NO SE HICIERON CARGO URUGUAY FRACASO EL GOBIERNO

 

NO SE HICIERON CARGO

Inseguridad: el gobierno fracasó

El fracaso del gobierno en materia de inseguridad es apabullante, y no se disimula con los discursos a favor de los allanamientos nocturnos.

Por Carlos Peláez en Caras y Caretas

Cuando faltan apenas 10 semanas para las elecciones nacionales, diferentes actores del Gobierno ensayan respuestas ante la creciente situación de violencia e inseguridad. Los planes de Sanjurjo pasaron al olvido, ahora van por los allanamientos nocturnos y la declaración de emergencia. Mientras crecen los homicidios, las bandas de narcos se adueñaron de algunos barrios montevideanos.

El esfuerzo del Gobierno en materia de seguridad estuvo centrado en comparar su gestión con la pasada frenteamplista. Cada mes difundían sus datos que mostraban un descenso en la mayoría de los delitos. Pero no decían toda la verdad, porque en realidad sus números correspondían a las denuncias realizadas, no a la cantidad de delitos cometidos. Recién en el último tiempo, a fuerza de dejarlos en evidencia, comenzaron a hablar de denuncias.

Falsearon y ocultaron datos

Los años de pandemia concurrieron en su favor porque, aunque lo negaron una y otra vez, los delitos disminuyeron significativamente aquí y en todo el mundo. Por otro lado, se dificultaron las denuncias todo lo que pudieron, lo saben todas las personas que alguna vez debieron concurrir a una comisaría. Pero también se falsearon datos, se ocultaron delitos o se consignaron mal.

La realidad pudo más y hoy los ciudadanos viven atemorizados porque la actividad delictiva es cada día más violenta. Ya nos hemos acostumbrado al asesinato diario y a que cada fin de semana tengamos varios homicidios. Tuvo que irrumpir Pedro Bordaberry en la campaña electoral a decirles que “los uruguayos estaban desesperanzados” con la seguridad para que enseguida Guido Manini Ríos pidiera que se declare una “situación de emergencia” y un papel más activo para el Ejército en apoyo de la Policía. Mientras tanto, insisten pidiendo el apoyo para el plebiscito por los allanamientos nocturnos. Pero a ninguno se le ocurrió aún ni una sola idea para combatir la corrupción y el lavado de dinero. Por supuesto que nadie dice una palabra acerca de la enorme corrupción existente en filas policiales. Parece de Perogrullo, pero hay crimen organizado porque hay corrupción y porque nadie va tras el dinero ilegal que se inyecta en la economía nacional.

