50 años del Golpe de Estado: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia*

 

*A 50 años del Golpe de Estado: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia*

La Dirección de Migrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA-A saluda y recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), un período de violencia institucionalizada que transformó profundamente la estructura social, económica y política del país y de la región latinoamericana.

Entre 1976 y 1983, el régimen instauró una política económica basada en la financiarización de la economía, la apertura comercial indiscriminada, el endeudamiento externo masivo y la desindustrialización progresiva. Esto provocó pobreza estructural, precarización laboral, desempleo y caída sostenida de los salarios, afectando especialmente a la clase trabajadora y a los sectores populares (Feitlowitz, 1998; Lewis, 2002). A más de cuatro décadas, se observan ecos de estas políticas en medidas de ajuste y liberalización económica que siguen impactando negativamente sobre el empleo, la producción nacional y la capacidad de los Estados para garantizar derechos económicos y sociales.

La dictadura ejecutó abusos sistemáticos y planificados contra el pueblo argentino y latinoamericano: detenciones arbitrarias y tortura sistemática; exilios forzados y persecución política y sindical; robo de bienes y apropiación de menores; y restricciones a la libertad de expresión, asociación y movilización. Se estima que alrededor de 30.000 personas fueron desaparecidas (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas [CONADEP], 1984), incluyendo aproximadamente 500 niños y niñas apropiados ilegalmente, muchos de los cuales fueron restituidos gracias a la lucha incansable de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (Feitlowitz, 1998). Estos crímenes constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, que obligan a la sociedad y al Estado a mantener viva la memoria, la verdad y la justicia.

La represión política y social durante el Proceso de Reorganización Nacional no se limitó a ciudadanos argentinos. La coordinación represiva regional conocida como Plan Cóndor, iniciada en 1975 en Santiago de Chile, implicó la persecución de migrantes y exiliados de izquierda en toda América del Sur (McSherry, 2005). Sus principales ejes fueron: Operación Cóndor, vigilancia, secuestro y control de refugiados políticos; criminalización administrativa, endurecimiento de normas migratorias tratando la migración como amenaza de seguridad nacional; terrorismo de Estado transnacional, donde la condición de extranjero aumentaba la sospecha bajo la Doctrina de Seguridad Nacional; y violencia paraestatal, donde grupos como la Triple A en Argentina, Escuadrones de la Muerte en Brasil y redes pro-nazis en Paraguay persiguieron, torturaron y asesinaron a opositores exiliados (Kaufman & Fodale, 1999).

Ejemplos regionales incluyen: Chile, con el golpe de Estado contra Salvador Allende (1973) y la dictadura de Augusto Pinochet hasta 1990; Bolivia, con el régimen de Hugo Banzer Suárez (1971-1978) y persecución sistemática de opositores; Brasil, golpe de 1964 contra João Goulart y represión a sindicalistas, estudiantes y militantes; Paraguay, dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y los Archivos del Terror (1992), que documentan unas 75.000 víctimas regionales; Uruguay, con operaciones de secuestro y coordinación represiva desde Argentina por grupos como el OCOA; y Perú y otros países, donde migrantes y exiliados vivieron control social, vigilancia y persecución por su militancia política.

Lugares como la ex-ESMA, Automotores Orletti, El Olimpo y decenas de centros clandestinos de detención fueron escenarios de torturas, ejecuciones y vuelos de la muerte. La democracia reinstaurada en 1983 bajo Raúl Alfonsín permitió la apertura de los Juicios a las Juntas, marcando un hito histórico en materia de derechos humanos, justicia y reparación simbólica (Feitlowitz, 1998; Lewis, 2002).

Recordar es un acto político y ético. La memoria histórica, la verdad y la justicia son herramientas esenciales para prevenir la repetición de crímenes de Estado, garantizar los derechos de migrantes y fortalecer la democracia. La unidad latinoamericana, basada en la solidaridad y el respeto por los derechos humanos, sigue siendo clave frente a desafíos económicos, sociales y políticos persistentes. En este 24 de marzo de 2026, marchamos y nos comprometemos a que la historia de la dictadura cívico-militar, sus víctimas y sobrevivientes, nunca sea olvidada.

Dirección de Migrantes, Secretaría de Derechos Humanos, CTA-A

*Referencias (APA 7.ª edición)*

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. (1984). *Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*. Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Feitlowitz, M. (1998). *A lexicon of terror: Argentina and the legacies of torture*. Oxford University Press.

Kaufman, E., & Fodale, M. (Eds.). (1999). *Archivos de terror: Documentos de la represión en Paraguay*. Servilibros.

Lewis, P. H. (2002). *Guerrillas and generals: The "Dirty War" in Argentina*. Westview Press.

McSherry, J. P. (2005). *Predatory states: Operation Condor and covert war in Latin America*. Rowman & Littlefield.