Por Geraldina Colotti, RedContactoSur
“Israel” condenado por el mundo por el genocidio contra el pueblo palestino.
Más de tres meses de bombardeos sobre Gaza, 23.708 víctimas palestinas, en su mayoría niños, más de 60.000 heridos. Más de cien periodistas asesinados, casas y hospitales destruidos, junto con quienes se encontraban dentro de ellos. Violaciones sistemáticas de normas internacionales. “El objetivo de Israel es la limpieza étnica, la humanidad está muriendo en Gaza – declaró Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Palestina, que presentará un nuevo informe en marzo. – La limpieza étnica es una realidad, ya ocurrió en el ‘47 y el ‘67. Es una catástrofe humanitaria, 9 de cada 10 familias no beben ni comen nada durante más de 24 horas”, añadió.
El último capítulo de un exterminio planificado por el colonialismo sionista, salpicado de masacres y apartheid, que siempre han quedado impunes, porque “Israel”, el policía de los Estados Unidos en Oriente Medio, siempre ha podido actuar colocándose “por encima la Ley”. Sin embargo, mientras continúa la masacre en Gaza, con la aprobación de Estados Unidos y la complicidad de sus aliados europeos, el régimen sionista se ve cuestionado por primera vez: debe defenderse de la acusación de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (Cij), el tribunal más alto de la ONU, con sede en La Haya.
La denuncia fue presentada por Sudáfrica, y apoyada por otros 57 países, entre ellos los miembros de la Liga Árabe, y Namibia, Pakistán, Turquía, Maldivas, junto a más de 900 organizaciones y grupos sociales, y a los países de América latina como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Brasil, que acogieron “con satisfacción” la iniciativa, calificada de “histórica”. Para la ocasión, Chile anunció que denunciará al régimen sionista también ante la Corte Penal Internacional.
Sin duda una iniciativa de gran impacto simbólico: tanto para la historia del país que encabezó la denuncia – el Sudáfrica de Mandela, que luchó contra el colonialismo, la esclavitud y el apartheid-; tanto por la historia del acusado, que encarna el paradigma de la víctima por excelencia, que sufrió el holocausto a manos del nazismo y el fascismo; y porque, por primera vez, el pueblo palestino tenía derecho a responder y fue apoyado en una acusación hasta ahora impronunciable: la de ser objeto de un genocidio y una limpieza étnica que evidencia la estructura del colonialismo sionista.
En un informe de 84 páginas, Sudáfrica reconoció “la continua Nakba (catástrofe) del pueblo palestino a través de la colonización israelí desde 1948” y reiteró “la defensa del derecho inalienable e internacionalmente reconocido a la autodeterminación y el derecho al retorno”, vinculando la historia de Sudáfrica con la del pueblo palestino. Con esta iniciativa – declararon los abogados presentes en las audiencias de los días 11 y 12 de enero – se reconoció que, después de 75 años de apartheid, 56 años de ocupación, 16 años de asedio impuesto a la Franja de Gaza y la destrucción deliberada de la vida palestina, la opinión pública mundial ya no puede permanecer en silencio.
Una iniciativa a la que el régimen sionista reaccionó con desdén, declarando que se trataba de “una difamación absurda” y acusando a Sudáfrica de ser un apéndice de Hamás, contra el que intentó lanzar, más allá de toda lógica, todas las acusaciones de la cuales tiene que defenderse en la Cij. El pasado 29 de diciembre, la Corte anunció que había recibido la documentación de Sudáfrica para iniciar el procedimiento de denuncia contra “Israel” por genocidio contra la población de Gaza.
Un proceso que sólo terminaría después de muchos años y cuyo resultado difícilmente podría dar lugar a una confirmación de la acusación de genocidio. Entre los 15 jueces que componen la Cij, elegidos por un período de 9 años, hay muchos amigos de “Israel”. Palestina no está representada porque no es un estado miembro de la ONU. Todas las ambigüedades de este organismo, cuyo poder no es reconocido por muchos países, también surgieron recientemente durante la disputa entre Guyana y Venezuela sobre el territorio del Esequibo, que pertenece historicamente a Venezuela.
El gobierno de Guyana quisiera accionar fuera del marco establecido mutuamente por las dos partes involucradas en la firma del Acuerdo de Ginebra, y ha pedido la intervención de la Corte. Y ahí resultó que algunos jueces habían sido designados por gobiernos abiertamente hostiles a la Venezuela bolivariana.
Lo cierto es que, mientras se espera la respuesta, la Corte podría adoptar medidas provisionales, destinadas a evitar la continuación de la controversia mientras el caso espera su resolución. Por este motivo, Sudáfrica pidió a la Cij que ordene a “Israel” cesar las operaciones militares en la Franja de Gaza, detener cualquier acto de genocidio y adoptar todas las medidas razonables posibles para prevenir el genocidio; y presentar informes periódicos a la Corte sobre el resultado de dichas medidas. Se espera que el Tribunal anuncie decisiones sobre este asunto a finales de enero.
Decisiones que no serán vinculantes, ya que la Corte no tiene las competencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como organismo de las Naciones Unidas, sólo puede aplicar la Convención sobre Genocidio y el derecho internacional. Podría decidir no dictar medidas provisionales porque la acusación carece de argumentos válidos, por razones técnico-jurídicas o porque se considera incompetente para decidir. Si en cambio decide adoptar medidas provisionales, esto aún podría poner fin a la agresión militar.
En cualquier caso, esto tendría un gran impacto a nivel internacional. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, es de 1948. Fue aprobada tras el holocausto perpetrado por los nazis, que provocó la muerte de 6 millones de judíos, además de exterminar a comunistas y opositores al régimen. Fue una de las respuestas más importantes del naciente organismo de las Naciones Unidas que pretendía establecer qué era exactamente un genocidio y responsabilizar a los Estados nacionales de peligros futuros.
Los Estados deben responder ante la CIJ, mientras que los individuos pueden ser remitidos y juzgados por la Corte Penal Internacional. La Convención define genocidio como cualquier acto “cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
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