Argentina. Reforma laboral: la CGT confirmó el paro general /El Gobierno intimó a los gremios del transporte para que no paren bajo la amenaza de quitarles personerías
Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2026.
Con la eliminación del artículo 44 sobre las licencias médicas, el oficialismo llevará este jueves al recinto el resto del proyecto antitrabajadores. La CGT confirmó el paro nacional de 24 horas y ratificó que no habrá transporte.
El Gobierno intimó a la UTA y a La Fraternidad para que no adhieran al paro general
El Ministerio de Capital Humano informó que, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, intimó a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de llevar adelante medidas de acción directa que tuvieran previstas, en el marco del paro general convocado para este jueves por la CGT, en rechazo a la reforma laboral.
Desde la cartera nacional que conduce Sandra Pettovello, señalaron que cualquier medida de fuerza implicaría «una violación de las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, instancia que actualmente se encuentra en pleno trámite».
En ese sentido, advirtieron que la adopción de protestas configuraría un incumplimiento de la conciliación dispuesta, que continúa vigente mientras se desarrollan las negociaciones entre las partes.
En un escenario de asfixia económica y despidos masivos, la Argentina vivirá este jueves una jornada de parálisis total. La Confederación General del Trabajo (CGT) concretará su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, en una pulseada directa contra el proyecto de reforma laboral esclavista que el Ejecutivo pretende imponer en la Cámara de Diputados. Con la adhesión total del transporte público —incluida la UTA—, la huelga promete dejar las calles vacías y las persianas bajas de «punta a punta», como advirtió el dirigente Jorge Sola desde la sede de Azopardo.
Sin embargo, el clima de la jornada no será solo de «brazos caídos». A la medida de la central obrera se sumarán las CTA, gremios combativos como la UOM y Aceiteros, y movimientos sociales que marcharán al Congreso para repudiar una ley de «clara inconstitucionalidad» que busca desfinanciar la seguridad social y precarizar el empleo formal. «No se puede tratar en instancias extraordinarias un tema de 200 artículos otorgándonos solo 5 minutos a los sindicatos», denunció Hugo «Cachorro» Godoy, de la CTA Autónoma, señalando la falta de debate democrático impuesta por la Casa Rosada.
Foto: Eduardo Sarapura
Represión y crisis industrial
Mientras el presidente está en los Estados Unidos para sumarse al «Consejo de Paz» de Donald Trump, en el territorio nacional la realidad es la de un cementerio industrial. El reciente anuncio del cierre definitivo de Fate, con casi mil despidos, fue el telón de fondo de una movilización de jubilados que este miércoles ya enfrentó un desmesurado operativo de seguridad.
Para blindar la sesión del jueves, la sucesora de Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva, ya dispuso un despliegue «blindado» en las inmediaciones del Congreso: camiones hidrantes, retenes y la intimidante presencia de fuerzas federales para contener el descontento social.
La CGT ya adelantó que, de convertirse en ley, el camino seguirá en los tribunales. Con 400 empleos formales perdiéndose por día y 21 mil pymes cerradas en lo que va del ciclo libertario, el sindicalismo endurece su postura. «No entreguen la dignidad del pueblo», fue el mensaje a los diputados que este jueves deberán decidir si acompañan la entrega de derechos o escuchan el estruendo de un país que, por cuarta vez, se detiene para decir basta.
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