Bolivia comunicado de apoyo al gobierno ante aprehension de camacho

COMUNICADO sobre la detencion de Fernando Camacho en Bolivia

Red Contacto Sur brinda su apoyo al Gobierno Boliviano por las acciones judiciales que se tomaron en contra de personas que atentaron contra la vida de bolivianos que lucharon por la democracia.
Cómo un medio de Comunicacion internacional, solicitamos brindar todas las garantías constitucionales para que el debido proceso este enmarcado en las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia y sean castigados con la mayor pena que la justicia aplique

Ademas a sus complices civiles y militares implicados en el golpe del 2019 en Bolivia

Dadas las repercusiones que a tenido por los seguidores de Camacho llamanos al legitimo Gobierno de Bolivia a emprender todos los medios legales contra todo aquel ciudadano que atente contra los bienes del estado,contra las personas,manifiesten o inciten al desorden y desoberiencia ,por estar atentando contra la legitimidad de un gobierno y de una justicia .

Ruben Suarez Director RedContactoSur

 

 

 

ARGUMENTARIO.

 Los partidarios de Camacho y sus afines insisten en que su detención es “política” e “ilegal”, intentando desconocer que el primero es uno de los principales inculpados del caso Golpe de Estado I, motivo por el cual fue detenido hoy, 28 de diciembre de 2022. Pero, ¿cuál fue el impacto de las violaciones a los derechos humanos del golpe de Estado de 2019 que propició Luis Fernando Camacho y otros actores (Caso Golpe I)? El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que durante este golpe se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia donde al menos 38 personas perdieron la vida, cientos fueron heridas y miles detenidas y reprimidas. Luis Fernando Camacho es uno de sus principales responsables.

•    El informe del organismo internacional recuerda que el día 8 de noviembre, policías de Cochabamba, reunidos en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), iniciaron un motín, con múltiples demandas, que incluían la renuncia del presidente Evo Morales Ayma. El candidato presidencial de oposición Luis Fernando Camacho publicó mensajes de triunfo con ocasión de la sublevación y, tiempo después, reveló que junto con su padre, había negociado el amotinamiento con policías.

El informe señala que el 10 de noviembre, después de la noticia de la renuncia de Evo Morales, los dirigentes de la oposición Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari transmitieron mensajes con un fuerte contenido religioso. Ingresaron al Palacio de Gobierno con la carta de renuncia, la bandera boliviana y la Biblia, las cuales fueron colocadas en el piso y de rodillas agradecieron a Dios. Un pastor evangélico, seguidor de Camacho, declaró: “la Biblia ha vuelto al Palacio de Gobierno; la Pachamama nunca volverá; hoy Cristo regresa al Palacio de Gobierno; Bolivia es para Cristo”.

Luis Fernando Camacho fue un protagonista central del golpe de Estado de 2019

Ese mismo día, Luis Fernando Camacho publicó este mensaje en las redes sociales:

"¡Dios volvió al palacio y 15 min después empezaron las renuncias de todos los delincuentes de este país! ¡A quienes no creyeron en esta mucha [sic], les digo que Dios existe y ahora va a gobernar Bolivia para todos los bolivianos! Mañana iniciamos procesos a los senadores, diputados, ministros, viceministros y todos los que humillaron a nuestro pueblo... no es odio ni venganza, ¡es justicia! ¡Dios bendiga Bolivia! ¡Dios bendiga nuestra juventud!”.

Las conclusiones del informe de los expertos independientes

1.El informe del GIEI estableció que entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 se perpetraron masacres, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, actos de racismo y graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia.

2.Al menos 38 personas perdieron la vida por las masacres y hechos de violencia en diversos lugares del país, y centenares sufrieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.

3. Se comprobó que hubo ejecuciones sumarias en las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal.

4. La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia; dejaron desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas e incumplieron su rol constitucional.

5. El Decreto 4078 fue promulgado para eximir de responsabilidad penal al personal de las FFAA.

6. Grupos de choque (RJC y UJC) protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la Policía. Asumieron tareas “parapoliciales” durante el motín policial.

