Ecuador bajo la lupa : Lo que revelan los Informes internacionales de Derechos Humanos sobre los estados de excepción

Ecuador bajo la lupa : Lo que revelan los Informes internacionales de Derechos Humanos sobre

los estados de excepción

Naciones Unidas, la CIDH, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y una investigación

periodística de medios escritos como Connectas y Tierra de Nadie coinciden en un mismo

diagnóstico: la militarización de la seguridad, iniciada en 2024, es el hilo que conecta las cárceles

más letales de la región, denuncias de tortura, desapariciones forzadas y un contrato de

vigilancia con la empresa Palantir.

Por Paulina Andrade A. — Especial para Contacto Sur

*Comunicadora e Internacionalista

Más de 1.220 personas privadas de libertad murieron en Ecuador durante 2025. Es la cifra más

alta jamás registrada en el país: más de tres muertes por día dentro de las cárceles. No son, en su

mayoría, víctimas de las masacres carcelarias que el mundo vio en 2021 y 2022. Hoy mueren de

otra forma: por desnutrición, tuberculosis, o causas que los registros anotan simplemente como

"indeterminadas".

Ese dato, documentado por la investigación "Encerrados para morir" de CONNECTAS y Tierra de

Nadie, es apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande que, en los últimos meses,

han armado por separado el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos

Humanos (FIDH). Trabajando de forma independiente, con metodologías distintas, todos llegan a

una misma conclusión central.

El diagnóstico que todos comparten

Desde comienzos de 2024, bajo la presidencia de Daniel Noboa, Ecuador vive en estados de

excepción prolongados. El gobierno ha calificado la situación de "conflicto armado interno", una

figura legal que amplía el margen de acción de las Fuerzas Armadas para operar en tareas que

antes correspondían a la Policía, incluso dentro de las cárceles.

Ningún organismo niega que el crimen organizado sea una amenaza real. La discusión no es esa.

Lo que preocupa —y en esto coinciden el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la

CIDH, la OMCT y Human Rights Watch— es si la respuesta militarizada ha sido proporcional y

sostenible. La CIDH lo resume en una frase que casi funciona como titular de todo este panorama:

los operativos policiales y militares de alta letalidad no se sostienen en el tiempo, y terminan

violando derechos.

Números que hay que leer con cuidado

La OMCT documenta 369 denuncias de tortura entre 2024 y 2026, y 51 desapariciones forzadas

presuntamente cometidas por agentes del Estado. Son denuncias, no sentencias judiciales, una

distinción que los propios informes subrayan.

Durante las protestas de 2025, la misma organización registró 391 presuntas violaciones de

derechos humanos, 206 detenciones arbitrarias, 473 heridos y al menos dos muertes por uso

excesivo de la fuerza. Y el Plan Fénix, la ofensiva de seguridad del gobierno, dejó cerca de 35.000

detenciones entre enero y mayo de 2024 —una cifra que, advierte el propio informe, no implica

que todas hayan sido arbitrarias, sino que alerta sobre el riesgo de un uso demasiado amplio de

las medidas antiterroristas.

El fenómeno tampoco es exclusivo de Ecuador: de ocho países latinoamericanos evaluados por el

Índice Global de Tortura, siete —incluido Ecuador— quedaron clasificados con riesgo alto o muy

alto.

Las cárceles: de la violencia entre bandas al abandono institucional

El cambio más inquietante que documenta CONNECTAS no es solo la cifra de muertes en prisión,

sino su naturaleza. Antes morían mayoritariamente en peleas entre bandas. Ahora mueren por

enfermedad y desatención: más de mil casos de tuberculosis registrados en 2025 dentro del

sistema penitenciario, según la OMCT, que también reporta 346 fallecidos solo en Guayaquil en los

primeros meses de 2026.

La violencia explosiva, sin embargo, no desapareció: un motín en la cárcel de Esmeraldas dejó 17

muertos, y una explosión en un centro penitenciario de Machala, 13. Dentro de los mismos

penales, según CONNECTAS, siguen operando estructuras de control criminal que obligan a las

familias a pagar para que sus parientes puedan comer o simplemente sobrevivir.

Una Corte bajo presión, pero que todavía responde

En el plano institucional, Human Rights Watch documenta ataques a la independencia de la Corte

Constitucional, fiscales y jueces sin protección, y reformas que buscaron saltarse los controles

constitucionales. Pero la CIDH agrega un matiz que evita una lectura de todo o nada: pese a las

presiones, la Corte sacó adelante fallos relevantes, como el que reconoció el derecho a la

identidad de género de una adolescente trans. La institucionalidad ecuatoriana, coinciden ambos

organismos, está presionada, pero no vencida.

Palantir: la vigilancia digital entra en escena

En mayo de 2025, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones firmó un contrato con la

empresa estadounidense Palantir Technologies para dotar al Servicio Nacional de Aduana del

software Palantir Foundry, según reportó Primicias. La plataforma cruza datos de comercio

exterior, manifiestos de carga, registros policiales y fuentes abiertas para detectar contrabando, y

la propia Aduana ha reportado casos donde el sistema evitó pérdidas al Estado.

Pero el contrato llegó acompañado de señales de alerta documentadas por organizaciones de

derechos digitales. Amnistía Internacional advirtió que Palantir facilita la vigilancia estatal a gran

escala sin garantías éticas suficientes, y recordó que su software es usado por el Servicio de

Inmigración de Estados Unidos para localizar migrantes en procesos de deportación, además de

sus contratos con el Departamento de Defensa estadounidense y las fuerzas armadas de Israel.