No estaban preparados

En los “mentideros políticos” se aseguraba en el año 2020 que el presidente Luis Lacalle Pou le había dado el Ministerio del Interior a Jorge Larrañaga como forma de quitarse de arriba a un posible competidor a futuro, consciente de que lo condenaba. Pero lamentablemente Larrañaga falleció muy pronto cuando aún era joven. Sin embargo, en el año que ocupó el cargo de ministro, destinó sus mayores esfuerzos a desmantelar la Policía que había heredado, desplazando a jóvenes oficiales, muchos con formación universitaria, para convocar a integrantes de la “vieja guardia” con todos los antecedentes y vicios que estos tenían. Creyó que con consignas vacías de contenido podía lograr la adhesión policial y mejores resultados, pero en ese año por lo menos 7 de 19 jefes de policía departamentales fueron sustituídos por irregularidades y algunos procesados. Lo mismo ocurrió con varios oficiales ubicados en cargos de jerarquía. El Sindicato Policial de Maldonado (SIPOLMA), uno de los más viejos, ya había reclamado la destitución del director nacional de Policía Diego Fernández, afirmando que “la fuerza está liderada por retirados nostálgicos que reinstalaron viejas prácticas dañinas”. Larrañaga asumió el papel de “primer policía” y así se lo vio en diferentes operativos, o sobre el helicóptero controlando que la gente no se reuniera en plena pandemia. Le declaró la guerra a los narcos, tal vez creyendo que éstos se asustarían y no reaccionarían ante la amenaza. Pero otra vez la realidad nos demuestra hoy ese error brutal. Las bandas barriales de traficantes se prepararon para enfrentar a la Policía. Construyeron bunkers para esconderse, accedieron a armas automáticas de calibres poco frecuentes en Uruguay, formaron sicarios y pequeños ejércitos locales muy bien armados. Eso es lo que se vio en Villa Española y se ve hoy en Cerro Norte. Ya nadie recuerda hoy la gestión de Larrañaga. Todo un símbolo de su fracaso. Quienes le conocieron y apreciaron, seguro hubieran querido otro final. Le sucedió el secretario general del herrerismo, Luis Alberto Heber, un improvisado absoluto en cuestiones de seguridad. Tanto, que le terminó cediendo el mando político del Ministerio a la propia Policía. Los resultados no tardaron en verse. Primero le otorgaron un pasaporte a Sebastián Marset cuando sabían que estaba preso en Dubái y era uno de los mayores narcotraficantes de la región. Entonces se organizaron para mentirle al Parlamento y terminaron destruyendo un documento público. Todo el caso es investigado por Fiscalía en dos causas: el otorgamiento del pasaporte y la destrucción del documento. Las declaraciones en Fiscalía de la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, conocidas a través de Búsqueda, generaron el mismo día la destitución –disfrazada de renuncia– de Heber, del canciller Francisco Bustillo, del asesor presidencial Roberto Lafluf y del exsubsecretario de Interior, Guillermo Maciel. Pero antes de este final, y poco después del asunto Marset, fue detenido Alejandro Astesiano, jefe de la custodia personal del presidente. Lo que comenzó como una investigación por pasaportes adulterados, destapó la existencia de espionaje a senadores, al presidente del Pit-Cnt y a un exdirector nacional de Policía. Pero también se conocieron arreglo de licitaciones, uso del Sistema de Gestión de Seguridad Pública para investigar a terceros y una enorme saga de abusos y arbitrariedades cometidas con complicidades e impunidad. El caso se llevó a la mitad de las máximas jerarquías policiales y a una fiscal. Hay una investigación abierta, que tiene una enorme cantidad de documentación a estudio. Pero recientemente, Mónica Ferrero, fiscal de Corte suplente, antes de dejar el cargo negó autorización para periciar en el extranjero el celular de Astesiano que tiene la Policía, aunque usaba tres según dijo en su momento la entonces fiscal Gabriela Fossati. Por si todo esto fuera poco, en medio cayó el senador herrerista Gustavo Penadés, formalizado por 22 delitos vinculados a abuso sexual de menores. Este caso también llevó a la cárcel a un alto jerarca policial y mostró complicidades varias. Heber fue uno de los que más apoyó a Penadés cuando se conocieron las denuncias encabezadas por una militante nacionalista, aunque luego de la imputación se mostró arrepentido. Sus tres años al frente del Ministerio solo serán recordados por los escándalos descubiertos que de una manera u otra también involucraron a policías. Le sucedió Nicolás Martinelli, alguien sin ninguna experiencia en seguridad ni en gestión ministerial. Y lo primero que se supo de él fue que era un asiduo concurrente a asados organizados por Gonzalo Aguiar, el empresario estafador asesinado en Maldonado por su expareja en febrero pasado.

¿Qué Policía tenemos?

