se tratará en la Mesa Representativa
En
principio sería en defensa de la educación pública y en el marco de la
Rendición de Cuentas. “No hay nada definido”, dijo Joselo López.
El Pit-Cnt está
manejando la posibilidad de realizar un nuevo para general en defensa de la educación
pública y por la Rendición de Cuentas.
Según informó
el Semanario Búsqueda y confirmó Montevideo Portal con el vicepresidente de la central sindical, José Lorenzo López, no se descarta
la posibilidad de que se sumen más temas. “Se trata de un paro que se había
postergado, pero todavía no hay una decisión”, explicó López.
El tema
estará sobre la mesa del Secretariado Ejecutivo este martes y el jueves será
tratado en la Mesa Representativa. “De seguro se sumen algunos temas más, pero hoy
ni siquiera hay una decisión de sobre si se va a hacer o no”, indicó el
secretario general del Pit-Cnt.
Si se aprueba
esta medida, sería el cuarto paro general propuesto por la central sindical en
2023. Algunos de los temas que se pueden sumar a la discusión serían la industria
láctea, la actualidad del portland de Ancap y la crisis del agua.
Por otro
lado, en la Mesa Representativa también se discutirá sobre si avanzan en
impulsar una consulta popular para anular los aspectos centrales de la reforma
jubilatoria impulsada por el Gobierno. Se espera que la decisión final sea en
julio.
La jueza Graciela Gatti es, por estas horas, una de las
mujeres uruguayas con cargo más alto en organismos internacionales.
Integró el Tribunal de Apelaciones
en lo Penal de Primer Turno y la comisión de seguimiento del Código del Proceso
Penal, vigente desde 2017, y presidió la Asociación de Magistrados del Uruguay,
el gremio de los jueces, hasta que dejó el país para desempeñarse, desde el 1º
de julio de 2022, como presidenta del Mecanismo Residual Internacional para los
Tribunales Penales de las Naciones Unidas (ONU).
A sus 58 años y desde La Haya, Países Bajos, donde vive y
tiene su sede el Mecanismo que preside, explicó a Montevideo Portal los
desafíos que implica juzgar a genocidas y criminales de guerra, y respondió
sobre las recientes rencillas entre fiscales uruguayos, el manejo de su nombre
para asumir como fiscal de Corte y la eventual creación de un Ministerio de
Justicia.
¿Cuáles son las tareas más relevantes que desempeña como presidenta
del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales de ONU?
Este Tribunal fue creado hace ya más de 10 años, en 2010. En
2012 empezó a funcionar su rama africana, que está en Arusha, Tanzania; y en
2013 la rama que está en La Haya, en Países Bajos. Su función es terminar el
trabajo que había sido comenzado por el Tribunal Penal Internacional creado
para los crímenes cometidos en la guerra de los Balcanes [1991-2001], en la ex
Yugoslavia, y el Tribunal Penal Internacional creado para el genocidio de 1994 en
Ruanda contra los tutsis.
El Mecanismo hereda el trabajo de estos dos antecesores, y
nuestra función es terminar los juicios que todavía se están gestionando.
Nosotros somos un organismo subsidiario del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, el que nos ha encomendado comenzar a planificar el futuro, es decir,
ver cuál es el futuro de esta institución, cómo vamos a darle un cierre después
que los casos estén terminados.
Todavía tenemos muchas personas detenidas cumpliendo
sentencia, testigos protegidos, cooperación con jurisdicciones nacionales; es
decir, todavía tenemos mucha actividad para hacer. Pero estamos en etapa de
planificación para el futuro: ver qué funciones pueden ser transferidas a otras
instituciones algún día, si debemos seguir con la misma estructura o una menor.
En ese proceso de planificación estamos embarcados.
¿Qué tanto de su tarea se desarrolla en La Haya y qué
tanto le implica viajar a Ruanda o a los territorios de la ex Yugoslavia?
La presidencia tiene sede en La Haya, o sea que mi oficina
regularmente está en La Haya. Pero, al margen de estar en contacto continuo a
través de internet con la otra parte de mi oficina, que se encuentra en Arusha,
por lo menos una o dos veces al año voy a Arusha para trabajar allí
directamente, estar en el lugar, estar en contacto con la otra mitad de la
institución que está en esa zona, y además es habitual como presidente mantener
reuniones con autoridades de Ruanda a nivel de cooperación jurisdiccional, y
también participar como presidente en actividades de conmemoración. Por
ejemplo, el 7 de abril estuve para la conmemoración del genocidio con las
autoridades ruandesas.