7. Policía y Fuerzas Armadas asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos. La Policía no fue capaz de resguardar el ejercicio pleno del derecho a la protesta ni cumplió adecuadamente con su deber de evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público.

8. Se evidenciaron móviles políticos en las actuaciones policiales.

9. En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana.

10. Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y en momentos trascendentes pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales.

11. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados.

12. Se constataron hechos de tortura y vejámenes psicológicos y racistas cometidos por agentes policiales en contra de detenidos, en su mayoría jóvenes e indígenas.

13. Algunas aprehensiones indican discriminación racial, con la humillación de los detenidos debido a sus rasgos fenotípicos asociados al origen indígena.

14. Los hechos de discriminación racial se manifestaron en mayor medida en las acciones conjuntas de militares y policías. La represión y el uso de lenguaje racista y antiindígena se dirigió exclusivamente en contra de la población movilizada que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata. En efecto, la gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecían a ese segmento poblacional.

15. El uso de la Biblia y la religión durante los cabildos de los comités cívicos jugaron un papel relevante para justificar la causa divina de su movimiento contra Evo Morales y fomentar una idea antiindigenista.

16. Se constataron tratos discriminatorios en servicios de atención médica para varios heridos de bala que acudieron para recibir socorro y muchos optaron por no recurrir a los hospitales y centros públicos.

17. Se vulneraron los derechos de periodistas que fueron identificados como “afines” al gobierno depuesto, acusados de ser “masistas”.

18. La masacre de Senkata, con 10 víctimas fatales y 78 heridos de bala, fue justificada por el gobierno de facto con la versión de que los manifestantes pretendían quemar la planta de gas en El Alto. La investigación demostró que no se encontraron evidencias que respalden esta teoría, no se halló material explosivo en el área, las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por las protestas.

19. Se vulneró sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia, se detuvieron, procesaron y encarcelaron a personas por publicaciones en redes sociales, por prestar auxilio a otras, por brindar asistencia médica, por su vestimenta, apariencia o rasgos faciales.

20. Se constataron casos de violencia sexual y violencia en razón de género, mujeres aprehendidas fueron sometidas a manoseos de carácter sexual y vejaciones por parte de agentes policiales, se las obligó a desnudarse y fueron brutalmente golpeadas. Se identificó también violencia obstétrica.

La Fiscalía inicia las investigaciones por el caso Golpe de Estado I

Después de algún tiempo, la Fiscalía inició las investigaciones el caso golpe de Estado I en la que están involucradas la entonces presidenta de facto, Jeanine Áñez, los miembros del entonces Alto Mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana por los delitos de terrorismo y conspiración. A ellos se suman alrededor de 15 políticos de la derecha neoliberal, jerarcas de la Iglesia católica, representantes de la Unión Europea y de países como Brasil que convocaron a reuniones y se arrogaron la representación de no se sabe de quien para instalar supuestas “mesas de diálogo” pero planificaron el golpe de Estado.

Entre los exjefes militares investigados se encuentra el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman, los exjefes militares Flavio Arce, Carlos Orellana, Jorge Fernández, Jorge Terceros, Jorge Mendieta y Palmiro Jarjury. A ellos se suma el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

La Fiscalía investiga a los políticos neoliberales que planificaron y el complot en el golpe de Estado en las reuniones del 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana (UCB). Participaron en la reunión los políticos de la derecha: Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz, Ricardo Paz, Roberto Moscoso, Luis Vásquez Villamor, Giovana Jordán, Juan Carlos Núñez, Jerjes Justiniano León de la Torre (embajador de la Unión Europea) y Carmelo Angulo (exembajador representante de España en la auditoría de la OEA). También formaron parte del complot Rolando Villena y Eugenio Scarpellini, ambos fallecidos.

La expresidenta de facto, los entonces jefes militares y policiales son procesados en este caso por los delitos de terrorismo, y conspiración derivados del golpe de Estado de noviembre de 2019. En este caso también son investigados el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis, y otros.

 NFORME GIEI CAMACHO DELITOS 28 12 22