Argentina: entre la persecución al migrante y la criminalización de la pobreza

La reciente represión ocurrida en el barrio de Flores vuelve a encender las alarmas sobre el rumbo que está tomando la política de seguridad y migración en la Argentina. Operativos masivos, controles poblacionales, persecución a vendedores ambulantes y un creciente clima de hostigamiento contra trabajadores migrantes muestran una realidad cada vez más preocupante: se está construyendo un enemigo interno sobre los sectores más humildes y vulnerables de la sociedad.

En los últimos días, el Gobierno nacional desplegó un megaoperativo en la zona de avenida Avellaneda, en Flores, con participación de fuerzas federales, Migraciones y controles biométricos. El operativo incluyó cortes de calles, presencia de policías montados y pedidos masivos de documentación a trabajadores y transeúntes.

Diversas organizaciones sociales, vecinos y trabajadores denunciaron que estos procedimientos tuvieron un fuerte componente xenófobo y persecutorio, apuntando especialmente contra comunidades migrantes dedicadas al comercio informal y al trabajo textil.

La situación se vuelve aún más grave cuando la respuesta del Estado frente a la crisis económica no es generar empleo, inclusión o políticas sociales, sino profundizar la represión sobre quienes intentan sobrevivir vendiendo en la calle. Los vendedores ambulantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vienen denunciando desde hace meses decomisos arbitrarios, violencia institucional, amenazas y persecuciones constantes por parte de fuerzas policiales y organismos de control.

Mientras miles de familias enfrentan hambre, desempleo y precarización, el poder político parece elegir el camino del disciplinamiento social. Se persigue al mantero, al migrante, al trabajador informal, pero rara vez se combate con la misma intensidad a las grandes estructuras económicas vinculadas a la evasión, la especulación financiera o las mafias organizadas.

La Argentina históricamente fue un país construido por migrantes. Italianos, españoles, bolivianos, paraguayos, peruanos, uruguayos y tantas otras comunidades ayudaron a levantar este país con trabajo y esfuerzo. Hoy resulta alarmante escuchar discursos que intentan asociar pobreza con criminalidad o migración con inseguridad.

Los operativos recientes en Flores  , Villa Celina, Once etc  recuerdan prácticas de control social peligrosas, donde el simple hecho de tener determinado aspecto físico, trabajar en la vía pública o pertenecer a una comunidad migrante parece convertirse en motivo suficiente para ser sospechado.

No puede existir democracia plena cuando se naturaliza la humillación pública de trabajadores, mujeres migrantes y familias enteras que solamente intentan subsistir en medio de una crisis devastadora. Tampoco puede hablarse de libertad mientras se reprime al pobre y se protege a los sectores concentrados del poder económico.

La defensa de los derechos humanos no puede depender de la nacionalidad, del nivel económico ni de la condición social. Defender a los migrantes y a los vendedores ambulantes es defender la dignidad humana, el derecho al trabajo y el principio básico de igualdad ante la ley.

Hoy más que nunca resulta necesario construir una sociedad solidaria, inclusiva y profundamente humana, donde ninguna persona sea perseguida por su origen, por su acento o por intentar llevar un plato de comida a su hogar.

Lic. Rubén Suárez
Director de RedContactoSur