Ante la nota aparecida y firmada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay, expresamos nuestro apoyo más sincero y amplio a dicha organización, así como también nuestro más enérgico repudio al accionar del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, perteneciente al Movimiento de Participación Popular (MPP).
Recordamos que este sector político siempre se opuso a la derogación de la Ley de Pretensión Punitiva del Estado sobre los delitos cometidos por militares que violaron los Derechos Humanos. Cabe preguntarse: ¿por qué se opusieron? ¿Por qué la preocupación del actual presidente —integrante del MPP— por la “salud” de estos asesinos, terroristas y violadores de Derechos Humanos, como lo son los militares y civiles procesados y condenados por crímenes de la dictadura cívico‑militar que asoló el Uruguay? ¿A qué se debe esta preocupación? ¿Qué hay detrás de todo esto?
No debemos olvidar el amiguismo y la defensa acérrima que realizó el exministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro —amigo personal y compañero de José “Pepe” Mujica cabe recordar “No quiero viejitos presos” refiriendose a esos militares —, hacia los militares condenados por delitos de lesa humanidad, así como su accionar sistemático entorpeciendo las investigaciones necesarias para conocer la verdad sobre los detenidos desaparecidos.
Todas estas interrogantes deben investigarse, y por ello expresamos nuestro total apoyo a la nota emitida por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay, que transcribimos a continuación:
Trascendidos de prensa sobre la reunión reservada mantenida entre el Presidente
de la República y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia —en la cual, según se ha informado,
el mandatario expresó preocupación por la salud de militares recluidos en el establecimiento
Domingo Arena— la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
manifiesta:
1. Resulta llamativa e improcedente toda “consulta” o señal de preocupación institucional
que pudiera interpretarse como sugerencia, sobre el Poder Judicial respecto de personas
procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado. La sola
visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una
deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la
legalidad democrática.
2. Las personas recluidas en Domingo Arena no están privadas de libertad por delitos
comunes. Fueron juzgadas por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y
privaciones ilegítimas de la libertad. Más allá de su tipificación formal conforme a la Ley 18.026 —
norma que incorpora al derecho interno los crímenes de lesa humanidad y establece su
imprescriptibilidad—, estos hechos, por su gravedad, por la naturaleza de la afectación y por haber
sido cometidos por el aparato del Estado actuando de manera ilegítima y criminal, son considerados
crímenes inamnistiables.
3. Es imprescindible recordar, una y otra vez, que estas condenas no han sido dictadas a la
ligera. Todos los procesados y condenados han gozado de todas las garantías del debido proceso:
instancias de apelación, recursos de inconstitucionalidad, pedidos de prescripción, recursos de
casación y múltiples mecanismos de defensa. Garantías que no tuvieron jamás nuestros familiares
ni los presos y presas políticas de la dictadura, sometidos a detenciones clandestinas, torturas,
desapariciones y ejecuciones sin juicio alguno.
4. A su vez, quienes hoy cumplen pena en Domingo Arena continúan negándose
sistemáticamente a brindar información sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas.
Esa negativa sigue lesionando gravemente nuestro derecho a la verdad y a la justicia plena. Cada
día sin información es una reiteración del crimen.
5. No corresponde presentar la situación de estas personas como si fueran víctimas de un
sistema penitenciario hostil. Muy por el contrario: se alojan en un establecimiento con condiciones
privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros
centros de reclusión, tal como lo ha señalado reiteradamente el Comisionado Parlamentario.
6. Consideramos aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentando
instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional.
La sociedad uruguaya ha luchado durante décadas para terminar con la impunidad. Retroceder en
este camino es inaceptable.
Reiteramos que la única vía para avanzar en la consolidación de una democracia plena es la
vigencia de la justicia, la verdad y la memoria. Ninguna señal política debe poner en duda la
legitimidad de los procesos judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición de los
crímenes más graves de nuestra historia.
Nunca más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Firmado:
Secretariado Internacional de Red Contacto Sur
Lic. Rubén Suárez – DirectAnte la nota aparecida y firmada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay, expresamos nuestro apoyo más sincero y amplio a dicha organización, así como también nuestro más enérgico repudio al accionar del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, perteneciente al Movimiento de Participación Popular (MPP).
