EL PUERTO NO SE VENDE: SE DEFIENDE URUGUAY

 Montevideo, 10 de febrero de 2026

Red Contacto Sur

EL PUERTO NO SE VENDE: SE DEFIENDE

DENUNCIA POLÍTICA Y EXIGENCIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL NEGOCIADO PORTUARIO**

El fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anula la cláusula que consolidaba un monopolio privado en el Puerto de Montevideo deja al desnudo lo que desde Red Contacto Sur venimos denunciando desde el primer día: la entrega deliberada de un recurso estratégico del Estado uruguayo a intereses privados y extranjeros, en abierta contradicción con la soberanía nacional y los intereses reales del pueblo oriental.

No estamos ante un simple error administrativo ni frente a una diferencia de criterios jurídicos. Estamos ante una decisión política grave, tomada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que intentó blindar por décadas un negocio privado a favor de una empresa extranjera, limitando la competencia, hipotecando el desarrollo portuario y comprometiendo enormes ingresos de divisas que pertenecen al país.

LOS PUERTOS SON DEL ESTADO Y DEL PUEBLO, NO DE LOS NEGOCIANTES

El Puerto de Montevideo no es una mercancía ni un botín de guerra para gobiernos de turno. Es patrimonio del Estado uruguayo, construido con recursos públicos y sostenido por generaciones de trabajadores. Ceder su control, su operativa estratégica o su futuro a empresas extranjeras a cambio de migajas constituye un acto de entrega de soberanía económica.

El intento de consolidar un monopolio privado no solo perjudica al país en términos económicos, sino que viola el principio fundamental de que los recursos estratégicos deben estar al servicio del interés nacional, no de balances empresariales ni de acuerdos cerrados entre pocos, a espaldas del pueblo.

UN NEGOCIADO POLÍTICO QUE DEBE SER INVESTIGADO

Decirlo con claridad no es exageración ni discurso opositor:
lo ocurrido con el puerto fue un negociado político.

Un negociado que favoreció intereses privados, que condicionó al Estado por décadas y que fue presentado como un “logro de gestión”, cuando en realidad significó menos soberanía, menos control público y menos ingresos para Uruguay.

Por eso, desde Red Contacto Sur exigimos:

 Investigación judicial integral sobre el acuerdo portuario firmado en 2021.
 Determinación de responsabilidades políticas, administrativas y penales.
 Transparencia total sobre los beneficios otorgados, las condiciones pactadas y los actores involucrados.
 Revisión completa de toda política que haya comprometido la soberanía portuaria del país.

No alcanza con que el TCA anule una cláusula. La justicia debe ir hasta el fondo, porque cuando se compromete un recurso estratégico del Estado, no puede haber impunidad ni silencio cómplice.

SOBERANÍA O ENTREGA: NO HAY TERCERA POSICIÓN

Uruguay necesita puertos fuertes, competitivos y modernos, sí.
Pero al servicio del desarrollo nacional, no como plataformas de lucro extraordinario para empresas extranjeras protegidas por decisiones políticas irresponsables.

Lo que está en juego no es solo un contrato:
 es el modelo de país,
 es la soberanía económica,
 es el derecho del pueblo uruguayo a decidir sobre su propio patrimonio.

Como enseñó José Gervasio Artigas , la necesidad jamás puede justificar la entrega.

“No venderemos el rico patrimonio de los orientales
al bajo precio de la necesidad.”
José Gervasio Artigas

 

Lic. Rubén Suárez
Director
Red Contacto Sur
10 de febrero de 2026