Como institución tenemos la obligación de preservar el
legado de los tribunales anteriores y seguir trabajando junto a las víctimas; y,
por lo tanto, mantenemos también muchos contactos con las asociaciones de
víctimas y con los Estados afectados por estos hechos que nos ha tocado juzgar.
Por su trabajo se encontrará con historias tremendas de
todo tipo, pero ¿cuáles son aquellas que más le han llamado la atención, que no
se esperaba o que representan lo que pasó en los territorios?
Centrarme en alguna en particular es muy difícil. Son todas
historias terribles. Quizá con contextos distintos, los hechos reales que
ocurrieron en la ex Yugoslavia se dieron en un conflicto de una guerra que, si
bien no es ninguna razón para justificarlos en absoluto, uno puede a veces
imaginar un poco más que estas situaciones pueden darse. Lo de Ruanda es como
muy difícil de pensar, que el ser humano pueda transformarse en algo tan cruel
y en algo tan inhumano.
Los otros días fui a la ceremonia de conmemoración del
genocidio en los Países Bajos, que se hace en Holanda, y el embajador de Ruanda
me comentaba la historia de un sobreviviente, hijo de un tutsi: su mamá era
hutu, y cuando comienza el genocidio, la madre se pone en contacto con las
autoridades para que vengan a matar a su esposo y a sus nueve hijos. Él fue el
único que sobrevivió. Cuando uno escucha eso, que una madre entrega a sus hijos
para que los maten en el contexto de un genocidio, es muy difícil de creer y de
imaginar.
De todas esas historias, ¿qué queda en limpio? ¿Hay
alguna clave que permita pensar que se puede evitar que se repitan esas
historias?
Tristemente, la realidad nos está demostrando que, no en el
contexto de Ruanda, pero sí en zonas aledañas con personas que han huido de
Ruanda, y también en la zona de Los Balcanes, estamos viendo que hay un proceso
como de revisionismo, de quitarle trascendencia a lo que pasó. En la ex
Yugoslavia, sobre todo, hay un intento de negar los hechos, negar hechos que
fueron probados en varios juicios con pruebas muy contundentes; glorificar a
personas que han sido condenadas como criminales de guerra. Y, por lo tanto, si
vamos por ese camino, seguramente estas cosas se pueden repetir. Creo que la
enseñanza es que hay que conocer la historia y la realidad para asimilarla, y a
partir de ahí que exista una verdadera reconciliación y que no se vuelvan a
repetir los hechos. Pero, lamentablemente, a nivel político muchas veces se
tiende a dar versiones distintas de la historia, se quiere modificar la
historia y eso es peligroso.
Gatti en Kwibuka 29. Foto cedida a Montevideo Portal
¿En el cargo que ocupa hay margen para darle una impronta
personal a la gestión del Mecanismo o los lineamientos institucionales son tan
claros que corresponde solo afiliarse a ellos?
Mi trabajo tiene tres facetas muy distintas. Por un lado,
soy juez. Sigo siendo jueza y, de hecho, presido el Tribunal de Apelaciones que
está encargado de dictaminar sobre la última apelación del último caso de la ex
Yugoslavia. Por lo tanto, como juez, siempre tenés una impronta personal: cómo
manejás y dirigís las audiencias, cómo organizás las deliberaciones. Siempre uno
tiene su aporte personal.
Como presidenta [del Tribunal] tengo a mi cargo la decisión
de conmutaciones de penas y libertades anticipadas, y en ese punto es notoria
cómo la jurisprudencia del Tribunal ha ido cambiando en función de quién está a
cargo de la presidencia: de criterios muy benevolentes a criterios mucho más
restrictivos de mis dos anteriores antecesores. Y yo tengo una línea bastante
limitativa a la hora de conceder libertades anticipadas, por lo menos hasta
ahora esa ha sido mi posición. Por lo tanto, hay margen para ponerle una
impronta personal.
Y, también, al estar en la presidencia [del Mecanismo], mi
trabajo tiene mucho de gestión administrativa, de dirección de un organismo. Y
más en la etapa en la que estamos, que es una etapa de reducción: el año pasado
pasamos de 475 funcionarios a 300, porque estamos terminando nuestros cometidos
y el Consejo de Seguridad nos ha ido solicitando que comencemos con el proceso
de reducción y en eso estamos, en línea con lo que es nuestra actual actividad.
