Demasi considera que cambios que Codicen hizo al programa de Historia de bachillerato se alinean con visiones “negacionistas” de la dictadura
Asociación de profesores denuncia sustitución del término “terrorismo de Estado” en programa de Historia y otros cambios “sin fundamentos” que “lesionan la condición laica y científica de la enseñanza”
Después de que en 2022 se dio una discusión pública sobre la eliminación y sustitución de algunos términos del programa de Historia de noveno grado en Secundaria -anteriormente tercer año-, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) finalmente decidió dar marcha atrás en algunos cambios que había realizado a la versión preliminar. Además de ampliar la lista de la bibliografía sugerida para los docentes, el organismo finalmente reincorporó el término “terrorismo de Estado”, cuya sustitución por conceptos como “lucha armada”, “guerra civil” o “dictadura militar” había generado críticas de docentes e historiadores.
Según denunció públicamente la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU), el organismo volvió a introducir cambios similares en el programa de Historia correspondiente al primer año de bachillerato en Secundaria, que corresponde al anterior cuarto año de liceo.
De la misma manera que había ocurrido con los programas de la Educación Básica Integrada, que llega hasta noveno grado, los programas del primer año de bachillerato -que se implementarán este año- fueron remitidos al Codicen por comisiones de docentes que trabajaron en su elaboración, encomendados por el organismo. En 2022 el Codicen introdujo los cambios que generaron polémica en la versión preliminar que fue publicada en la web de ANEP y remitida a la Asamblea Técnico Docente (ATD) para su consideración.
No obstante, de acuerdo a lo que denuncia APHU, en el caso del programa de primero de bachillerato, el Codicen definió remitir a las ATD y hacer público en forma preliminar el mismo programa que había sido elaborado por el grupo de trabajo. Luego de la consideración de su contenido, los programas volvieron a ser considerados por el Codicen para su aprobación definitiva. Según la asociación profesional, fue en esa instancia en la que el organismo realizó cambios que representan “intervenciones de carácter político e ideológico”.
En concreto, plantean que se suplantó nuevamente el concepto de “terrorismo de Estado”, esta vez por “la suspensión y el avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos”. Al respecto, APHU considera que “el cambio no es inocente” y señala que el concepto sustituido “es el usado por la historiografía y las ciencias sociales para describir y analizar las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX en América Latina”.
En suma, denuncian que se introdujo como tema el abordaje de “los movimientos guerrilleros y las violaciones a los derechos humanos”, afirmación que, según plantea la asociación, “carece de fundamentos, dado que desconoce innumerable normativa legal y bibliografía que señala que es el Estado quien puede cometer violaciones a los derechos humanos”.
Si bien la APHU afirma estar “comprometida en el acompañamiento al colectivo de docentes de Historia en los desafíos que implican los cambios en los programas”, la directiva de la asociación entiende necesario denunciar y condenar estos cambios. Según fundamentan, “una vez más afectan el abordaje del pasado reciente, alejando los contenidos de los programas de la producción historiográfica nacional e internacional, y que, en última instancia, lesionan la condición laica y científica de la enseñanza de la historia”.
En diálogo con la diaria, Matías Rodríguez, integrante de la Comisión Directiva de la APHU, señaló que los cambios de categorías para referirse a hechos del pasado reciente generaron preocupación entre los profesores porque no responden a criterios historiográficos sino “de otro tipo”. En suma, dijo que los cambios no son “naturales” y, como plantea el comunicado, parecen responder a motivaciones “político-ideológicas”. Por su parte, dijo que la asociación no cuenta con información sobre cuáles fueron los argumentos que motivaron los cambios.
Definiciones
El profesor e historiador Carlos Demasi, quien se ha especializado en el pasado reciente, manifestó a la diaria su acuerdo con el comunicado de la APHU. Según dijo, el Codicen parece adoptar “una visión negacionista” que “intenta amortiguar lo que para la sociedad uruguaya representó la dictadura y todo ese período de terrorismo de Estado”. En ese sentido, explicó que la versión final del programa de Historia sigue una línea argumental que “era clásica en la dictadura”, ya que responsabiliza de las violaciones de los derechos humanos de esos años a las acciones de la guerrilla previas al golpe. “Por eso creo que equipara a la guerrilla como violadora de derechos humanos”, analizó.
