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1/04/2025

El Salvador de Bukele: mil días de un modelo de “seguridad” que viola los derechos humanos


El Salvador de Bukele: mil días de un modelo de “seguridad” que viola los derechos humanos



OTHER NEWS (Por Juan Carlos Ruiz* – Diario 16) – Las graves violaciones de derechos humanos en El Salvador durante el régimen de excepción incluyen abuso estatal, miles de detenciones arbitrarias, torturas y cientos de muertes bajo custodia estatal

 

Desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, la organización Amnistía Internacional ha monitoreado la situación, realizando cinco misiones al país para documentar patrones de graves violaciones de derechos humanos. Tras cada visita la organización ha constatado el deterioro progresivo de la situación de las víctimas y sus familiares, que profundiza la crisis de derechos humanos en el país. El gobierno salvadoreño ha respondido a las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, los movimientos de víctimas, los  señalamientos de los mecanismos regionales y los llamados de la comunidad internacional con silencio, indiferencia y opacidad, consolidando un modelo de represión e impunidad.

El incremento de la militarización de la seguridad pública, especialmente en comunidades marginadas y empobrecidas, ha evocado los horrores del pasado, cuando las fuerzas armadas ejercían un control represivo sobre la población. Este enfoque, combinado con la estigmatización de agentes del Estado en contra de las organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente y la obstrucción de su labor, ha creado un clima de miedo e intimidación que sofoca el espacio cívico y fomenta la autocensura.

"Lo que el gobierno llama 'paz' en realidad es un espejismo que pretende esconder un sistema represivo, una estructura de control y opresión que abusa de su poder y descarta los derechos de quienes ya habían sido invisibilizados - las personas que viven en pobreza, bajo el estigma estatal y la marginación -, en nombre de una supuesta seguridad definida de una forma muy limitada", dice Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Un patrón de detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas

Durante 1.000 días, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 83.000 personas, amparándose en una medida excepcional y temporal que, hasta la fecha, sin una evaluación y discusión adecuada ni contrapesos internos, ha continuado prorrogándose de forma consecutiva por 33 ocasiones, convirtiéndola en una política de Estado.

Amnistía Internacional ha documentado, mediante entrevistas con miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos y movimientos de víctimas, que muchas detenciones se realizaron bajo imposiciones de cuotas diarias, acusaciones anónimas y factores discriminatorios como tener tatuajes o residir en comunidades estigmatizadas por la pobreza y la violencia de pandillas. En los más de 60 casos documentados por la organización, no se encontraron órdenes administrativas o judiciales ni investigaciones previas que sustentaran dichas detenciones.

En cambio, se constató un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, en los arrestos realizados, y una política de detenciones masivas que ignora estándares internacionales de derechos humanos, como el principio de legalidad, el derecho a un juicio justo y la prohibición absoluta de la tortura y la discriminación.

"Detener a personas sin pruebas y enjuiciarlas de forma masiva no es justicia; tampoco es una solución efectiva y sostenible a los retos históricos en materia de seguridad, más bien, es un abuso que ignora la dignidad humana y perpetúa el sufrimiento de quienes ya han sido históricamente marginados por las políticas estatales", afirma Piquer.

Condiciones inhumanas y muertes bajo custodia estatal

El 1,8% de la población salvadoreña está privada de libertad, la tasa más alta del continente. De acuerdo a datos del último censo poblacional, 3 de cada 100 hombres están en prisión. Esto ha generado una crisis de hacinamiento extremo en la mayoría de los centros penales, cuya capacidad, en algunos casos, supera el 300% desde el inicio del régimen de excepción, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil. Las víctimas describen esta situación como un "infierno", caracterizado por la falta de atención médica, servicios básicos deficientes como alimentación y agua, y frecuentes tratos crueles, degradantes, inhumanos, e incluso tortura. Según organizaciones locales, se registran más de 300 muertes bajo custodia estatal. Amnistía Internacional ha documentado y tenido acceso a información sobre casos de personas fallecidas debido a palizas, torturas y la falta de atención médica oportuna.

"Cada muerte bajo custodia es una tragedia humana y un fracaso sistemático del Estado salvadoreño para garantizar la vida de las personas bajo su cuidado", señala Piquer. "Además preocupa que, a pesar de las denuncias, el gobierno no ha investigado estas muertes ni tomado medidas para garantizar la justicia y prevenir futuros abusos".

La actuación de la Dirección General de Centros Penales ha promovido desde que inició la implementación del régimen de excepción la adopción de una política de tratos crueles y degradantes, incluida la tortura en interior de los centros de detención. De acuerdo con organizaciones locales, y a casos documentados por Amnistía Internacional, sus máximas autoridades han bloqueado tanto la supervisión de las cárceles por parte de la PDDH como el acceso del Instituto de Medicina Legal para realizar peritajes médicos, incumpliendo incluso resoluciones judiciales. Además, han desobedecido de manera reiterada órdenes judiciales que disponen la liberación de personas, lo que constituye una grave violación del debido proceso y los derechos humanos.

