BUKELIZACIÓN EN MARCHA
El aroma a goma de borceguí y a gas pimienta se esparce como lava volcánica en las Américas. La nueva ‘hora de la espada’ pretende deshacerse del excedente social que afea el paisaje de calles asfaltadas con canteros de pasto recortado, y carteles de ‘prohibido’.
Es una nueva ola porque los esquemas de desigualdad y miserización, paralelos al gatillo fácil y centros de encierro (o tortura) transitaron, ya, un ciclo completo de neoliberalismo. En promedio, treinta años, en algunos casos un poco más, en otros menos.
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Los resultados son parejos. Peor distribución de la riqueza, mayor informalización laboral, empinada desprotección social, estructuralización de la pobreza, y el territorio en manos del nuevo ‘Estado’: los narcos.
Hay, en las Américas, en la superficie, dos estados en pugna. El autenticado en procesos democráticos o de formalidad democrática, y el otro, el consagrado en los barrios, poblaciones y favelas, el que permite la sobrevivencia cotidiana.
Ambos tienen la misma lógica: verticales, discrecionales, con leyes propias, y con aparatos de represión y defensa propios.
Población masculina pobre o pobrísima encuentra trabajo en un batallón o en otro. Las cúpulas (y no sólo) de los ‘buenos’ y los ‘malos’ se reparten tareas, zonas y negocios. La droga, ante todo, pero no solo.
La fantasía proclamada por una docena de mandatarios de la democracia formal es ‘ganar la guerra contra el narcotráfico’. Los pobres, los miserables, los morenos, los marrones, se ríen. Saben, en el terreno, ellos, los portadores de armas -de un batallón o del otro-, cómo es la cosa. Ambos saben. Saben todo lo que ignoran (¿ignoran?) los mandatarios. Y saben que la disputa por los negocios en los territorios es a vida o muerte. Si hay paz, es transitoria. Y si hay paz es porque los capos y tiras llegaron a acuerdos, o porque operan juntos.
Los nuevos ‘espadachines’ quieren paz. La batalla con caballería, palos y escopetas de hace 100 años, contra trabajadores rurales, obreros y migrantes tiene hoy herramientas del siglo XXI. En el camino quedaron los centros ilegales de detención y exterminio, los operativos pasada la medianoche, los cuerpos arrojados vivos al mar, las lagunas con cocodrilos o los ríos. Hoy, los inquisidores de la paz social 2.0 quieren que el excedentariado desaparezca a la vista de todos. Palos, gases, y encierros torturantes visibles. Cuanto más visibles, más ejemplares (creen).
Y Bukele, en El Salvador, es su mesías. El profeta de la muerte en vida, proyectada en pantallas gigantescas, infinitas, o sea, en todas las redes sociales.
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El proyecto neoliberal thatcheriano, aquel de ‘no existe eso que llaman sociedad, sólo hay individuos’, tuvo cría. Caló en la subjetividad masiva. La defensa de la propiedad privada -no de los bienes colectivos forjados por generaciones de conciudadanos-, ha instalado un amplio consenso para la pena de muerte.
Cuando Bukele lanzó en marzo de 2022 el ‘estado de emergencia’ y restringió (como impulsó la Ley Ómnibus de Javier Milei) la libertad de reunión, al mismo tiempo permitió que los uniformados puedan hacer inteligencia interna, espíen, sin orden judicial. Incluyendo las llamadas telefónicas y el correo de cualquier ‘sospechoso’. Más de 70 mil salvadoreños (equivalente a 1,3 millón de mexicanos, 500 mil argentinos o 2,2 millones de brasileños) fueron detenidos. Policías y militares fuertemente armados rodearon y requisaron barrios, arrestaron a los que ellos consideran ‘sospechosos’ y en el paquete cayeron integrantes de las pandillas, y obreros.
La espectacularidad funcionó. Ese mismo año, en diciembre, la máxima autoridad de Jamaica declaró el estado de excepción. Lo mismo intentó el ex presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y falló, pero en una dudosa toma de un canal de TV (bien publicitada), logró imponer el estado de excepción el presidente Daniel Noboa.
