Por Geraldina Colotti/
En su último libro titulado The Petroleum Sector and the Transition to Democracy in Venezuela, el ex procurador del ficticio interinato José Ignacio Hernández intenta sentar las bases jurídicas para lo que no es otra cosa que el desmantelamiento final de la soberanía energética del país. Hernández no habla desde la academia neutral sino desde el conflicto de intereses de quien trabajó para transnacionales como Crystallex antes de facilitar desde un cargo inexistente el camino legal para el remate de Citgo.
Su tesis central sostiene que la actual Ley Antibloqueo y las reformas propuestas por el gobierno bolivariano son una suerte de privatización de facto u opaca que busca eludir los controles democráticos. Sin embargo lo que este operador de Washington oculta es que su verdadero objetivo es eliminar el control estatal sobre el recurso para que las corporaciones vuelvan a manejar la caja chica del país como en los tiempos de la apertura petrolera de los años noventa.
Frente a la tesis de Hernández de que el Estado está rematando activos, los datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo ofrecen una lectura opuesta donde queda claro que no es privatización sino protección soberana. La Ley Antibloqueo en su artículo primero define su objetivo fundamental como la mitigación de los efectos nocivos de las medidas coercitivas unilaterales que han causado el saqueo de más de cuarenta mil millones de dólares en activos extranjeros pertenecientes al pueblo venezolano.
Para entender el peligro real de estas tesis hay que mirar el despojo criminal de Citgo, una empresa estratégica con tres refinerías en Estados Unidos y más de cuatro mil estaciones de servicio que representan activos por más de trece mil millones de dólares. Bajo la supuesta gestión del interinato de Guaidó y la asesoría directa de personajes como Hernández, Citgo fue desconectada de su matriz Pdvsa para ser entregada a una rapiña judicial en tribunales de Delaware.
Se le impidió de forma criminal repatriar dividendos que estaban destinados a la salud y la alimentación de los niños y las mujeres de Venezuela, entregando la joya de la corona a una liquidación forzosa para pagar deudas infladas en un acto de piratería moderna. Este es el esquema que la derecha pretende repetir ahora en el territorio nacional mediante una desregulación total que entregue los pozos y las refinerías al capital transnacional sin ningún tipo de control social.
Frente a esta narrativa del despojo la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez ha levantado un muro de contención basado en la economía de resistencia y la dignidad nacional. En la actual coyuntura la batalla por Venezuela se libra en dos frentes que son en realidad un mismo combate por la existencia: la libertad de los rehenes del imperio, el Presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, y la defensa técnica y política de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Mientras Donald Trump se comporta como un corsario del siglo veintiuno declarando que el crudo venezolano le pertenece por derecho de rapiña, la gestión de Delcy Rodríguez, en continuidad con la de Maduro, demuestra que la soberanía no se negocia ni ante el chantaje ni ante el secuestro de los líderes fundamentales de la revolución.
La propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos presentada ante la Asamblea Nacional en este enero de dos mil veintiséis busca blindar la soberanía mientras se recupera la producción nacional. La reforma busca incluir figuras como los Contratos de Producción Compartida para atraer inversión a campos que nunca han sido explotados o que carecen de infraestructura debido al bloqueo tecnológico.
Delcy Rodríguez ha sido enfática al señalar que esta apertura no implica ceder la propiedad del recurso. El objetivo central es incorporar flujos de inversión para neutralizar el endurecimiento del bloqueo petrolero impuesto por Washington y avanzar hacia un modelo económico no dependiente y diversificado basado en el esfuerzo propio.
Es una herramienta de dignidad nacional que se presenta con la frente en alto siguiendo la premisa de la Presidenta Encargada cuando afirma que si algún día le tocase ir a Washington lo hará de pie y nunca arrastrada. A diferencia de una privatización neoliberal donde el excedente se fuga hacia el capital transnacional, la Ley Antibloqueo obliga por mandato constitucional a que los recursos obtenidos se destinen al destino social del ingreso.
Esto significa financiar sistemas compensatorios del salario y prestaciones sociales para la clase trabajadora, así como la recuperación de servicios públicos esenciales como la electricidad y el agua que han sido severamente afectados por la falta de repuestos que Estados Unidos prohíbe comprar.
Es fundamental comprender que la visión bolivariana del petróleo no es la del extractivismo ciego que destruye el planeta para alimentar el consumo del norte. El quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, legado por el comandante Chávez y profundizado por el presidente Maduro, establece el compromiso irrenunciable con la preservación de la vida y la salvación de la especie humana.
Venezuela impulsa un modelo ecosocialista que utiliza la renta petrolera para financiar la transición hacia una relación armoniosa con la madre tierra, entendiendo que la defensa de los recursos es por el derecho de los pueblos a gestionar sus bienes naturales sin la lógica del crecimiento infinito del capitalismo global. Mientras el neoliberista Hernández habla de opacidad, el gobierno bolivariano responde con excepcionalidad estratégica para sobrevivir al asedio. No se cambia la propiedad, que sigue siendo del pueblo, se cambia la operatividad para que el petróleo siga financiando la vida.
Los resultados de esta estrategia son tangibles a pesar del hostigamiento ya que Venezuela, con el gobierno Maduro, ha logrado veinte trimestres de recuperación económica sostenida desde el año dos mil veintiuno. El ingreso petrolero bajo este esquema está financiando directamente el Poder Popular a través del Reto Admirable dos mil veintiséis, con cerca de doscientos ochenta millones de dólares destinados a treinta y cinco mil proyectos ejecutados directamente por los consejos comunales en sus territorios.
A este ataque de la derecha técnica se suma el coro de un cierto ultraizquierdismo europeo que desde Italia y otros países pretende dar lecciones de chavismo desde la comodidad de la distancia. Criticar la Ley Antibloqueo ignorando que el país enfrenta un asedio que mermó los ingresos de forma drástica es un ejercicio de cinismo intelectual. El chavismo es praxis revolucionaria y el legado de Chávez se defiende garantizando la vida del pueblo.
Donald Trump cree que al tener secuestrados a Nicolás y Cilia puede forzar una capitulación, pero se equivoca al subestimar la firmeza bolivariana. El petróleo venezolano es el sustento de una patria que ha decidido ser libre y que no se rinde ante los piratas ni renuncia a su compromiso sagrado con la madre tierra.
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