"Seguridad" sin justicia no es seguridad

La falta de debido proceso es alarmante: audiencias masivas, jueces de identidad reservada y la ausencia de una defensa técnica efectiva han violado de manera sistemática los derechos como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

Este escenario es posible debido a la cooptación gradual del sistema judicial que se ha implementado desde 2021 y que mina su independencia, así como al entramado legal que, a base de reformas legales exprés emitidas por la Asamblea Legislativa, se ha aprobado bajo el pretexto de facilitar la implementación del régimen de excepción, las cuales permiten y otorgan apariencia de legalidad a la suspensión de un conjunto de derechos y garantías al debido proceso. Los principales cambios introducidos incluyen: la aplicación automática de la detención preventiva a delitos ligados a maras o pandillas, sin análisis individual sobre la necesidad de esta medida para - por ejemplo, evitar la comisión de un delito grave o el riesgo de fuga -; y la eliminación de límites de tiempo de la prisión preventiva para delitos asociados a grupos terroristas o ilegales. Esto último habilita su uso por un tiempo indefinido y atenta contra el derecho a ser juzgados o liberados en un plazo razonable.

Además, el debilitamiento de instituciones responsables de asegurar la defensa de las personas en el país, como la Procuraduría General de República es otro elemento que ha vulnerado el derecho a una defensa técnica de las personas que están siendo procesadas bajo el régimen de excepción.

De igual manera, la ausencia de una actuación efectiva por parte de la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para investigar y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias son elementos que agravan la situación de las personas detenidas.

En su conjunto, estas acciones y omisiones estatales proporcionan indicios de un plan para mantener privadas de libertad a miles de personas, a pesar de que sus perfiles no evidencian nexos con pandillas.

"La prolongación del régimen de excepción y su normalización en la legislación reflejan una preocupante institucionalización de políticas que viola masivamente derechos humanos. Seguridad sin justicia y sin proteger a las personas inocentes no es una verdadera seguridad. Lejos de resolver el problema integralmente, las autoridades solo están llevando al país a un abismo y pisoteando los derechos humanos de toda una generación", concluye Ana Piquer. "La comunidad internacional debe actuar de manera decidida para exigir al Estado salvadoreño que rinda cuentas y ponga fin a estas violaciones generalizadas de derechos humanos".

*Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información

 

Imagen: X

 