En este caso, como recientemente con Bukele que arrasó en las elecciones, Noboa convocó a un referéndum en Ecuador, para el 21 de abril. El pueblo ecuatoriano deberá aprobar si acepta modificar la Constitución y que entonces las Fuerzas Armadas actúen con la Policía contra ‘el crimen organizado’. Eso incluye que sean las FF.AA. las que controlen los accesos a las cárceles.
En Perú, el alcalde de la capital, Lima, había prometido copiar el modelo (sic) salvadoreño. Y finalmente el gobierno semi-legal de Dina Boluarte envió el 22 de febrero de 2024 al jefe de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, a El Salvador.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, dijo que el ministro de Justicia
«ha sido enviado para ver la realidad de la logística carcelaria en este país, que ha erigido una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan, sobre todo, los presos más violentos y peligrosos».
En disidencia sólo se manifestó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Mientras la revista Semana hablaba de “El milagro Bukele. La impresionante historia del presidente que rescató a El Salvador. El éxito de su guerra contra la criminalidad”, Petro sostuvo en marzo de 2023 que la megacárcel publicitada por Bukele es un “campo de concentración”.
“Ustedes pueden ver en redes sociales las fotos terribles -no me puedo meter en asuntos de otros países- del campo de concentración de El Salvador. Lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, le da a uno escalofrío”, remarcó.
Y agregó:
“Creo que hay gente a la que le gusta eso (…) ver a la juventud entre las cárceles; y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades”.
Al joven presidente Nayib Bukele, ex integrante de la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, no le gustó el comentario del ex integrante de la guerrilla colombiana M-19, Gustavo Petro. En las redes sociales publicó:
“Los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños”.
Y Petro, que fue alcalde de Bogotá antes de alcanzar la presidencia, respondió:
“Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades”.
Para Patricia Bullrich, Bukele reúne todas las virtudes imaginables. Mano dura, discrecional, recursos infinitos para los borceguíes y los gases, cárceles como campos de concentración, limitación al derecho de reunión y movimiento, y puesta en práctica de la pena de muerte sin siquiera modificar los Códigos vigentes. Todo, además, con espectacularidad benthamiana.
«Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante» le dijo a Bukele en la cumbre de la derecha y ultraderecha que se realizó en Washington, con la presencia estelar de Donald Trump y el Voxista neofranquista, Abascal.
«De una masacre diaria y un país controlado por las maras (bandas criminales) a una sociedad donde se cuida la vida. Una experiencia donde se cuida a la gente y el delincuente no es bienvenido. ¡Hacia allí vamos!», posteó Bullrich.
Sin embargo, antes de relamerse con Bukele en febrero en USA, la varias veces ministra retomó su propia disposición respecto del uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. En 2018, Luis Chocobar asesinó al hijo de Ivonne Kukoc. Y fue esta señora quien advirtió: «Van a matar a los pibes pobres como a perros, habilitaron la pena de muerte en la Argentina”.
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El mítico ‘cárcel o bala’ del libertario José Luis Espert resucitó en boca de Bullrich cuando el 22 de enero asesinaron a la hija de uno de sus custodios. En la ocasión declaró:
“Frente a la pena de muerte impuesta por los delincuentes, nosotros vamos a proteger a la ciudadanía con fuerzas de seguridad que impidan que eso pase», afirmó.
Ante Bukele, según reportó la agencia Telam, lamentó que, pese al trabajo realizado, haya que «soportar las críticas cuando «han salvado millones y millones de vidas, la verdad que es increíble”.
La bukelización está en marcha
Los excedentarios exceden la norma, pero exceden, sobre todo, la vida. No son, ni siquiera, el viejo ejército de reserva de mano de obra barata que disponía el sistema para regular salarios y, llegado el caso, quebrar huelgas.
Los miles de presos del Centro de Confinamiento del Terrorismo de Tecoluca (El Salvador) no pueden hablar. Se sabe que Bukele planteó esta cárcel como un modelo aún más intenso que las prisiones en manos privadas en Estados Unidos. En el CECOT de Bukele los familiares de los presos tienen que pagar casi 200 dólares al mes para que les den alimentos, artículos de higiene y ropa. También se sabe que al interior del presidio hay ‘tiendas institucionales’ donde los reos pueden comprar una bebida gaseosa, a precios estratosféricos. La ganancia es fácil de calcular. 200 dólares por mes, multiplicada por miles de presos.
Via https://www.purochamuyo.com/bukelizacion-en-marcha/
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