Derechos Digitales y CONNECTAS documentan además la opacidad del acuerdo: se sabe que la

Aduana pagó más de seis millones de dólares a la CNT, pero no cuánto llegó efectivamente a

Palantir ni bajo qué condiciones exactas —pese a que, según funcionarios consultados, no habría

razón legal para mantener esa información en reserva. Y el gobierno, según CONNECTAS, evaluaría

extender esta tecnología a minería, pesca y seguridad social, lo que concentraría datos sensibles,

incluida información de salud, en manos de una empresa privada extranjera.

El caso que sacudió a la comunidad internacional

El 8 de junio encontraron muerta en su casa en Montañita a Monika Silva Koniuszek, activista de

origen polaco de 41 años, madre soltera de dos niñas y Presidenta de la Fundación “La Integridad”.

Silva investigaba corrupción y tráfico de tierras en la zona, y había comenzado a indagar sobre

Noboa Trading —la empresa frutícola de la familia del Presidente de la República— a raíz de una

incautación de cocaína en contenedores de banano que, según sus propias denuncias, altos cargos

judiciales habrían frenado.

El ministro del Interior, John Reimberg, habló inicialmente de un suicidio. Once días después, una

autopsia realizada en Guayaquil estableció otra causa de muerte: un golpe en la cabeza y asfixia

por estrangulamiento.

No hay sentencia firme, y ni el Presidente ni su empresa han sido acusados formalmente. Pero la

reacción internacional fue inmediata: la Unión Europea y la Fiscalía de Polonia pidieron una

investigación independiente, la CIDH exigió abrir nuevas líneas de indagación, y la Corte Suprema

de Argentina envió peritos como veedores. La Fiscalía ecuatoriana investiga el caso como

feminicidio. Según medios locales, poco antes de morir, Silva había entregado documentación a la

Embajada de Estados Unidos en Quito.

Pueblos indígenas, mujeres, niñez y migración

Amnistía Internacional concentra sus alertas en la falta de protección para las defensoras

ambientales conocidas como "Guerreras por la Amazonía", y en actividades extractivas que

avanzan sin el consentimiento previo de los pueblos indígenas. Human Rights Watch suma un dato

con peso simbólico: sigue sin cumplirse el mandato popular, votado en consulta, que ordenó

detener la explotación petrolera en el bloque ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní.

En materia de género, Human Rights Watch documenta un aumento de muertes violentas de

mujeres y dificultades para acceder al aborto incluso en los casos permitidos por ley. Sobre niñez,

alerta un incremento de homicidios de menores y el reclutamiento de niños y adolescentes por

bandas criminales, una preocupación que coincide, de forma independiente, con la Resolución

1/26 de la CIDH. Y en movilidad humana, Ecuador registraría uno de los niveles más altos de

desplazamiento interno por violencia de la región, aunque este es uno de los puntos donde la

información disponible entre organismos resulta más limitada.

¿Qué piden, en el fondo, todos estos informes?

Las recomendaciones, viniendo de mandatos tan distintos, apuntan casi todas en la misma

dirección: más transparencia del Ministerio de Defensa, revisión de la sostenibilidad de los

operativos letales, fortalecimiento de la protección a defensores de derechos humanos, y una

revisión de fondo del marco legal del "conflicto armado interno". A fines de junio, la Unión

Europea abrió una convocatoria de fondos de emergencia de hasta 1,5 millones de euros para

reforzar la seguridad jurídica y la protección digital de la sociedad civil ecuatoriana.

El pedido de fondo, dicho de otra forma: más control civil sobre las decisiones de seguridad, no

menos. Ningún organismo pide bajar la guardia frente al crimen organizado; piden que la

respuesta sea profesional, transparente y esté bajo control de la Justicia y las instituciones civiles,

no únicamente de las Fuerzas Armadas.

Ecuador enfrenta, sin duda, una amenaza de seguridad real. Pero la respuesta elegida hasta ahora

priorizó la fuerza militar por encima de la investigación civil y la protección de derechos, y ese

camino tuvo un costo medible en vidas humanas: en las calles, en las cárceles, entre quienes

defienden su territorio. Hasta el momento en que se publicaron estos informes, nada indica que la

violencia que se buscaba combatir haya bajado de forma sostenida.

La pregunta que dejan planteada, de manera coincidente, organismos tan distintos entre sí no es

si Ecuador atraviesa una crisis de seguridad —en eso no hay discusión—, sino si el camino elegido

para enfrentarla es compatible con proteger los derechos fundamentales de su gente.

Fuentes: Comité contra la Desaparición Forzada (ONU, marzo 2026); Organización Mundial Contra

la Tortura, Índice Global de Tortura (2ª ed., 2026); Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

Resolución 1/26 y pronunciamientos de relatorías (2026); Amnistía Internacional, informe AMR

28/0609/2026 y alertas sobre defensoras ambientales y tecnología de vigilancia; Federación

Internacional por los Derechos Humanos, declaración conjunta (marzo 2026); Human Rights

Watch, Informe Mundial 2026 (capítulo Ecuador); CONNECTAS y Tierra de Nadie, "Encerrados para

morir" y "Palantir en Ecuador: ¿un aliado estratégico o un Caballo de Troya?"; Derechos Digitales;

Primicias; El País (España); Unión Europea; BBC News Mundo, France 24, La Nación, The Guardian,

Cubadebate.

 https://redcontactosur.blogspot.com/2026/07/ecuador-bajo-la-lupa-lo-que-revelan-los.html