Argentina vuelve a la esclavitud de la mano de Milei

 

Argentina vuelve a la esclavitud de la mano de Milei (2026)9

Una contrarreforma laboral contra el proletariado y contra el constitucionalismo social

27 de febrero de 2026

Por Lic. Rubén Suárez
Director de Red Contacto Sur

La reforma laboral impulsada por el gobierno de no puede leerse como una mera actualización normativa en clave técnica. Se trata, más bien, de una transformación estructural del régimen de relaciones laborales argentino, cuyo sentido histórico es regresivo: desplaza el eje protector del derecho del trabajo, erosiona el poder colectivo del proletariado y reconfigura el equilibrio entre capital y trabajo en favor del primero.

Desde la perspectiva del constitucionalismo social — cristalizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y reforzado por la jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos (art. 75 inc. 22) — el trabajo no es una mercancía sino un derecho humano. La reforma, sin embargo, lo reubica dentro de una lógica estrictamente mercantil.

El desmontaje del principio protectorio

El derecho laboral argentino nació como un derecho desigual para partes desiguales. Su principio rector — el protectorio — parte del reconocimiento de que el trabajador, individualmente considerado, se encuentra en situación de subordinación económica frente al empleador.

La ampliación de períodos de prueba, la flexibilización de despidos, la relativización de indemnizaciones y la promoción de esquemas contractuales individualizados erosionan ese principio. En nombre de la “libertad contractual”, se reintroduce una ficción liberal: la idea de que empleador y obrero negocian en pie de igualdad.

Pero en contextos de desempleo, precariedad y crisis social, la “libertad” individual se convierte en imposición estructural.

Convulsión social y resistencia obrera

Durante los días de tratamiento legislativo, el país vivió una fuerte convulsión interna. Obreros, trabajadores, organizaciones sindicales y movimientos sociales protagonizaron movilizaciones masivas frente al Congreso y en diversas provincias del país. El proletariado argentino — categoría que remite no solo a una identidad política sino a una condición material — se expresó con claridad: la reforma no significaba progreso, sino desprotección.

Las calles se poblaron de columnas sindicales, asambleas barriales, cacerolazos y paros parciales. No fue una reacción corporativa, sino una defensa histórica de conquistas obtenidas tras décadas de lucha.

Sin embargo, pese a la presión social, el oficialismo logró articular mayorías parlamentarias suficientes. Y allí emerge un dato político central: la aprobación no fue posible solo con los votos de la derecha liberal y conservadora. Contó también con el acompañamiento de legisladores que habían sido electos bajo identidades peronistas o con discursos vinculados a la defensa de los trabajadores.

Esa fractura interna revela una crisis de representación en el campo popular. La categoría de “traición” no es aquí un mero recurso retórico: expresa la ruptura entre mandato electoral y decisión parlamentaria.

Estado democrático y represión

Uno de los aspectos más preocupantes del proceso fue el uso sistemático de la fuerza pública frente a manifestaciones mayoritariamente pacíficas. En un Estado democrático, la protesta social constituye una forma legítima de expresión política. La respuesta estatal, sin embargo, incluyó operativos masivos de seguridad, utilización de gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones.

Este despliegue represivo plantea interrogantes sobre la calidad democrática del proceso. La criminalización de la protesta obrera no es un fenómeno nuevo en la historia argentina, pero su reaparición en el marco de una reforma laboral regresiva adquiere una significación particular: cuando el consenso social es débil, el poder recurre a la coerción.

Desde la óptica de los derechos humanos, la libertad de reunión, expresión y organización sindical no son concesiones del gobierno de turno, sino garantías constitucionales y obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino ante la y en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Reconfiguración del modelo social

La reforma laboral no puede analizarse aisladamente. Forma parte de un programa más amplio de desregulación económica, reducción del rol estatal y apertura irrestricta al capital financiero. El trabajo deja de ser un pilar del desarrollo nacional para convertirse en variable de ajuste destinada a mejorar indicadores de competitividad.

Sin embargo, la experiencia comparada muestra que la flexibilización extrema no garantiza crecimiento sostenido ni empleo de calidad. Sí produce, en cambio, fragmentación social, debilitamiento sindical y caída del salario real.

El riesgo es claro: consolidar un modelo de sociedad dual, donde una minoría integrada al circuito financiero global conviva con una mayoría precarizada, con derechos erosionados y menor capacidad de organización colectiva.

Democracia, conflicto y futuro

La democracia no se reduce al acto electoral. Se sostiene también en la vigencia efectiva de derechos sociales y en la posibilidad real de organización popular. Cuando el conflicto social se responde con represión y cuando el Parlamento legisla en sentido contrario a amplias mayorías movilizadas, se abre una grieta entre legalidad formal y legitimidad social.

Hablar de “esclavitud” puede parecer una metáfora extrema. Pero en términos históricos, toda forma de trabajo desprovista de protección colectiva y sometida exclusivamente a la lógica del mercado tiende a reproducir relaciones de subordinación que recuerdan etapas previas al constitucionalismo social del siglo XX.

La Argentina de 2026 enfrenta así una encrucijada: consolidar un modelo donde el mercado determine sin contrapesos las condiciones de vida del proletariado, o reconstruir un pacto social que vuelva a situar la dignidad del trabajo en el centro del proyecto nacional.

El desenlace no está cerrado. Dependerá de la capacidad de organización, conciencia y articulación política de las mayorías populares.

Lic. Rubén Suárez

Director
Red Contacto Sur
27 de febrero de 2026