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El «Por ahora» tras las rejas: una guerrillera y la aurora bolivariana Geraldina Colotti Rebibbia, Sección de Alta Seguridad, 1992. Las paredes grises y el eco metálico de las puertas eran ahora el universo de la joven, otrora militante de las Brigadas Rojas. Su ideal de transformación social, forjado en la efervescencia de los llamados años de plomo, la había llevado a un camino de clandestinidad y, finalmente, después de sobrevivir a un tiroteo en el que los carabineros querían acabar con ellos, a esta celda fría donde el tiempo se medía en el parpadeo fluorescente del techo, en el olor de los libros sin cubierta –los únicos permitidos– , en la tinta de los periódicos que se podían encontrar, que manchaba los dedos, pero daba la ilusión de continuar con un hábito indispensable de los años de la guerrilla, cuando era esencial mantenerse informado sobre la situación política y los movimientos del enemigo. Y luego estaba el ritual de los noticieros, que afuera se escuchaban y comentaban juntos en las casas clandestinas. En la celda, ella los escuchaba sola, después de cerrar los libros o los cuadernos, y los comentaba maldiciendo en voz baja, para evitar que las guardias la tomaran por loca. En la pequeña pantalla, incrustada en el muro, las imágenes parpadeaban con la monotonía de siempre: política italiana enredada en escándalos, ecos lejanos de la caída del Muro, la omnipresente sombra de la Guerra del Golfo. Pero una tarde, una figura inesperada irrumpió en la rutina visual. Un militar joven, de uniforme verde oliva y boina roja, con una determinación palpable en la mirada, se dirigía a las cámaras tras un fallido intento de rebeldía en un país lejano llamado Venezuela: «El típico golpe de estado del típico gorila latinoamericano», había comentado el cronista. Pero ella, curtida en el análisis político y la lectura entre líneas, sintió una punzada de curiosidad. Las palabras del comandante, un tal Hugo Chávez, resonaron en el aire viciado del encierro: «Por ahora». Una promesa suspendida, una derrota que no era final. En ese «por ahora», la brigadista sentenciada, vislumbró una chispa, un eco distante de la rebeldía que creía extinguida en los laberintos de su encierro carcelario, mientras se iba imponiendo la narrativa posmoderna del fin de las ideologías y de toda esperanza de cambio para las clases populares. Años después, las rejas de Rebibbia comenzaron a ceder levemente. Gracias a permisos de trabajo externo, la brigadista experimentó el contraste brutal entre la rigidez del encierro y la relativa libertad del mundo exterior, pero bajo una censura y un control igualmente brutal, de un sistema cómplice para el cual solo eran peligrosos terroristas a silenciar. Trabajaba en un pequeño periódico de izquierda, en medio de “sobrinos políticos” que apenas soportaban sus elecciones, y menos aún los constantes controles armados de las fuerzas policiales. Fue allí donde la figura de Chávez y su Revolución Bolivariana comenzaron a tomar forma, nutriéndose de retazos de noticias, comentarios sesgados y la persistente propaganda negativa que los medios occidentales vertían sobre el proceso venezolano, aderezada incluso con apreciaciones racistas. Para la brigadista, que ahora empuñaba el teclado como antes las armas, la distorsión informativa era una vieja conocida. Reconocía las estrategias de demonización, la simplificación burda de procesos complejos, la omisión sistemática de las voces populares. La Revolución Bolivariana era presentada como una deriva autoritaria, un régimen populista abocado al fracaso, una amenaza para la «democracia» y el «orden internacional». Pero la imagen del joven comandante diciendo «por ahora» seguía grabada en su memoria. Había algo genuino en esa derrota anunciada, una conexión palpable con un pueblo que parecía hastiado de la vieja política. Ahora, desde su segunda vida, la brigadista comenzó una silenciosa labor de contrainformación. Devoraba artículos académicos, buscaba fuentes alternativas en internet (una tecnología aún incipiente pero reveladora), analizaba los discursos de Chávez con la misma meticulosidad con la que antes planificaba acciones clandestinas. En la redacción, junto a los pocos que mantenían un juicio abierto sobre la revolución bolivariana, aprovechaba cualquier resquicio para deslizar comentarios que cuestionaban la narrativa dominante. Con sus colegas, debatía sobre la nacionalización del petróleo, los programas sociales masivos, la participación popular en la política venezolana. Su mirada analítica, entrenada en la crítica radical, detectaba las inconsistencias y las manipulaciones de la propaganda anti-bolivariana. Del contacto con las embajadas, llegaban noticias de primera mano, diferentes a las difundidas por las agencias de prensa. No se trataba de una conversión automática ni de una adhesión ciega. Como revolucionaria del siglo XX, y como marxista de escuela europea, ella conservaba su espíritu crítico y sus reservas sobre ciertos aspectos del proceso, sobre todo sobre el tema de la toma del poder y de la falta de expropiación de la burguesía. Pero reconocía en la Revolución Bolivariana un intento real, aunque imperfecto, de desafiar el statu quo, de dar voz a los excluidos, de construir una alternativa al neoliberalismo rampante que asolaba el planeta. Para la brigadista que vio una promesa tras las rejas, la Revolución Bolivariana se había convertido en una interrogante crucial. Ya no se trataba de la lucha armada en las calles italianas, sino de una batalla más sutil, pero igualmente trascendente: la lucha por la verdad contra el imperio de la desinformación. Y en esa trinchera, con las herramientas de su formación política y de su actual profesión, comenzaba a desenmascarar las sombras proyectadas sobre la esperanza que había germinado de un simple «por ahora» pronunciado al otro lado del Atlántico. Su «por ahora» personal se había transformado en una búsqueda incansable por comprender y difundir la complejidad de un proceso revolucionario que resonaba con ecos de sus propios sueños inconclusos. Por eso, jamás, en ningún momento, abandonaría la revolución bolivariana. “Por ahora”. Y para siempre. Cuando la militante terminó su condena y pudo viajar, vivió de cerca la fuerza del Chávez orador y comunicador de la historia. No solo transmitía directrices políticas; narraba la epopeya bolivariana, conectando el presente de la Revolución con las gestas independentistas de Simón Bolívar. Chávez usó la comunicación como una herramienta pedagógica para elevar la conciencia de clase, forjar la identidad soberana y recordar al pueblo sus raíces de lucha. Su insistencia en la historia no era nostalgia, sino un recordatorio constante de que la lucha contra el imperialismo y la oligarquía era un ciclo que se repetía, y que la victoria dependía de la unidad y la voluntad popular. Esta conexión histórica resulta vital para entender la opción revolucionaria en el siglo XXI. Para la ex guerrillera, formada en la militancia radical europea, la experiencia de la Revolución Bolivariana - aunque sin dictatura del proletariado - devolvía la vigencia a la necesitad de la ruptura radical. El siglo XX, con sus intentos de toma del poder por la vía armada, como fue el caso de la guerrilla urbana en Italia, representa una fase histórica cuyas lecciones deben ser comunicadas y analizadas sin los filtros de la condena oficial. Estas experiencias, si bien no siempre exitosas o exentas de errores, demostraron la disposición de algunos sectores a llevar la lucha de clases a sus últimas consecuencias. Comunicar esta historia en el presente no es hacer apología de la violencia, sino recordar que la oligarquía y los grandes grupos económicos jamás cederán su poder voluntariamente. La firmeza revolucionaria es una necesidad histórica. La opción revolucionaria, comunicada y mantenida como principio, es lo que da a un líder la fuerza moral y política para no ceder. Chávez lo demostró: nunca se doblegó ante los diktat de Washington porque mantenía la soberanía como un valor no negociable. Una lección aprendida de la historia, que Nicolás Maduro, otro gran comunicador popular, sigue enseñando con la misma determinación y valentía: más aún en este momento en que, como prisionero de guerra del imperialismo estadounidense, nos envía el símbolo de la firma de Chávez, para renovar de este modo la promesa del “por ahora”.

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