¿Qué objetivo se ha planteado como presidenta del Mecanismo?
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Tengo dos prioridades básicas. La primera es terminar en
tiempo y forma con los dos juicios que están en trámite. Uno parece que lo
vamos a lograr en la apelación, vamos a poder tener la sentencia incluso antes
de lo que se esperaba. Estamos trabajando fuertemente para a fines de mayo, los
primeros días de junio, poder dictar esa sentencia. Es un caso que ha sido
sumamente extenso porque comenzó con un juicio, luego hubo apelación, se anuló
el primer juicio, hubo que volver juzgar a los dos acusados y ahora estamos en
apelación. O sea que el proceso lleva 20 años, demasiado tiempo.
El otro caso es el de Félicien Kabuga [empresario acusado de
financiar y participar en el genocidio de Ruanda, detenido en París el 16 de
mayo de 2020, a los 84 años], en el que no intervengo como jueza, sino que
intervine en la etapa anterior, porque al asumir la presidencia [del Mecanismo]
tuve que abandonarlo y designar a otro juez en mi lugar. Es un caso vinculado a
Ruanda y me toca adoptar todas las medidas de gestión que sean necesarias para
que esa cámara, la que está interviniendo en el proceso, pueda ir lo más rápido
posible y tenga todo lo que necesita para resolver de la manera más eficiente
este juicio, que es bastante complejo, por el objeto y por la situación del
acusado, por su edad y salud.
Y mi otra prioridad, al margen de terminar las actuaciones
judiciales, es proveer y generar las mejores opciones para el futuro de esta institución;
trabajar en el mañana. Este no es un tribunal permanente, no es como la Corte
Penal Internacional. Algún día este tribunal no va a existir más. Mi oficina
está trabajando fuertemente en delinear opciones para presentar al Consejo de
Seguridad acerca de cuáles son las mejores alternativas de cómo darle un cierre
a esto. Tenemos 3.000 testigos protegidos, por ejemplo. Tenemos una oficina que
se encarga de la protección, de mantener en secreto su identidad, hay testigos
que han sido relocalizados; tenemos un tema con el depósito de los archivos, de
las evidencias. Ese es un legado importantísimo para el futuro. Muchos Estados
se están disputando ser los futuros depositarios de esos archivos. Hay que ver
cuál es la mejor opción, tener todo digitalizado, todas las sentencias
accesibles en todos los idiomas que puedan ser relevantes, por la historia y la
jurisprudencia.
Desde [los Juicios de] Núremberg [por los
que fueron juzgados entre 1945 y 1946 dirigentes, funcionarios y colaboradores
del nazismo], el tribunal para Yugoslavia fue el primer tribunal internacional;
enseguida después vino el de Ruanda. Actualizaron muchísimo la jurisprudencia
del derecho internacional. Fueron los que abrieron el camino. Luego se siguió
avanzando con el trabajo de la Corte Penal Internacional y otros tribunales.
Tienen un legado importantísimo para el futuro. Todo eso tiene que quedar en
buenas manos y accesible.
¿Que estemos en una situación de
guerra en la que participan Rusia y Ucrania, pero en la que intervienen además
potencias mundiales, incide en el trabajo del Tribunal o pueden estar aislados
de ese conflicto?
En nuestro trabajo no incide en lo
absoluto, más allá de que, obviamente, los Estados pueden llegar a tener
prioridad y quizá en algún momento los fondos que podían destinar a un tipo de
institución los destinen a otra actividad. Pero en nuestro caso, hasta ahora,
no ha sucedido, y nosotros tenemos un mandato muy específico: son estos casos,
heredados de los otros tribunales, referidos a hechos concretos, referidos a un
determinado período de tiempo concreto y a un territorio, por lo que para
nosotros no tiene ninguna incidencia.
Su cargo es por dos años.
El cargo es por dos años, como ha sido
siempre el cargo en este. En el Mecanismo son cargos renovables, y además el
tribunal es renovable cada dos años. Presentamos reportes al Consejo de
Seguridad cada seis meses, y cada dos años el Consejo de Seguridad adopta una
decisión extendiendo el mandato. Hasta ahora lo ha extendido, y nuestra idea es
que lo siga extendiendo para hacer este proceso de cierre de manera adecuada,
por un tiempo más, que no lo tenemos definido. Lo estamos analizando. Suponemos
que unos cuantos años más habrá de actividad.