Recordamos que este sector político siempre se opuso a la derogación de la Ley de Pretensión Punitiva del Estado sobre los delitos cometidos por militares que violaron los Derechos Humanos. Cabe preguntarse: ¿por qué se opusieron? ¿Por qué la preocupación del actual presidente —integrante del MPP— por la “salud” de estos asesinos, terroristas y violadores de Derechos Humanos, como lo son los militares y civiles procesados y condenados por crímenes de la dictadura cívico‑militar que asoló el Uruguay? ¿A qué se debe esta preocupación? ¿Qué hay detrás de todo esto?
No debemos olvidar el amiguismo y la defensa acérrima que realizó el exministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro —amigo personal y compañero de José “Pepe” Mujica cabe recordar “No quiero viejitos presos” refiriendose a esos militares —, hacia los militares condenados por delitos de lesa humanidad, así como su accionar sistemático entorpeciendo las investigaciones necesarias para conocer la verdad sobre los detenidos desaparecidos.
Todas estas interrogantes deben investigarse, y por ello expresamos nuestro total apoyo a la nota emitida por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay, que transcribimos a continuación:
Trascendidos de prensa sobre la reunión reservada mantenida entre el Presidente
de la República y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia —en la cual, según se ha informado,
el mandatario expresó preocupación por la salud de militares recluidos en el establecimiento
Domingo Arena— la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
manifiesta:
1. Resulta llamativa e improcedente toda “consulta” o señal de preocupación institucional
que pudiera interpretarse como sugerencia, sobre el Poder Judicial respecto de personas
procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado. La sola
visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una
deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la
legalidad democrática.
2. Las personas recluidas en Domingo Arena no están privadas de libertad por delitos
comunes. Fueron juzgadas por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y
privaciones ilegítimas de la libertad. Más allá de su tipificación formal conforme a la Ley 18.026 —
norma que incorpora al derecho interno los crímenes de lesa humanidad y establece su
imprescriptibilidad—, estos hechos, por su gravedad, por la naturaleza de la afectación y por haber
sido cometidos por el aparato del Estado actuando de manera ilegítima y criminal, son considerados
crímenes inamnistiables.
3. Es imprescindible recordar, una y otra vez, que estas condenas no han sido dictadas a la
ligera. Todos los procesados y condenados han gozado de todas las garantías del debido proceso:
instancias de apelación, recursos de inconstitucionalidad, pedidos de prescripción, recursos de
casación y múltiples mecanismos de defensa. Garantías que no tuvieron jamás nuestros familiares
ni los presos y presas políticas de la dictadura, sometidos a detenciones clandestinas, torturas,
desapariciones y ejecuciones sin juicio alguno.
4. A su vez, quienes hoy cumplen pena en Domingo Arena continúan negándose
sistemáticamente a brindar información sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas.
Esa negativa sigue lesionando gravemente nuestro derecho a la verdad y a la justicia plena. Cada
día sin información es una reiteración del crimen.
5. No corresponde presentar la situación de estas personas como si fueran víctimas de un
sistema penitenciario hostil. Muy por el contrario: se alojan en un establecimiento con condiciones
privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros
centros de reclusión, tal como lo ha señalado reiteradamente el Comisionado Parlamentario.
6. Consideramos aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentando
instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional.
La sociedad uruguaya ha luchado durante décadas para terminar con la impunidad. Retroceder en
este camino es inaceptable.
Reiteramos que la única vía para avanzar en la consolidación de una democracia plena es la
vigencia de la justicia, la verdad y la memoria. Ninguna señal política debe poner en duda la
legitimidad de los procesos judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición de los
crímenes más graves de nuestra historia.
Nunca más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Firmado:
Secretariado Internacional de Red Contacto Sur
Lic. Rubén Suárez – Director
Luis Álvarez – Secretaría
Fecha: 4 de diciembre de 2025
or
Luis Álvarez – Secretaría
Fecha: 4 de diciembre de 2025