Los tres ministros hicieron de la comparación con la gestión pasada el centro de sus esfuerzos. Los delitos pasaron a ser números, error que comparten con el Frente Amplio, sin tener en cuenta que detrás de cada número, de cada dato, hay seres humanos. Si hubieron diez o cien rapiñas más o menos, solo indica que sigue habiendo rapiñas y en número muy importante. Antes y ahora. Los homicidios crecen cotidianamente. Homicidios que provocan espanto. Dicen los investigadores policiales que, en general, el homicidio es un delito muy difícil de prevenir. Y en general es así. Pero ahora la Policía sabe que ante la muerte de un integrante de una banda, viene la represalia que deja en evidencia las debilidades que en materia de inteligencia tiene nuestra Policía. Jerarcas policiales, a pedido de Astesiano, usaron recursos del Ministerio del Interior, usaron horas y esfuerzos para intentar probar que Marcelo Abdala, presidente de la central sindical y cuya única falta era haber chocado alcoholizado a dos autos estacionados, compraba pasta base en una boca de la Ciudad Vieja. Pero resultó que no era una boca, sino un pequeño supermercado donde el investigado hacía compras. Se pueden citar mil casos, y tal vez nos quedaríamos cortos, donde no solo falló la inteligencia sino que además se revelaron complicidades. Por ejemplo: un par de años atrás, una fuente de la Brigada Antidrogas contó a Caras y Caretas que “durante meses habían vigilado una casa donde sabían que había droga, armas, dinero y hasta chalecos antibalas. Obtuvieron la orden judicial y, apenas amaneció, ingresaron. No había nada. La filtración solo pudo llegar de algún policía o, peor, de algún jerarca, porque muy pocos sabían de ese operativo”. Los mismos funcionarios se preguntaron “¿cómo podemos confiar en nuestros superiores si nos enteramos que le avisan a los delincuentes que van a ser allanados? Nosotros le ponemos el cuerpo a las balas y ellos nos entregan. ¿De quién tenemos que cuidarnos?”, volvieron a preguntarse. El exdirector nacional de Policía, Julio Guarteche, explicaba que "la corrupción significa un flanco que no podemos dar al crimen organizado. Ninguna actividad delictiva avanza si no hay corrupción que la ampare". El 15 de junio pasado los cadáveres de dos conocidos abogados de Maldonado fueron encontrados en medio de un incendio desatado en un pequeño y solitario rancho ubicado en las sierras de Garzón. A partir de un informe de Bomberos, que ahora se sabe que lo hizo un agente que nunca fue al lugar y contiene varios errores, se dejó correr la versión de que se había tratado de un accidente provocado por el uso de un líquido acelerante para encender la estufa de leña. Sin embargo, algunos policías ya manejaban la hipótesis de doble homicidio porque “muchas cosas no les cerraban”. Pero la Jefatura local no insistió y prefirió dejar correr la versión del accidente. Este miércoles pasado, la abogada de la familia de los fallecidos, Ana Silvia Rodríguez, informó de los resultados de una pericia privada, encargada por familiares y amigos, que revela lo que mucha gente sospechaba: los abogados fueron asesinados. Se trata de un crimen brutal, que no tiene muchos antecedentes en el país. Pero para peor, se cometió contra dos profesionales conocidos, respetados y muy queridos, y deja muy mal parado al jefe de Policía Erode Ruíz, ya que se perdieron dos meses de tiempo en la investigación.

