3 de octubre 2024
Solidaridad con la fiscal Sandra Gutiérrez, destituida tras denunciar a Evo Morales
Red Contacto Sur manifesta su apoyo a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien fue destituida de su cargo luego de haber presentado una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales Ayma. La denuncia pedía la aprehensión del exmandatario por la presunta comisión de varios delitos graves, entre ellos trata y tráfico de personas, así como estupro.
La investigación, que había estado en curso por varios años, involucra a Morales en un caso que se inició tras la denuncia de una menor de 15 años en Tarija. Según informes de inteligencia, la menor, identificada con las iniciales C.S.V.P., habría sostenido encuentros con Morales desde que tenía 14 años, y a los 15 quedó embarazada. El 8 de febrero de 2016, dio a luz a una niña identificada como E.S.M.V., quien fue registrada y reconocida por Evo Morales. Estos hechos han causado una profunda indignación, no solo por las implicaciones legales y morales, sino también por la posición de poder que Morales ocupaba cuando ocurrieron.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Gutiérrez y su equipo fueron apartados del caso, presuntamente por órdenes del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, lo que ha generado denuncias de encubrimiento. Lanchipa, antes de ocupar su actual cargo, formaba parte del equipo jurídico de Morales, lo que ha llevado a cuestionar si su actuación está dirigida a proteger al exmandatario de enfrentar a la justicia por los cargos presentados.
El caso se tornó aún más polémico cuando la jueza Lilian Moreno Cuéllar, del Juzgado de Sentencia Nro. 15 del distrito judicial de Santa Cruz, anuló la orden de aprehensión contra Evo Morales. Moreno Cuéllar ocupó varios cargos durante el gobierno de Morales, incluyendo ser gerente del Servicio de Impuestos Nacionales en Santa Cruz entre 2012 y 2016, y jefa de la unidad jurídica de ENFE en 2018. Poco antes de la caída de Morales en 2019, fue designada como jueza de sentencia y ahora, ha sido habilitada como candidata al Consejo de la Magistratura para las próximas elecciones judiciales del 1 de diciembre, lo que ha generado sospechas sobre su imparcialidad y sus vínculos políticos.
En su denuncia pública, la fiscal Sandra Gutiérrez declaró lo siguiente:
"Teníamos un mandamiento de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma, teníamos aprehensión también hacia otras personas, lo han dejado sin efecto absolutamente nada. Tiene órdenes específicas del jefe, del jefe, que es el señor Juan Lanchipa Ponce, de no hacer absolutamente nada. O sea, yo en su momento voy a demostrar con pruebas lo que el señor Juan Lanchipa Ponce me habló, de la forma tan grosera en que me ha hablado a mí, el fiscal general indicándome que te he dicho que dejes ese caso. Estoy haciendo esto una denuncia pública, lo vamos a analizar, lo vamos a hacer una denuncia internacional, porque ustedes como sabrán el delito de trata y tráfico es un delito de lesa humanidad."
Ante la pregunta de Red Contacto Sur sobre si existía injerencia de Evo Morales en el caso, la fiscal respondió de manera contundente:
"Con seguridad que sí, ¿qué podemos nosotros decir de esto?"
Red Contacto Sur denuncia internacionalmente esta situación, señalando que se trata de una violación de derechos humanos. La organización ha puesto en alerta a la comunidad internacional, haciendo un llamamiento a las organizaciones de derechos humanos para que estén atentas a este caso. Enfatizan que los delitos de trata y tráfico de personas, junto con la violación o estupro de menores de edad, son crímenes penados a nivel internacional y considerados de lesa humanidad. Red Contacto Sur insta a la justicia internacional a tomar cartas en el asunto y garantizar que estos hechos no queden impunes.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se sumó a las críticas, cuestionando la decisión de la jueza Lilian Moreno de trasladar el caso de Evo Morales desde Tarija a Cochabamba, específicamente al municipio de Villa Tunari, lugar de residencia del expresidente. Del Castillo expresó su indignación sobre la falta de garantías para la víctima:
"Reprochamos la actitud de la juez Lilian Moreno que trasladó el caso hacia el municipio de Villa Tunari (Cochabamba). ¿Qué condiciones tienen las víctimas en nuestro país? ¿Dónde está el Consejo de la Magistratura para poder determinar cómo se sorteó a la autoridad? Se están vulnerando los derechos de una menor de edad trasladando un juicio al municipio de Villa Tunari. ¿Quién vive ahí? El expresidente Evo Morales, que es el denunciado. Así, ¿qué garantías tienen las víctimas de apersonarse a buscar justicia en nuestro país?"
Del Castillo también lamentó que se haya dejado sin efecto la orden de aprehensión contra Morales y señaló que con el traslado del caso no se están proporcionando las condiciones adecuadas para que la víctima pueda declarar sin temor.
Este episodio resalta la intrincada red de intereses políticos y judiciales en Bolivia. Santa Cruz, históricamente opuesta al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), ha jugado un rol clave en la crisis política de 2019, y los recientes vínculos entre Morales y sectores de derecha tradicionales en Santa Cruz han levantado suspicacias sobre la independencia del poder judicial en el país.
La destitución de Gutiérrez ha desatado una ola de críticas y denuncias sobre la falta de imparcialidad en la justicia boliviana.
Red Contacto Sur exige una investigación transparente y una justicia que sea equitativa, imparcial y libre de interferencias políticas.
Lic Ruben Suarez Director
RedContactoSur
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