La Fiscalía está muy activa todavía en la
búsqueda de fugitivos. En el caso de Ruanda, quedan fugitivos las personas más
relevantes, los que cometieron los delitos más graves, que es competencia de
nuestro tribunal. Todavía están en su búsqueda. Como detuvieron a Félicien
Kabuga en 2020, bien puede suceder que se detenga a otros. En esos casos,
igual, no serán juzgados por nuestro tribunal. Ya hay una decisión judicial
tomada por la que, si son detenidos, van a ser trasladados y juzgados en Ruanda.
Pero sí, la actividad de búsqueda y persecución le corresponde a Fiscalía y eso
está muy activo.
¿Qué tiene previsto para julio del
2024: postularse otra vez para integrar el tribunal o tomar otro rumbo?
La verdad es que no me lo he planteado
concretamente, pero cuando uno asume este tipo de tareas es un esfuerzo muy
grande para conocer la institución, para vincularse con las autoridades con las
que uno se relaciona. Mi idea sería continuar, pero, de aquí a 2024, veremos
cómo nos encuentra la vida y dónde. El año pasado no pensaba estar acá y aquí
estoy. Estoy muy conforme con este trabajo, muy dedicada a él y por un tema de
responsabilidad son cargos que es difícil asumirlos por poco tiempo; no le hace
bien a la institución, porque quien quiera que venga, seguramente lo hará mejor
que yo, pero le llevará tiempo, como me llevó a mí, conocer todos los detalles.
Todo eso no se puede perder. Por ahora estamos acá y veremos lo que dice el
Consejo de Seguridad en el 2024.
¿En cuanto a Uruguay, cómo ve, a distancia,
la falta de un acuerdo político para elegir y designar a un fiscal de Corte?
¿Es algo que le preocupa o es parte de la dinámica?
Desde el punto de vista institucional, no
debería ser nunca parte de la dinámica de un Estado, de un país como Uruguay,
un país serio, que no puedan reunirse mayorías para elegir un cargo clave como
es el de fiscal de Corte. Y esto no implica ninguna consideración específica
hacia la persona del doctor Juan Gómez. Simplemente entiendo que el sistema
político debería asumir la responsabilidad que tiene y decidir.
Más allá de la oscuridad de las leyes,
está establecido por ley que los jueces no pueden dejar de decidir. Bueno, si
hay que elegir a alguien, los políticos deberían de asumir esa responsabilidad
y, de algún modo, elegir a la mejor persona que entiendan para ese cargo. Es un
debe que tenemos. No hay un criterio subsidiario [que defina a un sucesor del
actual fiscal de Corte subrogante].
Tampoco me parece que esté bueno que en
la [Suprema] Corte [de Justicia] se opte por el criterio subsidiario de la
antigüedad. Yo siempre estuve en contra de ese sistema. Me parece que ni
siquiera el mejor juez puede ser el mejor ministro [de Corte]. Puede ser un
juez excelente, pero que no tenga las cualidades necesarias para estar al
frente de la gestión de un organismo como es el Poder Judicial, que es enorme y
está totalmente descentralizado.
Con la Fiscalía ni siquiera hay un
criterio subsidiario; aún más urgencia de que se elija a alguien.
¿Qué le parece la propuesta de crear
un Ministerio de Justicia en Uruguay?
Cuando estaba todavía en Uruguay, como
presidenta de la Asociación de Magistrados, este tema ya había estado en los
medios. No estoy en contra de la creación de un Ministerio de Justicia, pero
hay que tener muy claro, cuando uno dice esto, cuáles son las competencias de
ese Ministerio de Justicia y para qué sería ese Ministerio de Justicia. En
general, cuando este tema se reflotó, estuvo vinculado a aquella decisión de la
Corte de cerrar juzgados de paz. Ahí fue que todo el mundo y el sistema
político empezaron a pensar en un Ministerio de Justicia.
