Encubrimiento y complicidad en Bolivia

ENCUBRIMIENTO Y COMPLICIDAD EN DELITOS INTERNACIONALES: UNA MIRADA JURÍDICA Y POLÍTICA DESDE BOLIVIA

Por Lic. Rubén Suárez – Director RedContactoSur

En un Estado de Derecho, la justicia no debe estar sujeta a intereses personales, políticos ni económicos. Uno de los delitos más aberrantes que atenta contra la dignidad humana es la trata y tráfico de personas, considerado no solo un crimen nacional sino un delito internacional, por su carácter transnacional, organizado y violento. Encubrir a los responsables de este delito representa una grave complicidad que debe ser sancionada con todo el peso de la ley.

El delito y su carácter internacional

La trata y tráfico de personas está tipificada en el Código Penal Boliviano bajo el Art. 321 bis y siguientes, con penas que van de 10 a 15 años de prisión, agravadas cuando existen circunstancias especiales como la participación de funcionarios públicos, uso de violencia, o afectación a menores. Además, Bolivia es parte de tratados internacionales como el Protocolo de Palermo, suscrito en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, lo que impone una obligación directa al Estado para prevenir, investigar, sancionar y colaborar internacionalmente contra este flagelo.

Complicidad y encubrimiento: delitos conexos

Toda persona que, sabiendo que alguien está siendo buscado por la justicia mediante una orden de aprehensión por trata y tráfico, y lo encubre, protege o impide su captura, incurre en el delito de encubrimiento, regulado por el Art. 171 del Código Penal boliviano:

> “El que con conocimiento de la comisión de un delito, sin haber participado en él, ayuda al autor a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de la justicia, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años.”

Cuando esta conducta se realiza con intención de ocultar a un autor de delitos tan graves como la trata, el hecho toma una dimensión más profunda: se convierte en complicidad moral y política frente a un crimen internacional.

Responsabilidad agravada si el encubridor es funcionario público

Si quien encubre a una persona con orden de aprehensión por trata y tráfico de personas ostenta un cargo público, autoridad o poder político, se configura un agravante adicional. El principio de legalidad y transparencia exige que todo servidor público actúe conforme a la ley, y su deber es coadyuvar con la administración de justicia, no obstruirla.

El Artículo 154 del Código Penal sobre incumplimiento de deberes, y el Artículo 174 sobre resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, también podrían ser aplicables cuando se demuestra una intención deliberada de proteger a un delincuente.

Impunidad: un crimen político

El encubrimiento no es solo una infracción penal, es una traición a las víctimas y un golpe a la institucionalidad democrática. Permitir que quienes cometen trata de personas encuentren refugio en círculos de poder o entre militantes de partidos políticos no es sólo una falla legal, es una perversión del sistema de justicia y un acto de violencia estructural.

Por tanto, como sociedad debemos exigir que se investigue no solo al autor del crimen, sino a toda la red de protección, encubrimiento o complicidad, ya que sin esos cómplices, estos delitos no podrían perpetuarse. La justicia debe alcanzar también a quienes, por acción u omisión, obstruyen el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Conclusión

La lucha contra la trata y tráfico de personas no se libra solamente en los tribunales, sino también en el terreno político, social y ético. Es hora de asumir que encubrir a un criminal buscado por la justicia, especialmente en delitos internacionales, no es un acto de lealtad política ni familiar: es una forma de criminalidad secundaria, una cooperación dolosa con el crimen.

Bolivia no puede permitir que sus instituciones se vean sometidas a redes de encubrimiento o intereses oscuros. Si aspiramos a un país justo y soberano, debemos empezar por decir la verdad, actuar con coherencia y exigir justicia sin privilegios.

Mayo 2025