Demasi coincidió con la APHU en que “ninguna de las convenciones sobre derechos humanos plantea que un particular pueda violar los derechos humanos, salvo que ejerza las condiciones de poder estatal”. Según completó, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en Uruguay “nunca violó los derechos humanos”, aunque sí “cometieron delitos que están previstos en el Código Penal”. “Si hubieran dominado un territorio, hubieran actuado como poder del Estado en ese territorio, y ahí hubieran hecho las mismas acciones que hacían normalmente, entonces sí cometían violaciones de los derechos humanos”, dijo, y agregó que eso ocurrió en países como Colombia, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) proclamaron la República de Marquetalia y actuaban como poder estatal en ese territorio. “Allí sí pueden ser acusados de violación de derechos humanos”, sostuvo.
Según el historiador, “el hecho de equiparar los delitos en el Código Penal que el Estado debe castigar y que además fueron castigados duramente durante la dictadura con violaciones de derechos humanos” es “un intento de volcar la narrativa de la historia”. Al respecto, consideró que el argumento plantea que “las violaciones de derechos humanos del Estado no fueron otra cosa que una respuesta de lo que habían sido las acciones previas de la guerrilla”, algo que “justifica” lo hecho por el régimen dictatorial. Demasi analizó que ese tipo de argumentos están muy presentes en el discurso de Cabildo Abierto, que “cada vez que habla de la dictadura también habla de lo que ocurrió en los años 60” del siglo pasado, “como si fuera un justificativo”.
Adentro del aula
Según el historiador, la definición política del Codicen de renombrar los acontecimientos del pasado reciente tiene consecuencias en la forma en que los profesores de Historia se paran en sus clases. Si bien a priori puede pensarse que la libertad de Cátedra ampara a los profesores y que, en esa línea, el Codicen “no tiene forma de controlar” lo que hace cada docente, sí genera “un efecto fuerte”.
En primer lugar, Demasi habló de que este tipo de directrices “tienden a desprofesionalizar la acción docente”, ya que le “quita capacidad de acción” y, por lo tanto, “lo limita en su capacidad profesional”. “Lo que tiene de interesante la práctica docente es que está cambiando permanentemente, te planteás siempre nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos, nuevos desafíos, y ahí volveríamos a lo que ocurría con algunos docentes en la época de la dictadura, cuando los estudiantes hacían una pregunta y les decías ‘eso no se lo puedo contestar’”.
Por otro lado, habló de que el profesor queda “bajo la amenaza de la inspección”, en la medida en que en el registro de las clases dictadas anote en su libreta que dio el tema “terrorismo de Estado”. De la misma manera, consideró que podría verse “en una situación vulnerable” si un estudiante le dice en clase que los tupamaros también violaron los derechos humanos y tiene que explicarle que no fue así. “Eso puede ser objeto de un cuestionamiento y los cuestionamientos que se hacen a los docentes son catastróficos, siempre pasan por una exposición pública que se parece mucho a linchamiento”, planteó el historiador.
En esa línea, señaló que, más allá de que el profesor “se sienta fuerte para enfrentar esa situación de amenaza”, la mera posibilidad de que pueda ser objeto de un cuestionamiento público “te limita y te vuelve prudente”. “Una cosa que un profesor no debe hacer es volverse prudente, porque eso justamente limita todo lo que podía tener de importante y de formativo la enseñanza”, concluyó.
De todas formas, aseguró que “el docente se forma con una práctica y una bibliografía, y va a enseñar lo que esa práctica y esa bibliografía le dicen que tiene que enseñar”. Según resumió, “uno como profesor no puede mentir” y, si los alumnos perciben que el docente está diciendo algo que no cree o habla de algo que no sabe, en ese momento pierde “toda autoridad” y respeto ante ellos.
Por todo ello, Demasi valoró que el cambio de terminología en el programa “no logra el objetivo de que los alumnos salgan de las aulas convencidos de que los tupamaros violaron los derechos humanos ni de que la dictadura en realidad no practicó el terrorismo de Estado”. No obstante, consideró que “sí se logra una pérdida en la calidad de la enseñanza que los alumnos perciben inmediatamente”.
Via La Diaria
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