La realidad es que un Ministerio de
Justicia, conforme al diseño de la Constitución —y me alegro que así sea, que
ese sea el diseño de la Constitución—, no tendría ninguna interferencia en el
funcionamiento del Poder Judicial, ni en la designación de jueces ni en la
creación de juzgados, ni en las actividades propias del Poder Judicial. Pero sí
podría tener a su cargo otras competencias que están vinculadas a la actuación
judicial y que podría significar la creación un interlocutor válido entre el
Poder Judicial y el Ejecutivo; por ejemplo, a la hora de que el Poder Judicial
elabore su presupuesto y plantee sus necesidades al Poder Ejecutivo. Pero
reitero que ese Ministerio de Justicia no tendría injerencia en el Poder
Judicial y, si la tuviera, sería inconstitucional. Por eso es que yo no tengo
problema que haya un Ministerio de Justicia, porque al Poder Judicial no lo
tocaría, no debería tocarlo. Sí podría tener, entre sus competencias, la
cooperación judicial internacional; los registros públicos, que ahora están en
el Ministerio de Educación y Cultura y no tiene nada que ver que estén allí;
también podría tener el tema cárceles; algún servicio de abogacía del Estado,
mucho más profesional, mucho más técnico, con profesionales que sirvieran en
distintos organismos, y no jurídicas de cada organismo, que a veces no son las
mejores, o en algunos casos son excelentes, pero en otros no, porque hay mucha
variedad; y tendría vinculación con las fiscalías, pero no en sí con el Poder
Judicial.
Por eso no lo veo como algo malo. Al
contrario, creo que para todos los uruguayos el Ministerio de Justicia tiene un
triste recuerdo, porque viene de un período que no queremos tener presente ni
repetir, pero este Ministerio de Justicia no podría de ninguna manera cercenar
lo que son las competencias del Poder Judicial. Entonces, creo que sería útil
para el Estado.
Gatti. Foto: Gastón Britos / FocoUy
¿Cómo ve lo que ha pasado en los
últimos meses en Fiscalía, con rencillas, discusiones entre fiscales,
cuestionamientos al fiscal de Corte? ¿Cómo se ve desde lejos?
Yo lo vengo siguiendo por la prensa,
porque obviamente todos los días sigo leyendo la prensa de Uruguay, y por
supuesto que preferiría que todos estos hechos no hubieran ocurrido, todas
estas rencillas. Pero también hay que tener en cuenta que esto parte de un
sistema nuevo, que es mucho más transparente, que deja ver todo lo que pasa.
Quizá antes no se sabía tanto. Deja ver lo bueno, pero también deja ver lo
malo. Y sí, creo que hay algunos hechos que han sucedido a nivel de cómo
manejar situaciones que creo que no deberían haber ocurrido, que podrían haber
sido de otra manera; pero no quiero entrar en detalle, porque, reitero, lo miro
muy de lejos y no puedo estar en los detalles, sino en los grandes titulares.
Su nombre se manejó públicamente,
mediáticamente, en su momento, como candidata a fiscal de Corte. ¿Alguien se lo
propuso?
Hubo alguna consulta informal, pero nunca
nada concreto, de decirme: “Estamos proponiendo esto”. Nunca nadie. Alguien me
consultó qué opinaría “si se propone que vos…”. Pero nunca hubo una propuesta
formal, y para hablar de propuesta, la persona encargada de hacer la propuesta
debería de decir: “Usted es la candidata”. Y esperar una propuesta específica
sobre eso, pero eso nunca se dio. En realidad, yo seguía el tema por la prensa
y decía: “A lo mejor sí me consideran, o no”. Pero nunca hubo nada formal ni
demasiado concreto.
Cuando se lo plantearon informalmente,
¿cuál fue su respuesta? ¿Estaba dispuesta a conversarlo o no se veía en el rol?
La verdad es que yo nunca pensé dejar el
Poder Judicial, y de hecho tuve que abandonarlo para asumir este otro cargo.
Quizá, si hubiera habido algo concreto, lo hubiera evaluado. No podría negar
que es un cargo sumamente interesante, está muy vinculado al tema de la reforma
procesal penal en la que yo estuve muy involucrada y me hubiera gustado seguir
trabajando para que eso siguiera adelante. Desde ese lugar podría ser una buena
medida, pero como no se dio, nunca me lo planteé tampoco más a fondo.
Cuando se me presentó esta oportunidad,
la evalué, y la verdad que una vez que dije que sí, que esta era mi
oportunidad, no miré nunca más atrás ni consideré nada más ni evalué nada más.