Allanamientos nocturnos y el relato de un ex juez penal

En la próxima elección de octubre también se pebiscitará una modificación a la Constitución de la República para permitir los allanamientos nocturnos, propuesta por el senador nacionalista Carlos Camy. Según las encuestas, la ciudadanía, ya desesperada por la situación, parece dispuesta a aprobarla. De nada ha valido las advertencias de prestigiosos abogados, e incluso expolicías, acerca de que no solo significará ceder algo más de nuestros derechos y libertades, sino que tampoco resolverá el problema. Por su parte, el senador Manini Ríos acaba de proponer que el Gobierno declare la “emergencia en seguridad”, pero sin explicar el alcance ni en qué consistiría. Hasta poco tiempo atrás, el general retirado no era proclive a que efectivos militares colaboraran con la Policía en tareas de seguridad. Y lo explicaba señalando las diferencias de preparación y en el uso de armas de alto calibre que, eventualmente, podrían provocar muchos daños colaterales. Sin embargo, cambió de posición y ahora dijo ser partidario de la colaboración Ejército-Policía. Los partidarios de los allanamientos nocturnos aseguran que existen en todo el mundo. Pero no dicen cuántos países los aplican ni cuáles son los resultados. La Policía no tiene esa experiencia, pero los militares saben que las operaciones nocturnas son las de más riesgo y exigen mayor preparación. Unos años atrás, el ex juez penal Homero Da Costa relató a este cronista cómo actuaban funcionarios policiales corruptos de Montevideo. El primer caso fue la detección por parte de un grupo de policías honestos de que en una seccional policial capitalina, a cambio de una importante suma de dinero, se aseguraba a un par de delincuentes la impunidad en determinadas zonas de su jurisdicción. Les garantizaban que en horas a convenir entre ellos, estos malvivientes podían actuar libremente porque los efectivos de la seccional no iban a perseguirlos y solamente harían una parodia de intervención. Se hizo un seguimiento del asunto por varios meses, hasta que se logró determinar el lugar y la hora en que se haría la entrega del dinero a los policías. “Pero en esos días comenzó la Feria Judicial menor y el día de la entrega no pude intervenir en la coordinación del procedimiento”, relató el exmagistrado. “El juez de Feria actuó perfectamente, pero hubo un apresuramiento en el afán de que todo saliera correctamente y, si bien se logró la detención de uno de los delincuentes y de algunos policías, no se logró detener al comisario de la seccional que era quien dirigía la maniobra delictiva. Se logró procesar a algunos funcionarios subalternos, a un oficial principal no se lo pudo procesar pero se obtuvo su retiro del instituto policial, pues era encargado de la seguridad de una importante mutualista, cuando estaba específicamente prohibido el ejercicio de tales tareas. Se desbarató la organización y momentáneamente se terminó con la impunidad”, agregó el exjuez. “El otro caso ocurrió cuando varios jueces penales habían detectado que los encargados de las investigaciones solicitaban una cantidad exagerada de órdenes de allanamiento, las cuales en su inmensa mayoría no arrojaban resultados positivos. Uno de esos jueces siempre fue reacio a otorgar órdenes de allanamiento sin fundamentos claros y específicos. Con otros funcionarios judiciales comenzaron a indagar a los detenidos respecto a si habían sufrido algún abuso policial. Pero fue entonces cuando varios abogados defensores, tanto de oficio como privados, comenzaron a confiarles relatos que les hacían sus defendidos y que explicaban las solicitudes de allanamiento. Supieron entonces que los policías que efectuaban los allanamientos les sacaban la droga a sus defendidos, así como todos los efectos que tenían en su poder por la venta de los estupefacientes, tales como electrodomésticos, instrumentos musicales y los más variados objetos. Les decían que iban a informar al juez que no habían encontrado nada y que por tanto no los detendrían, pero que en 10 o 15 días iban a volver y tenían que entregarles a cambio 200.000 pesos. Si no lo hacían, juntarían más droga de otros procedimientos, pedirían un nuevo allanamiento a otro juez, les meterían la droga, los detendrían y los pondrían a disposición judicial listos para ser procesados. Era una inversión segura: ningún detenido iba a denunciar el procedimiento policial deshonesto pues supondría autoincriminarse. Es obvio que no podrían denunciar lo ocurrido, pues no podrían justificar cómo tenían en su poder los efectos. Esta modalidad era la más peligrosa, pues conllevaba un aumento desmedido de los delitos de hurto y de rapiña, porque los dueños de las bocas de venta de droga le urgían a sus clientes que salieran a robar y a rapiñar para conseguir el dinero que debían entregar a los policías corruptos. Otra modalidad similar consistía en que un par de policías que patrullaban en móviles entraran de noche en cualquier boca de drogas y, mediante amenazas con armas, se llevaran todos los efectos que se encontraban en el lugar. Ante las protestas de los dueños de la boca, los policías les decían que no se hicieran problemas, que fueran a la seccional a denunciarlos. Obviamente no iban a denunciarlos, pues nadie iría a una dependencia policial a decir que les habían robado los efectos de un delito”. ¿Alguien, en su sano juicio, creerá que hoy sería diferente?