Italia. Trabajo esclavo

 

Por Geraldina Colotti, 

Cuatro trabajadores migrantes encerrados dentro de un
vehículo por los intermediarios laborales (los
“caporales”) y quemados vivos en una auténtica
ejecución de corte mafioso, de la cual se salvó un
único superviviente que ha logrado contar toda la
verdad. Decenas de jornaleros muertos de fatiga, bajo
plásticos a más de 40 grados de temperatura en los
invernaderos del mediterráneo. Y el horror absoluto
en las campañas romanas, en el Agro Pontino, donde
un obrero agrícola indocumentado, tras sufrir la
amputación de un brazo por una maquinaria sin
sistemas de seguridad, no es llevado a un hospital,
sino abandonado en la carretera por su empleador,
desangrándose junto a una caja de verduras como si
fuera mercancía defectuosa.

No son ficciones de una distopía de terror. Es la
consecuencia directa del desmantelamiento de las
conquistas laborales, un proceso que, desde la Ley
Bossi-Fini hasta la actualidad, ha contado con la
complicidad de gobiernos de derecha y de un
centroizquierda subalterno a los dictados de la Unión

Europea. La negación del permiso de residencia y de
trabajo para quienes llegan al país es el mecanismo
que garantiza una reserva de mano de obra esclava, a
bajo costo. Este ejército de trabajadores precarizados
es utilizado, con demasiada frecuencia, por los
pequeños productores o emprendedores. Allí donde la
vigilancia es menor —debido al desguace sistemático
de los controles laborales—, la explotación se arraiga
con impunidad.

Al restringir drásticamente la protección especial y
endurecer las condiciones de acceso, el gobierno de
Meloni no busca gestionar el flujo, sino criminalizar
la existencia misma del migrante. La creación de
centros de reclusión en territorio albanés es el
corolario de esta política: una estructura costosísima y
profundamente antidemocrática, diseñada por la
extrema derecha para esternalizar la represión y
convertir el derecho de asilo en un objeto de gestión
carcelaria fuera de nuestras fronteras. Es la
materialización de un modelo neoliberal que pone en
el centro el capital sobre la vida, y obliga a una
respuesta militante y sin concesiones.
Esta lógica de desposesión y esclavitud moderna no es
exclusiva del campo; se extiende de forma idéntica

por el cemento de las grandes ciudades a través del
sector de la construcción. El reciente escándalo en las
obras del nuevo consulado de los Estados Unidos en
Milán revela la transnacionalización de este modelo
delictivo: allí, la multinacional norteamericana
Caddell Construction ha quedado bajo control judicial
tras descubrirse una red de “caporalato” que traficaba
con obreros traídos desde India y Kenia, obligados a
trabajar por menos de dos euros la hora bajo amenazas
de deportación. Que los cimientos de una sede
diplomática de la principal potencia imperialista se
levanten mediante la extorsión mafiosa y el
hacinamiento de trabajadores extranjeros demuestra
que el “caporalato” no es una distorsión arcaica, sino
la fisionomía viva del capitalismo avanzado y de su
sistema de subcontratación globalizada. Los
«caporales» actúan como la policía privada y operativa
del capital en los campos y andamios: reclutan,
vigilan y castigan a los jornaleros, imponiendo
jornadas medievales de más de doce horas por salarios
de miseria, descontándoles además el transporte y el
agua. Las muertes por extenuación o los cuerpos
mutilados y escondidos para no frenar la cosecha o la
obra demuestran que el trabajo vivo es tratado aquí

como un insumo desechable. El horror de dejar morir
a un hombre herido o extorsionar a un obrero para
proteger los libros contables de una corporación
resume la esencia misma del capitalismo: el valor de
cambio de la mercancía vale más que la vida humana.
Al empujar a miles de personas a la clandestinidad y
la irregularidad administrativa, el Estado no busca
«frenar la migración», sino cumplir una función
macroeconómica precisa: crear un ejército industrial
de reserva desprovisto de derechos civiles y políticos.
Un obrero sin papeles es un obrero que no puede
sindicalizarse, que no puede exigir un salario mínimo
y que no puede levantar la voz ante los accidentes
laborales por miedo a la deportación. Las leyes de
extranjería son la soga con la que el Estado ata de
manos al migrante para entregárselo al verdugo del
agronegocio y de la construcción patronal.
Las chabolas de plástico y cartón que arden
periódicamente, cobrándose la vida de jóvenes
africanos o asiáticos en las periferias de Foggia o
Almería, son la consecuencia directa de esta
«ilegalidad planificada». Son verdaderos campos de
concentración modernos donde el capital confina a la
mano de obra barata que recoge los tomates, las fresas

y las aceitunas que luego llenan las mesas de los
europeos.
Frente a esta ofensiva criminal, la capitulación de la
izquierda reformista y de las cúpulas de los sindicatos
oficiales es histórica y vergonzosa. La llamada
«izquierda de palacio» ha abandonado la perspectiva
de clase, sustituyendo la lucha contra la explotación
por la gestión de la caridad humanitaria o el silencio
cómplice. Se limitan a discursos bienpensantes que no
tocan las raíces de la propiedad ni de la cadena de
valor, validando la lógica del mercado.
Sin embargo, la verdadera solidaridad y la dignidad
surgen desde las bases. A pesar del terror patronal y
de las leyes persecutorias, el sindicalismo combativo y
los propios trabajadores migrantes se organizan. Son
estas vanguardias las que recuperan el hilo rojo de las
luchas campesinas y obreras, uniendo la exigencia de
la regularización permanente con la lucha global
contra el capitalismo y el imperialismo. La sangre
derramada en los campos de Italia es la misma que el
imperialismo exprime en el Sur global, y la lucha por
su emancipación es una sola.