Orsi respecto a Bukele: una peligrosa simplificación política
Las recientes declaraciones del presidente uruguayo Yamandú Orsi, dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) —sector pequeño burgués históricamente oscilante entre el progresismo discursivo y la adaptación institucional—, merecen una crítica severa y sin medias tintas. Sus comentarios, presentados como un gesto de reconocimiento hacia Nayib Bukele, no solo banalizan un proceso profundamente complejo como el salvadoreño, sino que además normalizan un modelo de poder que, en nombre de la seguridad, avanza peligrosamente sobre la democracia.
Cuando el presidente de un país con la trayectoria institucional de Uruguay legitima aunque sea parcialmente el “método Bukele”, está enviando un mensaje sumamente grave: que la seguridad se puede construir a costa de derechos, libertades y garantías constitucionales. Bukele ha impuesto un régimen que concentra poder, manipula instituciones, sofoca a la prensa independiente y utiliza el encarcelamiento masivo como espectáculo político. ¿Es esa la referencia que Orsi considera válida? ¿Es ese el camino que pretende señalar desde el sillón presidencial?
Separar los supuestos “resultados” del método autoritario que los produjo es caer en una trampa peligrosa. Es repetir el eterno argumento que ha justificado a caudillos y dictaduras: “funciona, aunque sea autoritario”. La historia de América Latina demuestra que esa fórmula siempre termina con más violencia, más arbitrariedad y menos democracia. Uruguay no puede darse el lujo de aceptar ese razonamiento, especialmente viniendo de un presidente que se presenta como heredero de una tradición popular y republicana.
Pero lo más inquietante es el oportunismo político. En vez de impulsar un debate serio sobre seguridad, crimen organizado y narcotráfico —desafíos reales que requieren políticas de Estado y no eslóganes efectistas—, Orsi opta por coquetear discursivamente con la “mano dura”, buscando empatizar con sectores frustrados o temerosos. Esa actitud contradice la esencia de una izquierda que históricamente defendió la democracia, los derechos humanos y la justicia social, incluso en las peores adversidades.
La inseguridad no se resuelve con estados de excepción permanentes, prisiones desbordadas sin debido proceso, ni con un liderazgo de estilo mesiánico que gobierna por redes sociales. Ese es el camino hacia el deterioro institucional, no hacia la paz social. Uruguay tiene la oportunidad de demostrar —una vez más— que es posible garantizar seguridad sin destruir la democracia, pero para eso necesita claridad ideológica y valentía política, no ambigüedades peligrosas ni guiños populistas.
La normalización del “modelo Bukele” es una amenaza directa al equilibrio republicano. Cuando un presidente uruguayo suaviza o relativiza ese tipo de liderazgo, abre un precedente que puede erosionar la confianza en las instituciones y legitimar prácticas autoritarias bajo la excusa de la eficiencia. Cada palabra pesa, especialmente en un continente donde las democracias ya enfrentan tensiones crecientes.
Si Uruguay quiere seguir siendo faro regional de estabilidad democrática, sus dirigentes —y especialmente su presidente— deben actuar con firmeza, coherencia y responsabilidad. La seguridad no puede ser una excusa para abandonar principios fundamentales, ni la popularidad de un mandatario extranjero puede eclipsar los riesgos de copiar modelos basados en el atropello institucional.
Lic. Rubén Suárez
Director de Red Contacto Sur
29 de noviembre 2025
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