¿Qué podría cambiar el sistema Uruguay
para mejorar? ¿Hay algo concreto que podría permitirle un salto al país en la
mejora del sistema de Justicia?
En Uruguay, a nivel legislativo, hoy por
hoy no estamos mal. Tenemos un Código del Proceso Civil que tiene muchos años,
que ha sido modelo para otros Estados; un Código del Proceso Penal que
finalmente se actualizó, que está funcionando. Todo podría ser mejor. Y en el
medio de todos estos escándalos mediáticos parece raro decirlo, pero yo creo
que el sistema uruguayo funciona bien y sobre todo para los recursos que tiene.
Lo que sí es clave es no seguir haciendo
reformas… Los otros días me consultaban por el juicio por jurado. Yo podría estar
perfectamente a favor de los procesos por jurado en el Uruguay, pero de lo que
no estaría nunca a favor es del proceso por jurado si no se asignan los
recursos absolutamente necesarios para capacitar y para que todo pueda hacerse
en debida forma.
Lo que le falta al sistema uruguayo es a
veces bajar a tierra todo lo que se planifica. Los problemas no se solucionan
con leyes; se solucionan con leyes, recursos y aplicación de esas leyes; si no,
las cosas no funcionan.
Para la aplicación del Código del Proceso
Penal sigue faltando mejorar a nivel de litigación, a nivel de capacitación
para todos los operadores: jueces, fiscales, pero también defensores públicos y
abogados particulares. Por lo tanto, todavía hay que seguir trabajando: el
sistema carcelario tiene que seguir trabajando mejor; las medidas alternativas
a la prisión… No puede ser que todo sea prisión y después tengamos los altos
índices de reincidencia que tenemos. O sea, tenemos mucho para trabajar. Creo
que tenemos una buena base, pero hay que seguir trabajando en la línea en que
se está, en términos generales.
Lo que faltaría entonces es más
presupuesto.
Y sí. Fijate hace cuánto se aprobó la Ley
de violencia contra las mujeres basada en género [número 19.580, aprobada en
diciembre de 2017], se había creado un juzgado cuando yo me vine y no sé si los
otros dos están creados. Todavía no se crearon. [En febrero de 2022 se inauguró
el juzgado especializado de San Carlos y aún está pendiente la creación de los
de Rivera y Salto.] Entonces, no sirve de nada tener
una ley en papel si no la podemos aplicar. Y no parece tan loco pensar en la
creación de tres, cuatro o cinco juzgados, pero…
Se habla de juicio por jurado, pero si
vas a ver una sala de audiencias apenas, al día de hoy, entran el juez, el
asistente, el receptor y las partes. No hay espacio para más nadie; no hay
forma. Creo que tenemos que bajar a tierra algunas cosas.
¿Hay algo más que quiera comentar?
No. Ha sido un placer mantener este
contacto, que me sigue manteniendo unida a Uruguay, y esperar que algún día
esta experiencia que he ido adquiriendo, poca o mucha, pueda ser útil allá.
¿O sea que sigue pensando en volver?
Sin dudas. Esto es transitorio. No sé
cuántos años será, y reitero que estoy feliz aquí, pero la idea siempre es
volver algún día.
Red Contacto Sur toma como suyo el comunicado dado que las garantías en Colombia no son plenas ,tememos por la vida de Facundo y hacemos responsable de ella al gobierno colombiano
Ruben Suarez Secretaria Internacional Luis Garcia Secretaria General
DENUNCIAMOS
Ya tiene fecha el juicio de extradición de Facundo Molares a Colombia. Del 20 al 29 de abril.
En estas fechas se realizará el juicio en Argentina.
Como ya denunciamos enviar a un argentino, a un militante del pueblo, a un perseguido político, prisionero político, a un país que está denunciado por la violación sistemática de todo derecho y que cuenta con un estado que ha asesinado a más de mil militantes populares, se trata de una condena a muerte.
El gobierno argentino, más específicamente Alberto Fernández tiene la última palabra, exigimos que no colaboren con el genocidio que está perpetrando el estado colombiano con los luchadoros.
No vamos a dejar sólo a Facundo ni a nadie que este pagando con cárcel hacer de la dignidad un motor de vida.
Llamamos a la más amplia solidaridad de todas las organizaciones y personas que encuentren en esto una inmensa injusticia.
