Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 07 de agosto de 2022.
«Se dice que nadie conoce realmente una nación hasta que ha estado en
una de sus prisiones». La sentencia de Nelson Mandela abre una petición
dirigida a Gustavo Petro y Francia Márquez, presidente y vicepresidenta
de Colombia, quienes hoy asumen oficialmente el cargo. Lo firma el
Movimiento Nacional Penitenciario (Mnc), acompañado de cientos de
organizaciones y personalidades.
El documento ofrece un resumen de
los problemas estructurales que aquejan a un país como Colombia, donde
los espacios de viabilidad política de la oposición se cerraron con el
asesinato del líder liberal Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y
donde la violencia se ha vuelto estructural. De cuánta violencia tiene
que responder la oligarquía a sueldo de Washington, que ha aplastado en
la sangre todo intento de cambiar la estructura de poder por la vía
democrática, está demostrando la Comisión por la verdad, contemplada en
los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla, firmados en La
Habana en 2016.
El organismo, frustrado por todos los medios por el
ahijado de Uribe, Iván Duque, derrotado en las urnas por Petro, también
ha traído de vuelta la masacre de la Unión Popular (Up). Un partido que
nació en 1984 como parte de los acuerdos de paz firmados en ese momento
entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc-ep,
para permitir la participación política también a los excombatientes. En
uno de sus últimos informes de este año, la Jurisdicción Especial para
la Paz (Jep) calculó que, entre 1984 y 2016, fueron asesinados al menos
5.733 militantes de la UP. Entre estos, dos candidatos presidenciales, 5
senadores en ejercicio, 11 parlamentarios, 109 concejales y varios ex
gerentes, 8 alcaldes y otros tantos ex alcaldes.
También se
adquirieron importantes testimonios sobre otra masacre política, la del 6
de noviembre de 1989. El ejército irrumpió en el Palacio de Justicia,
ocupado por la guerrilla del M-19, causando cerca de un centenar de
muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema. Sin embargo, un
informe médico y posteriores declaraciones demostraron que ninguna de
las balas con las que fueron asesinados procedía de armas de la
guerrilla.
Gustavo Petro formó parte del M-19. Según él mismo contó
en twitter, fue detenido el 7 de octubre de 1985 cuando era concejal de
Zipaquirá, tierra donde nació. El ejército lo torturó durante 4 días en
la Escuela de Caballería. Luego, fue condenado a 2 años de prisión por
uso indebido de armas de fuego. Después de ser liberado en marzo de
1987, pasó a la clandestinidad. A partir de ahí, asegura haber sentado
las bases del proceso de paz de la guerrilla, que cesará en marzo de
1990 la actividad iniciada en 1970, tras el fraude electoral del
gobierno y los partidos tradicionales.
Más tarde, el M-19 se
convirtió en un movimiento político de izquierda conocido como Alianza
Democrática M-19, una de las fuerzas políticas más importantes en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Después de la disolución del
movimiento, Petro fundará el partido Colombia Humana. Aunque fue un
político de las instituciones, exsenador y exalcalde de la capital,
Bogotá, Petro tuvo la oportunidad de experimentar el uso del law-fare
por parte de la oligarquía colombiana, ejercido en nombre del
“Torquemada” de Uribe, el exfiscal general Alejandro Ordoñez, brazo
judicial de la oligarquía, que tenía la tarea de enjuiciar y proscribir a
los opositores políticos inventando escándalos inexistentes. Por su
decisión, Petro fue destituido del cargo de alcalde e incapacitado por
15 años, por un presunto escándalo relacionado con la recolección de
residuos.
El llamamiento recuerda cómo ese mecanismo orienta un
sistema penal tomado del de Estados Unidos. “El sistema de persecución
penal, importado de Estados Unidos -escribe el Movimiento Nacional
Penitenciario-, fue un fracaso, sin contar la construcción de
megacárceles que imitaban el modelo del Buró Federal de Prisiones, que
antepone la seguridad a la concepción de un modelo humanista que
posibilite recuperar verdaderamente a quienes transgreden la ley”.
Una
lógica que se ha impuesto en las diversas decisiones del Congreso
colombiano en materia judicial y penal y que llena las cárceles de
culpables del “delito de la pobreza”, especialmente mujeres. Una
política -denuncia el llamamiento- que ha supuesto el aumento de nuevos
tipos de instituciones penitenciarias y la agravación de las penas,
reforzando un sistema penal basado «en una visión vengativa, aplicada
como ley penal del enemigo, contraria a la garantía de derechos humanos
fundamentales para las personas privadas de su libertad”.
El
documento se refiere a los presos y presas políticas, aún en la carcel 5
años después de la firma de los Acuerdos de La Habana, que derivó en la
ley de Amnistía e Indulto, que fue utilizada por un importante grupo de
exguerrilleros, pero que no ha liberado a todos. Al mismo tiempo, se
insta al gobierno de Petro y Márquez «a incluir en su agenda legislativa
el fin de la extradición, la repatriación humanitaria de quienes se
encuentren en cárceles extranjeras o padezcan enfermedades graves». Se
trata -escriben los firmantes- de un acto de soberanía nacional en un
país que busca avanzar hacia una democracia plena que garantice los
derechos de los ciudadanos, incluidos los privados de libertad.
Y son
muchos, dentro y fuera del país, los que esperan que la histórica
asunción del cargo de la nueva presidenta y vicepresidenta, quien conoce
bien los problemas de las «últimas» y de esa «inmensa mayoría de
mujeres privadas de su libertad, acusados o condenados por un delito de
pobreza” mencionado en el recurso, sepan enfrentar con valentía la
crisis estructural del sistema penitenciario y penitenciario.
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